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PRIMERO: El acto recurrido es la orden del Ministro de Economía y Competitividad con fecha 29 de julio de 2016, por la que se resuelve imponer a la CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (en adelante CRCLM), en su condición de sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, una multa de quinientos mil euros (500.000 €) y amonestación privada, como responsable de una infracción grave, prevista en el artículo 52.1 h) de la ley 10/2010, de 28 de abril (LA LEY 8368/2010) de prevención de blanqueo de capitales, en relación con el artículo 18 por incumplimiento del deber de comunicación por indicio cuando no deba calificarse como infracción muy grave, en concurso con la infracción grave, prevista y sancionada en el artículo 52.1.i) de la ley 10/2010, de 28 de abril (LA LEY 8368/2010) , en relación con el artículo 19, por la comisión de una infracción grave por incumplimiento del deber de abstención de ejecución, confirmada posteriormente por resolución expresa del mismo órgano de fecha 16 de marzo de 2017.

SEGUNDO: La sanción a CRCLM se impone por el incumplimiento de la obligación de comunicar y abstenerse de ejecutar operaciones con indicios de estar relacionadas con el blanqueo de capitales en relación con las operaciones llevadas a cabo en sus cuentas corrientes por los siguientes clientes de la Caja: la mercantil, Biannka Trade, S.L. y las personas físicas Valentín (apoderado de la anterior) y Jose Luis y Jose Ignacio .

La resolución recurrida señala que la entidad efectuó un seguimiento de las operaciones llevadas a cabo en esas cuentas corrientes y aun cuando se pueda considerar que ese seguimiento se debería haber efectuado con más intensidad o en una fecha anterior, admite que la entidad efectuó el examen especial de las operaciones llevadas a cabo en esas cuentas corrientes y por tanto, no se infringió el artículo 17 de la Ley 10/2019 de prevención de blanqueo de capitales relativo al deber de examen especial. Considera que, si bien se realizó el examen especial de la operativa, sin embargo, se incumplió el deber de comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de operaciones respecto a las que, tras el examen especial, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales ( artículo 18 ley 10/2010 (LA LEY 8368/2010) ) y el deber de abstención de ejecución de tales operaciones ( artículo 19 Ley 10/2010 (LA LEY 8368/2010) .

Los elementos que ha tenido en cuenta la Administración para valorar la existencia de la obligación de comunicar han sido los siguientes:

- Las operaciones consistieron en 293 ingresos en efectivo entre enero y septiembre de 2012 por importe total de 7.797.000 euros efectuados todos por Jose Ignacio en su mayoría en la sucursal de Plaza España nº 24 de Sotillo de Adrada (Ávila) de la Caja Rural Castilla La Mancha en un total de 4 cuentas corrientes.

- En 3 de esas 4 cuentas (titularidad respectivamente de la mercantil Biannka Trade, S.L) y las personas físicas Valentín y Jose Luis , a comienzo de mayo de 2012, fecha en que la entidad intensificó el control, habían recibido ingresos en efectivo por valor respectivamente de 1.753.380 euros, 467.050 euros y 673.000 euros. Entre la fecha en la que se intensificó el control de las operaciones (mayo del 2012) y el comienzo de septiembre de 2012 se ingresó, respectivamente, 1.261.000 euros 1.405.630 euros, 1.425.510 euros. La actividad en las tres era la compra venta de ropa. No tenía ninguna de ellas, pago de impuestos, ni recibo de suministros, ni pago de nóminas. Todos los ingresos fueron realizados en efectivo por Jose Ignacio (camarero y cocinero de un restaurante sito en ese pueblo de Ávila, titular de la cuenta a la que se hace referencia en el apartado siguiente). Esos fondos son posteriormente retirados de la cuenta mediante transferencias electrónicas al exterior. La última operación de ingreso en efectivo en una de ellas es el 26 de julio de 2012 y dos órdenes de pago de 27 y 30 de julio de 2012, y en las otras dos, el 3 de septiembre de 2012 y orden de pago de 5 de septiembre de 2012. La liquidación de las cuentas es el 17 de septiembre de 2012 y las otras dos el 17 de diciembre de 2012.

- En cuanto a la cuarta cuenta. El titular Jose Ignacio recibía ingresos en efectivo por 266.360 € de enero a abril. Entre la fecha en la que se intensificó el control de las operaciones (mayo del 2012) y el comienzo de septiembre de 2012 se siguió el mismo patrón de actuación y recibió ingresos en efectivo por un importe de 767.480 €. El titular había declarado que tenía un restaurante siendo él camarero y cocinero. Esas cifras no son coherentes con un restaurante de nueva apertura o al menos se consideran inusuales. No tiene ningún recibo domiciliado, ni pagos de nóminas y se transfería todo el dinero al extranjero. Sólo hizo pago de impuestos por importe de 4.000 euros. La última operación de ingreso en efectivo por un volumen elevado es del 3 de septiembre de 2012 y orden de pago de 5 de septiembre de 2012, existiendo posteriormente operaciones de poco importe hasta el 7 de diciembre de 2012, liquidándose la cuenta el 17 de diciembre de 2012.

- No se entiende muy bien que en el informe de examen especial de la entidad se señale que " ante la falta de aportación por parte de los clientes de la documentación solicitada, se informa a aquellos de la intención por parte de la entidad de finalizar la relación de negocio en aplicación de las medidas de diligencia debida estipuladas en la normativa", y en fecha posterior al informe continúe realizando operaciones similares con el cliente, operaciones de las mismas características que las efectuadas anteriormente. Así, en la cuenta NUM000 , titularidad de Jose Luis , se efectúan transferencias electrónicas por valor de 100.522,74 €, en la cuenta corriente NUM001 , titularidad de Valentín , se transfieren otros 100.522,74 €, y en la cuenta titularidad de Jose Ignacio , NUM002 , se ejecuta una transferencia de fondos por importe de 50.261,37 €.

TERCERO: Al objeto de fundamentar el recurso, alega la Caja Rural que la LPBCFT es una norma de medios que obliga, entre otras cosas, a realizar un análisis especial de aquellas situaciones que presenten indicios de blanqueo de capitales, pero, en ningún caso, obliga a que el resultado del mismo sea uno determinado pues, en caso contrario, no existiría la obligación de realizar un examen, sino de proceder directamente a la comunicación al SEPBLAC. Tampoco establece la norma que ante un determinado hecho (como podría ser la existencia de movimientos bancarios por importes elevados) deba actuarse automáticamente de un modo u otro, sino que se deja a la valoración y buen hacer de los sujetos obligados, por lo que no cabe imputar una infracción de la normativa a la Caja por llegar a una conclusión no compartida por el SEPBLAC cuando se cumplió escrupulosamente con el contenido de la normativa de aplicación.

Señala que los movimientos de efectivo fueron analizados en detalle (tal y como se puede comprobar en el examen especial realizado por la Caja) y fueron debidamente justificados, pues los empleados de la entidad comprobaron mediante visitas presenciales que las empresas tenían un movimiento muy elevado de efectivo. Además, la Caja ya justificó que se les advirtió a los clientes de que, ante la falta de aportación de los documentos solicitados, se vería obligada a finalizar la relación de negocio. De ese modo, una vez transcurrido un tiempo prudencial y ante la falta de aportación de dicha documentación, se procedió efectivamente a la finalización de dicha relación.

Considera que el Ministerio de Economía y Competitividad ha incurrido en una incorrecta valoración de los hechos y de sus correlativas consecuencias jurídicas y no se puede imponer una sanción porque se discrepe con la entidad respecto a las conclusiones por ella obtenidas en cuando a la existencia o no de indicios, cuestión ésta que es jurídica y siempre interpretable, cuando además nada concreto hay sobre qué actos delictivos, presuntamente, se han podido cometer, de modo que difícil resulta valorar si se han valorado o no bien los indicios existentes.

Añade que resulta injustificado imputar negligencia a la Caja una vez que se ha acreditado la realización del examen especial de los clientes y que sí debe tenerse en cuenta, en todo caso, la existencia de dolo, al menos, para la determinación de la sanción impuesta y en este caso no se ha tenido en cuenta la inexistencia de esa intencionalidad o dolo.

El Abogado del Estado alega en el escrito de contestación a la demanda que el acto recurrido es conforme a derecho con base a los argumentos que se contienen en la resolución recurrida.

CUARTO: Ley 10/2010, de 28 de abril (LA LEY 8368/2010), de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece en el artículo 17 la obligación de examinar con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude. Si una vez efectuado el examen especial siguen existiendo los indicios de blanqueo de capitales la operación se debe de comunicar y las operaciones no se deben ejecutar.

Así, el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril (LA LEY 8368/2010) , establece en relación a la comunicación por indicio lo siguiente:

"1. Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, él Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o certeza de que esté relacionado con el blanqueo de capitales o (a financiación del terrorismo). En particular, se comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones que, en relación con las actividades señaladas en el artículo 1, muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el artículo precedente no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones".

El artículo 19 establece que los sujetos obligados se abstendrán de ejecutar cualquier operación de las señaladas en el artículo precedente.

Alega el recurrente y se comparte que la LPBCFT es una norma de medios que obliga, entre otras cosas, a realizar un análisis especial de aquellas situaciones que presenten indicios de blanqueo de capitales, pero, en ningún caso, obliga a que el resultado del mismo sea uno determinado pues, en caso contrario, no existiría la obligación de realizar un examen, sino de proceder directamente a la comunicación al SEPBLAC. Por otra parte, el legislador emplea conceptos jurídicos indeterminados para perfilar los parámetros para que el sujeto obligado valore, una vez realizado el examen especial, si procede comunicar una operación por indicio de blanqueo de capitales. Así, en relación a la obligación de comunicación por indicio, hace referencia el artículo 19 Ley 10/2010 (LA LEY 8368/2010) a la falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el artículo precedente no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.

Por tanto, de lo que se trata de valorar es si es razonable o no considerar que existían indicios para comunicar esas operaciones y abstenerse de realizarlas.

Se quiere subrayar que en este caso la resolución recurrida considera que se ha hecho el examen especial de las operaciones. Así consta en relación al examen especial informe de operaciones de Caja de la Directora de la sucursal de Sotillo de la Adrada de 29 de julio de 2015, en el que se indica que se realizaron visitas a las instalaciones de la sociedad (almacén en Cobo Calleja de Fuenlabrada Madrid) en noviembre de 2011 y en enero de 2012 y observaron que el volumen de mercancía era muy grande e incluso solicitaron el 27 de junio de 2011 declaraciones de impuestos y éstas nunca fueron aportadas y se cancelaron las cuentas en noviembre de 2013. Consta informe de examen especial de 3 de septiembre de 2012 de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de la entidad en el que se indica que en abril de 2012 se acordó realizar un seguimiento periódico que consistió en requerimientos de información a la oficina solicitando cada mes desde mayo a septiembre los documentos de ingreso y la identidad de la persona que los realizaba y en junio de 2012 se solicitó a la oficina balance y modelos de Hacienda de impuesto de sociedades e IVA. Se concluye en ese informe que " a raíz de las actuaciones descritas , así como de los reiterados requerimientos de información efectuados por la oficina a los clientes por parte de los mismos se deja de operar en sus cuentas. En paralelo y ante la falta de aportación por parte de los clientes de la documentación solicitada, se informa a aquellos de la intención por parte de la entidad de finalizar la relación de negocio en aplicación de las medidas de diligencia debida estipuladas en la normativa".

A juicio de la Sala y tal como entiende la Administración existían indicios suficientes para comunicar esas operaciones remitiéndonos a lo ya señalado por la Administración realizando además las siguientes precisiones:

- Debe tenerse en cuenta que en el informe de operaciones de Caja de la Directora de la sucursal de Sotillo de la Adrada de 29 de julio de 2015 se indica que se realizaron visitas a las instalaciones (almacén en Cobo Calleja de Fuenlabrada Madrid) en noviembre de 2011 y en enero de 2012 y observaron que el volumen de mercancía era muy grande, pero nada se dice en el mismo acerca de que el pago por parte de los clientes se hiciera en efectivo. Por otra parte, en el formulario de conocimiento de esa sociedad elaborado por la oficina de 16 de diciembre de 2011, es decir posterior a la visita de las instalaciones realizada en noviembre de 2011, en el apartado de comprobaciones efectuadas en relación a la verificación del domicilio de la entidad y verificación de ingresos, no se indica que esos elementos (domicilio y verificación de ingresos) se conocen por comprobación fehaciente que es una de las opciones de ese apartado, sino que sólo se indica que el conocimiento en relación al domicilio (local 7 de la C/ Valdeón de Fuenlabrada que es una nave industrial) ha sido por indicación del cliente y nada se dice en relación a la verificación de ingresos. Sólo consta en observaciones "tienen almacén en polígono industrial de Fuenlabrada, clientes en toda España y países vecinos". Por lo tanto, no se cuestiona que personal de la oficina de Sotillo de la Adrada se desplazó a un local de Fuenlabrada en noviembre de 2011 y en enero de 2012 y que el volumen de mercancía era muy grande para venta al por mayor y la existencia de clientes, pero no constan comprobaciones de pago en efectivo de mercancía y su importe.

- En el formulario de conocimiento de cliente (mercantil Biannka Trade, S.L) realizado por la oficina, de16 de diciembre de 2011, se dice que la operativa estimada de la sociedad es de 150.000 euros en efectivo, que es lo que se supone que se va a obtener de la venta en efectivo en esa actividad comercial, por lo que resulta un indicio de blanqueo que el importe sea notablemente superior. Sólo en los 5 primeros días del mes de enero se superó esa cantidad. Así, el 2 de enero de 2012 en la cuenta de la que era titular esa mercantil se hicieron 3 ingresos de 25.000 euros, 1 de 27.000 euros y 2 emisiones de orden de pago cada una de 50.261,33 euros. El 5 de enero se hicieron 6 ingresos en efectivo, 2 de 20.000 euros y 4 de 25.000 euros. En la cuenta de la que era titular Valentín (apoderado de dicha mercantil) se realizaron 2 ingresos en efectivo de 25.000 euros y en la cuenta de la que era titular Jose Luis (según el formulario de conocimiento del cliente obtenía sus ingresos de esa sociedad) se realizaron 4 ingresos en efectivo de 25.000 euros.

- La persona que realizaba todos los ingresos en esa cuenta y en todas las demás era Jose Ignacio que también tenía abierta otra cuenta personal en esa localidad. La actividad profesional desarrollada según el formulario de conocimiento de ese cliente en su cuenta personal era de cocinero y camarero de un restaurante, siendo inusual que tenga ingresos en efectivo tan elevados, lo que podía ser un indicio de blanqueo de capitales. Respecto a esta cuenta no rebate la parte que el volumen de esos ingresos en efectivo (266.360 € de enero a abril de 2012 y de 767.480 € de mayo a septiembre de 2012) no se corresponde con la actividad profesional que desarrolla. Por otra parte, si esa persona era la que efectuó todos los ingresos en efectivo en las otras cuentas, y en su propia cuenta realiza ingresos que no responden al desarrollo de su actividad empresarial declarada podía intuirse que alguna irregularidad podía existir en las otras.

- A ello hay que añadir que ya en sí es sospechoso que los ingresos sean en efectivo y que además se realicen en la sucursal de un pueblo de 5.000 habitantes de la provincia de Ávila, de una actividad comercial supuestamente realizada en Fuenlabrada. Ninguna explicación se ha realizado de este hecho, ni tampoco consta la relación que tenía Jose Ignacio , que residía en dicha localidad desde hace 25 años con los titulares de las otras cuentas.

- Ciertamente esos clientes podían realizar el pago de impuestos en otras cuentas, pero lo que es realmente sospechoso es que si en junio de 2012 se solicita se aporten documentos que justifiquen el pago de impuestos, no se aporten los mismos de forma inmediata. No se podía limitar la oficina bancaria a esperar, sino que debía haber comunicado estas operaciones, vista la tardanza en remitir una documentación que, si hubiera sido presentada a Hacienda, podía entregar el cliente de forma inmediata, teniendo en cuenta que el artículo 18.2 ley 10/2010 (LA LEY 8368/2010) exige expresamente que la comunicación se realice sin dilación.

- El hecho de que los clientes dejaran de operar (a finales de julio la sociedad y a inicios de septiembre los titulares de las otras cuentas) sin haber remitido ninguna documentación que se había solicitado por la oficina que justificara los ingresos en efectivo (balance y modelos de declaración de impuestos) es en sí un indicio de falta de justificación de los ingresos.

- La obligación de la entidad bancaria es la de colaborar mediante la comunicación de operaciones siempre que en el examen especial previsto en el artículo 17 no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones. Por tanto, para comunicar no se exige hacer referencia a delito alguno, sino que debe hacerse conforme al artículo 18, siempre que tras el examen especial no exista justificación profesional de las operaciones.

Teniendo en cuenta todos estos datos existía obligación de comunicar esas operaciones, dado que tras el examen especial no se aprecia justificación económica y por consiguiente el deber de abstenerse de realizarlas.

QUINTO: En cuanto a la culpabilidad, señala que resulta injustificado imputar negligencia a la Caja una vez que se ha acreditado la realización del examen especial de los clientes, pero ya hemos razonado que existían elementos más que suficientes para considerar la existencia de indicios de blanqueo a los que hemos hecho referencia en el fundamento de derecho anterior.

Efectivamente, como señala el recurrente, la existencia de dolo debe tenerse en cuenta para graduar la sanción impuesta y en este caso no se ha agravado la sanción, que se ha impuesto dentro del tramo inferior. Así, se le ha impuesto una sanción de 500.000 euros, siendo el mínimo a imponer de 60.001 euros y la máxima 3.334.650 euros, para lo cual se ha valorado el hecho de que no ha sido sancionada con anterioridad, y el importe de las operaciones.

SEXTO: Conforme a lo razonado procede desestimar el recurso, acordando conforme al artículo 139 Ley 29/98 (LA LEY 2689/1998) imponer las costas a la parte actora.