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PRIMERO.- El principio acusatorio que informa nuestro proceso penal particularmente en la fase plenaria o de juicio oral, es una consecuencia más del sistema constitucional de garantías procesales y exige que se formule acusación por una parte ajena al órgano jurisdiccional y que éste se mantenga en su enjuiciamiento dentro de los términos fácticos y jurídicos delimitados por dicha acusación o introducidos por la defensa. Lo esencial es que el acusado haya tenido la oportunidad de defenderse de manera contradictoria y obliga al Juez o Tribunal a pronunciarse en el ámbito de los términos del debate, tal y como han quedado formulados por acusación y defensa. Ello implica que debe existir correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia.

Tal correlación se manifiesta en la vinculación del Tribunal a algunos aspectos de la acusación, concretamente a la identidad de la persona contra la que se dirige, que no puede ser modificada en ningún caso. A los hechos que constituyen su objeto, que deben permanecer inalterables en su aspecto sustancial, aunque es posible que el Tribunal prescinda de elementos fácticos que no considere suficientemente probados o añada elementos circunstanciales o de detalle que permitan una mejor comprensión de lo sucedido según la valoración de la prueba practicada. Y a la calificación jurídica, de forma que no puede condenar por un delito más grave o que, no siéndolo, no sea homogéneo con el contenido en la acusación (SSTS 241/2014 de 26 de marzo (LA LEY 33816/2014); 578/2014 de 10 de julio (LA LEY 94355/2014); o 407/2016 de 12 de mayo (LA LEY 46089/2016)).

De acuerdo con el principio acusatorio debe existir una debida correlación entre la acusación y la sentencia. Lo esencial es que la defensa del acusado tenga conocimiento con antelación suficiente de lo que se atribuye y la oportunidad de alegar, proponer prueba y participar en su práctica y en los debates del juicio, sin que la sentencia pueda condenar de modo sorpresivo por algo de lo que antes no se acusó y respecto de lo cual, consiguientemente, no pudo articular su estrategia defensiva. La acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula, y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación, sin introducir elementos nuevos respecto de los cuales no haya existido antes posibilidad de defenderse.

Pues bien, en el caso de autos, al haberse retirado la única acusación personada en las actuaciones, de acuerdo con la doctrina indicada, procede dictar sentencia absolutoria respecto del acusado, con todos los pronunciamientos favorables, no procediendo el sobreseimiento libre solicitado al amparo del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), al haberse ya acordado por el órgano instructor la apertura de juicio oral frente al acusado mediante auto de fecha 3 de noviembre de 2020.

SEGUNDO.- Los artículos 123 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) y 239 y 240 de la LECr. (LA LEY 1/1882) establecen que las costas procesales se entienden impuestas por Ministerio de la Ley a los criminalmente responsables de un delito o falta, por lo que en el presente caso, dado el fallo al que se va a llegar, procede declararlas de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.