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PRIMERO.- La resolución judicial de instancia ha estimado, dice parcialmente, la pretensión del trabajador demandante declarando la existencia de un despido nulo y con condena solidaria de las codemandadas, por cuanto entiende que este trabajador demandante, con categoría profesional de profesor, no fue principalmente el autor del email que se corresponde con la carta de despido y fecha de efectos de 00/00/00, que imputa ofensas verbales, transgresión de la buena fe contractual y otros, advirtiendo igualmente la sujeción al derecho constitucional de libertad de expresión, encontrando en la respuesta empresarial una verdadera represalia por la opción, que conlleva la declaración de nulidad, y finalmente el reconocimiento de una indemnización de daños y perjuicios, que propone estimativamente en diez mil euros reconocidos. Disconforme con tal resolución de instancia, las empresariales plantean recurso de suplicación articulando un primer motivo doble de revisión fáctica al amparo del párrafo b) del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) al que se suma un último motivo jurídico según el párrafo c) del mismo art. y texto que pasamos a analizar.

Existe impugnación del trabajador demandante.

SEGUNDO.- El motivo de revisión fáctica esgrimido al amparo del artículo 193 b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) exige recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89 (LA LEY 992/1989), la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, más que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

"En STS 13 julio 2010 (R-17/2009), 21 octubre 2010 (R-198/2009), 5 junio 2011 (R-158/2010), 23 setiembre 2014 (R-66/2014), 18 noviembre 2015 (R-19/2015) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud (art. 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011)) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R-5/2012), 3 julio 2013 (R-88/2012) o 25 marzo 2014 (R-161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS (LA LEY 19110/2011). En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.»."

En lo que respecta a la presente pretensión de las empresariales recurrentes, que inducen inicialmente a la modificación fáctica por inclusión de un nuevo hecho declarado probado (no determina número) en el que aparentemente reproduce parte de la carta de despido, a criterio de la Sala deviene intrascendente, no ya sólo porque la instancia desbaratara la autoria, sino porque en nada modifica la valoración fáctica, y posteriormente la jurídica, que realiza la juzgadora de instancia, simplemente viene a aportar valoraciones y determinadas deducciones subjetivas.

Del mismo modo, debe denegarse la segunda revisión fáctica que pretende también añadir otro nuevo hecho probado (sin numeración especial) recogiendo afirmaciones valorativas respecto de identidades e informaciones de otros cientificos y hechos correspondientes a curriculums o investigadores, que para nada, nuevamente, alteran el devenir de las actuaciones que entroncan en la imputación de una determinada emisión con correo electrónico que se consideraba crítica y transgresora. Así se hace ver en la carta de despido que damos por reproducida, recordando que se ha discutido su autoría, se ha descartado la elaboración por el demandante, y malamente podemos hacer discusión alguna respecto de sus contenidos cuando a todas luces se apoyan en la misma documental correspondiente a la carta de despido, que ahora deviene improcedente e inocua en una posible revisión fáctica transcendente.

No se identifica la realidad de qué contenido de hechos recogidos por la instancia devenga ilógico, absurdo o erróneo, sino que simplemente las recurrentes aportan pareceres e interpretaciones interesadas.

Se desestima la revisión fáctica propuesta.

TERCERO.- En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curia o vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como en el supuesto de autos, las empresariales recurrentes denuncian la infracción del art. 55.4 del ET y también del párrafo 5º y finalmente del art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), haciendo mención igualmente a la inversión de la carga de la prueba, todo ello para entender que si no fuera el despido procedente, debería ser improcedente, pero en todo caso nunca nulo, porque no ha habido vulneración de derecho fundamental ni carga probatoria suficiente, a criterio de la Sala requerirá un análisis de la temática específica.

Comenzamos por recordar que las modalidades de despido y de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 103 y ss. y 177 y ss. de la LRJS (LA LEY 19110/2011)), tienen unas especialidades no solo en el trámite inexcusable de carácter urgente y preferencial, que por la segunda exceptúa la conciliación o reclamación previa, sino que en atención a la distribución de la carga de la prueba y del contenido de las resoluciones, este procedimiento específico, exige con claridad que se expresen los hechos constitutivos de la vulneración alegada y las condiciones en las que se ha producido, así como que se delimite el derecho fundamental que se entiende infringido (Sentencia del TC 239/91 (LA LEY 55823-JF/0000)) además, por supuesto, de los requisitos establecidos en la legislación procesal ritual.

Por lo tanto, corresponde a los demandantes hacer alusión a los preceptos jurídicos que entienden violados o vulnerados y corresponde al demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, en una inversión o distribución de la carga de la prueba que esta fundada en la doctrina del TC, así como del TS en materia de vulneración de derechos fundamentales en el ámbito de igualdad y/o discriminación (Sentencia del TC 55/83 (LA LEY 7986-JF/0000), 104/87 (LA LEY 845-TC/1987), 166/88 (LA LEY 3617-JF/0000), 114/89 (LA LEY 1281-TC/1989), 135/90 (LA LEY 2637/1990), 197/90 (LA LEY 1593-TC/1991), 21/92 (LA LEY 1871-TC/1992), 7/93 (LA LEY 2093-TC/1993), 266/93 (LA LEY 2305-TC/1993), 293/93 (LA LEY 2373-TC/1993), 180/94 (LA LEY 17175/1994), 127/95 (LA LEY 13114/1995), 198/96 (LA LEY 718/1997), 82/97 (LA LEY 5387/1997), 90/97 (LA LEY 7402/1997). ).

Con todo en el supuesto de autos, estamos simple y llanamente ante una modalidad de despido (despido nulo o subsidiariamente improcedente), con alegación de vulneración de derechos fundamentales, sin utilizar la modalidad especifica, en la exigencia final de una indemnización de daños y perjuicios morales u otros.

Es de recordar que el despido disciplinario exige un incumplimiento grave y, normalmente, culpable del trabajador (Art. 49.1.k en relación con el Art. 54 y ss. del ET.) Pues bien, ese incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador exige una delimitación y causas precisas que numera el Art. 54.2. Tales causalidades deben ser estudiadas mediante un criterio individualizador donde se valoren las peculiares circunstancias concurrentes y los factores, tanto humanos como personales, que deben adscribirse a la categoría profesional y del puesto de trabajador desempeñado (S.T.S. 2 -4-92, Aranzadi 2590). Del mismo modo hay que utilizar un criterio gradualista para proporcionar el hecho imputado y el comportamiento del trabajador, analizando las circunstancias subjetivas y particulares así como en su caso las objetivas delimitadoras (S.T.S. 21 -1-92, Aranzadi 2590), incluso hay que precisar que la numeración de esas causas de Despido disciplinario que recoge el Estatuto, no constituye númerus clausus, pues también pueden fundarse en un incumplimiento que derive de una grave negligencia (S.T.S. de 23-10-89 Aranzadi 73.15). Lo evidente es que ha de ser el empresario el que pruebe la existencia de esa causa que alega como motivo del despido (S.T.S. 18-5-88, Aranzadi 4255).

Con respecto a la presunción de inocencia debemos de manifestar, siguiendo los criterios jurisprudenciales, que ésta sería exclusivamente aplicable al proceso penal y, por ende, al proceso administrativo sancionador, pues tal consideración, en lo que es el ámbito contractual o falta laboral, no debería de incluir juicio de valor sobre esa culpabilidad o inocencia (S.T.S. 18-3-92, Aranzadi 30). in perjuicio de ello es evidente que para que concurra justa causa de despido disciplinario es exigible cierta culpabilidad, que no se da cuando no concurre esa capacidad o libertad de acción de querer y, en su momento, saber parcialmente los efectos de esa conducta.

Llegados al caso concreto y en lo que atañe a la circunstancia y causa esgrimida de transgresión de la buena fe contractual (Art. 54.2.d. del ET.) tanto esa transgresión como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, exigen ciertas matizaciones que en este momento pasamos a abordar. Y es que tal transgresión exige no sólo una relación laboral, sino una violación de los deberes de fidelidad y una actuación con conocimiento laboral de esa conducta vulneradora por parte del trabajador. No es necesario un dolo específico y basta una negligencia culpable (S.T.S. 24-1-90), pero lo evidente que el trabajador debe tener consciencia de la vulneración del deber de fidelidad hacia la empresa (S.T.J. de Canarias de 28-9-93). Y por supuesto no puede tratarse de una conducta que se tolere por la empresa, se admita, aunque sea tácitamente.

Y es que no podemos olvidar que en nuestro supuesto de autos existen en consonancia dos derechos fundamentales que atienden a la libertad de expresión (art. 20 CE (LA LEY 2500/1978)), y la garantia de tutela judicial efectiva de no verse represaliado por determinadas actuaciones (art. 24 CE (LA LEY 2500/1978)), que se infieren de la actual y de los comportamientos de las contrapartes, ya no sólo en los indicios especificados por la instancia, sino también en las valoraciones finales. Piénsese que todo se inicia en virtud de un previo correo electrónico a determinados órganos de la dirección, aparentemente respetuoso y confidencial, que da impresión de comunicación para criticar con cierto respeto a la opinión de otros y de las decisiones de los investigadores, y por la ausencia de determinada transparencia financiera que se exige. Sin embargo, el posterior correo electrónico, ya en diciembre, que difiere especificamente del previo, y se dice ser una de las supuestas causas del despido, no se ha comprobado efectivamente la autoría para con el trabajador demandante, como se refleja no sólo de las documentales sino de las pruebas periciales contrastadas.

Tal es así, que la conducta de comunicación de la empresa respecto de la extinción causalizada, trae causa a su vez de la reacción de imputación, e incluso de la ausencia de pruebas suficientes respecto de la autoría del segundo correo, según se infiere de las pruebas y periciales.

Estamos de forma evidente ante una limitación de la activitad de expresión, respetuosa de dar opiniones aunque resulten molestas, críticas y hasta, a veces, apresuradas, pero siempre en un ejercicio legítimo del derecho fundamental (art. 20 CE (LA LEY 2500/1978)), siendo que la reacción empresarial, en tiempo y forma, causa los indicios y la presunción cronológica y tempestiva de que consiste en una reacción evidente que comporta, a estas alturas, la ratificación de la extinción nula que la instancia ha reconocido y que esta Sala confirma.

Por todo lo mencionado procede la íntegra desestimación del recurso de suplicación de las empresariales recurrentes, confirmando la resolución de instancia.

CUARTO.- Como quiera que las empresariales recurrentes no gozan del beneficio de justicia gratuita y ve desestimado su recurso de suplicación, en atención al art. 235.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), habrá condena en costas, pérdida de depósito y aplicación de consignaciones.