PRIMERO.- Los datos consignados en el apartado fáctico han quedado acreditados a través del expediente administrativo y de los documentos aportados por la mercantil demandante, único medio de prueba practicado a su instancia, y no han suscitado controversia entre las partes, por lo que resulta innecesario identificar los concretos documentos de los que se han extraído cada uno de ellos.
SEGUNDO.- I.- La cuestión que se suscita en el presente litigio se centra en determinar si en casos excepcionales en los que una empresa de más de 50 trabajadores no cuenta con órganos unitarios representativos del personal adscrito a los diferentes centros de trabajo y los sindicatos más representativos del sector convocados para intervenir en la negociación del Plan de Igualdad no responden a los llamamientos efectuados a tal fin de manera reiterada, ha de otorgarse validez al Plan aprobado por la comisión negociadora constituida exclusivamente por miembros de la patronal, o dicho en otros términos, implementado unilateralmente por la empresa, que por tanto ha de ser registrado por la autoridad laboral sin perjuicio de su eventual impugnación total o parcial por las centrales más representativas.
II.- Esta Sala se ha pronunciado sobre el tema enunciado en numerosas sentencias, entre las que cabe citar como más recientes las fechadas el 3, 7, 17 y 25 de julio de 2023 (Procedimientos 254, 379, 279 y 306 todos ellos del 2023), e igual solución, favorable a la tesis defendida por la mercantil accionante, se impone en el supuesto enjuiciado por elementales razones de coherencia y seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley en tanto el órgano de casación social no resuelva los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado. Los argumentos que llevan a este Tribunal a mantener tal conclusión pueden resumirse del siguiente modo:
1º) En las empresas de más de 50 trabajadores carentes de órganos unitarios de representación del personal, el hecho de que los llamados a sustituirlos para la negociación del Plan de Igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 5.3 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre (LA LEY 18711/2020), esto es los sindicatos más representativos del sector al que pertenecen, no accedan a formar parte de la comisión negociadora a pesar de los sucesivos requerimientos realizados, no dispensa al empleador de la obligación legal de contar con un Plan de Igualdad, ni se erige en justo título para eximirle de las consecuencias negativas derivadas de su inexistencia, en defecto de previsión legal al respecto.
2º) En esa tesitura, y cerrada también la vía para que la ausencia de representación unitaria o sindical pueda salvarse mediante la creación de una comisión "ad hoc" elegida por los trabajadores al carecer esa fórmula de amparo normativo, no se puede exigir al empleador que remueva obstáculos que no está en su mano eliminar, ni condenarle a él y a sus trabajadores a su servicio a no contar "sine die" con un Plan de Igualdad.
3º) Ante una situación excepcional como la descrita de imposibilidad negociadora no querida por quien puso todos los medios a su alcance para constituir adecuadamente la a comisión negociadora, debe admitirse la validez del Plan implementado unilateralmente por la empresa o aprobado por una comisión integrado exclusivamente por representantes designados por la misma, y la autoridad laboral debe proceder a su inscripción con arreglo a lo dispuesto en el art. 11.1 del Real Decreto 901/2020 (LA LEY 18711/2020), a virtud del cual los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria en registro público, cualquiera que sea su origen o naturaleza, obligatoria o voluntaria, y hayan sido o no adoptados por acuerdo entre las partes, debiéndose asimilar el supuesto analizado de inexistencia de comisión negociadora paritaria por causa ajena a la empresa y no atribuible a la misma, al que se produce cuando un plan es adoptado sin acuerdo.
III.- Por cuanto se deja razonado, debemos estimar la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, declarando no conforme a Derecho la resolución impugnada y condenando a la Administración a estar y pasar por dicha declaración y a inscribir y registrar el Plan de Igualdad presentado por la empresa accionante.