TERCERO.- De manera previa a entrar en el fondo del asunto, procede, dada la causa de inadmisibilidad planteada por el Letrado de la Administración demandada, y basado en la falta de agotamiento de la vía administrativa de manera previa a la interposición de la demanda, resolver al respecto de la misma.
En primer lugar, se ha de estar a lo dispuesto por lo regulado en los artículos 151 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (LRJS), conforme a la tramitación adecuada a la pretensión ejercitada -impugnación de un acto administrativo (Resolución de 02 de abril de 2020)-. En consecuencia, la modalidad procesal adecuada es el correspondiente al procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social no prestacionales.
El art. 151.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) establece que : "Con la demanda deberá acreditarse, en su caso, el agotamiento de la vía administrativa en la forma y plazos que correspondan según la normativa aplicable a la Administración autora del acto, en la forma establecida en el artículo 69 de esta Ley , salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 70 de la misma y en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998)
, que será de aplicación a los litigios entre Administraciones públicas ante el orden jurisdiccional social."
La normativa aplicable en este caso a la Administración autora del acto de impugnación, -resolución derivada de una solicitud de ERTE por fuerza mayor-, es la que dispone el Real Decreto 1483/2012 (LA LEY 18153/2012) por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de los contratos de trabajo y reducción de jornada. El art. 33.6 de este Real Decreto establece que: " Los trabajadores podrán impugnar la decisión empresarial sobre la extinción de contratos o las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada en los términos establecidos en los artículos 15 y 24". Por remisión al art. 15.1 del mismo Real Decreto, vemos que en el mismo se establece que: " 1. La impugnación ante la jurisdicción social de los acuerdos y decisiones en materia de despidos colectivos se regirá por lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011)".
En consecuencia, relacionando los preceptos anteriormente referidos, nos encontramos con que ciertamente el art. 151.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) exige el agotamiento de la vía administrativa previa. Lo que además resulta que debe hacerse de conformidad con el art. 69 LRJS (LA LEY 19110/2011), cuyo apartado primero dispone que dicho agotamiento se realizará conforme a la normativa al procedimiento administrativo aplicable. De tal manera, que dado que nos encontramos ante un procedimiento administrativo común debe ser aplicada la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LA LEY 15010/2015).
La Ley 39/2015 de 1 de octubre (LA LEY 15010/2015) de aplicación a todo procedimiento administrativo común no sólo fija el régimen general de recursos administrativos, salvo disposición especial que regule el acto administrativo, sino que también estable la forma y modo del contenido de toda notificación administrativa. Y esto resulta relevante para el caso que nos atañe. Y así, se considera de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 40.2 de la mencionada Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015), en tanto dispone que "toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente". En definitiva, resulta necesario que la notificación administrativa sea realizada en la forma indicada en este precepto, lo que incluye la indicación de cuáles son los recursos o vías de impugnación frente a la resolución administrativa.
A más abundamiento, el propio párrafo segundo del art. 69 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), que regula para la jurisdicción social la vía administrativa previa de la que exige su agotamiento, también se refiere de manera similar a lo establecido por el citado art. 40.2 de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015), al establecer que: " En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente" .
En consecuencia, a efectos de resolver la excepción de falta de agotamiento de la vía previa administrativa formulada por la demandada, ha de destacarse el contenido de la Resolución impugnada en lo que al contenido del texto se refiere y la indicación de si es la resolución es o no definitiva en la vía administrativa, así como los recursos que, en su caso, proceden. Y así, en el presente caso, como se deduce del hecho tercero, en la resolución impugnada se señalaba expresamente que contra la misma puede interponerse recurso ante la jurisdicción social, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33.5 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre (LA LEY 18153/2012), por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de los contratos y reducción de jornada. Que es precisamente lo que vino a realizar la demandante, al acudir directamente a la impugnación judicial, atendiendo a la dispuesto en la resolución administrativa.
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 40.2 de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015), puesto en relación con el art. 69 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), procede desestimar la alegación de causa de inadmisibilidad formulada por la parte demandada, de falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Habida cuenta del examen del propio contenido de la resolución administrativa, en tanto que el mismo dirige a la parte actora para su impugnación al procedimiento judicial de manera directa, sin mención alguna de la necesidad preceptiva de interponer el recurso administrativo alguno frente a la resolución, y que ahora, sin embargo, pretende oponer como causa de inadmisibilidad de la demanda.
De aceptar tal argumento, el mismo supondría una vulneración del derecho de defensa de la parte actora (24 CE). Pues valdría a desconocer las garantías que al respecto ofrece al administrado el mencionado art. 40 de la citada Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (LA LEY 15010/2015). Esto es, como ha manifestado el Tribunal Constitucional en Sentencia 112/2019 de 3 de octubre de 2019 (LA LEY 149088/2019), que aborda un caso similar en la jurisdicción contencioso-administrativa, lo pretendido por la Administración equivaldría a " permitir que la Administración pueda beneficiarse de sus propias irregularidades en detrimento de los derechos de los afectados por la resolución".
En definitiva, se desestima la excepción de la demandada de causa de inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa. Por lo que procede entrar en el fondo de la cuestión.
CUARTO.- Relativo al fondo del asunto, para resolver la cuestión ha de tenerse en cuenta lo específico de la materia regulada a consecuencia de la excepcionalidad que supone el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020). Y para ello resulta de todo punto relevante la solicitud de la demandante basada en la suspensión de la actividad a consecuencia del Covid-19, por suspensión de toda actividad de Juzgados y Tribunales. La actora justifica lo anterior en la paralización de toda actividad procesal y judicial no declarada esencial, conforme a lo establecido al efecto por el Real Decreto 463/2020 (LA LEY 3343/2020) mientras dure el estado de alarma, y los acuerdos al respecto tomados por el Consejo General del Poder Judicial, como el de 14-03-2020, por lo que la pérdida de actividad queda vinculada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19.
El art. 47.3 TRET dispone que el contrato de trabajo podrá ser suspendido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el art. 51.7 y normas reglamentarias de desarrollo. El art. 51.7 en su párrafo primero del TRET establece que " la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario".
El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3655/2020) de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció en el art. 22 las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, en su párrafo primero se dispone lo siguiente : "Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)
, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
2. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el apartado 1, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días".
Consecuencia de lo anterior es que en el ámbito de los ERTEs derivados de causa de fuerza mayor relacionado con el estado de alarma y la excepcionalidad de la situación que nos encontramos por la crisis sanitaria producido por la pandemia del COVID-19 hay que distinguir una doble vertiente relacionada con las circunstancias de fuerza mayor: (i) Por un lado, se encuentran las circunstancias relacionadas con las actividades suspendidas por el estado de alarma, que son las que se refieren en el artículo 10 y en el Anexo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020). (ii) Por otro lado, se encuentran las circunstancias relacionadas con las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3655/2020), y en cuyo artículo 22 se fija de manera específica las pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la situación de alarma, cuyo origen sea alguna de las circunstancias relacionadas en dicho artículo, y vinculadas a la situación originada por la pandemia del COVID-19.
En interpretación de la norma, la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha fijado criterios dirigidos a las autoridades laborales, en el documento fechado a 19-03-2020 (referencia DGN-SGON-81 1 BIS CRA), indicando que el concepto de "La fuerza mayor se caracteriza porque consiste en un acaecimiento externo al círculo de la empresa, de carácter objetivo e independiente de la voluntad de esta respecto de las consecuencias que acarrea en orden a la prestación de trabajo, existiendo una desconexión entre el evento dañoso y el área de actuación de la propia empresa. La fuerza mayor trae consigo la imposibilidad de que pueda prestarse el contenido del contrato de trabajo, ya sea de manera directa o bien de manera indirecta al afectar el suceso catastrófico, extraordinario o imprevisible de tal manera a la actividad empresarial que impida mantener las prestaciones básicas que constituyen su objeto". Exige, por lo tanto, la vinculación de la causa al estado de alarma por la crisis sanitaria.
El 28-03-2020 la misma Dirección General vino a complementar la definición en la nota referenciada mediante la nota DGE-SGON-841-CRA al definir el campo de aplicación de los ERTES por fuerza mayor en función del carácter inevitable del hecho causante por su carácter externo o ajeno a la actividad de la empresa. Lo que supone una ampliación del criterio interpretativo del concepto de fuerza mayor, al extenderlo a aquellos supuestos que a causa del COVID-19, " van a traer consigo la mencionada pérdida de actividad...", pero siempre que cumplan " su carácter inevitable sobre la actividad productiva, en el sentido antes apuntado de externo o desconectado del área de actuación de la propia empresa".
En definitiva, una interpretación hermenéutica del art. 22.1 del Real Decreto Ley 8/2020 (LA LEY 3655/2020) lleva a concluir que el concepto de fuerza mayor al que dicho artículo se refiere está vinculado en exclusiva a la situación de excepcionalidad derivada de la situación de crisis sanitaria a la que se enfrenta el país. Y basado en supuestos involuntarios, perentorios e inevitables sobre la actividad productiva.
Se trata, como refiere en su Preámbulo el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril " de un concepto de creación legal y concreción administrativa, directa e irremediablemente vinculado en exclusiva a la situación de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria sin precedentes a la que se enfrentan nuestro país y todo el planeta. Define este artículo 22 los supuestos a los que se atribuye de manera objetiva esa condición o carácter involuntario, perentorio y obstativo, correspondiendo a la autoridad laboral constatar la concurrencia de los hechos descritos, el necesario vínculo entre aquellos y la actividad productiva singular de la empresa, así como la proporcionalidad entre las medidas propuestas, en sus términos personales y objetivos, y el suceso configurado como de fuerza mayor".
En este presente caso la demandante se dedica al sector de actividades jurídicas, en concreto a la actividad profesional de la Procura. Cuya actividad se encuentra legalmente establecida conforme a las funciones que le competen, de conformidad con el artículo 438.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), así como, respecto a su intervención, por el artículo 23 de la Ley 1/2000 de 7 de Enero (LA LEY 58/2000), de Enjuiciamiento Civil, y conforme al artículo 3 del Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre (LA LEY 1760/2002) por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España. Y entre las que destacan de manera singular la representación procesal de los poderdantes ante los Juzgados y Tribunales, así como de aquellas funciones y servicios que como cooperadores de la Administración de Justicia les encomienden las Leyes. En definitiva, en lo que al respecto del caso se refiere, la demandante, y con ella los trabajadores a los que afecta el ERTE solicitado, realizan una actividad absolutamente ligada a las actuaciones judiciales de la Administración de Justicia, si bien en el ámbito privado y empresarial.
Ciertamente, como mantiene la Administración demandada,
la actividad que lleva a cabo la demandante, clasificada en el CNAE 6910 -actividades jurídicas- no se encuentra incluida entre las actividades que por el Real Decreto Ley 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tienen la obligación de suspender la actividad. Lo que ha sido constatado por la ITSS al comprobar el CNAE de la actividad económica de la entidad demandante (hecho segundo). Por lo que es evidente que si únicamente se tiene en cuenta el simple hecho del desarrollo de esta actividad no procedería la estimación de la solicitud administrativa efectuada.
Sentado lo anterior,
procede revisar el acto administrativo impugnado no desde el hecho de la actividad económica que la actora desarrolla, sino desde la concurrencia de las circunstancias relacionadas en el art. 22.1 del Real Decreto Ley 8/2020 (LA LEY 3655/2020), para comprobar si procede la estimación de la pretensión de la suspensión de los contratos por pérdida de la actividad como consecuencia del COVID-19. Y ello con independencia de que la actividad se considere esencial, pues conforme a la interpretación del tan citado art. 22.1 no hay obstáculo legal a que la empresa que desarrolla la actividad esencial presente un ERTE por fuerza mayor, siempre que acredite, como seguidamente expondremos, la concurrencia de las circunstancias a las que se refiere este precepto.
En este sentido, cobra relevancia lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo en tanto que dispuso la suspensión de los términos e interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales ( el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo).
Dicho estado de alarma, como se indica en el hecho séptimo, ha venido siendo prorrogado hasta la actualidad, y actualmente se mantiene; y con ello
los plazos procesales han quedado suspendidos, salvo para las actividades esenciales. Lo que ha influido, sin duda, en una pérdida de actividad de la demandante.
Pero si lo anterior es importante para relacionar la paralización de los plazos con la actividad de la actora, no lo es menos la paralización de las actuaciones procesales- Y así, conforme se deduce del hecho sexto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial del 14-03-2020, quedaron suspendidas todas las actuaciones judiciales programadas (además de los plazos procesales) mientras durara el estado de alarma. Consecuencia de ello es también la pérdida de actividad en el ejercicio de representación procesal a la que se dedica de manera específica la demandante.
Sin obviar,
como ya es conocido por ser notorio y no requiere de prueba (281.4 LEC), que los Procuradores no sólo acuden a las vistas y juicios programados cuando son citados para ello sino también a la oficina judicial para realizar multitud de gestiones que la actividad judicial requiere, como cooperadores de la Administración de Justicia que la Ley les ha encomendado. Lo que no han podido realizar durante el tiempo en el que se encuentra declarado el estado de alarma. Todo ello, claro está, a salvo de la realización de tareas por los servicios esenciales referidos tanto en el Real Decreto-Ley 463/2020, como de los propios Acuerdos del CGPJ o del TSJ de Castilla y León, en este caso. Lo que indudablemente afecta a la actividad de la demandante, y a las tareas administrativas de los empleados de la actora.
De manera particularizada a este caso la pérdida de actividad de la demandante ha quedado acreditada, como exige el art. 22.1 del Real Decreto 8/2020, mediante la documentación aportada a las actuaciones donde claramente se comprueba la caída de la actividad (de las 10 a 30 notificaciones diarias entre las fechas de 01-01-2020 a 13-03-2020 que la demandante recibió se pasó a recibir entre las fechas de 16-03-2020 a 16-04-2020 contadas notificaciones de un único procedimiento, hecho octavo).
En definitiva, tras la valoración de la prueba practicada cabe concluir que en el presente caso
se cumple con los requisitos interpretativos del art. 22.1 del Real Decreto-Ley 8/2020 (LA LEY 3655/2020), de tal manera que queda acreditada la pérdida de actividad de la actora a consecuencia del COVID-19, por la circunstancia de cancelación o suspensión de las actividades judiciales. Teniendo esta circunstancia un carácter inevitable sobre la actividad productiva, y externo o desconectado del área de actuación de la propia empresa.
Como consecuencia de lo anterior, procede la estimación de la demanda, con revocación de la resolución impugnada, y la declaración de concurrencia de causa de fuerza mayor, como causa para suspender los contratos de trabajo de los dos trabajadores relacionados en la solicitud de la parte actora.