SEGUNDO.- El artículo 135 establece que atendidas "la concurrencia de circunstancias de especial urgencia" el Juez puede adoptar las oportunas medidas cautelares sin oír a la parte contraria. Efectivamente, la letra a) del art 135.1 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) establece que:
"Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el Juez o Tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos día podrá mediante auto: a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el Juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales"
TERCERO.- Considerado el tenor de lo preceptuado en el reproducido artículo 135 de la Ley jurisdiccional, la primera de las cuestiones a abordar pasa por el necesario análisis de la concurrencia o no del elemento "urgencia"; de modo que, en caso afirmativo, se pueda entrar a resolver sobre la procedencia o no de acordar la medida cautelar inaudita parte que se interesa.
En el caso de autos resulta de apreciación la concurrencia de "circunstancias de especial urgencia", toda vez que el acto administrativo respecto del que se solicita la medida cautelar, acuerda la suspensión de un acto de naturaleza religiosa - salida extraordinaria de la Reliquia de la Santa Faz desde su Monasterio- previsto para el día 23 de abril de 2020, por lo que una tramitación ordinaria de la pieza de medidas determinaría la ineficacia práctica de la actuación interesada a través de la pretensión cautelar deducida por la recurrente.
En consecuencia, procede entrar al pronunciamiento sobre la procedencia de la adopción o denegación de la medida cautelar solicitada, conforme a las reglas del art 131 LJCA (LA LEY 2689/1998).
CUARTO.- Por lo que se refiere al concreto caso de autos, al encontrarnos ante un acto administrativo de contenido negativo, la suspensión cautelar pretendida resulta contraria a la finalidad genérica de la justicia cautelar, que no es otra que el mantenimiento del statu quo anterior a la interposición del recurso; por ello, tratándose en el caso de autos de un acto de contenido negativo, en caso de resultar acogida la medida cautelar interesada, no conllevaría un mantenimiento de la situación jurídica anterior al recurso, sino la modificación de una situación anterior, confiriendo la medida cautelar un efecto positivo de reconocimiento preventivo de los efectos de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión principal promovida en el recurso contencioso administrativo origen de las presentes actuaciones. El Tribunal Supremo ha venido declarando de modo invariable que, con carácter general, el carácter excepcional de la suspensión de los actos de contenido negativo (Sentencia de la Sala 3ª de 25 de Noviembre de 1.996, 10 de abril de 2000, 2 de marzo de 2000, 12 de abril de 2002, entre otras).
Al efecto, el artículo 129.1 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) permite a los interesados solicitar
"la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia"
como corresponde a la derivación propia del derecho a la justicia cautelar del art 24.2 de la C.E. (LA LEY 2500/1978) y no parece que excluya medidas cautelares positivas (como se indicó en STS de 10 de noviembre de 2007). Por ello, la posibilidad de suspensión cautelar de un acto de contenido negativo y la adopción de medidas cautelares positivas, no es imposible; ahora bien, como también señala entre otras la STS de 13 de marzo de 2008, debe ser objeto de una interpretación restrictiva y excepcional, debiendo ser suficientemente ponderada en casos de cognición limitada como el que nos ocupa, poniéndose en relación con el carácter instrumental y accesorio de las medidas cautelares y con todos y cada uno de los presupuestos necesarios para la ponderada adopción de las mismas: periculum in mora, sobre todo; así como que la medida de suspensión no suponga una afectación o perturbación grave de los intereses generales o de tercero.
Pues bien, sin abordar análisis de aspectos de fondo de la resolución administrativa impugnada (lo que no procede en esta sede de medidas cautelares), lo cierto es que la misma se adopta en el marco de las medidas restrictivas que, con motivo de la crisis sanitaria, han sido determinadas mediante Decreto 463/2020 de declaración del estado de Alarma. Apoya la demandante su solicitud en una serie de afirmaciones en cuanto a la mecánica de la celebración del acto suspendido por la Subdelegación del Gobierno en Alicante y así se manifiesta en el cuerpo de la demanda que se realizaría: "sin ninguna ostentación externa y de forma privada, en un coche en el que irían dos personas, a saber el conductor y el canónigo custodio, siguiendo otro vehículo y un coche patrulla de la Policía Local de Alicante", afirmando asimismo que el regreso se realizaría "cumpliéndose las mismas medidas de seguridad que las empleadas para su salida del Monasterio". Sin embargo, no se aporta por la recurrente elemento de prueba alguno en relación al protocolo de celebración del acto, ni efectivas medidas en relación al mismo, tratándose de meras manifestaciones de parte -huérfanas de indicio probatorio que las sustente-; tratándose de una particular y no de una institución organizadora del acto o ente público, que pudieran dar justificación de tales extremos por sí mismos. Por tanto, ante la ausencia de unos mínimos elementos probatorios que puedan sustentar la pretensión cautelar que se solicita, sin perjuicio de lo que resulte de la completa tramitación de los autos principales y una eventual vulneración del derecho a la libertad religiosa y de culto de la recurrente, procede la desestimación de la medida cautelar solicitada.
En atención a lo expuesto,