TERCERO.-
Examinando el expediente y las actuaciones, damos por acreditado que la recurrente de 86 años, ocupa una vivienda utilizada por ella y su marido a consecuencia de la relación con el Ministerio desde 1977. Sus recursos económicos son limitados y escasos, de hecho, se manifiesta que goza del beneficio de Justicia gratuita. Por su parte el Abogado del Estado indica que es propietaria de un 50% de una vivienda en Cáceres, CALLE001 en la que habita una hija y un yerno. Asimismo, expone la Abogacía estatal que desde la sentencia que confirmo el desahucio, en julio de 2020, la parte ha podido buscar una solución de habitabilidad.
Ante estas circunstancias, se hace necesario transcribir la sentencia citada en lo que interesa y consideramos esencial. En la misma se indica que: "... el
juez debe comprobar que la Administración adopta realmente las medidas de protección suficientes para no dejar desamparadas a las personas especialmente vulnerables que vayan a ser desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban. Esta comprobación adquiere singular importancia cuando entre los ocupantes ilegales de la vivienda haya menores de edad, dado que la normativa nacional e internacional obliga a tomar en consideración el interés superior del menor....Esta doctrina que acabamos de exponer sobre el alcance de la ponderación que debe realizar el juez está en línea con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional al enjuiciar desde la perspectiva que le es propia situaciones similares.
Al efecto, conviene recordar que en el supuesto contemplado en la STC 188/2013 (LA LEY 180030/2013)...También esta necesidad de ponderar todos los derechos e intereses afectados está presente en la STC 32/2019, de 28 de febrero (LA LEY 10171/2019), que confirmó la constitucionalidad de la Ley 5/2018, de 11 de junio (LA LEY 9487/2018), relativa a la ocupación ilegal de viviendas.....Analizando el auto del Juzgado, observamos que éste, al realizar la ponderación de las circunstancias concurrentes, tuvo en cuenta que la Administración solicitante había tramitado regularmente la vía de ejecución forzosa, si bien señaló que, pese a esa adecuación formal de la vía de ejecución forzosa, cabía apreciar una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ilegalmente ocupaban la vivienda en cuestión: la recurrente (afectada por una especial situación de riesgo, precariedad y dificultades de todo tipo, y por su condición de presunta víctima de violencia de género) y sus dos hijos menores de edad. Y como resultado de esa ponderación denegó la autorización solicitada, concluyendo que la solicitud de entrada en domicilio no era proporcionada " en las circunstancias actuales y a las que no da solución alguna la Administración solicitante".
Esa absoluta falta de previsión por parte de la Administración respecto de las medidas de protección de esas personas que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad determina que la decisión denegatoria de la solicitud de entrada en el domicilio adoptada por el Juzgado pueda considerarse ajustada a la doctrina jurisprudencial sentada en nuestra
STS de 23 de noviembre de 2017 (LA LEY 173383/2017)
.
Ahora bien, esta afirmación no significa que podamos avalar la fundamentación explicitada en el referido auto del Juzgado pues, como dijimos en el Fundamento anterior, el juez no puede imponer a la Administración la obligación de adoptar una determinada solución habitacional para las personas desalojadas como condición determinante para autorizar la entrada en el domicilio, que es lo que se deduce con toda claridad del Fundamento Quinto del auto en cuestión.
Por ello, aun siendo correcto el resultado denegatorio de la solicitud de entrada no lo es la fundamentación en que se sustentó, cuestión que, sin duda, conviene aclarar por su especial trascendencia en supuestos similares que pudieran plantearse.
conviene precisar que la ponderación de los derechos e intereses afectados realizada por la Sala de instancia en su sentencia es incompleta, debiendo efectuarse al respecto las siguientes consideraciones:
1) La primera, que no cabe aconsejar -como hace la sentencia- que el desalojo se lleve a cabo una vez terminado el curso escolar. Esa decisión, que es reveladora de la proporcionalidad de la medida (como se deduce de la STC 188/20213, antes citada), debe -en su caso- imponerse imperativamente a la Administración cuando así lo exija el interés superior de los menores a la vista de las circunstancias concurrentes.
2) La segunda, que las medidas y cautelas adoptadas en la sentencia impugnada estaban orientadas fundamentalmente a la protección de los menores. Sin embargo, no se contemplaba en la parte dispositiva de la sentencia ninguna medida específicamente dirigida a la protección de la recurrente, pese a su precaria situación económica y al riesgo que padecía por violencia de género.
3) Por último, conviene precisar que de todo lo expuesto hasta ahora se infiere que la discrepancia que la Sala de instancia dice mantener respecto de la doctrina establecida en nuestra STS n.º 1.797/2017, de 23 de noviembre (LA LEY 173383/2017)
, parece estar basada en una premisa inexacta, pues del tenor de esa sentencia no cabe deducir, en modo alguno, que esta Sala avale que, con ocasión del examen de la solicitud de autorización de entrada en domicilio, el juez pueda revisar la legalidad del acto administrativo firme que acordó el desalojo forzoso.
Antes, al contrario. En aquella sentencia nos limitamos a constatar y a declarar que la resolución judicial que autorizaba la entrada en domicilio carecía de la suficiente motivación, en la medida en que no se había realizado en ella la ponderación que le era exigible en relación con la situación personal, social y familiar de los menores de edad afectados por el desalojo, y que era incompatible con la debida protección de éstos una resolución judicial de desalojo que no contuviera un juicio acerca de la proporcionalidad de la medida". Por su parte nuestra sentencia que confirmaba el desahucio, Sentencia 75/2019 de 28 Feb. 2019, Rec. 441/2018 (LA LEY 24854/2019) se refería a cuestiones jurídicas ajenas a lo que ahora se ventila en realidad.
CUARTO.-
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y aspectos fácticos, resulta evidente que a una persona de 86 años en las circunstancias de la recurrente se la debe entender incluida en el concepto "persona vulnerable". Entendemos por "persona vulnerable" a quien por sus características físicas, sociales, culturales o económicas se encuentra en situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad. Vulnerable es toda persona susceptible de ser violentada en su integridad física, moral, intelectual y económica, a causa de factores de riesgo; de ahí que podamos afirmar que todas las personas somos potencialmente vulnerables, pero no lo es menos que
examinando casos concretos, resulta palmario que si a la situación de una edad muy avanzada, se une la circunstancia económica así como también la fáctica, de que los hijos y la propia madre han decidido no convivir por las circunstancias que sean ( y que nosotros no somos quienes para enjuiciar) bajo el mismo techo, decimos, que resulta palmario entonces que la recurrente es vulnerable. A ello se le une la circunstancia de haberse creado un entorno durante muchos años que ahora se abandonaría con todo lo que ello conlleva en una edad tardía. Por otra parte, pese a la existencia de la sentencia que acordaba la resolución en 2020 no debemos olvidar que ha existido en España una especial situación de confinamientos y protecciones derivadas del COVID que ha limitado las salidas y la existencia de relaciones en el ámbito personal, por lo que la búsqueda de otro hogar se ha hecho complicada. En definitiva,
existe en este caso una apariencia evidente de vulnerabilidad sin que la resolución administrativa ni el Auto que la ratifica, tengan en consideración o realicen ponderaciones sobre las circunstancias personales que concurren. En consecuencia y como ya se ha reiterado por esta sala,
si el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo autoriza la entrada deberá indicar en la parte dispositiva lo siguiente:
La entrada deberá realizarse en horario diurno, en el menor tiempo posible para cumplir con lo acordado en la Resolución que se pretende ejecutar y se realizará de la forma menos gravosa para los ocupantes de la vivienda.
La Administración deberá comunicar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el día de la entrada e informar del resultado de la misma.
La Administración en el momento del lanzamiento deberá contar con los servicios sociales municipales y/o autonómicos a fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de quien reside en la vivienda que hay que desocupar".
Por todo ello, procede
estimar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo y denegar la autorización de entrada solicitada al no haberse hecho en la resolución el juicio de proporcionalidad que exige el Tribunal Supremo, sin que la Administración haya ofrecido información alguna sobre la solución habitacional para la persona vulnerable. Ello no es obstáculo para que la Administración pudiera realizar una nueva solicitud de entrada que cumpla la doctrina del Tribunal Supremo y lo que hemos expuesto en el anterior fundamento jurídico y el Juzgado pudiera autorizar la entrada si los derechos e intereses de la recurrente estuvieran debidamente garantizados.
Debemos precisar que nuestro pronunciamiento en este proceso Contencioso-Administrativo es revocatorio del auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, pero no de la actuación administrativa. El objeto de este juicio es únicamente la procedencia de la entrada o no en el domicilio de la ocupante, pero no de la legalidad de la Resolución