PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 a de la LRJS (LA LEY 19110/2011) interesa el recurrente nulidad por infracción del art. 59. de la LRJS (LA LEY 19110/2011) en relación con el art. 53 de la LEC (LA LEY 58/2000), y jurisprudencia que cita.
Reiterada la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, contenida en múltiples Sentencias, como por vía de ejemplo, las números 306/2006, de 23 de octubre (LA LEY 160299/2006), 158/2007, de 2 de julio (LA LEY 72152/2007) y 163/2007, de 2 de julio (LA LEY 91891/2007), entre otras, según las cuales: "el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que se reconoce en el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) garantiza el derecho a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales. Ello exige una correcta y escrupulosa constitución de la relación jurídico-procesal, a cuyo efecto es un instrumento capital el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, pues tienen la finalidad material de llevar al conocimiento de los afectados las resoluciones judiciales con objeto de que puedan adoptar la postura que estimen pertinente para la defensa de sus intereses, evitando que se produzcan situaciones de indefensión. Por ello, pesa sobre los órganos judiciales la responsabilidad de procurar el emplazamiento o citación personal de los demandados, siempre que sea factible, asegurando de este modo que puedan comparecer en el proceso y defender sus posiciones frente a la parte demandante. El emplazamiento edictal constituye, pues, un remedio último para los actos de comunicación procesal, de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios, que ofrecen mayores garantías y seguridad de recepción para el destinatario, y la convicción -obtenida con criterios de razonabilidad- del órgano judicial que ordene su utilización de que, al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal (por todas, entre las primeras, STC 9/1981, de 31 de marzo (LA LEY 6278-JF/0000) F. 6; entre las más recientes, sintetizando reiterada doctrina, SSTC 43/2006, de 13 de febrero (LA LEY 21756/2006), F. 2; 76/2006, de 13 de marzo (LA LEY 23356/2006) , FF. 3 y 4; 106/2006, de 3 de abril (LA LEY 36231/2006), F. 2; y 126/2006, de 24 de abril (LA LEY 57605/2006), F. 3)."
En el caso de autos, consta en la documental folios 26, 27 los intentos de notificación con acuse ausente reparto en la dirección RHODE SA AVENIDA DERRAMADOR por el Servicio de Correos, en fechas 30 de julio de 2020 y 4 de agosto de 2020, un primer intento a las 10. 48 y otro a las 18,14 horas. Al folio 31 de las actuaciones consta diligencia negativa de 4 de septiembre de 2020 donde
se refleja que no hay cartel o aviso alguno y que el hotel está cerrado. El punto neutro judicial da como dirección del hotel avenida del derramador 6 Benidorm (folio 40 de las actuaciones).Asimismo, al folio 36 de las actuaciones
consta el Edicto publicado en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante, con la publicación por edictos para citación a juicio.
Por todo ello
habiéndose intentado en legal forma la notificación a través del servicio de Correos, con resultado ausente reparto, y siendo un medio válido en derecho la notificación por edictos, entendemos que esta se ha practicado en legal forma y por tanto no se incurre en vicio de nulidad alguno. El recurso por tanto se desestima.