PRIMERO.-
Antecedentes.
1.
D. Pedro Miguel y D. Marco Antonio demandan la tutela de su honor por el escrito dirigido por el demandado, abogado en ejercicio, al Consejo General del Poder Judicial en el que consideraba que su actuación como Juez de Instrucción y Secretario Judicial, respectivamente, en el contexto del retraso en la tramitación de algunos asuntos propios y extravío de los escritos presentados así como las repetidas quejas por ello, reunía elementos de la comisión del tipo delictivo del art. 446 (prevaricación) y del art. 413 del C. Penal (LA LEY 3996/1995) (infidelidad en la custodia de documentos), solicitando una indemnización de seis mil euros (tres mil para cada uno).
2. Contesto D. Juan Miguel negando cualquier intromisión ilegitima en el derecho al honor al considerar que su valoración está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión y derecho de queja por el funcionamiento del servicio público de la Administración de Justicia, y rechaza en consecuencia el pago de cualquier indemnización.
3.
La sentencia de primer grado después de ponderar la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión, ambos derechos fundamentales,
se inclina por considerar que esas expresiones
exceden el derecho de crítica, son innecesarias y constituyen una acusación directa e injustificada del delito de prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, y concede la indemnización solicitada, no así la rectificación pública, sin costas.
El demandado apela y el Ministerio Fiscal no hace alegación alguna.
SEGUNDO.-
Motivos de oposición. Decisión de la Sala.
1. Planteamiento.
El recurso comienza por objetar el tenor de la sentencia pues considera que se ha faltado a la verdad en el relato de hechos e insiste en que su actuación queda cubierta por el derecho a la libertad de expresión.
2. Hechos relevantes.
El letrado D. Juan Miguel dirigió un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que expone su queja por el retraso en la tramitación de los recursos de apelación presentados ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Tarragona en el Juicio por delitos leves nº 185/2015 y las diligencias previas nº 2203/2014.
En síntesis manifiesta que este juzgado oculta y no tramita los recursos de apelación que presenta. En el Juicio nº 185/2015 lo presento el 22 febrero 2016 y en las diligencias previas citadas el 26 enero 2015. Este último fue ocultado durante cuatro meses, siendo elevado a la Audiencia Provincial tras la presentación de una queja ante el citado órgano judicial.
Esta práctica ya la realizo el Letrado de la Administración de Justicia del citado juzgado en otro recurso de apelación de fecha 23 octubre del 2013 ante el juzgado de igual clase 6 de Tarragona, siendo entonces el mismo Letrado de la Administración de Justicia Sr. Marco Antonio.
El abogado denunciante reitero diferentes escritos, doce en total, pidiendo explicación sobre su destino, sin haber obtenido una respuesta o explicación.
Termina su escrito de queja señalando lo siguiente:
" QUINTA.- Que la actuación del Juez de Instrucción D. Pedro Miguel y el Secretario Judicial, D. Marco Antonio, reúnen elementos de la comisión del tipo delictivo del arty 446 y del 413 del Código Penal".
3. Motivos de oposición.
Sobre el primer motivo de oposición constatar la intrascendencia de la aportación o no aportación y su reflejo documental en la sentencia de resoluciones judiciales que los juzgados y tribunales tienen la obligación de conocer por ser jurisprudencia aplicable al caso ( art. 6.1 CC (LA LEY 1/1889)).
Y en orden al fondo del asunto debemos recordar que la libertad de expresión está protegida tanto en el ordenamiento jurídico del Consejo de Europa ( art. 10 del Convenio), como por la UE ( art. 11 de la Carta) y la CE (LA LEY 2500/1978) (art. 20), e incluye la libertad de opinar y de recibir y difundir información e ideas a través de cualquier forma de expresión, por cualquier medio, persona, grupo o tipo de medio de comunicación.
También que figuras como los magistrados (que desarrollan una función jurisdiccional pública) y los funcionarios públicos (en el ámbito administrativo) tienen que aceptar límites más amplios a la crítica y una intromisión más profunda en su honor que la que tienen que aceptar los particulares. En concreto el derecho de defensa en las actuaciones judiciales, también en las administrativas --campo al que se extiende la libertad de expresión--, tiene un contenido específicamente resistente y es inmune a restricciones salvo aquéllas que derivan de la prohibición de utilizar términos insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas, ajenas a la materia sobre la que se proyecta la defensa ( SSTC 205/1994 (LA LEY 13676/1994) y 157/1996 (LA LEY 10186/1996) entre otras, y STS 1056/2008, de 5 noviembre (LA LEY 175907/2008), 62/2013, de 5 febrero (LA LEY 6610/2013) y 243/2018, de 24 abril (LA LEY 33153/2018)).
Por otro lado, el artículo 18.1 CE (LA LEY 2500/1978) garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 CE (LA LEY 2500/1978), que se protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero (LA LEY 1115/2003)), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio (LA LEY 70224/2006)).
La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina del Tribunal Supremo ( STS 604/2007, de 18 julio (LA LEY 61240/2007), 176/2012, de 3 abril (LA LEY 51415/2012), 819/2013, de 8 enero (LA LEY 194/2014)) admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una trasgresión del derecho fundamental.
Como más pertinentes al caso, sobre la libertad de expresión en relación con el derecho de defensa, las STS 542/2015 (LA LEY 137324/2015) y 243/2018, de 24 de abril (LA LEY 33153/2018), resaltan la importancia del contexto de polémica o enfrentamiento previo entre las partes para desestimar la existencia de intromisión ilegitima en el honor y prestigio profesional porque las expresiones consideradas ofensivas no tenían la gravedad que se pretendía y se encontraban plenamente amparadas por la libertad de expresión del abogado en el ejercicio del derecho de defensa ( art. 24 CE (LA LEY 2500/1978)). Y ello por las siguientes consideraciones:
A) El demandado-apelante actuó en el marco de la defensa de sus intereses (propios o de sus clientes) en el ámbito administrativo, marco en el que se atenúa la carga ofensiva de una grave actuación profesional, sin por ello desconocer que las expresiones controvertidas afectan a la reputación profesional de los apelados y redundan en su descrédito, pues éste es el efecto propio de la imputación de hechos que pueden suponer una actuación dolosa del magistrado y letrado de la administración de justicia en el desempeño de su labor profesional.
B) Cuando el demandado formula su queja la situación de encono con ambos ya era patente por la falta de respuesta a sus reiteradas peticiones de información sobre los escritos de recurso que había presentado y cuyo paradero se desconocía.
C) La finalidad de la afirmación fue esencialmente crítica con la actuación de los demandantes aunque es censurable la atribución genérica de la comisión de unos delitos directamente relacionados con los hechos que denuncia.
D) La escasa difusión del escrito de queja que no ha salido del círculo de personas al que iba dirigido (Promotor de la acción disciplinaria y Ministerio Fiscal).
E) En supuestos como el nuestro ni la jurisprudencia constitucional ni la del tribunal supremo han considerado que la atribución a un juez, y por idéntica razón a un letrado de la administración de justicia, de estos delitos relacionados con su función ha merecido reproche más allá del disciplinario en sede colegial. Por ejemplo, en la STEDH, Sección 3ª, de 12 de enero de 2016, caso Ravello c. España, citada por el recurrente, ATC 341/1992, de 16 noviembre y 124/2005, de 4 abril (LA LEY 311240/2005), STS 377/2011, de 31 mayo (LA LEY 98616/2011), 62/2013, de 5 febrero (LA LEY 6610/2013), 6/2014, de 17 enero (LA LEY 1315/2014) y 408/2012, de 18 julio (LA LEY 141283/2012)).
En suma, ni el marco del conflicto en que se produce la imputación y la efectiva disfunción que se denunciaba en el escrito de queja al Promotor de la acción disciplinaria permiten concluir que en la ponderación de los derechos al honor o prestigio profesional y la libertad de expresión debe prevalecer aquel en grado tal que se considere que ésta ha alcanzado el grado de ilegitimidad exigible para justificar una condena con base en la L. Orgánica 1/1982 (LA LEY 1139/1982).