El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades de pago y obliga a aquellas que ofrezcan crédito a cumplir con la normativa de transparencia bancaria, tratando de garantizar la protección de los clientes y una normas de juego homogéneas para todos los operadores.
Con este nuevo real decreto, al que acompañará una orden ministerial que se aprobará en los próximos días y que desarrolla las exigencias de transparencia, se completará el paquete normativo de servicios de pago que comenzó a trasponer la directiva europea PSD2.
El Ministerio de Economía ha destacado que la transposición al ordenamiento jurídico español "refuerza la seguridad y transparencia, fomenta la innovación garantizando la protección de los usuarios, favorece la competencia y armoniza la prestación de este servicio en la Unión Europea".
El nuevo real decreto regula los servicios de pago a través de los cuales los clientes pueden efectuar y recibir pagos, ya sea mediante una cuenta o utilizando instrumentos como tarjetas, códigos QR o la iniciación de pagos, incluyéndose también la retirada de efectivo en cajeros.
Las normas tratan de incrementar la seguridad para los ciudadanos en la contratación de nuevos proveedores, aumentando la información de los contratos suscritos y las operaciones realizadas, así como mejorar la transparencia para los comerciantes al establecer la información que deben recibir de todas las operaciones de pago en las que intervengan.
Para los operadores financieros, se concretan los requisitos para la prestación de servicios, abogando por la proporcionalidad y exigiendo unas mismas reglas de juego para que todos los operadores de servicios de pago desarrollen su actividad en igualdad de condiciones, permitiendo a los usuarios elegir libremente entre una serie de servicios que cuenten con las mismas garantías.
"En función del servicio que ofrezcan, se les pedirá más cosas. Se trata de buscar unas mismas reglas de juego para que, si empiezan a ofrecer algún servicio más como crédito, se les aplique la normativa de transparencia bancaria de crédito. Se trata de avanzar en el camino de igualar las normas de actuación en función de los negocios que se están dando", explicaron fuentes de Economía.
De esta manera, si una entidad de pago comienza a ofrecer crédito, se verá sometida a la normativa de transparencia bancaria como cualquier entidad de crédito, lo que redundará en una mayor protección para los clientes de servicios de pago que adicionalmente soliciten un crédito, ha asegurado Economía.
LAS BIGTECH APLICARÁN LA NORMATIVA SI ENTRAN EN ESTE NEGOCIO
La normativa llega en un momento en el que la irrupción de las bigtech ha abierto el debate sobre la aplicación de las mismas normas del juego para todos los operadores que desarrollen el mismo negocio.
Actualmente, las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple no ofrecen servicios de pagos, pues las herramientas como Apple Pay o Samsung Pay únicamente encriptan las tarjetas de crédito y las comunican con los TPV.
Sin embargo, si estos operadores deciden comenzar a ofrecer tarjetas o un código QR para realizar pagos, tendrían que solicitar autorización como entidades de pago y se les aplicaría en su totalidad esta nueva normativa.
Otra de las novedades de la nueva normativa es el régimen sancionador que introduce. El Banco de España comprobará periódicamente, dentro de su plan de supervisión, el cumplimiento continuo de los requisitos, pudiendo sancionar a las entidades en caso de incumplimiento e incluso, en última instancia, revocando la autorización para operar como entidad de pago.
El real decreto también incluye un registro simplificado acelerado (el proceso tiene 20 días de duración) para entidades pequeñas cuyas operaciones no sobrepasen los tres millones de euros al mes, y amplía las competencias del Banco de España para poder pedir toda la información que necesite para llevar a cabo de manera más eficiente su función de supervisión de conducta, mejorando la protección de los usuarios.
De su lado, la orden ministerial, que se firmará y aprobará de forma inminente una vez se publique el citado real decreto, recoge los requisitos de información que son de obligado cumplimiento para consumidores y microempresas, tratando e aumentar la transparencia para proteger al consumidor.
SERVICIO DE RECLAMACIONES
Por otro lado, las entidades de pago deberán disponer de una política de seguridad y un procedimiento para la supervisión, tramitación y seguimiento de los incidentes de seguridad y las reclamaciones de los usuarios.
Además, deberán contar con un servicio de atención al cliente para reforzar la gestión de las reclamaciones de los usuarios, obligando a la entidad a responder en un plazo de 15 días.
Fuentes del Ministerio de Economía han destacado que este paquete normativo, con el que se completa la transposición total de la directiva PSD2, llega a toda la población y permite proteger "de manera mejor y más eficiente" las transacciones que hacen los usuarios en la cadena de pagos, de forma que mejora la protección del consumidor, aporta normas claras a las empresas que ofrecen estos servicios y garantiza a los comerciantes que puedan operar en un entorno seguro, indistintamente del instrumento de pago que quieran utilizar.
En España hay actualmente un total de 43 entidades de pago autorizadas por el Banco de España, ya sean compañías de capital español o filiales de entidades extranjeras, que desde ahora cumplirán con este cambio normativo y contarán un marco seguro para poder operar y competir con el resto de entidades europeas.