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PRIMERO.- La sentencia del Juzgado declaró la procedencia del despido disciplinario, frente a la que se alza en suplicación el trabajador demandante, que en su recurso, impugnado de contrario, plantea un primer motivo dedicado a la censura jurídica de dicha resolución y un segundo motivo dirigido a la revisión de los hechos declarados probados. Por obvias razones de método la Sala abordará en primer término el motivo del apdo. b) del artículo 191 LPL (LA LEY 1444/1995), no sin antes recordar que la suplicación no constituye una segunda instancia ni una apelación que permita una revisión «ex» novo de las pruebas practicadas en el juicio sino, además y principalmente, que cualquier modificación o alteración en el relato de hechos declarados como acreditados por el juzgador «a quo» no sólo ha de resultar trascendente a efectos de la solución del litigio sino que, en todo caso, ha de apoyarse en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable el error de aquel juzgador cuya facultad de apreciación conjunta que respecto de los «elementos de convicción» -concepto más amplio que el de medios de prueba aportados a los autos- el artículo 97.2 LPL (LA LEY 1444/1995) le otorga, no puede verse contradicha ni desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones diversas de parte interesada. Y en esta línea no puede prosperar la revisión postulada para el hecho probado decimocuarto de la sentencia recurrida, pues la alegación de total ausencia de prueba que respalde el contenido de dicho ordinal no es cauce hábil para propugnar en suplicación la revisión de hechos probados, alegación que, por otra parte, ni siquiera responde a la realidad, pues el "factum" cuestionado se apoya en la declaración testifical prestada en el acto de juicio por doña María Milagros . Cuestión distinta es que, en legítimo ejercicio de su derecho de defensa, el actor hoy recurrente cuestione la credibilidad de dicha testigo, pero la valoración de dicha prueba es de la incumbencia exclusiva del juzgador de instancia, sin que su criterio al respecto sea susceptible de ser revisado ni enmendado en grado de suplicación. Por lo que el juicio crítico del Juzgador de instancia sobre el meritado testimonio no puede ser impugnado por los litigantes en vía de recurso ni, en cualquier caso, ser variado por el Tribunal "ad quem". Resultando irrelevante que no haya, aparte de la Sra. María Milagros , testigos presenciales del episodio relatado en el citado ordinal, pues esta clase de hechos no suele realizarse en presencia de testigos, sino normalmente en un marco de ocultación o clandestinidad que impide en muchas ocasiones disponer de otras pruebas, pudiendo apoyarse el Juez exclusivamente en la declaración de la perjudicada.

Tampoco prospera la revisión del hecho probado decimoctavo, pues la parte actora pretende que prevalezca su versión de lo ocurrido sobre lo relatado por la testigo Natalia , sin que se apoye la redacción alternativa propuesta en prueba documental o pericial alguna. La alegada circunstancia de que los hechos no fueran en su momento denunciados no excluye la certeza de los mismos. No siendo objeto propio del motivo alegaciones como la prescripción de los hechos o su discutida calificación jurídica como acoso sexual, sin perjuicio de que se analicen más adelante en sede de censura jurídica.

Por las mismas razones que se acaban de exponer decae igualmente la modificación que se propone para el hecho probado decimonoveno. Y, de igual modo, las alegaciones sobre la prescripción de estos hechos, su conocimiento por la empresa o su calificación como acoso sexual se analizarán al tratar de la censura de las normas aplicadas en la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- En sede de censura jurídica, al correcto amparo del apdo. c) del artículo 191 LPL (LA LEY 1444/1995) , se alega en primer término que en la tramitación del expediente contradictorio previo al despido se ha vulnerado el derecho de defensa y contradicción, así como el derecho a la presunción de inocencia del trabajador, con infracción del artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978) . Esta alegación no puede acogerse favorablemente, pues el expediente tramitado por la empresa no adolece de vicio grave de ninguna clase, no siendo en esta clase de expedientes obligado para la empresa practicar las pruebas propuestas por el trabajador, máxime cuando el verdadero debate contradictorio respecto a los hechos imputados se ha de llevar a efecto en el correspondiente juicio de despido, en el que el empleado despedido tiene todas las garantías y seguridades que el proceso judicial le otorga en defensa de sus derechos. Así la STS de 22 de enero de 1991 declaró que «aunque en estos expedientes se pueden practicar pruebas, y con frecuencia se lleva a cabo en ellos una actividad probatoria, esto no es requisito esencial para su validez y efectividad», y la de 16 de noviembre de 1987 precisó que en ellos no se «exige un especial trámite de apertura, ni que se celebre ante la misma (la empresa) una especie de antejuicio, con fase de alegaciones, prueba y decisión».

Tampoco es atendible la invocación de la presunción de inocencia que consagra el artículo 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) , pues esa presunción es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal, y ello porque, de un lado, el despido no es más que una resolución contractual, y por tanto no conlleva la aplicación del derecho penal y, de otro, en que la consideración por los Tribunales Laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, no incluye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente.

Por último señalará la Sala que el derecho a defenderse en el expediente contradictorio previo no forma parte del contenido esencial del derecho de defensa contemplado en el artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978) , dado que tras su finalización el actor ha podido oponerse con plenitud a la decisión de la empresa, se ha celebrado con la misma un acto de conciliación, tras el cual el hoy recurrente presentó la demanda de despido para impugnar el mismo sin limitación alguna en cuanto a alegaciones y pruebas. Como bien dice el Juez de instancia se han cumplido en la tramitación del expediente los requisitos y fines previstos en el ET, por lo que decae esta primera objeción jurídica.

TERCERO.- Se acusa en el siguiente motivo de derecho vulneración del artículo 60.2 ET (LA LEY 1270/1995) al no haber apreciado el Juzgado la prescripción "larga" de los hechos imputados y que han motivado la sanción disciplinaria de despido. Se alega, en síntesis, que estamos ante hechos puntuales, de tracto único y no continuado, y que la existencia de un presunto comportamiento acosatorio de carácter sexual por parte del actor fue conocido por la empresa a través de una denuncia verbal al Director General de la demandada por parte de un miembro del Comité de Empresa a instancia de la trabajadora Marta , y dicho conocimiento resulta bien a las claras del contenido del hecho probado 11º de la sentencia, sin que la empresa sancionara tales hechos, que datan del año 2008. En suma, a juicio del recurrente, estarían prescritos ex artículo 60.2 ET (LA LEY 1270/1995) los hechos relacionados con esta trabajadora y con su compañera Natalia .

La alegación de prescripción se ha de analizar partiendo del inalterado relato de hechos probados de la sentencia del Juzgado. En cuanto al conocimiento de los hechos por parte de la empresa, la Sala ha de estar al hecho probado 12º, del que resulta que la patronal no tuvo conocimiento de los hechos objeto del expediente contradictorio hasta la denuncia efectuada en 22-10-2009 por la trabajadora María Milagros . No obstante, en relación a los ocurridos con la Sra. Marta en Valencia, debe convenir la Sala con el recurrente que tales hechos, ocurridos "hace unos dos años" o "en 2008" fueron conocidos por la empresa, así le consta a la propia trabajadora (HP 19º), por lo que ya estarían prescritos en 12 de noviembre de 2009 cuando se notificó el despido al actor.

En cuanto a los tocamientos en las nalgas realizados a la trabajadora Natalia , suceden en Navidad de 2008 (HP 18º) y aquella no los puso en conocimiento de la empresa por miedo a las consecuencias (HP 20º), tomando la empresa conocimiento de los mismos en el marco del expediente contradictorio tras la denuncia de María Milagros . Por lo que encontrándonos ante hechos no explícitos ni realizados en presencia de la dirección empresarial, el inicio del plazo prescriptivo deberá ser a partir del momento en que aquella tuvo conocimiento pleno de su existencia, por cuanto en tales casos se imputa al trabajador la posible dilación en la constatación de los hechos. Así, el día inicial para la prescripción es aquel en el órgano de dirección empresarial con competencias sancionadoras tiene un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos sancionables, como así sostiene reiterada jurisprudencia, entre otras SSTS de 6/3/2001 y 25/7/2002 , sin que quepa remontarse a la fecha de comisión de las faltas para el inicio de la prescripción, por tratarse de hechos ocultados por el trabajador, al que no puede favorecer la demora de las trabajadoras en poner los hechos en conocimiento de la empresa, teniendo en cuenta la carga intimidatoria que este tipo de hechos genera sobre sus víctimas, cuyo autor se prevale de su posición jerárquica en la empresa para llevarlos a cabo en la convicción de que quedaran impunes, por el miedo de las afectadas a las consecuencias de su denuncia. Por lo expuesto, no están prescritos a juicio de la Sala los hechos imputados al actor en relación a las trabajadoras Natalia y María Milagros .

CUARTO.- Se acusa seguidamente acusa infracción del artículo 54 ET (LA LEY 1270/1995) , con mención a la doctrina gradualista, alegándose en síntesis que se trata de hechos que no revisten entidad suficiente para ser merecedores de la máxima sanción de despido. El motivo no puede prosperar, pues resulta acreditado que el trabajador recurrente hizo tocamientos con ánimo libidinoso en las personas de dos trabajadoras de la empresa, según se detalla en los hechos probados 14º y 19º de la sentencia recurrida, debiendo remitirse la Sala a lo manifestado en su sentencia de 1 de septiembre de 2001 , que a su vez se remite a sus pronunciamientos de 30 de junio de 1998 y 16 de mayo de 2000 (a los que siguen la más reciente de 6 de junio de 2001 -que cita la doctrina sobre el particular contenida en la STC de 13 de diciembre de 1999 -), cuando afirma que «la intimidad y dignidad de la trabajadora constituyen derechos de la persona reconocidos en los artículos 10 y 18-1 de la Constitución , y en concreto en relación con la prestación laboral y a las ofensas de naturaleza sexual, conforme al art. 4 (LA LEY 1270/1995)-2e) del Estatuto de los Trabajadores , por lo que no cabe duda sobre la existencia de un derecho con naturaleza de derecho básico de los trabajadores que comprende el respeto a la intimidad, la consideración adecuada a la dignidad y la protección frente a las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, protección que merece una atención especial cuando la persona afectada es la mujer, por conocidas razones de discriminación histórica que la sitúan en una posición más débil respecto al hombre en temas tales como la ocupación laboral o la protección social en materia de agresiones sexuales...». Se remite dicha sentencia a la Declaración 27/1992 de la CEE para definir el acoso litigioso como «la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, que puede incluir comportamientos físicos, verbales o no verbales, no deseados». Y, en el presente caso, basta la lectura de los precitados hechos probados para concluir que se dan los elementos definidores del acoso sexual, por cuanto en primer lugar, no hay duda de que se produjo una conducta con tendencia libidinosa y, en concreto, tocamientos ocasionales a dos trabajadoras del centro de trabajo, que depusieron en el acto del juicio oral dando cuenta de lo acaecido; en segundo lugar, también ha quedado claro que la conducta no era deseada por las destinatarias; y finalmente, que tal conducta tuvo la suficiente entidad para generar un entorno laboral humillante, desagradable e incómodo objetivamente considerado, no sólo sentido como tal por las víctimas, con menoscabo de su derecho a cumplir la prestación laboral en un ambiente despejado de ofensas de palabra y obra que atenten a su intimidad personal. Destacar además que al día siguiente de los hechos, la trabajadora María Milagros inició una situación de incapacidad temporal por un cuadro de ansiedad crónica. Tal censurable conducta de acoso sexual a dos compañeras de trabajo constituye causa legítima de despido en cuanto supone una ofensa - sancionada en el art. 54.1 c) ET (LA LEY 1270/1995) - no solamente física, sino también a la libertad sexual, intimidad y dignidad de aquéllas, haciendo imposible la convivencia en el mismo centro de trabajo y la pervivencia del vínculo laboral. Asimismo, tal actuación en cuanto tiene lugar en el centro de trabajo y durante el horario habitual, constituye a su vez una transgresión de la buena fe contractual dado que presupone una dejación de los deberes laborales y un desconocimiento de la lealtad debida al empleador. Sin que la inexistencia de sanción anterior permita, en aplicación de la doctrina gradualista, estimar desproporcionada la sanción de despido, si se tiene en cuenta que ya se había producido un hecho similar a los imputados en la carta de despido (vid. HP 11º) respecto de una tercera trabajadora de Valencia, que no determinó sanción, al reconocer el recurrente las imputaciones efectuadas por la trabajadora y aceptar ésta las disculpas de aquél, dando la empresa el asunto por zanjado, y, en vez de cortar de raíz estos reprobables actos, los extendió a otras dos trabajadoras, quedando su conducta, que no se muestra por lo dicho como aislada o episódica, revestida también de mayor gravedad en atención a su posición de superioridad jerárquica sobre las trabajadoras acosadas, estimándose la sanción de despido proporcionada a la gravedad de la conducta.

Por último, no puede tampoco la Sala estimar la crítica final que se vierte en el recurso sobre la credibilidad y verosimilitud del testimonio de la trabajadora María Milagros , pues ya hemos dicho que la valoración de dicha prueba es de la incumbencia exclusiva del juzgador de instancia, sin que su criterio al respecto sea susceptible de ser revisado ni enmendado en grado de suplicación.

El recurso se desestima.