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SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
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Rollo: Recurso de apelación
Nº Rollo: 0000604/2016
NIG: 3802342120160002638
Resolución:Sentencia 000100/2017
Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000311/2016-00
Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de San Cristóbal de La Laguna
Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Apelado Nicanor Javier Feliciano Ramos Rosales Irma Amaya Correa
Apelante CONSTRUCCIONES PIEDRAS BAJAS SL Fernando Torres Lana Luisa Maria De Los Dolores Navarro Gonzalez De Rivera
SENTENCIA
Iltmos. Sres.
Presidente
D. Pablo José Moscoso Torres
Magistrados
D. Emilio Fernando Suárez Díaz
Dª. Pilar Aragón Ramírez
En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, en los autos núm. 311/2016, seguidos por los trámites del juicio ordinario, sobre reclamación de cantidad y promovidos, como demandante, por don Nicanor , representado por la Procuradora doña Irma Amaya Correa y dirigido por el Letrado don Javier Ramos Rosales, contra Construcciones Piedras Bajas, S.L., representada por la Procuradora doña Luisa María Navarro González de Rivera y dirigida por el Letrado don Fernando Torres Lana, ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Magistrado doña Pilar Aragón Ramírez, con base en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.
SEGUNDO.- En los autos indicados la Ilma. Sra. Magistrado-Juez, doña Raquel Díaz Díaz, dictó sentencia el día quince de septiembre de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que estimando parcialmente la demanda promovida por D. Nicanor , representado por la Procuradora Dña. Irma Amaya Correa, contra la entidad CONSTRUCCIONES PIEDRAS BAJAS, S. L., representada por la Procuradora Dña. María Luisa Navarro González de Rivera: 1) Debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la parte actora la suma de 4.823 euros, en concepto de honorarios, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda de proceso monitorio. 2) Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento. ».
TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandada, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandante presentó escrito de oposición al mencionado recurso.
CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el día veintidós de marzo del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.
QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Alega en primer lugar la demandada en su recurso que en la sentencia no se da respuesta a una de las cuestiones planteadas por ella al oponerse a la demanda: la improcedencia de la solicitud del concurso, uno de los conceptos por lo que el demandante reclama honorarios.
La juzgadora a quo no tiene por acreditado que, tras la presentación ante el juzgado de lo mercantil de la comunicación previa de solicitud de concurso, el demandante realizara gestiones frente a la entidad acreedora Caixabank, pero no hace ninguno razonamiento específico en relación a la redacción y preparación de la demanda de concurso voluntario por la que también se minuta, debiendo entenderse que, pese a que finalmente no fue presentada, se considera un trabajo hecho y merecedor de pago.
SEGUNDO.- Analizadas las actuaciones, lo cierto es que la citada solicitud de concurso era improcedente desde el momento en que la sociedad solo tenía un acreedor, el banco indicado, siendo contrario a la finalidad del procedimiento concursal que el mismo se convierta en una liquidación individual. En estas circunstancias, pese a que la solicitud de "preconcurso" se admitió a trámite, es más que probable que no hubiera ocurrido lo mismo con la de concurso. Tampoco parece que, si con anterioridad, según se afirma en la demanda, las negociaciones llevadas a cabo con Caixabank no habían tenido éxito, fuera a lograrse algún acuerdo en el seno del concurso. De otra parte, como afirma la demandada, su situación económica no era de insolvencia, contando con bienes e ingresos.
En estas condiciones, por más que, como se dice en el escrito de demanda, los socios "ordenaran" al actor preparar la demanda de solicitud de concurso voluntario (a la que finalmente se habría opuesto uno de los mismo y administrador mancomunado, Sr. Pedro Antonio ), la obligación profesional del abogado era la de desaconsejar a sus clientes tal incitativa legal, que podría incluso empeorar la situación de la empresa (en el hipotético caso de su admisión a trámite) cargando créditos a la masa como los propios de la administración y de la asistencia letrada.
TERCERO.- Por ello se considera que la actuación profesional consistente en la preparación de la repetida demanda de concurso no debe ser objeto de retribución.
Dicho lo cual, ciñéndose el trabajo efectivamente realizado por el demandante al aviso de preconcurso, mucho más sencillo en cuanto a redacción y documentación adjunta, considera la Sala que la cantidad establecida en concepto de honorarios en la sentencia, 4.823 euros, debe reducirse aún más, estimando procedente la suma de 600 euros.
Esto supone que no se acogen los motivos del recurso referentes a la forma en que se han calculado los honorarios, considerando que el criterio de la juzgadora es el correcto al usar las bases y parámetros que emplea.
CUARTO.- Cosa distinta ocurre con los intereses, que en la sentencia se declara que deben devengarse desde la interposición del procedimiento monitorio inicial. Mediante aquella petición se reclamaba la suma de 9.200 euros, muy lejana a la que ahora se establece y el doble de la concedida en la sentencia de primera instancia. Es aplicable por tanto la regla esgrimida por la recurrente, conocida como "in illiquidis no fit mora". Como indica la apelante, el Tribunal Supremo, aplica en materia de intereses el llamado "canon de racionabilidad", para determinar si la demora del deudor está o no justificada y debe o no ser sancionada; procederá la condena al pago de intereses "si no ofrecen dudas los supuestos de cantidades indiscutibles o reconocidas, igualmente deben admitirse aquellos casos en que, tratándose de deudas de cantidad, la reducción de la reclamada resulte de compensaciones, exclusión de partidas o contingencias más o menos inicialmente inciertas, pero que no justifican o explican la oposición total, pues de otro modo no se evitarían los grandes abusos por parte de deducirse morosos, a los que bastaría discutir, aún infundadamente, sobre la existencia o cuantía de la deuda, para exonerarse del pago de los intereses moratorios" (SS.T.S. de 20-12-2005, 26-10-2010 o 27-6-2013) Aplicando en este caso el citado canon de racionabilidad de la oposición o criterio de racionalidad de la misma, tenemos que la posición estaba fundada, frente a una liquidación de honorarios llevada a cabo literalmente y en relación con trabajos innecesarios o inoportunos, como queda dicho y que la reducción obedece en todo caso a un criterio de ponderación.
Por tanto los intereses que devengará, en su caso, la suma a cuyo pago se condena a la demandada, serán solo los previos en el art. 576 L.E.C (LA LEY 58/2000) .
QUINTO.- No procede hacer declaración alguna sobre las costas generadas en esta alzada ( art. 398.2º L.E.C (LA LEY 58/2000) .)
FALLO
Estimando en parte el recuso de apelación formulado por la representación de la mercantil Construcciones Piedras bajas S.L. contra la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia n.º 6 de La Laguna., en el juicio ordinario seguido al n.º 311/16, se modifica dicha resolución en el sentido de rebajar la cantidad a cuyo pago viene condenada la demandada a la suma de 600 euros, con los intereses que, en su caso, se generen de acuerdo con el art. 576 L.E.C (LA LEY 58/2000) .
Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrán ante esta Sección de la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a partir de su notificación.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.
Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.