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PRIMERO.- Examinando el contenido del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado en cuanto a la apreciación de las pruebas y, consecuentemente, la infracción del principio de presunción de inocencia hay que partir de que la presunción de inocencia, derecho recogido en el art. 24.2 de la CE (LA LEY 2500/1978) , según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, alcanza sólo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que exista un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales (por todas, STS de 26 de septiembre de 2003 ).

Debe señalarse, además, que si bien el recurso de apelación autoriza al Tribunal "ad quem" a revisar la valoración probatoria efectuada por el Juzgador de instancia, el hecho de que la apreciación de éste tenga como base las pruebas practicadas a su presencia y con respeto a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina, por punto general, que la valoración de aquél, apreciando además las razones expuestas por la acusación y por la defensa, y lo manifestado por el mismo acusado ( arts. 24 de la CE (LA LEY 2500/1978) , 229 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 741 de la LECrim (LA LEY 1/1882) ) deba, en principio, respetarse en la apelación, con la única excepción que la conclusión probatoria de que se trate carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el correspondiente juicio oral.

El Juez de instancia llegó a la conclusión de que los hechos tuvieron lugar del modo que los relata, tras haberse practicado las pruebas que constan en el acta del juicio oral con las garantías procesales exigibles, lo que no puede más que ser compartido en esta segunda instancia en cuanto que el recurso ningún extremo probatorio aporta susceptible de legitimar un pronunciamiento en contrario, más allá que una lectura parcial e interesada de lo actuado en juicio.

La declaración del testigo, sobre el que no recae motivo alguno para dudar de su veracidad e imparcialidad y pensar que sus manifestaciones estén movidas por ánimo de venganza y esconda un interés espurio, ya que ninguna relación tiene con el acusado, contra el que no muestra una especial animosidad, resulta persistente, coherente, convincente y sincera, estando corroborada por la propia declaración del acusado que reconoce los hechos si bien los intenta justificar en una simple broma y en su estado de intoxicación.

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, hemos de decir que los hechos declarados probados son constitutivos del delito previsto en el art. 402 del CP (LA LEY 3996/1995) , que castiga al que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial.

Son dos los elementos que han de concurrir para apreciar ese delito, a saber: uno objetivo: "ejercer actos propios de una autoridad o funcionario público", y otro subjetivo: la asunción por el agente de esa función pública ya sea mediante manifestaciones orales o dándolo a conocer por actos que tengan la capacidad bastante para engañar a una persona, todo ello encuadrándolo en el marco de un delito de simple actividad, que por lo tanto, no necesita para su consumación de otros resultados lesivos.

Y en el caso que nos ocupa, el acusado mostró una placa de Policía Local, ordenando la detención de un vehículo y que se bajara del mismo su conductor.

Y el conductor paró el vehículo y se bajó de él, inmovilizándole, llamando a la Policía y deteniéndole.

Así las cosas, todo apunta a que no lo tomó como una broma ya que si no hubiera seguido su marcha sin hacerle caso, más en las fechas en que sucedieron los hechos.

TERCERO.- Por último, señalar que las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal para ser apreciadas han de estar tan probadas como el propio hecho delictivo.

En el presente caso dice el recurrente que el día de los hechos había bebido mucho y esnifado cocaína, estando deshabituado y encontrándose a tratamiento.

Sin embargo su declaración no es suficiente para considerar acreditado ni tan siquiera la existencia de la atenuante 2° del art. 21 del CP (LA LEY 3996/1995) , pues, partiendo de que el acusado conserva sus capacidades volitivas e intelectivas, no está probada la influencia del consumo de alcohol y droga en la realización de los hechos por los que ha sido condenado.

CUARTO.- Por consiguiente, el recurso interpuesto ha de ser rechazado y, en consecuencia, las costas procesales de él derivadas deben ser impuestas al apelante ( arts. 123 del CP (LA LEY 3996/1995) y 240.2º de la LECrim (LA LEY 1/1882) ).