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PRIMERO.- Los hechos probados que se han relacionado resultan de la apreciación conjunta de la prueba practicada (se indican en dicha relación ya algunos documentos especialmente tenidos en cuenta). El hecho probado primero no fue controvertido. El hecho probado segundo resulta del documento 1 de la demanda y documento 6 de la prueba de la parte demandada, así como de lo alegado por la propia actora en el hecho segundo de su escrito de demanda y corroborado, en cuanto a la comunicación a todos los representantes sindicales del listado de trabajadores afectados por el ERTE, por la declaración del testigo Luis Enrique, también representante sindical, aportado por la propia parte demandante, que además manifestó que los listados diarios de trabajadores incluidos en el ERTE se les entregó la semana anterior al acto del juicio; y que eso era lo habitual, como en ERTES anteriores, es decir, que estos listados diarios se entregaban después, una vez terminada la suspensión (de esta declaración testifical resulta también el hecho probado sexto -corroborado también por la testifical de Constancio, coordinador de recursos humanos).

SEGUNDO.- Solicitan los trabajadores demandantes (delegados sindicales del centro de trabajo de FORD ESPAÑA SL en Almussafes pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Metal Intersindical Valenciana -STM-IV), tal y como consta en el suplico de la demanda y se concretó expresamente otra vez en el acto del juicio, que se declare la existencia de vulneración de su derecho fundamental a la libertad sindical por razón de haber suspendido la empresa sus contratos de trabajo en el ERTE por fuerza mayor derivado del COVID 19 sin respetar la garantía de prioridad de permanencia, con el restablecimiento de dicho derecho así como del derecho de información sobre el número de trabajadores afectados por dicho ERTE y condena a la empresa al pago de una indemnización por importe de 25.000 euros. Subsidiariamente solicitan lo mismo pero solo respecto de cuatro de dichos delegados sindicales incluidos en una propuesta de acuerdo con la empresa en dicho ERTE.

La empresa demandada y el Ministerio Fiscal instaron la desestimación íntegra de la demanda, viniendo a considerar para ello que ni siquiera se había justificado por la parte actora la concurrencia de indicios de que se hubiera producido la violación del derecho fundamental invocado.

TERCERO.- Ha de acogerse la oposición a la demanda formulada tanto por la empresa demandada como por el Ministerio Fiscal. En efecto, ni siquiera se ha constatado por la parte actora la concurrencia de indicio alguno de que se hubiera producido la violación del derecho a la libertad sindical en lo que se refiere a la garantía de prioridad de permanencia (v. art. 181.2 LJS (LA LEY 19110/2011)).

La prioridad de permanencia es un concepto que implica siempre la concurrencia de dos o más trabajadores para un mismo puesto de trabajo que subsiste, en este caso durante el ERTE.

Pero no se concretó en la demanda (ni tampoco en el acto del juicio) ni un solo puesto de trabajo subsistente durante la suspensión de los contratos de trabajo que pudiera haber sido ocupado por alguno de los demandantes por razón de su cualificación profesional.

Además, por razón de dicho ERTE, la línea de producción, en la cual prestaban servicios absolutamente todos los demandantes, estuvo paralizada, en su integridad, durante el periodo 15.3-3.5.2020.

En la fase de negociación del ERTE, en fecha 20.3.2020, el sindicato STM-IV había propuesto que los legales representantes de los trabajadores tuvieran prioridad de permanencia si voluntariamente lo solicitaban y que en otro caso fueran incluidos en el ERTE de modo que pudieran permanecer en situación de confinamiento. Luego, en fecha 23.3.2010 propuso que todos los delegados fueran incluidos menos cuatro. La empresa respondió en fecha 25.3.2020 a dichas propuestas con la decisión de incluir a todos los delegados en el ERTE, por cuanto había cesado la actividad de fabricación de vehículos, y por tanto de los puestos de trabajo que ocupaban los demandantes, y no existía posibilidad de dar ocupación efectiva a los delegados sindicales propuestos por STM-IV, ni siquiera a los cuatro que dicho sindicato había propuesto.

Tal falta de indicio alguno, sobre la existencia de una pretendida violación de la garantía de prioridad de permanencia de los trabajadores demandantes, determina la desestimación íntegra de sus pretensiones al respecto. Sin que sea necesario entrar en la cuestión planteada por la empresa en el sentido de si dicha garantía se aplica o no a los supuestos de ERTE derivado de fuerza mayor (que sí sería de aplicación -v. arts. 47.1, 51.7 y 68b) ET).

CUARTO.- La misma suerte ha de correr la pretensión relativa al restablecimiento del derecho de información sobre el "número" de trabajadores afectados por dicho ERTE. Tampoco se ha justificado la concurrencia de indicio alguno al respecto.

Ha quedado probado que en fecha 17.3.2020 la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores del referido centro de trabajo de Almussafes (donde ya había habido dos contagios por COVID- 19) el inicio de un ERTE por razón de fuerza mayor derivada del COVID-19, cuya aprobación fue solicitada a la autoridad laboral en fecha 18.3.2020, al amparo de lo dispuesto en el RD 8/2020; y que en dicha comunicación a los representantes de los trabajadores se adjuntó el "listado" de los trabajadores afectados por dicho ERTE en el centro de trabajo de Almussafes. Con lo cual consta probado que se dio a los demandantes la información sobre el "número" de trabajadores afectados por el ERTE a la que se refiere el suplico de su escrito de demanda.

Obsérvese que la única información a la que se refiere la pretensión de la parte actora es única y exclusivamente al "número" de trabajadores afectados por el ERTE.

Sí consta en los hechos probados que en fecha 25.3.2020 el demandante Fulgencio solicitó por e-mail el listado de incluidos en el ERTE, que le fue facilitado por la empresa ese mismo día (documento 11 de la empresa); y que en fecha 4.4.2020 el sindicato STM solicitó por e-mail del coordinador de recursos humanos listado de personas incluidas en el ERTE desde el primer día y las "variaciones" que cada día posterior se fueran produciendo; y que en fechas 7 y 16.4.2020 el demandante Fulgencio solicitó por e-mail de dicho coordinador el listado de incluidos "a diario" en el ERTE.

Pero el suplico no alude en modo alguno a estos últimos listados (sino solo al número de trabajadores afectados por el ERTE). En cualquier caso ha de decirse al respecto que la empresa, el día 29.5.2020, entregó a los representantes legales de los trabajadores (entre ellos a los demandantes) también los listados diarios (por razón de incidencias) de los trabajadores incluidos en el ERTE. Por lo que de todos modos carecería de objeto la pretensión de "restablecer" el pretendido derecho de información.

Además, este derecho de información lo ostenta, en las empresas como la demandada, que cuentan con comité de empresa, este órgano (v. art. 64.1 ET), que es el que debe solicitar la información si lo considera necesario, lo cual no consta que hiciera en el presente caso. Y si el delegado sindical no perteneciera al comité solo tiene derecho de información sobre la documentación que la empresa previamente haya puesto a disposición del comité (v. art. 10.3.1º LOLS (LA LEY 2063/1985)).

Por último, el listado variable por razón de incidencias se elabora una vez concluido el ERTE, como reconoció el testigo Luis Enrique, aportado por la propia parte demandante y representante sindical, respecto de los expedientes habidos anteriormente. Pero se trata en definitiva de una cuestión (la de estos listados) que el suplico del escrito de demanda no menciona en modo alguno.

QUINTO.- Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación (artículo 191.3.f) LJS (LA LEY 19110/2011)).