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PRIMERO.- Entabla recurso de suplicación la parte actora frente a la sentencia de instancia que acoge de forma parcial su reclamación, condenando a GARDA Servicios de Seguridad SA (GARDA) a abonarle 235, 60 euros por gastos de desplazamiento, más 5 euros por intereses de demora, reconociéndole 4 días adicionales de vacaciones.

En su demanda, Don Pedro Jesús reclamaba además 3000 euros de indemnización por los daños morales sufridos como consecuencia de la interrupción de sus vacaciones para realizar el curso de formación que le ordenó la empresa, indicando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, en concreto el derecho a la no discriminación del art.14 CE, a la integridad moral del art.15 CE, y a la garantía de indemnidad, incidiendo en que se vio obligado a dejar a su padre enfermo para realizar ese curso. También solicitaba la imposición de una multa a la demandada por incomparecencia al acto de conciliación previa estando debidamente citada, y la condena en costas.

La decisión judicial rechaza la indemnización de daños y perjuicios porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de los que invoca el trabajador, subrayando que no se ha demostrado que la empresa conociese que el actor vivía esas circunstancias (enfermedad grave de su padre con el que se encontraba en Astorga en sus vacaciones), dado que nada manifestó, acreditándose por el contrario que recibió la comunicación empresarial y decidió cumplirla sin alegar causa que le impidiera hacerlo, y conocía perfectamente que el curso de reciclaje de primeros auxilios es anual y obligatorio estando ya avanzado el año para realizarlo, y ante la comunicación a la empresa el actor simplemente accedió a acudir al curso durante sus vacaciones.

El rechazo de la multa e imposición de costas por incomparecencia al acto de conciliación descansa en la no coincidencia de lo reclamado con lo reconocido judicialmente, pues solamente en una parte pequeña se ha acogido la reclamación.

El recurso ha sido impugnado por la legal representación de la mercantil.

SEGUNDO.- Los dos primeros motivos, amparados en la letra b) del art.193 LRJS (LA LEY 19110/2011), se dirigen a la reforma de hechos probados, en concreto de los ordinales tercero y cuarto.

El hecho probado tercero indica que el actor se encontraba en Astorga durante su periodo vacacional, lugar del que es natural, debiendo desplazarse al curso realizando al efecto un gasto de 235,60 euros, indicando también que su padre falleció el 26 de marzo de 2016.

Pretende que se añada que su padre "había sido diagnosticado de Neoplasia de recto estadio IV el 6 de agosto de 2015 por el Servicio de Medicina Interna-1 del Complejo Asistencial Universitario de León".

La reforma se acepta dado que tiene suficiente apoyo documental, sin perjuicio de la relevancia que pueda otorgarse al añadido.

No acogemos, sin embargo, la adición que postula al ordinal cuarto; se expresa en el citado hecho probado que "Intentado el acto de conciliación el 5 de febrero de 2016, no compareció la parte demandada", pretendiendo que se complemente con un párrafo que refleje que "constando citada en legal forma".

Descartamos la novación dado que no se cuestiona en ningún momento que la empresa no hubiera sido citada correctamente al acto de conciliación, de forma que la razón de denegar la imposición de las costas y la sanción pecuniaria a la empresa no es la falta de correcta citación de la demandada, sino la no coincidencia de lo reconocido en sentencia con lo reclamado.

TERCERO.- El motivo impugnatorio tercero, de censura jurídica, denuncia la infracción de los arts.1101 y 1104 del Código Civil en relación con el art.38.1, 2 y 3 ET y las SSTS de 11 de febrero de 2015.

A lo largo del mismo, muestra su discrepancia con la conclusión judicial relativa a la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales que supuso la orden empresarial de acudir al curso de formación durante cuatro días con la interrupción de su vacaciones, señalando que existió discriminación y perjuicio para el actor, quien conforme al principio "solve et repete", acató la orden recibida sin perjuicio de instar la oportuna reclamación a la empresa, razonando que ha existido perjuicio, que tuvo que desplazarse desde Astorga a Bilbao dejando a su padre enfermo, por lo que sufrió un claro daño moral que ha de resarcirse, y que se cuantifica en 3000 euros conforme a la LISOS, art.40.1 b) (LA LEY 2611/2000), grado medio.

Mostramos nuestra conformidad con la sentencia recurrida que afirma que la empresa no conocía la situación personal del actor (su padre estaba enfermo de gravedad en Astorga, y se hallaba en dicha localidad), cuando le ordenó incorporarse a un curso de formación, que obligatoriamente se ha de realizar anualmente, fijando las fechas concretas de realización la empresa que lo imparte, como también coincidimos con la instancia en que no hubo lesión de derechos fundamentales en esa interrupción del periodo vacacional cuya única causa era realizar el curso obligatorio anual de reciclaje, y que llevó a cabo al igual que otros empleados, por lo que las SSTS de 11 de febrero de 2015 y 5 de febrero de 2013 que invoca no resultan aplicables dado que las mismas contemplan supuestos en los que ha existido lesión de derechos fundamentales, por lo que la cuantificación de la indemnización ni se realiza conforme a los arts.179 y siguientes LRJS (LA LEY 19110/2011), ni cabe acudir al montante de la sanción establecida para la infracción del derecho fundamental en cuestión por la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LA LEY 2611/2000)).

Ahora bien, en demanda y en el acto de juicio, al igual que en el recurso, los perjuicios sufridos no solamente se vinculan a la lesión de derechos fundamentales, también a la interrupción en sí de las vacaciones, máxime cuando la empresa no reconoció al actor el derecho a disfrutar de esos días de vacaciones en los que hubo de realizar el curso de formación en otras fechas, no siendo hasta el acto de juicio cuando por primera vez le reconoce ese derecho. Por ello, y sin perjuicio de considerar que la separación del actor esos días de vacaciones de su padre enfermo es una circunstancia sin duda muy dolorosa pero que no es posible tomar en cuenta a efectos indemnizatorios por ser completamente desconocida por la empresa (que es quien ha de indemnizar al trabajador) desde el momento en que el actor no la manifestó, en todo caso en aplicación del art.1101 del Código Civil entendemos que la demandada tiene obligación de indemnizar al actor los perjuicios causados que van más allá del abono de los gastos de desplazamiento generados y del derecho a disfrutar esos días de vacaciones en otras fechas, conclusión que apoyamos en la STS de 30 de marzo de 2016 (rec.2348/2014 (LA LEY 33024/2016)), pues en este supuesto como en el contemplado por el Alto Tribunal en la referida sentencia, la empresa actuó negligentemente porque conocía que el actor tenía sus vacaciones concedidas esos días, derecho al descanso del trabajador que se vio alterado siendo la responsabilidad última de la demandada (que no se borra porque haya encomendado la formación a otra empresa que fija las fechas para realizarla), máxime cuando ha obligado al trabajador a litigar para reclamar los gastos de desplazamiento y los días de vacaciones "adeudados", que es obvio que sabía que le correspondían.

En atención a las circunstancias relatadas y a los parámetros indemnizatorios ofrecidos por el actor (que hemos descartado, según hemos explicado), partiendo siempre de la dificultad de acertar en esta materia tan particular, acogemos parcialmente el motivo al considerar que el actor debe ser indemnizado con el salario que corresponde a cada uno de los días de vacaciones que no disfrutó en diciembre de 2015, ascendiendo el monto indemnizatorio por los daños morales sufridos (conforme al salario del trabajador contenido en el hecho probado primero de la sentencia, 96,53 euros salario día) a 386,12 euros.

CUARTO.- En el último motivo del recurso, con apoyo también en el art.193c) LRJS (LA LEY 19110/2011), denuncia la infracción del art.66.3 LRJS, en relación con el art.97.3 de la misma ley, y SSTS de 7 de mayo de 2010, y de esta Sala de 21 de abril de 2009 (rec.274/2009), y 17 de marzo de 2009 (rec.2980/2008), solicitando al igual que en la instancia, la imposición de costas a la parte demandada y de una multa por su incomparecencia al acto de conciliación.

El art. 66.3 LRJS (LA LEY 19110/2011) establece que "Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación".

Como ha concluido el Juzgado no procede la imposición de costas pues ni la sentencia de instancia (ni la que ahora dicta la Sala), coincide con la pretensión defendida por el recurrente, como tampoco es posible imponer a GARDA una sanción ex art.97.3 LRJS (LA LEY 19110/2011), dado que si bien no compareció al acto de conciliación, la imposición de la sanción es potestativa, y ni coincide la pretensión actuada con lo reconocido por el Juzgado ni por este Tribunal, ni se aprecia en la actuación de la empresa mala fe o temeridad.

QUINTO.- El parcial acogimiento del recurso de suplicación determina que no haya lugar a la condena en costas ( art.235 LRJS (LA LEY 19110/2011)).