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PRIMERO.- De la falta de crítica de la sentencia de instancia.

Pese a que el Concello de la Avogacía aduce en su oposición al recurso que en el recurso de apelación no se critican los fundamentos de la sentencia pero no llega a oponer la inadmisión por esta causa, parece conveniente advertir que de conformidad con constante doctrina jurisprudencial es necesario que en el recurso de apelación se critique los fundamentos de la sentencia de instancia no bastando una reproducción de los argumentos realizados en la instancia ya que tratándose de depurar el resultado obtenido en la primera instancia, resulta exigible que en el escrito de interposición se contenga una crítica de la sentencia recaída, ya que difícilmente se podría obtener su revocación en base a los mismos argumentos aducidos con anterioridad y que fueron rechazados en la misma. En este sentido pronunció el T.S.

St. del T.S. de 17 de enero de 2.000

"Con carácter previo al examen de las referidas alegaciones de la Universidad apelante, debe recordarse la naturaleza del recurso de apelación, ya que de ella depende el alcance procesalmente posible del análisis de las cuestiones que se nos propone. Y, en este sentido, como ha reiterado esta Sala, aún cuando el recurso de apelación transmite al tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, el examen que corresponde a la fase de apelación es un examen critico de la sentencia, para llegar a la conclusión de si se aprecia o no en ella la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, pero resulta imposible suscitar cuestiones nuevas sobre las que no ha podido pronunciarse la sentencia de primera instancia que se revisa

En el presente caso el recurso se limita a repetir, como sí de un mantra se tratara, las razones por las que entiende que debió estimarse el recurso, comenzando por una afirmación del todo excesiva que es preciso atajar, cual es los vicios de los que adolece el expediente determinan la nulidad de todo él e incluye en esa nulidad la sentencia dictada.

Resulta, cuando menos, desafortunado afirmar que a las sentencias judiciales le resultan de aplicación los vicios que determinan la nulidad de los actos administrativos, una lectura reposada y mínimamente atenta del Art. 62 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992) -actualmente el Art. 47 de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015)- y del Art. 241 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) habría de servir para que la parte recurrente saliera de su error.

SEGUNDO.- De la omisión del trámite de audiencia.

En relación con esta cuestión es preciso advertir que la recurrente no denuncia que no tuviera oportunidad de formular alegaciones en el curso del expediente, sino tan solo que no se le confirió el específico trámite de audiencia del Art. 82 de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015), inmediatamente antes de redactarse la propuesta de resolución, sino un trámite de alegaciones posterior a la propuesta y además por un plazo de 5 días, esto es inferior al establecido en el número 2 del referido artículo.

La alegación contenida en el recurso debía ser objeto de mayor precisión, por una razón básica, comienza afirmando que no se le confirió el trámite de audiencia -entendida esta como la posibilidad de formular alegaciones con carácter previo a la formulación de la propuesta de resolución- para a renglón seguido quejarse de que el trámite conferido no respecto el plazo legal, porque fue de solo 5 días, cuando la Ley impone que no resulte inferior a 10.

Ciertamente en la tramitación de los expedientes lo realmente relevante es que los interesados no padezcan indefensión y que hayan tenido oportunidad no solo de formular alegaciones sino de desvirtuar los hechos que le resultan imputados.

Pues bien, en este aspecto la consignación de los antecedentes que resultan del expediente por la Juzgadora de instancia -no contradichos por la recurrente- resulta ejemplar y resultan tan reveladores de la inexistencia de indefensión que no nos resistimos a transcribirlos cuando trata de este particular en los siguientes términos:

Sin embargo, no se deduce, de ninguna de las quejas de referencia, cuál es exactamente la indefensión que alguno de esos supuestos defectos, ausencia de respuesta o infracciones procedimentales le llegó a causar, en forma efectiva, a la letrada recurrente a la hora de defenderse de la imputación a su cargo.

Por el contrario, de una revisión del expediente se deduce que ya del acuerdo de inicio del expediente de información previa se le da trámite de audiencia a la interesada que formula alegaciones que reciben respuesta en la resolución de incoación del expediente, notificada a la letrada el 15.02.2015 frente a la que formula a su vez una solicitud de amparo colegial que sí recibe respuesta en acuerdo de 14.04.2015 tras el que por escrito de 12.05.15 el instructor del procedimiento emite propuesta de resolución que se le notifica a la interesada el 21.05.2015, quien formula alegaciones frente a ella por escrito el 27.05.2015 solicitando se le ofrezca copia de otros expedientes (sobre cuya incidencia en este o la consideración que el ICAP pudo tener al respecto de su tramitación para construir el de interés no se llega nunca a aclarar por la demandante ni en vía administrativa ni antes este Juzgado); al que se da respuesta en la resolución sancionadora de 09.06.15 de la JG del colegio que describe con claridad la conducta, la encaja dentro de una infracción del art. 11.1.1 cO f) del Código deontológico a respetar pos los letrados en su ejercicio profesional y considera oportuno imponerle a la expedientada una sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por un período de 3 meses, aplicando a tal fin lo previsto en el Art. 85 de su Estatuto General..."

De la transcripción de los anteriores pasajes de la sentencia de instancia resulta claramente que la recurrente no ha sufrido efectiva indefensión que hubiera de determinar la nulidad de la resolución recurrida, habida cuenta de que formuló cuantas alegaciones tuvo por conveniente, antes y después de la formulación de la propuesta de resolución y, en cualquier caso, no acredita que la reducción a 5 días del concreto trámite de audiencia conferido le hubiese mermado su derecho de defensa, en el sentido de haberla privado de alegar o aportar algún dato o elemento que hubiese podido incidir en el resultado del expediente, por lo que se impone la desestimación de este motivo de impugnación.

TERCERO.- Sobre la prescripción de la infracción.

Esta cuestión resulta novedosa en relación con las suscitadas y tratadas en la sentencia de instancia, por lo que habría de convenirse con el Consello que la recurrente incurre en una novación de los motivos de impugnación en los que no habríamos de entrar en apelación.

En cualquier caso conviene advertir que nos encontramos ante una resolución dictada en un procedimiento sancionador y en relación con la prescripción, que supone un un límite al ejercicio de la potestad sancionadora, resulta apreciable incluso de oficio, sin necesidad de alegación de parte, así lo reiteró el T.S en St. de 2 de noviembre de 1.999 (Recurso 9263/1992 (LA LEY 2359/2000)) recordando el criterio sentado en la St. de 5 de diciembre de 1.988, al indicar:

...El Letrado del Estado, apelante, alega, como único motivo de impugnación que la prescripción de la infracción administrativa, fundamento de la estimación del recurso, no había sido alegada por la recurrente, por lo que, ni fue objeto de controversia en el juicio, ni pudo apreciarse de oficio, al ser cuestión sometida a la disponibilidad de las partes; mas la apreciación efectuada en la sentencia apelada, por la Sala de Primera Instancia, no se refiere a la prescripción adquisitiva o extintiva de acciones o derechos, lo que pudiera entrar en el poder dispositivo de las partes, según la doctrina civil, sino de una condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder sancionador de la Administración, obligatoria para ésta, e irrenunciable para el infractor; para que la sanción administrativa sea válida en Derecho es preciso no sólo que los actos realizados estén incluidos en la norma sancionadora, sino que, además, la sanción se imponga de conformidad con la norma de procedimiento, y en el plazo exigido por la Ley; el transcurso de ese plazo sin que se imponga sanción, determina la imposibilidad legal de efectuarlo, y si se ha hecho, se produce la nulidad radical de la sanción impuesta; esta es la doctrina que ha seguido la sentencia apelada, y al ser conforme a Derecho, ha de mantenerse, confirmando la misma, y con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la Administración General del Estado". Con posterioridad, este mismo criterio ha sido recogido en las SSTS de 16 de mayo de 1989 , 3 de diciembre de 1997 y 26 de mayo de 1999 (esta última dictada en el recurso de casación núm. 5.231/1993 )...

Por lo que la introducción de este argumento no debe determinar su inadmisibilidad, pero ha de ser desestimado toda vez que como señala el Consello da Avogacia el plazo de prescripción de las infracciones graves no es de 3 meses, como en su interés defiende la recurrente al referir una disposición derogada, cuando con arreglo al Real Decreto 658/2001 (LA LEY 1024/2001) por el que se aprobó el Estatuto General de la Abogacía el plazo es el de 2 años para la prescripción de las infracciones graves (Art. 91.1) que en este caso, desde la remisión de la providencia a la incoación del expediente no transcurrieron, por lo que se impone la desestimación del motivo.

CUARTO.- Sobre la libertad de expresión en el ejercicio de derecho de defensa.

Para resolver esta cuestión hemos de comenzar por reconocer que los procesos judiciales son marcos de discusión en los que el ejercicio del derecho de defensa permite que se rebasen límites que no resultan admisibles en la vida cotidiana, pero tampoco ampara cualquier tipo de expresión o referencia a la parte contraria o a los profesionales que han de guiar el debate y decidir la cuestión. El T.S. con ocasión de un recurso contra una resolución de archivo de un expediente disciplinario a un juez promovido por las expresiones dirigidas en el curso d de un juicio de faltas a un letrado, lo refiere así:

St. 23 de abril de 2010 (Recurso 494/2008 (LA LEY 55647/2010)).

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 17/03/05 EDJ 2005/47107 , que para lo que aquí interesa es de citar cuando dice: "ha de subrayarse que todo proceso jurisdiccional es un marco de discusión donde la tensión dialéctica alcanza a veces cotas elevadas y donde, por esa razón, hay que admitir una cierta flexibilidad en cuanto a las expresiones y actitudes que han de ser permitidas a todos los intervinientes; flexibilidad que es necesaria para que no quede coartada la libertad de expresión que es inherente al derecho de defensa , ni tampoco la indiscutible autoridad que ha de reconocerse al órgano jurisdiccional como director y conductor de la contienda procesal... La tolerancia que ha de observarse en relación a las manifestaciones desarrolladas en el ejercicio del derecho de defensa ha de ser muy elevada y, por razón del contexto donde sean realizadas, justificará en ocasiones aceptar expresiones y actitudes que serían excesivas en las normales relaciones de convivencia. Esa misma tolerancia ha de dispensarse a la Autoridad Judicial cuando ejerce sus poderes de dirección procesal en litigios donde la tensión dialéctica alcanza elevadas cotas....

La tolerancia que ha de observarse en relación a las manifestaciones desarrolladas en el ejercicio del derecho de defensa ha de ser muy generosa por razón del contexto donde sean realizadas lo que justificará en ocasiones aceptar expresiones y actitudes que serían excesivas en las normales relaciones de convivencia. Esa misma tolerancia ha de dispensarse a la autoridad judicial cuando ejerce sus poderes de dirección procesal en litigios donde la tensión dialéctica alcanza niveles elevados...

La recurrente, en base a esto señala que el Colegio Profesional ha de extremar la cautela y actuar con precisión porque se sitúa en el centro de dos potestades de signo contrario. Por un lado amparar a los colegiados en la libertad de expresión que el derecho de defensa les confiere y, por otro, imponerles una corrección disciplinaria cuando dirijan expresiones o formulen alegaciones atentatorias a los derechos de las otras partes o profesionales intervinientes en el proceso.

En el presente caso el ejercicio de del derecho de defensa y la libertad de expresión que conlleva no amparan el contenido de los escritos dirigidos al Juzgado de Instancia 5 de Pontevedra y que motivó que éste, mediante providencia de 31 de julio de 2014, dedujera testimonio a fiscalía y al Colegio de Abogados. Una razón muy simple muestra lo desproporcionado de la actuación de la recurrente y esta razón es que en un primer momento, en un intento evasivo, la recurrente atribuyó su autoría a la procuradora, así resulta del escrito presentado en el expediente el 7 de enero de 2015 (folio 165 del expediente).

En cualquier caso la reciente sentencia del T.C. 142/2020 de 19 de octubre (LA LEY 160075/2020) (BOE 20 de noviembre) que aunque referida a un proceso de amparo promovido por un abogado que resultó condenado por un delito de injurias resume la jurisprudencia del propio Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia en los siguientes términos:

2. Doctrina aplicable.

De los antecedentes expuestos se desprende, sin que resulte controvertido, que nos encontramos ante un caso en el que ha de dilucidarse si resulta operativa la libertad de expresión [ art. 20.1 a) CE (LA LEY 2500/1978) ] ejercida por el abogado aquí recurrente en orden al legítimo derecho de defensa de su patrocinado en juicio ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ) o si, por el contrario, las manifestaciones vertidas por aquel incurrieron en un exceso no cubierto por tales derechos fundamentales. A fin de dar una respuesta a la cuestión planteada debemos precisar, en primer lugar, la jurisprudencia dictada en la materia que resulta directamente relevante.

a) Doctrina constitucional:

(i) La doctrina dictada por este tribunal se ha desplegado esencialmente en asuntos en los que se ventilaba una sanción disciplinaria impuesta a causa de expresiones vertidas por letrados en el ejercicio de su labor profesional y dirigidas bien contra alguna de las demás partes procesales, bien contra los funcionarios públicos que de cualquier forma debían intervenir en los diversos procedimientos, judiciales o administrativos, en los que cursaron los hechos (entre otras, SSTC 205/1994, de 11 de julio (LA LEY 13676/1994) ; 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) ; 184/2001, de 17 de septiembre ; 226/2001, de 26 de noviembre (LA LEY 1124/2002) ; 79/2002, de 8 de abril (LA LEY 4129/2002) ; 235/2002, de 9 de diciembre (LA LEY 572/2003) ; 117/2003, de 16 de junio (LA LEY 2576/2003) ; 65/2004, de 19 de abril (LA LEY 1210/2004) ; 197/2004, de 15 de noviembre (LA LEY 2398/2004) ; 22/2005, de 1 de febrero (LA LEY 376/2005) ; 232/2005, de 26 de septiembre (LA LEY 1870/2005) ; 155/2006, de 22 de mayo (LA LEY 66762/2006) (; 338/2006, de 11 de diciembre (LA LEY 154402/2006) ; 145/2007, de 18 de junio (LA LEY 52459/2007) , y 39/2009, de 9 de febrero (LA LEY 2615/2009) ).

Sin embargo, no han faltado pronunciamientos por condenas de naturaleza penal, en alguna ocasión por delitos contra el honor, como aquí acaece. Eso es lo que ocurrió, al menos, en las SSTC 38/1988, de 9 de marzo (LA LEY 964-TC/1988) ; 92/1995 de 19 de junio (LA LEY 13093/1995) ; 113/2000, de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , y 299/2006, de 23 de octubre (LA LEY 154865/2006) ; recordando en esta última los derechos fundamentales en conflicto (fundamento jurídico 4): "de una parte, el derecho de acción o de defensa de los propios intereses y pretensiones de los ciudadanos que impetran la actuación de los tribunales de justicia, ya ejerzan su autodefensa o lo hagan con asistencia letrada ( art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) ) y, en conexión con los mismos, las libertades de expresión e información de quien actúa el derecho de defensa en los procesos judiciales o administrativos [ art. 20.1 a ) y d) CE (LA LEY 2500/1978) ]. De otra parte, como límites a su ejercicio hemos identificado el honor del resto de partes y sujetos procesales que participan en la función de administrar justicia, la autoridad e independencia del Poder Judicial y el adecuado orden y desarrollo del propio proceso".

(ii) Juicio de ponderación: en la misma sentencia 299/2006 , el tribunal se refiere a los factores a tener en cuenta para el juicio de ponderación que ha de hacerse caso por caso (fundamento jurídico 4):

"[...] la tutela judicial exige que las alegaciones formuladas en un proceso, que sean adecuadas o convenientes para la propia defensa, no pueden resultar "constreñidas por la eventualidad incondicionada de una ulterior querella por supuestos delitos atentatorios al honor de la otra parte procesal, que actuaría así con una injustificada potencialidad disuasoria o coactiva para el legítimo ejercicio del propio derecho de contradicción ( STC 100/1987, de 12 de junio (LA LEY 828-TC/1987) , FJ 3). Y es que el reconocimiento constitucional del derecho a la tutela judicial y defensa de los propios intereses que asiste a todos los ciudadanos y el carácter esencial que para el funcionamiento de la Justicia reviste la figura del abogado impone -y así lo ha destacado el legislador ( art. 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985): LOPJ )- que 'en su actuación ante los jueces y tribunales' los abogados sean 'libres e independientes', gozando 'de los derechos inherentes a la dignidad de su función', por lo que deberán ser 'amparados por aquellos en su libertad de expresión y defensa', sin la cual este último derecho fundamental resultaría ilusorio.

Es sabido que, junto a los supuestos ordinarios de ejercicio de la libertad de expresión y comunicación, como forma genérica, exteriorizada, de una previa libertad de opinión o de creencia, se dan supuestos de ejercicio de tal libertad en los que están implicados otros bienes constitucionales, o incluso otros derechos fundamentales que adquieren así contenido autónomo en la norma fundamental. Tal es el caso de las libertades de expresión e información conectadas a los procesos de formación y de exteriorización de un poder político democrático ( art. 23 CE (LA LEY 2500/1978) ), el de la libertad de cátedra [ art. 20.1 c) CE (LA LEY 2500/1978) ], o el que ahora nos ocupa de la defensa de sus derechos e intereses legítimos y la asistencia letrada ( art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) ).

De esta manera, la libertad de expresión e información del abogado en el ejercicio de la actividad de defensa es una manifestación cualificada del derecho reconocido en el art. 20 CE (LA LEY 2500/1978) , porque se encuentra vinculada con carácter inescindible a los derechos de defensa de la parte y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye ( art. 117 CE (LA LEY 2500/1978) ). Por esta razón, hemos reiterado que cuando la ejercen los abogados se trata de una manifestación de la libertad de expresión especialmente resistente, inmune a restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar dado su valor instrumental al ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que justifica el empleo de una mayor beligerancia en los argumentos que ante los Tribunales de Justicia se expongan. Por ello su ejercicio ha de valorarse en el marco en que se ejerce, y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que carezca de límites ni ampare el desconocimiento del mínimo respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento, y a la 'autoridad e imparcialidad del Poder Judicial', que el art. 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos (LA LEY 16/1950) (CEDH ) erige en límite explícito a la libertad de expresión ( Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 febrero 1989 (LA LEY 609/1989), asunto Barfod ). Así hemos tenido oportunidad de señalar que excluidos el insulto y la descalificación, la libre expresión de un abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este tribunal cuando en el marco de la misma se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria a los fines de impetrar de los órganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos ( STC 157/1996, de 15 de octubre (LA LEY 10186/1996) , FJ 5)".

(iii) Importa destacar aquí, por último, que ya en la STC 113/2000 de 5 de mayo (LA LEY 9169/2000) , FJ 5, este tribunal se pronunció a favor de la preferencia de la vía disciplinaria sobre la penal en esta clase de asuntos. En concreto, con cita de las SSTC 38/1988 (LA LEY 964-TC/1988) , 92/1995 (LA LEY 13093/1995) y 157/1996 , nos manifestábamos a favor de "la preferente aplicación de la vía disciplinaria configurada en los arts. 448 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) [en la actualidad, arts. 552 y siguientes de dicha ley orgánica] respecto de la vía penal del juicio de faltas para sancionar las conductas que no sean constitutivas de delito de los abogados en el proceso, toda vez que aquella vía disciplinaria se ha establecido al servicio de los derechos fundamentales garantizados en los arts. 20.1 a ) y 24 CE (LA LEY 2500/1978) ".

(iv) Fuera del ámbito estricto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los abogados es doctrina de este tribunal, en lo que interesa a este amparo, que si bien no cabe descartar que en un caso concreto pueda considerarse oportuno examinar el contexto en el que las expresiones que se dicen vulneradoras del derecho al honor han sido proferidas, en todo caso "también es doctrina firmemente asentada que el art. 20.1 CE (LA LEY 2500/1978) no garantiza un ius retorquendi ilimitado ( STC 134/1999, de 15 de julio (LA LEY 10041/1999) , FJ 7 (, y las allí citadas) que consista en replicar al juicio que otros hayan formulado sobre nuestra persona recurriendo al insulto; esto es, a expresiones formal y patentemente injuriosas y, además, innecesarias" ( STC 204/2001, de 15 de octubre (LA LEY 8640/2001) , FJ 5).

b) Tribunal Europeo de Derechos Humanos :

(i) La doctrina constitucional de referencia ha de ser complementada con los pronunciamientos efectuados en este ámbito por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( art. 10.2 CE (LA LEY 2500/1978) ), en concreto en el ámbito del derecho a la libertad de expresión de los abogados, protegido por el art. 10 de la Convención europea de derechos humanos (LA LEY 16/1950) de 1950.

El principio del que debe partirse, recordado recientemente en la STEDH 25 de junio de 2020, asunto Bagirov contra Azerbaiyán , parágrafo 78, es que "el buen funcionamiento de los tribunales no sería posible sin unas relaciones basadas en la consideración y mutuo respeto entre los distintos protagonistas en el sistema de justicia", dentro del cual los abogados ocupan una "posición central [...] como intermediarios entre el público y los tribunales".

Los abogados tienen entre otros el derecho a comentar las actuaciones de la Administración de Justicia. Los límites de una crítica admisible son distintos cuando se trata de los magistrados que actúan en el ejercicio de sus poderes, a cuando es un particular. No obstante, su situación como servidores públicos no es la misma que la de los políticos y no cabe por ello someterles a un control "atento de sus actos y de sus gestos" como sucede con aquellos. Los jueces deben "beneficiarse de la confianza del público sin perturbaciones indebidas y por tanto puede ser necesario protegerlos contra los ataques verbales ofensivos cuando están en servicio": STEDH de 30 de junio de 2015, asunto Peruzzi contra Italia , parágrafo 52.

Y se advierte también en la STEDH de 8 de octubre de 2019, asunto L.P. y Carvalho contra Portugal , que las críticas que puede recibir un juez por considerar el abogado que aquel incurre en causa de recusación en un caso por pérdida de su imparcialidad, no determinan por ello un atentado a su honor, porque "son críticas que cualquier juez puede esperar recibir en el ejercicio de sus funciones" (parágrafo 68).

(ii) Un límite al ejercicio legítimo de la libertad de expresión del abogado, es el insulto: "debe hacerse una clara distinción entre crítica e insulto. Si la única intención de cualquier forma de expresión es insultar a un tribunal o a sus miembros, una sanción apropiada podría, en principio, no constituir una violación del artículo 10 de la Convención" (STEDH asunto Bagirov contra Azerbaiyán, parágrafo 78).

(iii) De manera específica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que un factor a ponderar en estos casos es la comprobación de que los hechos cursaron exclusivamente en el ámbito forense, esto es, que no trascendieron a conocimiento de terceros por su difusión, por ejemplo: a) en medios de comunicación: SSTEDH de 21 de marzo de 2002, asunto Nikula contra Finlandia, parágrafo 52 ; 16 de enero de 2018, asunto eferin contra Eslovenia , parágrafo 54; y en la STEDH del asunto Bagirov contra Azerbaiyán, parágrafo 80, donde se añade como una "consideración importante, que en la sala de audiencias el principio de equidad milita a favor de un libre e incluso enérgico intercambio de argumentos entre las partes"; b) o mediante cartas dirigidas a diversos tribunales de una localidad sobre la actuación de un juez, lo que supone dañar su reputación e imagen profesional: STEDH asunto Peruzzi contra Italia, parágrafo 63; c) no cabe apreciar en cambio una publicidad que exceda los límites de la crítica admisible, si se trata de una carta poniendo los hechos en conocimiento del "Consejo Superior de la Magistratura" de ese país: STEDH asunto L.P. y Carvalho contra Portugal, parágrafo 68.

(iv) Sobre la adecuación de una sanción por manifestaciones no protegidas por el art. 10 CEDH (LA LEY 16/1950) , las partes de este proceso de amparo invocan con propiedad, entre otras, la STEDH de 12 de enero de 2016, asunto Rodríguez Ravelo contra España , donde se hace hincapié en el examen de las circunstancias concurrentes y la aplicación del parámetro de proporcionalidad. En dicha resolución se indica (parágrafo 39): "A la hora de ejercer su control, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha de considerar la injerencia litigiosa a la luz del conjunto del asunto, incluido, en este caso, el tenor de los comentarios que se recriminan al demandante y el contexto en el cual este los ha formulado. Debe determinar, especialmente, si la injerencia en cuestión era 'proporcionada a los fines legítimos perseguidos' y si los motivos aducidos por las Autoridades nacionales para justificarla se revelan 'procedentes y suficientes'. Actuando así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe de estar convencido de que las Autoridades nacionales han aplicado unas normas que responden a los principios enunciados en el artículo 10 y que además, se han fundado en una valoración aceptable de los hechos pertinentes".

Requiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conforme enseña en la misma sentencia, "indagar si, a la vista de los hechos de la causa, se ha ponderado un justo equilibrio entre, por una parte, la necesidad de garantizar la protección de la autoridad del poder judicial y de los derechos de los demás y, por otra, la protección de la libertad de expresión del demandante en su condición de abogado" (parágrafo 43).

En esta perspectiva, no cabe descartar absolutamente la utilización de mecanismos punitivos frente a expresiones empleadas por los abogados en el marco del ejercicio de su profesión. En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos : "La libertad de expresión de la que goza un abogado en el estrado no es ilimitada, y ciertos intereses, tales como la autoridad del poder judicial, son bastante importantes como para justificar restricciones de este derecho " (parágrafo 45).

(v) Precisa también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la imposición de una sanción penal a un abogado por las manifestaciones realizadas contra la actuación de un juez es una posibilidad excepcional que, en todo caso, exige realizar el correspondiente juicio de proporcionalidad de la reacción sancionatoria que pondere los derechos en juego, a la luz de la totalidad de circunstancias concurrentes en el caso concreto. Tales cautelas, que resultan siempre operativas, han de ser especialmente consideradas cuando de sanciones penales se trata. Como se indica en la misma STEDH, asunto Rodríguez Ravelo, parágrafo 45: "Es inevitable que la imposición de una pena de prisión a un abogado conlleve, por su misma naturaleza, un 'efecto disuasorio', no solo para el abogado afectado, sino también para la profesión en su conjunto [...]. Todo 'efecto disuasorio' es un factor importante a tener en cuenta para ponderar un justo equilibrio entre los tribunales y los abogados en el marco de una buena administración de la justicia". Lo que reitera la STEDH en el asunto L.P. y Carvalho contra Portugal, parágrafo 71, añadiendo que ese efecto disuasorio resulta "aún más inaceptable cuando se trata de un abogado llamado a asegurar la defensa efectiva de sus clientes".

Así, representa un factor a ponderar, la naturaleza y severidad de las sanciones impuestas, a fin de calibrar la proporcionalidad de la respuesta punitiva: SSTEDH 15 de diciembre de 2011 (LA LEY 288670/2011), asunto Mor contra Francia, parágrafo 61 ; y 25 de junio de 2020, Caso Bagirov contra Azerbaiyán , parágrafo 83.

Viene insistiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este punto, que se debe ser particularmente cuidadoso en el ejercicio de la acción penal por delitos como el que nos ocupa, singularmente cuando cabe la posibilidad de imponer penas de prisión. Al respecto es irrelevante si en el caso concreto se satisfizo dicha multa eludiendo con ello la privación de libertad, pues lo importante es que la pena comportaba eventualmente esta última medida: STEDH de 12 de marzo de 2016, asunto Rodríguez Ravelo contra España , parágrafo 50.

(vi) Como consecuencia, el Alto Tribunal europeo propugna igualmente la preferencia de sanciones no penales como respuesta ante esta clase de manifestaciones en estrados. Con palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el reiteradamente citado asunto Rodríguez Ravelo: "De una manera general, aunque sea legítimo que las instituciones del Estado sean protegidas por las autoridades competentes en su condición de garantes del orden público institucional, la posición dominante que esas Instituciones ocupan, exigen a !a autoridades que den muestras de mesura en el uso de la vía penal" (parágrafo 44), de forma que la existencia de posibilidades sancionatorias no penales no es un dato irrelevante (parágrafos 48 y 49).

De la anterior doctrina resulta claramente que la libertad de expresión de la que gozan los abogados en el ejercicio del derecho de defensa no es ilimitada. No obstante los eventuales excesos deben ser corregidos preferentemente por el ejercicio de la potestad disciplinaria, bien de los propios jueces y tribunales bien del propio Colegio de Abogados, que por la vía penal.

En esta ocasión se optó por la sanción disciplinaria por la propia corporación a la que pertenece la recurrente. Para determinar sí se han excedido los límites del derecho de defensa han de ponderarse las circunstancias concurrentes, esto es, examinar qué se dice, cómo se dijo y a quién se dijo.

En el presente caso, en el seno de un procedimiento de ejecución seguido ante un juzgado civil, ciertamente especialmente relevante porque estaba en juego la custodia de unos menores y, en ese momento, la contribución de la madre a unos gastos extraordinarios, la recurrente presentó un escrito que contiene las siguientes expresiones referidas a una Letrada de la Administración de Justicia:

"... es tal el cúmulo de desatinos procesales que merecen solo por esto un expediente disciplinario, queja que dejamos constancia para que el instructor de esta recusación tome nota, porque a la vista está, no se puede actuar con tal mala fe hacia una parte, confundiéndola... es ilegal, amoral, injusto y prevaricador. La Secretaria no se somete en ningún momento a la Ley y al Derecho, sino que demuestra una parcialidad sin límites además de una manifiesta enemistad con la Sra. Letrada de esta parte y de mi representado..."

Ciertamente lo grueso de las expresiones y lo grave de las acusaciones vertidas hacia una profesional son reveladoras del exceso cometido y el merecimiento de su corrección.

QUINTO.- Sobre la tramitación simultánea del expediente y el procedimiento penal por injurias.

En relación con esta cuestión es preciso advertir que fue en trámite jurisdiccional cuando se suspendió el procedimiento a resultas de lo que decidiera la jurisdicción penal en relación con un delito de injurias del que la recurrente resultó definitivamente absuelta pero, como se señala en la propia sentencia, aunque los hechos que determinaron el expediente se barajaron en los procesos penales, en ningún momento se consideró que podrían tener esa entidad sino que el proceso penal se siguió en razón de unas expresiones dirigidas a otro juez y en otra causa, habida cuenta de que teniendo en cuenta el contexto en el que se produjeron, por escrito y sin publicidad, con conocimiento solo de las partes y de la Letrada de la administración de justicia y del Magistrado, por lo que hemos de concluir que las diligencias penales se siguieron por hechos diferentes a los sancionados en el expediente, lo que determina que no hubiera de suspenderse el curso del mismo por la referida prejudicialidad penal, por lo que también este motivo del recurso ha de ser desestimado y con él la totalidad del recurso de apelación.

SEXTO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 139 de la LRJCA (LA LEY 2689/1998) en los recursos de apelación las costas se impondrá al recurrente sí se desestima totalmente el recurso, por lo que en el presente caso han de imponerse a la recurrente si bien limitadas prudencialmente a la cantidad máxima de 1.000 € por todos los conceptos, sin que la condición de beneficiaria de justicia gratuita excluya la condena como pretende la recurrente.