SEGUNDO.- Resulta conocida la problemática relativa a esta cuestión. Resumidamente de conformidad con el art. 104.1 del RD Leg. 2/2004 (LA LEY 362/2004) el hecho imponible del impuesto lo constituye "el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos".
La sentencia del Tribunal Constitucional de 11-5-17 señala que "el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al texto constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 (LA LEY 362/2004) y 107.2.a) LHL (LA LEY 362/2004) únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica".
También señala que "debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL (LA LEY 362/2004) al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica".
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional reseñada, no ha existido uniformidad en el criterio de los órganos judiciales sobre si corresponde al Ayuntamiento la prueba de la existencia de un incremento de valor de los terrenos o es el administrado quien debe acreditar la existencia de una disminución de dicho valor para lograr la anulación de las liquidaciones por el IIVTNU, o si todas las liquidaciones/autoliquidaciones han de considerarse nulas de pleno derecho.
Más recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo de 9-7-18 fija los criterios interpretativos sobre los arts. 107.1 (LA LEY 362/2004), 107.2.a) (LA LEY 362/2004) y 110.4 del TRLHL (LA LEY 362/2004), a la luz de la STC 59/17 (LA LEY 37759/2017) .
El TS en la citada sentencia, en su Fundamento de Derecho Séptimo fija los criterios interpretativos sobre los artículos 107.1 (LA LEY 362/2004), 107.2 a) (LA LEY 362/2004) y 110.4, todos ellos del TRLHL (LA LEY 362/2004), a la luz de la STC 59/2017 (LA LEY 37759/2017), y, establece: "Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA (LA LEY 2689/1998), procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos en este litigio:
1º) Los artículos 107.1 (LA LEY 362/2004) y 107.2ª) del TRLHL (LA LEY 362/2004), a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017 (LA LEY 37759/2017), adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE. (LA LEY 2500/1978)
2º) El artículo 110.4 del TRLHL (LA LEY 362/2004), sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017 (LA LEY 37759/2017), " no permite acreditar un resultado diferente al resultado de la aplicación de las reglas de valoración que contiene", o, dicho de otro modo, porque "impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 (LA LEY 2615/2017), FJ7, y 37/2017 (LA LEY 5797/2017),FJ5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017 (LA LEY 37759/2017), la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 (LA LEY 362/2004) y 107.2ª) del TRLHL (LA LEY 362/2004)".
En el fundamento de derecho quinto de la sentencia, el Tribunal Supremo señala que corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido y añade que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas, (b) optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o en fin (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.
Añade la sentencia que aportada por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL (LA LEY 362/2004) que el fallo de la STC 59/2017 (LA LEY 37759/2017) ha dejado en vigor en caso de plusvalía. Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 (LA LEY 2689/1998) y 61 LJCA (LA LEY 2689/1998) y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA (LA LEY 2689/1998) , de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).
Por último, señalar que el TSJ de Aragón de fecha de 27 de septiembre de 2018 considera suficiente la comparación del valor de las escrituras, si bien esto último es mas ciertamente predicable cuando se comparan escrituras de compraventa entre sí, en las que cabe presumir que los intereses contrapuestos de las partes a efectos de declarar ingresos, gastos, desgravarse, etc,,, habrán llevado a plasmar los valores reales.
TERCERO.-
Se alega minusvalía existente entre el valor inicial cuando se adquirió por 156.220 euros y cuando se transmitió en fecha de 1 de marzo de 2017 por 120.000 euros.
En relación con la valoración de la prueba, se deben tener en cuenta tres tipos de consideraciones generales en esta materia:
El precio que se fija en la correspondiente escritura pública de adquisición o transmisión, ciertamente, depende de la decisión de los particulares, y puede no reflejar el verdadero precio pactado, pero es un elemento significativo a la hora de dilucidar si se ha producido o no depreciación del valor de terreno, y será determinante sobre todo en los casos en los que o bien no se aporte una contraprueba por la Administración o bien no se aprecie ningún elemento de distorsión del valor.
El momento de la adquisición y de la transmisión es muy relevante, ya que es un hecho notorio que en determinados períodos temporales la depreciación de los inmuebles ha sido un hecho indiscutible; como p.e. si la adquisición se produjo en la época de máximos precios (p.e. 2007) y la transmisión en época de precios mínimos (p.e. 2014). De la misma forma, en otros períodos de tiempo es un hecho también notorio que se ha producido incremento del valor.
Si se transmite una edificación (suelo + construcción), la parte referida a la construcción puede sufrir una depreciación relevante entre el momento de la adquisición y el momento de la transmisión, si la edificación se mantiene durante muchos años en manos del titular.
Como ya se ha dicho, la sentencia del TJS de Aragón de 27 de septiembre de 2018 considera suficiente la comparación del valor de las escrituras. También de la STS citada se infiere que debe atenderse al "valor real" es decir debe existir una plusvalía real y efectiva. El TS pone el acento en que precisamente fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 (LA LEY 37759/2017) para asumir- sin oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de inconstitucionalidad existía una minusvalía. Y admite como indicio probatorio del contribuyente esa diferencia en el resultado de dos negocios jurídicos. Es decir, todo apunta a que el incremento se refiere, al valor de mercado con independencia de la actuación urbanística o no del Ayuntamiento, del uso o no de recursos de todos los contribuyentes que generen un incremento en unos pocos (propietarios beneficiados por la acción) u otras consideraciones con el hecho imponible originario de esta figura. Tampoco se hace referencia a qué importancia debe darse al valor catastral.
De una adecuada valoración de la prueba practicada en el presente proceso y de la obrante en el propio expediente administrativo se desprende conforme a las reglas de la sana crítica que se debe considerar demostrado que el suelo correspondiente al inmueble objeto de este litigo ha sufrido una depreciación. Las escrituras públicas de adquisición y transmisión reflejan la disminución del valor correspondiente al suelo. Se trata de una vivienda que fue comprada en el momento más alto de la burbuja (año 2005) y vendida al final de la larga crisis de 12 años.
Finalmente, el recurrente ha aportado un principio de prueba sobre el no incremento del valor del terreno trasladando a la Administración que cuestiona el decremento alegado, la carga de probar la existencia de un efectivo incremento del valor del terreno. Así, el TS ha considerado que
los importes contenidos en las escrituras son claros indicios de que no se ha producido el incremento de valor determinante de la existencia de hecho imponible y el informe aportad por el Ayuntamiento no contrarresta esa deducción de inexistencia de incremento ya que evidentemente el valor catastral no identifica el valor de mercado o real.
Sentado lo anterior, de la valoración de prueba practicada en el presente proceso y de la obrante en el propio expediente administrativo, se concluye que
la recurrente ha acreditado la inexistencia de una plusvalía real, que el valor del suelo correspondiente al inmueble objeto de este litigio ha sufrido una depreciación. Por tanto, si no existe incremento del valor del terreno puesto de manifiesto- en el caso enjuiciado- en el momento de la transmisión del mismo, no hay hecho imponible y, por tanto, no es posible el gravamen por el IIVTNU. Procede, por tanto, la anulación de la liquidación efectuada por la Administración demandada y el reconocimiento del derecho a la devolución del ingreso indebido.
Debe procederse a la estimación de la demanda.