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PRIMERO: Frente a la Sentencia de instancia que estimado parcialmente la demanda declara la improcedencia del despido operado por la entidad demandada con efectos de 10 de marzo de 2021; se alza en suplicación la representación procesal de la mercantil RIVERO & GUSTAFSON ABOGADOS SLP; destinando la totalidad de su recurso, debidamente construido al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011), al examen del derecho sustantivo y la doctrina jurisprudencial aplicados por el juzgador de instancia.

En primer término, denuncia la compañía como infringido el artículo 54.2.d) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), en relación con el artículo 24 del RD 1331/2006 (LA LEY 11133/2006) así como de la doctrina judicial que cita y que interpreta el concepto de trasgresión de la buena fe contractual. Parte quien recurre del incombatido relato de hechos probados del que se deduce que era el actor la persona a quien se le encomendó el asunto relacionado con el cliente Mistral, siendo el único responsable de la presentación de la demanda reconvencional, no habiendo llegado en ningún momento a presentar la misma, limitándose a enviarla a una procuradora sin hacer seguimiento alguno hasta 14 días después. Estas circunstancias evidencian a juicio de quien recurre una evidente ausencia de diligencia que acreditan todos y cada uno de los hechos imputados en la comunicación de despido disciplinario objeto de impugnación; siendo del todo irrelevante a efectos de calificación del cese la presencia de intencionalidad por parte del trabajador tal y como esta sala ha señalado en otras ocasiones, en concreto en sentencia de 3 de julio de 2017, recurso de suplicación 865/2016 (LA LEY 119317/2017); que cita la propia resolución que ahora se combate; o en la de 13 de julio de 2004, recurso de suplicación 2369/2004 (LA LEY 165540/2004).

Se añade que en el ejercicio de la profesión de la abogacía ha de concurrir una especial diligencia atendiendo lo delicado de los intereses en conflicto de conformidad con la propia Exposición de Motivos de Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre (LA LEY 11133/2006), por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos; añadiendo el Código Deontológico de la Abogacía Española que en su artículo 4 impone los deberes de confianza e integridad en la relación con el cliente, añadiendo el artículo que la relación con aquél ha de regirse por el principio de recíproca confianza.

En último término arguye la Letrada de la parte demandada la infracción de la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal en relación con el artículo 55 de la norma estatutaria y la denominada doctrina gradualista en materia sancionadora.

Se opone a la estimación del recurso la representación procesal del actor manifestando que se limita quien recurre a dar su interesada versión de los hechos, añadiendo que la comunicación de despido contiene expresiones genéricas que no han sido en absoluta acreditas, afirmando que el actor es buen técnico pues en seis años de experiencia no consta ninguna sanción o amonestación por parte del despacho siendo un dato en el que hay que poner énfasis. En el mismo sentido, no ha resultado acreditado que el actor mintiera al cliente, y que, si bien es cierto que no comprobó que el mensaje enviado fue efectivamente recibido, pese a trabajar dos días después, asume los argumentos de la sentencia de instancia, interesando sea aquélla ratificada.

SEGUNDO: Planteado el debate en estos elementales términos ha de recordar la Sala que el artículo 54.1 ET dispone que "El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador" añadiendo el apartado segundo en su letra d) que "Se considerarán incumplimientos contractuales: d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo."

E interpretando dicho precepto la Sala Cuarta ha venido señalando, entre otras en sentencia de 19 de julio de 2010, recurso 2643/2009 (LA LEY 157662/2010) que "...la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo" articulados como motivo de despido disciplinario no basta con la mera existencia de la transgresión o del abuso para declarar la procedencia del despido, sino que, como en los demás supuestos de incumplimientos contractuales, es igualmente necesario que pueda calificarse como un "incumplimiento grave y culpable del trabajador", por lo que, como regla, pueden ponderarse las circunstancias concurrentes para agravar o para atenuar la conducta del trabajador, las que tendrán mayor o menor incidencia en la referida calificación atendida la gravedad objetiva de la conducta constitutiva del incumplimiento..". Dicha resolución añade que "El principio general de la buena fe forma parte esencial del contrato de trabajo, no solo como un canon hermenéutico de la voluntad de la voluntad de las partes reflejada en el consentimiento, sino también como una fuente de integración del contenido normativo del contrato, y, además, constituye un principio que condiciona y limita el ejercicio de los derechos subjetivos de las partes para que no se efectúe de una manera ilícita o abusiva con lesión o riesgo para los intereses de la otra parte, sino ajustándose a las reglas de lealtad, probidad y mutua confianza, convirtiéndose, finalmente, este principio general de buena fe en un criterio de valoración de conductas al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, siendo, por tanto, los deberes de actuación o de ejecución del contrato conforme a la buena fe y a la mutua fidelidad o confianza entre empresario y trabajador una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual;

B) La transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador depositada, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe;

C) La inexistencia de perjuicios para la empresa o la escasa importancia de los derivados de la conducta reprochable del trabajador, por una parte, o, por otra parte, la no acreditación de la existencia de un lucro personal para el trabajador, no tiene trascendencia para justificar por sí solos o aisladamente la actuación no ética de quien comete la infracción, pues basta para tal calificación el quebrantamiento de los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, aunque, junto con el resto de las circunstancias concurrentes, pueda tenerse en cuenta como uno de los factores a considerar en la ponderación de la gravedad de la falta, con mayor o menor trascendencia valorativa dependiendo de la gravedad objetiva de los hechos acreditados;

D) Igualmente carece de trascendencia y con el mismo alcance valorativo, la inexistencia de una voluntad específica del trabajador de comportarse deslealmente, no exigiéndose que éste haya querido o no, consciente y voluntariamente, conculcar los deberes de lealtad, siendo suficiente para la estimación de la falta el incumplimiento grave y culpable, aunque sea por negligencia, de los deberes inherentes al cargo.

E) Los referidos deberes de buena fe, fidelidad y lealtad, han de ser más rigurosamente observados por quienes desempeñan puestos de confianza y jefatura en la empresa, basados en la mayor confianza y responsabilidad en el desempeño de las facultades conferidas;

F) Con carácter general, al igual que debe efectuarse en la valoración de la concurrencia de la" gravedad" con relación a las demás faltas que pueden constituir causas de un despido disciplinario, al ser dicha sanción la más grave en el Derecho laboral, debe efectuarse una interpretación restrictiva, pudiendo acordarse judicialmente que el empresario resulte facultado para imponer otras sanciones distintas de la de despido, si del examen de las circunstancias concurrentes resulta que los hechos imputados, si bien son merecedores de sanción, no lo son de la más grave, como es el despido, por no presentar los hechos acreditados, en relación con las circunstancias concurrentes, una gravedad tan intensa ni revestir una importancia tan acusada como para poder justificar el despido efectuado."

En último término, en cuanto a la denominada teoría gradualista recuerda la entre otras la sentencia de la Sala Cuarta de 29 de marzo de 1990 (ROJ: STS 2958/1990 - ECLI:ES:TS:1990:2958) que "esta Sala en aplicación de la llamada teoría gradualista ha declarado reiteradamente que por ser la sanción de despido la última por su trascendencia y gravedad de entre todas las que puede imponer el empresario en virtud del poder disciplinario que le compete, su enjuiciamiento ha de responder a las exigencias de proporcionalidad y adecuación entre el hecho cometido y la sanción impuesta, teniendo en cuenta todas las notas concurrentes, llevando a cabo una tarea individualizadora de la conducta del trabajador a fin de determinar si procede o no mantener la sanción impuesta."

TERCERO: Y sentado el anterior marco normativo y jurisprudencial procede descender al singular caso que se somete a nuestro juicio del que resultan ahora relevantes los siguientes hechos: el actor ha prestado servicios laborales para RIVERO & GUSTAFSON ABOGADOS S.L. con una antigüedad reconocida de 1 de marzo de 2016, como abogado y con un salario mensual de 2451,32 euros, con prorrata de pagas extraordinarias (hecho probado primero).

El día 20 de enero de 2021, se remitió un correo electrónico por parte de Manuela a Primitivo remitiendo el asunto contra el cliente Mistral Investment Management, Mistral Patrimonio Inmobilario y Mistral State (hecho probado tercero). Dicho asunto fue encomendado a Don Isidro quien cruzó con el responsable del Departamento, el Sr. Primitivo, correos donde el 10 de febrero de 2021, a las 15:50 horas, le indicaba que su intención "es tenerlo hoy" (hecho probado cuarto).

En fecha 12 de febrero de 2021, a las 7:48, el actor remitió un correo a Con Primitivo diciéndole que había acabado "lo de Mistral" (hecho probado quinto).

El día 12 de febrero de 2021 Don Patricio remitió a Manuela mediante correo el borrador de contestación a la demanda y reconvención (hecho probado sexto).

Ese mismo día, la Sr. Manuela, remitió correos para que se introdujeran modificaciones (hecho probado séptimo).

A las 17:25 del 16 de febrero y tras varios correos, el Sr. Isidro le indicó a Doña Manuela lo siguiente "hemos dejado presentada la demanda reconvencional contra GRUPO INMOBILIARIO MISTRAL" (hecho probado octavo).

La demanda no se llegó a presentar (hecho probado décimo).

A las 11.38 del 1 de marzo de 2021 el actor le requirió a la Procuradora Rocío el sello de presentación del procedimiento, adjuntándole el de otro procedimiento distinto (hecho probado décimo primero).

El 1 de marzo de 2021 el Sr. Isidro comunicó al responsable Sr. Primitivo que no se había presentado el asunto de Mistral, acudiendo a hablar con el Sr. Patricio. En el seno de dicha conversación llegan a la decisión de que se tienen que personar en el procedimiento (hecho probado décimo primero, en realidad décimo segundo).

El Sr. Isidro remitió un correo el 1 de marzo al Sr. Patricio, a las 19:59 horas, donde le dice "Seba, ok a la personación?" respondiéndole el Sr. Patricio a las 20:01 horas diciéndole " Isidro, ya te hemos dicho si esta mañana. Prefiero tener una providencia en las que nos tengan por precluidos en el plazo de contestación, a otra en la que nos declaren en rebeldía y por incomparecidos". Isidro remitió otro correo a las 20:20 horas donde señala " Patricio, te lo he enviado para que me dieras el ok a las partes en nombre de las cuales nos personábamos y cuál es la sociedad de mistral a la que no representamos y a cuya demanda nos tenemos que adherir. Ya está enviado a Rocío". En todo caso, tendremos que preparar un informe para el cliente con lo acontecido que lógicamente tendrás que preparar tú (hecho probado décimo segundo, realmente décimo tercero).

Se han aportado correos del Sr. Isidro y del Sr. Patricio con clientes (hecho probado décimo tercero, realmente décimo cuarto).

Se han aportado pantallazos de cómo quedó el mensaje en la bandeja de salida sin enviarse (hecho probado décimo cuarto, realmente décimo quinto).

Don Isidro estuvo de vacaciones del 22 al 26 de febrero de 2021 (hecho probado décimo quinto, realmente décimo sexto).

El actor fue despedido por carta de 10 de marzo de 2021, con fecha de efectos del mismo día, por una falta muy grave, de conformidad con el 54.2. d) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) y en el artículo 24 del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre (LA LEY 11133/2006), por el que se regula la relación laboral especial de los abogados, como consecuencia de la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño de su trabajo. Previamente, se realizó expediente contradictorio, iniciado el 5 de marzo de 2021, habiendo realizado alegaciones el actor (hecho probado décimo sexto, realmente décimo séptimo).

Pues bien, atendiendo al estado de cosas descrito esta Sala no comparte las conclusiones alcanzadas por el magistrado de instancia por distintos motivos. En primer lugar; porque aquél, tras trascribir la doctrina jurisprudencial y judicial sobre la trasgresión de la buena fe contractual como causa que justifique el despido disciplinario del trabajador, se aparata de ella llegando a una errona conclusión en la que considera como requisito necesario para la calificación de procedencia del despido disciplinario por quebranto del deber de buena contractual el de la intencionalidad de la conducta sancionada; si bien como ya hemos anticipado más arriba la doctrina unificada de la Sala Cuarta ha venido señalando que carece de trascendencia la presencia de una voluntad específica del trabajador de comportarse deslealmente, no exigiéndose que éste haya querido, o no, consciente voluntariamente, conculcar los deberes de lealtad, sino que basta para basta a los fines previstos en el artículo 52.2d) de la norma estatutaria con que el incumplimiento del trabajador sea grave y culpable aunque sea a título negligente.

Y a este respecto resulta aquí que:

- Don Isidro era Letrado contratado por el despacho demandado, sin que conste que su trabajo estuviera supeditado a supervisión continua de ningún otro socio de dicho bufete, dada la antigüedad con la que contaba, prestando servicios para el mismo desde el año 2016 (así hecho probado primero).

- Que el actor fue el único responsable de la gestión procesal del asunto del cliente Mistral (hecho probado tercero).

- Que el referido Letrado informó al responsable del departamento que había terminado la demanda reconvencional refiriéndose a ello como" lo de Mistral" (hecho probado quinto).

- Que nunca llegó a presentar el escrito de demanda reconvencional ante el Juzgado competente (hecho probado décimo).

- Que el actor remitió el referido escrito a la procuradora, pero no comprobó que aquélla lo recibiera, quedando el mismo en la bandeja de salida. El actor los días 17 a 19 de febrero tampoco comprobó su bandeja de salida de correo electrónico (hecho probado décimo cuarto y fundamento de derecho segundo de la sentencia con evidente valor de hecho probado, por todas SSTS 12/07/05 -rco 120/04 (LA LEY 13516/2005) -; 20/12/14 -rco 30/13 -; y 23/06/15 -rcud 944/14 (LA LEY 143970/2015)).

- El actor estuvo de vacaciones entre los días 22 a 26 de marzo (hecho probado décimo sexto).

Los hechos trascritos evidencian una manifiesta y grave negligencia profesional protagonizada por el actor en el desempeño de su actividad profesional; no sólo porque manifiesta a su superior haber procedido a realizar una actuación procesal que no materializó diligentemente en ningún momento (cuál es la interposición en tiempo y forma de un acto de absoluta trascendencia procesal, cual es la presentación del escrito de contestación a la demanda); sino porque de tal actuación se derivaron notables y graves consecuencias para el cliente en los términos previstos en los artículos 404.1 (LA LEY 58/2000) y 400 de la LEC.

De este modo no cabe admitir argumentos como los utilizados en la instancia relativos a "que se usan expresiones coloquiales" o "que no sabemos si el actor pudo, o no, haber consultado la bandeja de salida de su correo electrónico" en los días posteriores a aquél en que procedió a remitir el escrito de reconvención a la procuradora; pues son precisamente los especiales deberes de diligencia impuestos por la Exposición de Motivos del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre (LA LEY 11133/2006), por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos (en cuya virtud "La regulación de las consecuencias que se puedan derivar de la falta de diligencia en el ejercicio de la actividad profesional por parte de los abogados o de los incumplimientos de los deberes de buena fe y confianza mutua, en la medida en que los indicados deberes y obligaciones aparecen reforzados en esta relación laboral) así como su artículo 24.2 (que se remite en materia disciplinaria al artículo 54 del ET), los que imponen a un colectivo como el que nos ocupa una más cuidadosa ponderación de los intereses en conflicto (en concreto la defensa de los derechos de los particulares ante los tribunales de justicia en ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva), determinando la estimación del recurso que nos ocupa, con revocación del fallo de la sentencia de instancia y declaración de la procedencia del despido del Don Isidro operado por la demandada con efectos de 10 de marzo de 2021.

CUARTO: La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Las costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación y de mil ochocientos euros en recurso de casación. En el presente caso, no procede la imposición de costas a ninguna de las partes.