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PRIMERO.- Solicita la parte recurrente la revocación de la sentencia apelada, cuyo único pronunciamiento consiste en, además del de disolución por divorcio del matrimonio entre los litigantes, la extinción de la pensión compensatoria que venía reconocida a favor de la esposa y a cargo del marido en la sentencia de separación de 10 de junio de 2001 del mismo Juzgado del que las presentes actuaciones proceden, interesando la apelante el dictado de otra que declare la subsistencia de la referida pensión, concedida por el importe de 25.000 pesetas mensuales y por tiempo ilimitado, alegando en apoyo de su petición error en la valoración de la prueba que ha conllevado a dicha extinción al amparo de los artículos 97 (LA LEY 1/1889), 100 (LA LEY 1/1889) y 101 del Código Civil (LA LEY 1/1889), al no haberse acreditado los exigidos y necesarios cambios en las circunstancias para estimar la pretensión extintiva de la pensión compensatoria formulada por la parte actora, ni la desaparición del desequilibrio económico que se produjo con la crisis matrimonial en el procedimiento de separación en el que se adoptaron, es más entiende la parte demandada, ahora apelante, que se ha acreditado en el transcurso de este proceso que lo aconsejable es el mantenimiento de dicha pensión sin límite temporal alguno.

SEGUNDO.- Centrado de este modo el objeto de este recurso, debemos recordar que el artículo 91 del Código Civil (LA LEY 1/1889) (de casi idéntica redacción al artículo 774.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)) establece lo siguiente: el Juez determinará las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad estableciendo las que procedan si para alguno de los conceptos no se hubiera adoptado ninguna, si concurren las siguientes circunstancias: a) que tales pronunciamientos se hagan en sentencias de nulidad, separación o divorcio o en ejecución de las mismas, y, b) que no exista acuerdo de los cónyuges o que exista acuerdo pero no se apruebe judicialmente el mismo. A continuación este precepto establece "Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias". Respecto de la interpretación de estos preceptos, se puede afirmar que de siempre han existido dos posturas en las sentencias de las distintas Audiencias Provinciales a la hora de determinar los efectos de las medidas adoptadas en una sentencia de separación en un ulterior procedimiento de divorcio, de forma que por una parte se ha mantenido que las medidas complementarias acordadas en un procedimiento de separación matrimonial no prorrogan de forma automática e incondicional su vigencia en la ulterior litis de divorcio, en la que es permitido un análisis "ex novo" de la situación, en orden a adoptar las medidas acordes a la actual, ya sea ésta coincidente o divergente, en todo o en parte, con la contemplada al momento de dictarse la antecedente resolución, llegándose a afirmar que el Juez que conoce de un procedimiento de divorcio no está vinculado por las medidas adoptadas en la sentencia anterior; y, por otra parte, se ha mantenido tesis distinta en el sentido de que para que proceda un cambio en las medidas definitivas que se adopten en el procedimiento de divorcio en relación a las adoptadas en el previo de separación, se exige el cambio de circunstancias que establece dicho precepto. Pues bien, siendo éstas las dos posturas jurídicas defendibles en esta cuestión, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2011 (LA LEY 228517/2011) (con antecedentes en la de 17 de Marzo de 2010), plantea la disyuntiva de si la sentencia de divorcio debe siempre aceptar las medidas tomadas en la separación, o bien pueden producirse efectos distintos cuando las circunstancias han cambiado y sean inútiles las anteriores medidas, pronunciándose en el sentido de que no necesariamente, como regla general, los efectos de la separación se consolidan con el divorcio porque el divorcio es una situación nueva que puede dar lugar a unos efectos distintos a la separación, derivados de su propia naturaleza extintiva del matrimonio, tal como establece el artículo 86 del Código Civil (LA LEY 1/1889), afirmando: "El divorcio es distinto de la separación y por ello pueden replantearse todas las medidas tomadas en la primera (...) La ley ha previsto un procedimiento de modificación de medidas para los casos en que la situación de base que ha solucionado la crisis matrimonial no haya cambiado; por ello, con mayor razón, puede plantearse una modificación en el procedimiento de divorcio, puesto que se trata de una nueva situación que exigirá nuevas soluciones. Por ello se va a exigir que se pida la ratificación de las anteriores medidas, ya que de otro modo, deberían plantearse de nuevo todas y cada una de ellas. En conclusión, el divorcio constituye una nueva y distinta solución que será definitiva desde el momento de la firmeza de la sentencia, que en este aspecto, es constitutiva y por ello, todos sus efectos se van a producir desde la firmeza de la sentencia de divorcio ( Sentencia del Tribunal Supremo 106/2010, de 17 marzo (LA LEY 8717/2010) y las allí citadas, entre otras)"

TERCERO.- Entrando a resolver sobre el fondo del asunto, ha de indicarse que la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Octubre de 2011 (LA LEY 218016/2011) establece como doctrina que el simple transcurso del tiempo no constituye causa de extinción de la pensión compensatoria, salvo que se haya establecido de forma temporal judicialmente o por pacto entre las partes, doctrina contenida en Sentencias anteriores del Alto Tribunal (como la de 3 Octubre de 2011 (LA LEY 186207/2011)) en la que se denegaba la extinción de la pensión compensatoria por imposible subsunción en el artículo 101 Código Civil (LA LEY 1/1889) el mero transcurso del tiempo dado que las circunstancias determinantes del desequilibrio y de la subsistencia del mismo más allá de un plazo determinado, que condujeron al reconocimiento de una pensión compensatoria vitalicia, no pueden verse alteradas por el mero transcurso del tiempo en la medida que lo relevante no es el dato objetivo del paso del mismo, sino la superación de la situación de desequilibrio que justificó la concesión del derecho. De otro lado, tergiversa la parte demandante, tanto en el escrito de demanda como en el de oposición al recurso, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Octubre de 2008 (LA LEY 148008/2008) al decir que en la misma se señala que la pensión compensatoria "no constituye una renta vitalicia, póliza de seguro vitalicio o garantía vitalicia de sostenimiento, ni puede operar como una cláusula de dureza; que el matrimonio no crea un derecho a percibir una pensión, y que el derecho a la pensión compensatoria tiene carácter relativo, personal y condicionable sujeto a la temporalización como función instrumental de estimulación o incentivo indiscutible para el perceptor en orden a obtener el reequilibrio a través de la autonomía económica, entendida como posibilidad de desenvolverse autónomamente, y, en concreto, hallar pronto una colocación laboral o profesional, (y en sintonía con el planteamiento esbozado se habla de "evitar la pasividad en la mejora de la situación económica, combatir el desentendimiento o inactividad del acreedor en orden a obtener una ocupación remunerada, buscar o aceptar una actividad laboral", pues lo cierto es que en dicha Sentencia del Tribunal Supremo se resuelve la determinación de si la fijación de una pensión compensatoria temporal está o no prohibida por la normativa legal, y si tal posibilidad, según las circunstancias del caso, puede cumplir la función reequilibradora, es decir, puede actuar como mecanismo corrector del desequilibrio económico generado entre los cónyuges como consecuencia inmediata de la separación o divorcio -que constituyó la "conditio iuris" determinante del nacimiento del derecho a la pensión-, y para esa resolución hace un estudio de las distintas posiciones doctrinales al respecto, siendo el párrafo anterior transcrito (que reitera la demandante apelada) parte del que dedica la Sentencia a resumir los argumentos doctrinales esgrimidos a favor de la temporilización, argumentos no asumidos en la citada Sentencia para establecer por primera vez como doctrina jurisprudencial la posibilidad de establecer una duración limitada para la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Sentado lo anterior, no es hasta la Sentencia de 15 de Junio de 2011 (LA LEY 111555/2011), cuando el Tribunal Supremo ya afirma: "no es jurídicamente aceptable repercutir en el esposo pagador de la pensión las consecuencias negativas derivadas de la falta de acceso al trabajo por la pasividad de la esposa en su búsqueda y obtención (...), y con menor motivo en un caso en el que, más allá de la constatada actitud de la esposa, el plazo total fijado equivale a casi dos terceras partes de la duración del vínculo matrimonial y cuyo aumento solo tendría razón de ser de concebirse la pensión compensatoria como algo que no es, esto es, como instrumento de nivelación patrimonial, o que responde a situaciones de necesidad", doctrina jurisprudencial que se reitera (con cita en la anterior Sentencia) en la dictada el 23 de Enero de 2012 (LA LEY 2373/2012), al señalar: "Si bien se ha declarado ( SSTS de 3 de octubre de 2008 (LA LEY 148029/2008) y de 27 de junio de 2011 (LA LEY 111552/2011) ) que no es posible poner fin a la pensión reconocida por el mero transcurso del tiempo en su percepción (porque lo relevante no es el dato objetivo del paso del tiempo sino la posibilidad de superar la situación de desequilibrio que justificó la concesión del derecho); constituye doctrina actual que la pasividad, el interés insuficiente demostrado por la esposa con su conducta, en orden a la obtención de un empleo que le permitiera alcanzar una situación de independencia económica, resulta determinante a la hora de apreciar la situación objetiva de superación del desequilibrio o de estar en disposición de hacerlo, dado que no resulta jurídicamente aceptable repercutir en el esposo pagador de la pensión las consecuencias negativas derivadas de la falta de acceso a un empleo por la pasividad de la esposa en su búsqueda y obtención."

CUARTO.- En la presente litis, se declara en la sentencia apelada como una de las causas de extinción de la pensión compensatoria fijada en la sentencia de separación de 10 de julio de 2001, en favor de la esposa, que aquella se reconoce en atención a que el actor tenía una situación laboral estable, con un salario de 175.000 pesetas, mientras que la situación laboral de la esposa era inestable, pues trabajaba por contratos temporales y con unos ingresos de unos 60.000 pesetas, señalándose en la sentencia que "la actora contaba con 35 años y con posibilidad de que estabilizar su situación". Los litigantes contrajeron matrimonio el día 23 de agosto de 1986 y se separaron por dicha sentencia de 10 de julio de 2001, por lo que no llegó a 15 años el tiempo de convivencia de los esposos y que, al momento de dictarse la sentencia de divorcio que ha sido apelada, 21 de octubre de 2019, tenía 53 años la mujer y 64 el marido. La demandada trabajaba antes de la separación, como camarera de hoteles, con contratos temporales, ingresando, como antes se ha dicho, unas 60.000 pesetas mensuales, reflejando su certificado de vida laboral que dejó de trabajar prácticamente desde que se produjo la separación, destacándose que desde el año 1996 en que comienza a trabajar hasta el año 2001 que se separa el matrimonio, cotizó por algo más de 3 años, mientras que en los 18 años que van desde el 2001 en que se separó, hasta el 2019 en que se produce el divorcio había cotizado por 3 años y medio. Pone de relieve la Juzgadora de instancia que la demandada tuvo un hijo con fecha 1 de diciembre de 2001, hijo que no es del marido con el que se encontraba casada al presumible tiempo de su concepción, aunque no hay constancia de que la ahora apelante conviviera con el progenitor de su hijo, con el que tiene reguladas las relaciones paternofiliales por sentencia del mismo Juzgado el 17 de enero de 2003, en el que se atribuye a la madre la guarda y custodia del hijo, con un régimen de visitas para el padre y una pensión de alimentos a cargo del progenitor no custodio de 222,87 euros mensuales. Los ahora litigantes liquidaron la sociedad de gananciales, correspondiendo a cada uno de los cónyuges una de las viviendas gananciales y adeudando el actor a la demandada, por exceso de adjudicación la cantidad de 90.000 euros. La recurrente se opone alegando una errónea valoración de los hechos establecidos, que ella misma reconoce, pues Doña Victoria siempre ha estado dispuesta al trabajo, y ha tenido que vivir de los subsidios por culpa del desempleo que ha padecido, cuando no ha tenido que aceptar contratos laborales precarios pues son estos los trabajos que tienen que sufrir las mujeres con escasa formación y de edad madura desde muchos años, antes, durante y después de la crisis. Dichos hechos justifican que la esposa, tras la ruptura matrimonial, descendiera la frecuencia en el trabajo que aparece en su vida laboral, además de que aconteciera el hecho de que quedara embarazada y tuviera un hijo, menor al que debió atender sin apoyo familiar, y que padeciera dolencias y enfermedades crónicas en la columna cervical que le han conducido a la incapacidad, impidiendo el acceso a puestos de trabajo de camarera de hoteles o de limpiadora, en los que la realización de esfuerzos posturales es fundamental para su realización, por lo que entiende que la interpretación que realiza la sentencia sobre los cambios de puesto de trabajo con posterioridad a la separación, debiéndola atribuir a una desidia o falta de interés para el trabajo, es a todas luces ilógica atendiendo a la situación laboral en España desde hace muchos años en la que escasean los puestos de trabajo y la demanda supera la oferta con creces, por lo que Doña Victoria ha trabajado donde ha podido, sin poder elegir, ya le hubiera gustado. De todo lo anterior resulta que la Sala debe compartir la valoración hecha por la sentencia apelada, dado que, aunque la situación de la esposa ha cambiado para peor, tal situación es debida a la propia evolución de su vida, sin que la misma tenga vinculación ya, ni con la separación ni con el actor, de modo que no puede afirmarse que el desequilibrio que ahora existe tenga relación alguna con la ruptura de la pareja que tuvo lugar con la sentencia de separación en la que se acordó la medida de pensión compensatoria, ni que tenga nada que ver con la situación de desequilibrio que dio lugar a su reconocimiento, ya que, en condiciones normales, la demandada tendría que haber continuado con su trabajo como camarera o limpiadora de hoteles, habiendo estabilizado su trabajo, siendo, por el contrario que su trabajo ha venido a menos, y ello, sin duda, es debido a su propia peripecia personal, al haber tenido un hijo de una tercera persona, lo que justificaría el motivo por el que tuvo un descenso de su actividad laboral al tener que ocuparse de su hijo, circunstancia que no tiene nada que ver con el actor, teniendo una vivienda en propiedad procedente de la sociedad de gananciales además de 90.000 euros de crédito a su favor y a cargo del demandante, procediendo por estos motivos la confirmación íntegra de la sentencia apelada.

QUINTO.- Dispone el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, las costas del mismo serán impuestas a la parte que las haya visto totalmente rechazadas.