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PRIMERO.- La entidad Francisco J. Urbano y Asociados S.L. formuló demanda frente a don Lázaro reclamando el pago de la cantidad de 16.432'30 euros más intereses y costas, la que consideraba que le era debida como consecuencia de un contrato de prestación de servicios jurídicos profesionales celebrado entre las partes en el año 2010, al haber recibido la demandante el encargo profesional de interponer los recursos procedentes en nombre del demandado en relación con la derivación de la responsabilidad personal que la AEAT le atribuyó por deudas de una sociedad. Se fijó un precio para tales servicios con una parte fija -ascendente a 7.504'80 euros- y una parte variable que se obtendría de la aplicación del 5% a la cantidad "reducida /obtenida" por razón de la gestión encargada a la demandante, habiendo quedando pendiente de pago la cantidad reclamada por entender dicha demandante que el resultado de su gestión había sido enteramente favorable al demandado.

El demandado se opuso alegando la prescripción de la acción ejercitada respecto a la parte fija de honorarios pendiente -1.004'80 euros- y, en lo que se refiere a la parte variable de los honorarios, sostuvo que su devengo se hizo depender de la obtención de resultados favorables tal como se señala en la hoja de encargo. Afirmó que tenía la condición de consumidor, extranjero y desconocedor del idioma, y que firmó la hoja de encargo redactada por la parte demandante obligándose a pagar, además de una cantidad fija, otra proporcional al resultado beneficioso obtenido, utilidad que no existió ya que -aunque el expediente administrativo se declaró caducado- se inició otro que finalizó con el cobro de la deuda reclamada por la Administración, estimando el demandado que la única ventaja obtenida consistía en el pago de menos intereses de los que en principio se le reclamaban por lo que consideraba que procedía el pago por la gestión del 5% de la minoración de los intereses de demora de la que se había beneficiado.

Seguido el proceso, el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Marbella dictó sentencia de fecha 3 de marzo de 2015 por la que rechazó la excepción de prescripción opuesta por el demandado, no obstante lo cual desestimó la demanda (sic) sin especial declaración sobre costas.

Recurrió en apelación la parte demandante y la Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia de fecha 29 de marzo de 2017 por la que revocó la dictada en primera instancia y estimó íntegramente la demanda condenando al demandado a satisfacer la cantidad reclamada de 16.432,30 euros, más los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda y al pago de las costas de primera instancia sin especial declaración respecto de las causadas por el recurso.

Considera la Audiencia que la resolución del Tribunal Económico Administrativo de Andalucía constituyó una resolución favorable y, por lo tanto, procedía el devengo de la retribución variable acordada, sin perjuicio de que en un expediente posterior se exigiera la misma cantidad por la Administración.

Contra dicha sentencia ha recurrido por infracción procesal y en casación el demandado don Lázaro.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- El único motivo de infracción procesal se formula al amparo de lo dispuesto por el artículo 469.1.2.º LEC (LA LEY 58/2000) por infracción del artículo 218 LEC (LA LEY 58/2000) apreciando error en la aplicación de las normas y jurisprudencia que rigen la valoración de la prueba en la segunda instancia, con vulneración del derecho a la tutela judiciaI efectiva.

Se afirma por la parte recurrente que la sentencia de primera instancia efectuó una valoración de la prueba acertada y que debió prevalecer por cuanto no se consideró arbitraria, absurda ni ilegal, ni la Audiencia argumentó jurídicamente sobre ello, lo que -entiende la parte recurrente- vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978)), en tanto que no se comprende porqué deja sin efecto una interpretación "igualmente respetable", sin basarse en que los razonamientos de la sentencia de primera instancia fueran arbitrarios, absurdos o ilegales.

El motivo se desestima en tanto que viene a negar a la Audiencia el ejercicio de las facultades que son propias de la segunda instancia, en cuanto -dentro de lo apelado por las partes que hayan formulado recurso- permite la revisión de cualquier pronunciamiento, razonamiento o fundamentación -incluida la valoración de la prueba y la interpretación contractual- propio de la sentencia de primera instancia.

Como esta sala ha declarado en reciente sentencia núm. 63/2019, de 31 enero, siguiendo una reiterada doctrina de carácter procesal de la propia sala,

"La sentencia del Tribunal Constitucional 212/2000, de 18 de septiembre (LA LEY 11989/2000) calificó con precisión la apelación en estos términos: "la segunda instancia se configura, con algunas salvedades, en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos ( arts. 862 y 863 LEC ), como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos ( quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes ( quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación ( tantum devolutum quantum appellatum) ( ATC 315/1994, de 21 de noviembre , y SSTC 3/1996, de 15 de enero (LA LEY 1989/1996) , y 9/1998, de 13 de enero (LA LEY 1395/1998) ) " ...".

Recurso de casación

TERCERO.- El primero de los motivos se formula por infracción de los artículos 1258 CC (LA LEY 1/1889), 6.2 de la Ley 7/1998 (LA LEY 1490/1998), de Condiciones Generales de Contratación y 8 b) de RDL 1/2007, por el que se aprueba la LGDCU (LA LEY 11922/2007), al considerar la parte recurrente que la sentencia impugnada ha realizado una interpretación estrictamente objetiva y literal del contrato, con ignorancia de cualquier consideración subjetiva de las contempladas por la jurisprudencia, al entender que reclamar el pago de 22.932,30 euros en virtud de una "cláusula de éxito", cuando dicho éxito es puramente formal y provisional, no resulta ajustado a derecho, pues cualquier ciudadano medio entendería que "resolución favorable" es aquélla que le reporta utilidad y soluciona el problema, y no la que exclusivamente le retrasa el pago.

El segundo se formula por infracción del artículo 1281.2 CC (LA LEY 1/1889), y de los artículos 6.2 de la Ley 7/1998 (LA LEY 1490/1998), de Condiciones Generales de Contratación, y del artículo 8 b) de RDL 1/2007, por el que se aprueba la LGDCU (LA LEY 11922/2007); mientras que el tercero se formula por infracción del artículo 1286 CC (LA LEY 1/1889), en relación con los artículos 6.2 de la Ley 7/1998 (LA LEY 1490/1998), de Condiciones Generales de Contratación y del artículo 8 b) del RDL 1/2007, por el que se aprueba la LGDCU (LA LEY 11922/2007), por considerar que la interpretación de la expresión "favorable", de la cláusula introducida en el contrato, debe de ser valorada en el modo más conforme a la naturaleza y objeto del contrato, siendo así que cualquier ciudadano entiende que "resolución favorable" es aquella que le reporta utilidad y soluciona el problema y no la que exclusivamente le retrasa el pago.

En consecuencia se ha de estimar el recurso de casación puesto que -reiterando el interés casacional ya definido en el presente caso- la interpretación efectuada por la Audiencia no se ajusta en forma alguna al texto de la "cláusula de éxito", en relación con la intención que ha de estimarse común a los contratantes según su propia literalidad y la propia naturaleza de los servicios contratados, según exige el artículo 1281 del Código Civil (LA LEY 1/1889) que se considera infringido.

CUARTO.- La desestimación del recurso por infracción procesal comporta la imposición de costas causadas por el mismo a la parte recurrente y la restitución del depósito constituido. La estimación del recurso de casación determina que no se haga especial declaración sobre costas del mismo y proceda la devolución del depósito constituido ( artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 398 LEC (LA LEY 58/2000)). Se imponen a la demandante Francisco J. Urbano y Asociados S.L. las costas causadas por su recurso de apelación, que debió ser desestimado.