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La sentencia con fundamento en la prueba practicada y en concreto en el informe pericial psicológico forense, acuerda la adopción del régimen de custodia compartida, con alternancia semanal de uno y otro progenitor en el cuidado y atención directa de la menor, ratificando así las Medidas Cautelares consensuadas por las partes establecidas en el auto de 22 julio 2020. A su vez la sentencia fija una tarde de visita intersemanal a favor del progenitor en cuya compañía no se halle en dicha semana la menor. Cada progenitor deberá sufragar los gastos ordinarios de la hija durante el tiempo que permanezca en su compañía, si bien y dada la diferencia sustancial de patrimonio entre los progenitores se acuerda que el progenitor paterno abone una pensión de alimentos de 200 €/mes a favor de la menor. Finalmente, la sentencia atribuye al padre el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto de las cuestiones psicológicas y médicas de la menor incluyendo las relativas a alimentación y vacunaciones.

La mencionada parte demandada Sra. Salome muestra su disconformidad con dicha sentencia e interesa su revocación con fundamento en los siguientes motivos: (i) atribución en exclusiva a la progenitora materna de la medida de custodia de la menor; (ii) incorrecta atribución en exclusiva al progenitor paterno del ejercicio de la patria potestad con respecto a las cuestiones psicológicas, médicas, alimenticias y de vacunaciones de la menor; (iii) error en la determinación de la cuantía de la pensión de alimentos.

SEGUNDO.- Concretadas en los indicados términos las cuestiones impugnatorias suscitadas en esta apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte recurrente en las pretensiones que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia apelada.

La parte recurrente, como hemos señalado, discrepa en primer lugar del modelo de custodia compartida acordado por la juzgadora de instancia. Se manifiesta que ha sido dicha progenitora la que se ha ocupado de la hija desde su nacimiento, mientras que el progenitor paterno ha mantenido una conducta de desatención hacia el cuidado y atención de la menor, unido ello a que su horario laboral y sus aficiones resultan incompatibles para dedicarse de manera directa a esa atención inmediata de la hija durante los períodos semanales alternativos que exige la custodia compartida. Por otro lado, insiste la recurrente en su traslado a DIRECCION001 donde reside su familia, sobre todo porque en DIRECCION000 donde residía durante la relación de convivencia con el progenitor paterno, no encuentra posibilidades de acceso al mercado laboral y además dicha pedanía no cuenta con los medios necesarios para el correcto desarrollo de la menor.

Sin embargo, no compartimos que las citadas alegaciones se revelen como un impedimento para el establecimiento del cuestionado modelo de custodia.

Hemos de tener en cuenta que la jurisprudencia a partir de la sentencia 257/2013, de 29 de abril (LA LEY 37196/2013) ha reiterado que..." la redacción del art. 92.8 CC (LA LEY 1/1889) no permite concluir que la custodia compartida sea una medida excepcional sino que, por el contrario, ha de considerarse normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que sea posible y en cuanto lo sea. Pero la misma sala ha recordado que la interpretación del art. 92.5 (LA LEY 1/1889) , 6 , 7 y 8 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se adopte. Y ello, con las garantías que se establecen en el propio art. 92 CC (LA LEY 1/1889) para proteger dicho interés ( STS 54/2011, de 11 de febrero (LA LEY 2156/2011) ). De tal modo que la manifestación general a favor de establecer el régimen de custodia compartida no implica que siempre deba adoptarse tal régimen, pues es preciso atender al caso concreto (entre otras, sentencia 748/2016 de 21 diciembre (LA LEY 184721/2016) )".

TERCERO.- De conformidad con lo expuesto, analizado a tenor de la actividad probatoria practicada en estos autos, entendemos, ratificando por su acierto los argumentos de la sentencia de instancia, que efectivamente el modelo de corresponsabilidad parental responde en este caso al superior interés de la menor.

Téngase en cuenta que el informe pericial psicológico, que ha valorado en sus fundamentos y contenido, el conjunto de los hechos y circunstancias concurrentes en cada uno de los progenitores en su relación con la menor, concluye afirmando en sus recomendaciones que el modelo de custodia compartida satisface plenamente ese " bonus o favor filii" y por tanto garantiza el superior interés de la hija. Se destaca la capacidad y aptitud de ambos progenitores en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la menor, así como la existencia de un positivo vínculo afectivo de la hija con ambos progenitores.

En definitiva se pone de manifiesto la concurrencia de los parámetros o requisitos meramente enunciativos que destacaba la STS 29 abril 2013 (LA LEY 37196/2013) ,como fundamento para la adopción del régimen de custodia compartida. Además, las alegaciones vertidas en el recurso contrarias al establecimiento de tal modelo de custodia carecen de relevancia. Obsérvese que la aptitud y capacidad del padre para la atención y cuidado de la menor resulta acreditada, como hemos señalado, sin que conste dato o prueba alguna que lo contradiga. Los motivos que aducía la recurrente al respecto se revelan por tanto totalmente gratuitos. En idénticos términos debemos pronunciarnos en relación con las dificultades que alega de acceso al mercado laboral en la localidad de DIRECCION000 o de la ausencia de medios en dicha población para el desarrollo de la hija. Ninguna prueba ha aportado al respecto, ni siquiera la existencia de una conducta activa por su parte en la búsqueda de empleo. Por tanto, su interés en residir en DIRECCION001 carece de relevancia, sobre todo porque la menor, conforme consta probado, se encuentra totalmente integrada en DIRECCION000 tanto a nivel familiar como escolar y social. Además, el modelo de custodia compartida, inicialmente consensuado por los progenitores en sede de medidas Cautelares en julio 2020, se ha desarrollado con total normalidad garantizando así el superior interés de la menor.

Procede la desestimación de este motivo de apelación.

Hemos de tener en cuenta, como de manera reiterada afirma este Tribunal, en sentencias entre otras de 13 junio 2019 (LA LEY 110733/2019), siguiendo así la doctrina jurisprudencial al respecto, que en la adopción de estas medidas de atribución de la custodia de los menores, así como en la fijación del correspondiente régimen de visitas, o en relación con otras medidas relativas al ejercicio de la patria potestad, ha de predominar como fin exclusivo el superior interés de dichos menores, el denominado "bonus o favor filii". En dichas resoluciones judiciales decíamos: " Este Tribunal ha manifestado en precedentes sentencias que toda decisión sobre la medida de guarda y custodia y régimen de visitas de los hijos menores,u otras sobre patria potestad exige que se encuentre fundamentada en el principio de "bonus o favor filii", y por tanto que a través de la misma prevalezca el interés del menor por encima de cualquier otro, incluido el de sus padres, parientes o allegados. Téngase en cuenta que el principio "favor filii" ha sido elevado a principio universal del derecho, viniendo consagrado en nuestra legislación en diversos preceptos, ( art. 92 (LA LEY 1/1889) , 93 (LA LEY 1/1889) , 94 (LA LEY 1/1889) , 103 (LA LEY 1/1889)-1 , 154 (LA LEY 1/1889) , 158 (LA LEY 1/1889) y 170 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ), y en general en cuantas disposiciones regulan cuestiones matrimoniales, paterno-filiales o tutelares, constituyendo un principio fundamental y básico orientador de la actuación judicial que concuerda con el constitucional de protección integral de los hijos ( art. 39.2 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) ), siendo también la razónpor la que la normativa vigente arbitra fórmulas con que garantizar o servir aquel interés, tales como la audiencia de los menores si tuvieran suficiente juicio y preceptivamente si alcanzaren los doce años ( art. 92.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889) ) y recabar el dictamen de especialistas que puedan colaborar con el juez en el más acertado discernimiento de las medidas que adopte."

En este caso el informe pericial antes citado refiere las propias manifestaciones de la Sra. Salome con respecto a la alimentación vegetariana que dispensa a la menor, así como en relación a su postura contraria al uso por su hija de mascarillas en el centro escolar por resultar perjudicial para su salud, y su oposición a la vacunación contra la COVID-19. Además, los distintos whatsaap entre ambos progenitores también justifican estos hechos.

Procede su desestimación.

QUINTO.- También desestimamos el último motivo de recurso relativo al importe de la pensión de alimentos, que dada la diferencia de ingresos económicos entre uno y otro progenitor, debe satisfacer el progenitor paterno. La parte recurrente considera que su cuantía 200€/mes es insuficiente.

La jurisprudencia ha declarado ( STS de 1 febrero 2016, 17 octubre 2017 (LA LEY 146368/2017) y 7 junio 2018 (LA LEY 64156/2018)) que la estancia igualitaria de los menores en el domicilio de cada progenitor no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges, ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los recibe pero también al caudal o medios de quien los da.

En este caso los ingresos del progenitor paterno se concretan en 1.200 €/mes aproximadamente derivados de su trabajo de instalador de tarimas y parquet. La recurrente se encuentra en situación de desempleo. En enero 2021 dejó de percibir la prestación por desempleo. No consta las dificultades que alega de acceso al mercado laboral y además, como antes decíamos, tampoco ha acreditado una conducta de búsqueda activa de empleo. Y como dice la sentencia de instancia se desconoce cuales son sus medios de vida reales y efectivos para poder subvenir a sus propias necesidades.

Procede su desestimación y por tanto también la desestimación del presente recurso.

SEXTO.- Dicha desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas de esta alzada.

Vistas las normas de aplicación.