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PRIMERO.- 1.- La cuestión a decidir en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si los trabajadores demandantes tienen derecho a mantener su retribución anterior en un supuesto en el que voluntariamente concurrieron a un concurso de ascenso que ganaron, siendo que las bases de la convocatoria establecían con claridad el salario correspondiente.

2.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social nº. 31 de Madrid desestimó la demanda formulada por los actores. La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de diciembre de 2018, R. 941/2018 (LA LEY 229522/2018), estimó el recurso de los actores y declara su derecho a mantener el salario que percibían en la categoría de procedencia.

Consta que el día 1 de junio de 2017 todos los actores se presentaron voluntariamente y obtuvieron plaza en la convocatoria de movilidad funcional MI 4/16, ascendiendo a la categoría de supervisor comercial de trenes, de modo que antes realizaban sus funciones de interventor dentro del tren y tras el ascenso realizan sus funciones en la oficina, sin desplazarse en el tren. Sin embargo, el ascenso no sólo no ha venido acompañado de una subida salarial, sino que los actores han visto disminuidas sus retribuciones por el juego de los complementos inherentes a una y otra categoría, debiendo por ello la empresa ampliar las bandas hasta el máximo fijado para que los trabajadores vean recompensado su ascenso manteniendo cuanto menos sus retribuciones anteriores.

3.- Recurre Renfe en casación para la unificación de doctrina para oponerse al derecho retributivo reconocido por la sentencia impugnada; y, en su único motivo de recurso, denuncia vulneración de la cláusula 18ª punto 4 del XIV Convenio Colectivo (BOE 11 agosto 2003) y del Acuerdo de Desarrollo Profesional con valor de Convenio Colectivo (BOE 27 de febrero de 2013).

El recurso ha sido impugnado de contrario e informado por el Ministerio Fiscal en el sentido de considerar su procedencia.

SEGUNDO.- 1.- Para acreditar la contradicción, la recurrente aporta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de julio de 2014 (R. 1142/2013 (LA LEY 112499/2014)), que examina otro caso de un trabajador de la misma empresa demandada que también se presentó voluntario a la convocatoria de ascenso a la categoría de mandos intermedios y obtuvo plaza como supervisor comercial de trenes, pasando a percibir un salario inferior, por lo que planteó demanda que fue estimada en la instancia, que condenó a la demandada a asignarle los valores máximos de las tablas salariales de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

Pero la sentencia utilizada de contraste estimó el recurso de suplicación de RENFE, porque el actor se presentó voluntariamente a la convocatoria de mandos intermedios, que es una categoría creada por el XII Convenio colectivo que conlleva un nuevo sistema retributivo, con lo que partiendo de la voluntariedad de la adscripción, la empresa ha operado con un sistema homologado y aceptado por los sujetos negociadores lo que implica que el convenio colectivo se aplicó correctamente, sin que, frente a lo argumentado por la sentencia de instancia, haya de entenderse que de la previsión contenida en el punto 4 de la cláusula 18 del XIV Convenio colectivo de RENFE quepa concluir la obligación de ampliar las bandas salariales en casos como este, sino que supone una posibilidad que la empresa habrá de valorar "a su arbitrio".

2.- La contradicción es evidente porque en ambos casos se produce el ascenso a mandos intermedios voluntariamente por parte de los actores, con la consecuencia de la merma salarial correspondiente, y mientras que en la recurrida se considera que la empresa está obligada a ampliar la banda salarial para que el ascenso suponga mantener al menos el salario percibido con la categoría anterior, en la de contraste se llega a la conclusión contraria.

TERCERO.- 1.- Según consta en la relación de hechos probados, "En la convocatoria de movilidad geográfica y funcional para la cobertura de puestos de mando intermedio del año 2016, a la que se presentaron los actores de forma voluntaria, consta en el punto 10: "condiciones retributivas: el sistema de retribución para el desempeño profesional del puesto convocado será el que indique las tablas salariales vigentes según Convenio colectivo". Ocurre, por tanto, que, una vez obtenida la plaza correspondiente, los actores fueron retribuidos según las previsiones del convenio colectivo, tal como figuraba en las bases de la convocatoria y, como consecuencia del juego de diversos complementos relativos al puesto de trabajo ocupado, resultó que, globalmente, su retribución después del ascenso es inferior a la que percibían con anterioridad.

La sentencia recurrida entiende que al caso resulta de aplicación cláusula 18ª punto 4 del XIV Convenio Colectivo que literalmente dice: "Con respecto al acceso a la categoría de Mando Intermedio y Cuadro, se establece que cuando la cobertura de un puesto de Mando Intermedio (en ningún caso de Cuadro) se produzca por un trabajador procedente de una categoría correspondiente a la rama del puesto al que se accede, y la amplitud de las bandas salariales definidas no permita la fijación de un salario coherente con las retribuciones anteriores del trabajador, la empresa podrá ampliar dichas bandas solamente para estos casos hasta un máximo del 25%". La interpretación que de dicha norma realiza la sentencia recurrida es que se trata de un precepto de obligado cumplimiento y mediante el cual las partes firmantes del convenio quisieron corregir que se produjeran situaciones como las que aquí se examinan, en las que el ascenso y, consecuente atribución de una mayor responsabilidad al trabajador, determinara un salario inferior por el juego de los complementos inherentes a una y otra categoría y las funciones desempeñadas y, por tanto, la empresa ha de ampliar las bandas hasta el máximo fijado para que los trabajadores vean recompensado su ascenso, lo cual, como postulan los recurrentes es de obligado cumplimiento, facultando exclusivamente el precepto a la empresa para determinar el porcentaje de ampliación, siempre que se cumpla la finalidad aludida.

2.- La Sala ha precisado recientemente su papel en este tipo de recursos en los que se discute la interpretación de una norma convencional efectuada por la sentencia recurrida. Generalmente, habíamos dicho, siguiendo una antigua línea jurisprudencial, que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el convenio colectivo participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual". ( SSTS de 5 de junio de 2012, rec. 71/2011 (LA LEY 84037/2012); de 15 de septiembre de 2009, rec. 78/2008 (LA LEY 187385/2009), entre muchas otras) Y, también, se ha precisado que "en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los Órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes" ( STS de 20 de marzo de 1997, rec. 3588/1996 (LA LEY 4702/1997)). Hay que hacer notar, en todo caso, que la interpretación del órgano judicial de instancia fue, en este caso concreto, corregida por la Sala de Suplicación, cuya interpretación se pone, ahora en este recurso, en tela de juicio.

Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos corregido aquel criterio, y hemos establecido que "Frente a la opción de dar por buena, en todo caso, la interpretación efectuada por la sentencia de instancia, la Sala considera que lo que le corresponde realizar en supuestos como el presente, en los que se discute por el recurrente aquella interpretación, consiste en verificar que la exégesis del precepto convencional efectuada por la sentencia recurrida se adecúa a las reglas de interpretación que se derivan de los artículos 3 (LA LEY 1/1889) y 1281 y ss. CC (LA LEY 1/1889), tal como las ha venido analizando la Sala en la jurisprudencia recién expuesta". (SSTS de 13 de octubre de 2020, Rec. 132/2019 (LA LEY 141798/2020) y de 21 de diciembre de 2020, Rec. 76/2019 (LA LEY 198503/2020)).

3.- La aplicación de los criterios hermenéuticos relativos a la interpretación de los convenios revela, a juicio de la Sala, que la interpretación efectuada por la sentencia recurrida no se adecúa a los mismos, por lo que no cabe considerarla de razonable. En efecto, tanto la interpretación literal, como la sistemática que atiende al sentido que resulte de todas las cláusulas del convenio para resolver cuestiones dudosas, y como la finalista, en función de los actos históricos o coetáneos de las partes negociadoras, revela que el sentido del precepto del convenio colectivo cuyo sentido se cuestiona en el presente conflicto es bien diferente del que se sostiene en la sentencia recurrida. A juicio de la Sala es la doctrina de la sentencia de contraste la correcta al interpretar el precepto de referencia en el sentido de que se otorga a la empresa la posibilidad de ampliar las bandas salariales en los casos que se determinan, pero en modo alguno se le impone una obligación en tal sentido, no resultando, por tanto de obligado cumplimiento, dejándose por tanto a su arbitrio, con lo que no cabría obligarla a tal ampliación ignorando lo establecido en el Convenio, al cual ha de estarse necesariamente.

CUARTO.- 1.- Los actores se adscribieron voluntariamente a la convocatoria para ocupar las correspondientes plazas de mandos intermedios, sabiendo que la propia convocatoria establecía, claramente, que las retribuciones serían las que indicasen las tablas salariales vigentes según Convenio Colectivo. Expresión sobre la que no cabía albergar duda alguna sobre su significado y efectos. En el ámbito de la relación laboral no sólo resulta determinante el salario, sino también, las condiciones en las que se debe desarrollar el trabajo comprometido. En este caso, los actores realizaban sus funciones, con anterioridad al ascenso, dentro de los trenes, siendo el desplazamiento en los mismos inherentes a su propio trabajo, lo que comportaba el derecho al salario y complementos previstos en el convenio para sus categorías y puestos de trabajo. Una vez logrado el ascenso, sus funciones pasaron a realizarse en las oficinas y en contraprestación a ese nuevo trabajo, se generaba el derecho a percibir lo que, al respecto, fijasen las tablas salariales del convenio.

2.- A mayor abundamiento, conviene reseñar que estamos ante una situación de sucesión en la regulación convencional en atención al trabajo realizado en cada momento. La eficacia jurídico normativa del convenio colectivo, reconocida expresamente por el artículo 37.1 CE (LA LEY 2500/1978), implica que en nuestro ordenamiento jurídico laboral el convenio colectivo es una norma jurídica y, como tal, se impone mientras está vigente, a la voluntad de las partes sin necesidad de incorporación a los contratos individuales ( SSTS de 4 de mayo de 1994, Rec. 3311/1993 y de 14 de marzo de 2007, Rec. 158/2005 (LA LEY 14341/2007) entre otras). En efecto según las reseñadas sentencias constituye doctrina jurisprudencial consolidada que los Convenios Colectivos vienen a constituir la norma más directa y específica que regula las relaciones jurídico-laborales existentes entre ellas, por ser una verdadera fuente de Derecho, tal como se desprende de lo que disponen el artículo 37.1 CE (LA LEY 2500/1978) y los artículos 3.1.b) (LA LEY 16117/2015) y 82 ET (LA LEY 16117/2015). En este sentido la jurisprudencia ha venido precisando que el Convenio Colectivo es actualmente, de acuerdo con el artículo 37.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), fuente del derecho al reconocérsele fuerza vinculante, y por consiguiente centro originador de los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral - artículo 3.1.b) ET (LA LEY 16117/2015), sentando que la garantía constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos implica la atribución a los mismos de una eficacia jurídica en virtud de la cual el contenido normativo de aquéllos se impone a las relaciones de trabajo incluidas en sus ámbitos de aplicación de manera automática ( STC 58/1985, de 30 abril (LA LEY 422-TC/1985)).

En consecuencia, cambiada la actividad de los actores por voluntad propia en atención a una convocatoria lícita que expresaba, con claridad, las nuevas condiciones laborales y salariales, se impone la aplicación de las nuevas condiciones establecidas en el convenio colectivo, sin que exista ningún derecho a conservar las anteriores, ya que, como es sobradamente conocido, ni las leyes ni los convenios colectivos son fuente de condiciones más beneficiosas. Menos aún, si la pretendida condición más beneficiosa es debida porque venía establecida en el convenio colectivo de aplicación que la ha modificado.

QUINTO.- En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso que conlleva la casación y anulación de la sentencia recurrida; resolviendo el debate en suplicación desestimando el de tal clase y confirmando la sentencia de instancia. Procede acordar la devolución del depósito y consignaciones efectuadas para recurrir ( artículo 228 LRJS (LA LEY 19110/2011)) y sin que la Sala deba realizar pronunciamiento alguno sobre costas ( artículo 235 LRJS (LA LEY 19110/2011)).