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I. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Y EL PAPEL DE LA MEDIACIÓN CIVIL

De conformidad con el art. 1902 CC (LA LEY 1/1889), la responsabilidad civil dimana de aquellos actos u omisiones en los que intervenga culpa o negligencia, y en los que el resultado dañoso tenga una relación de causalidad con el agente del daño; en virtud del resultado, categorizado como daño emergente, daño moral o lucro cesante, este deberá individualizarse y cuantificarse para que sea indemnizado y reparado el agraviado.

En el ámbito de los accidentes de circulación, existe un régimen de doble imputación de la responsabilidad. El conductor responde de los daños ocasionados a las personas salvo cuando exista reciprocidad de resultados dañosos. Ello puede producirse por culpa exclusiva de la víctima, por ejemplo, porque actuaba temerariamente, o por fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, como la caída de un puente. De los daños ocasionados por un accidente de circulación responde civilmente el agente del daño si resulta responsable conforme al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (LA LEY 1459/2004), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (1) .

Para que pueda exigirse una determinada responsabilidad, pues la norma la configura como responsabilidad objetiva, salvo en los casos de culpa de la víctima o fuerza mayor, deben concurrir tres requisitos: una acción u omisión que se encuentre fuera de las normas previstas en el ordenamiento jurídico, en particular la previsión del riesgo; la producción de un daño concreto, determinado y evaluable económicamente; la relación de causalidad entre la conducta del agente del daño y el sujeto pasivo o víctima de ese daño.

Por la responsabilidad objetiva que instituye la norma, el art. 2.1 del Real Decreto Legislativo 8/2004 (LA LEY 1459/2004) obliga a que todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España suscriba y mantenga en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular. Este aseguramiento de responsabilidad deberá cubrir la cuantía de la correspondiente responsabilidad civil. En virtud de esta norma, se ha instituido un sistema indemnizatorio, denominado Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que se encuentra regulado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, (LA LEY 14543/2015) de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (2) . Estos baremos son actualizados anualmente por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuya última versión es la Resolución de 20 de marzo de 2019 (LA LEY 5252/2019), de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (3) . Se trata de una tasa legal del daño causado, articulado mediante unos cuadros de baremos que se fijan en función de los daños indemnizables, y que permiten la individualización de la indemnización. De esta manera, la entidad aseguradora del responsable civil, o el Consorcio de Compensación de Seguros en caso de que no haya contratado el seguro obligatorio o que el vehículo sea robado, deberán reparar el daño aplicando dicho baremo.

1.1. Mediación extrajudicial en materia de responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación

El art. 14 del Real Decreto Legislativo 8/2004 (LA LEY 1459/2004), permite la mediación en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual por accidentes de circulación. La solicitud de la mediación puede tener tres orígenes distintos. En primer lugar, puede derivar de un pacto de sumisión expresa a la mediación de las partes. Ello puede suceder en el caso de pacto entre las compañías aseguradoras. Asimismo, las partes, una vez producido el siniestro, pueden acordar voluntariamente someterse a mediación, en caso de desacuerdo u oposición a la oferta. Finalmente, el perjudicado, una vez recibida la oferta o respuesta motivada, puede comunicar su rechazo y solicitar el inicio de la mediación.

Este procedimiento se puede iniciar cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre las partes, después de un primer encuentro entre ellas. Para el inicio de la mediación, debe concurrir alguno de los siguientes supuestos. En primer lugar, la aseguradora debe presentar la primera oferta motivada. Para la validez de esta oferta motivada, el art. 7 (LA LEY 1459/2004) exige que reúna determinados requisitos: la propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro, figurando individualizadamente su valoración; los daños y perjuicios causados a las personas; los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo; el pago del importe, que no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que pueda corresponderle; y, finalmente, la consignación del pago de la cantidad ofrecida. En segundo lugar, debe existir un informe pericial complementario. En tercer lugar, la aseguradora debe presentar la segunda oferta motivada. En cuarto lugar, la aseguradora debe presentar una respuesta motivada. Finalmente, debe haber transcurrido el plazo para emitir una oferta motivada.

1.2. Mediación intrajudicial en materia de responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación

Asimismo, también es posible realizar una mediación intrajudicial en materia de responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación. El perjudicado puede acudir a la vía judicial e instar la suspensión para llegar a un acuerdo, según el art. 414.1 LEC (LA LEY 58/2000). Para la determinación o elección del mediador, conforme al art. 14.3 del Real Decreto Legislativo 8/2004 (LA LEY 1459/2004), debe tratarse de profesionales especializados en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y en el sistema de valoración, lo que excluye la comediación, presente en la responsabilidad por negligencias en el ámbito de la construcción. La mediación intrajudicial se compone de dos fases. La primera fase consistirá en una sesión informativa, para informar del contenido de la mediación a las partes para que decidan si quieren someterse a ella. La segunda fase, como sesión constitutiva del proceso de mediación, deberá detallar los datos relativos a las partes y la descripción del daño para iniciar dicho proceso, que tendrá una duración máxima de tres meses.

II. Responsabilidad civil por negligencias contractuales en el ámbito de la construcción y responsabilidad civil

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación regula las negligencias en el ámbito de la construcción (4) . El ámbito objetivo de la norma viene recogido en el art. 2 (LA LEY 4217/1999), que regula el proceso de edificación, entendiendo por este la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, que requiera un proyecto. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio. Estas características de la edificación sujeta a la regulación se concretan en diversos elementos. En primer lugar, las obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. En segundo lugar, todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o que tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. Finalmente, las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada legalmente o por la normativa urbanística, así como aquellas obras de carácter parcial que afecten a estos elementos parcialmente.

2.1. Los agentes de la construcción

Esta norma identifica como agentes de la construcción, que responden solidariamente, al constructor, promotor, director de la obra y director de la ejecución de la obra, regulados en los arts. 9, 11, 12 y 13. El promotor, regulado en el art. 9 (LA LEY 4217/1999), es la persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. El promotor tiene las siguientes obligaciones, cuya inobservancia genera responsabilidad: ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él; facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo; gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra; suscribir los seguros y garantías que el ordenamiento jurídico requiera; y, finalmente, entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

Por otra parte, encontramos como agente de la construcción al proyectista, dispuesto en el art. 10 (LA LEY 4217/1999) como quien redacta el proyecto por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. El proyectista tiene determinadas obligaciones, cuya inobservancia genera responsabilidad civil: estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión; redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos; acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

Otro agente de la construcción es el constructor, definido en el art. 11 (LA LEY 4217/1999) como el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. Las obligaciones del constructor se concretan en: ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto; tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor; designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra; asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera; formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato; firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra; facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada; y, finalmente, suscribir los seguros y garantías obligatorios.

El director de obra, previsto en el art. 12 (LA LEY 4217/1999), es el agente que formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Asimismo, podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. Las obligaciones del director de obra son las siguientes: estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante; verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto; elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto; suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos; elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos; y, finalmente, atender las obligaciones en caso de que el director de la obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional.

El último agente de la construcción dispuesto en la norma es el director de la ejecución de la obra. Se define en el art. 13 (LA LEY 4217/1999) como el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. El director de ejecución de la obra tendrá las siguientes obligaciones: estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante; verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas; dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra; consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas; suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas; y, finalmente, colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

2.2. La responsabilidad solidaria e individual de los agentes de la construcción y el papel de la mediación: especial referencia a la compañía aseguradora

La responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de edificación viene detallada en el art. 17 (LA LEY 4217/1999), y tiene carácter solidario. En este precepto, se detallan los plazos en los que deberán responder solidariamente todos los agentes de la construcción que intervengan en una negligencia contractual originada en este ámbito, aunque si se puede probar la responsabilidad de cada agente de la construcción, la responsabilidad alcanzará a su participación. En suma, la responsabilidad alcanza a los siguientes daños emergentes o subvenidos en los siguientes plazos de tiempo, a contar desde la finalización de la obra. La responsabilidad será de carácter decenal para los agentes respecto de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. En cambio, la responsabilidad tendrá carácter trienal para los agentes del daño respecto de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad.

Respecto de la responsabilidad individual de los agentes de la construcción, debemos señalar que, en primer lugar, el constructor responderá, durante el plazo de un año, de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras. Asimismo, responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. Además, cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, el constructor será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. Finalmente, el constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.

En segundo lugar, los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. Finalmente, el director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. En consecuencia, quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución de responsabilidad que entre ellos corresponda.

En el ámbito de la responsabilidad civil, tendrá un papel importante la entidad aseguradora, que cubre la responsabilidad del constructor y del promotor porque están obligados a contratar un seguro decenal de daños conforme al art. 19.1 (LA LEY 4217/1999). Este seguro cubre los daños materiales ocasionados por vicios o defectos que correspondan a la cimentación, los soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio durante diez años. En consecuencia, desde el inicio de la mediación debe tenerse en cuenta si la aseguradora está dispuesta a formar parte de dicha mediación, porque va a acabar respondiendo económicamente y, en consecuencia, se requiere de su participación para que la mediación sea exitosa. La contraparte en la mediación va a ser el perjudicado, quien haya soportado los daños en la construcción. Cuando estos conflictos derivados de la construcción se judicializan, los procedimientos se demoran por las pruebas a practicar, por lo que resulta muy adecuada la mediación en aras de reducir el tiempo de espera y los costes de la reclamación. Asimismo, resultará muy conveniente la comediación, en la que interviene un mediador y peritos especializados en la materia, que evalúan las causas del daño y las consecuencias, entendiendo no únicamente los materiales, sino el impacto que los hechos han tenido en el perjudicado.

III. Negligencias contractuales médicas y responsabilidad civil

Entendemos por negligencia, conforme al art. 1089 CC (LA LEY 1/1889), la omisión o acción en la que no se observa la diligencia adecuada para esa actividad. La negligencia médica comprende los daños que se podían haber previsto en cualquiera de las fases clínicas o quirúrgicas, referidas a la exploración, el diagnóstico, el pronóstico o el tratamiento, cuando los resultados no se corresponden con los que la mayoría de los profesionales sanitarios hubiesen obtenido actuando en las mismas condiciones. Los supuestos más frecuentes de negligencias médicas hacen referencia al olvido de material quirúrgico en el interior del paciente, infecciones contraídas en instalaciones hospitalarias, un tiempo de espera excesivo en caso de urgencia, error o demora en el diagnóstico, un seguimiento postoperatorio inadecuado, o una mala praxis de la información para que el paciente preste correctamente el consentimiento informado.

En consecuencia, la responsabilidad por negligencias médicas se origina por un daño ocasionado por la realización de una intervención médica sin cumplir con los protocolos o estándares médicos exigibles conforme a la lex artis, de la que se hayan derivado unos daños físicos o morales cuantificables y que no haya sido apta para conseguir el resultado pretendido. En este ámbito, no atenderemos a una responsabilidad extracontractual, sino que la intervención médica correspondiente obedece a la mala praxis de una intervención convencionalmente realizada, es decir, fruto de un contrato. Debemos señalar que la culpa contractual es la acción u omisión voluntaria que impide el cumplimiento normal de una obligación por la falta de diligencia y previsión en dicha conducta. La acción de resarcimiento derivada de la conducta negligente requiere de varios elementos: la existencia de una relación jurídica o contrato entre las partes; el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del deudor; que el incumplimiento obedezca a la falta de diligencia o previsión del deudor; que esta conducta haya generado un daño o perjuicio reparable y cuantificable, referidos a los daños materiales, el lucro cesante o pérdidas fruto de ese daño, y el daño moral; y que exista una relación de causalidad entre esta conducta y el daño o perjuicio existente.

El conflicto que proviene de una negligencia médica va a tener como sujetos intervinientes, los siguientes: el paciente que ha sufrido el daño; los facultativos correspondientes, referidos a los que han intervenido al paciente; el Director del centro donde se ha realizado la intervención; y, finalmente, la entidad aseguradora. En este sentido, la mediación debe centrarse en la síntesis y comprensión de lo sucedido y la intermediación de las partes para lograr un acuerdo compensatorio satisfactorio. En la responsabilidad civil contractual, derivada por tanto de la culpa contractual, se presume que el deudor que incumple es responsable de la falta de cumplimiento. El acreedor, o el paciente en este caso, solamente tiene que probar la existencia de la relación contractual y la relación de causalidad, conforme al art. 217 LEC. (LA LEY 58/2000) Una vez acreditada la relación contractual y la relación de causalidad entre dicha conducta y el daño, se presume la culpa del agente del daño. Sin embargo, existen dos causas que rompen el nexo de causalidad: el caso fortuito, que es un suceso imprevisible, y la fuerza mayor, o sucesos que pudiendo ser previstos sean inevitables. Según el art. 1105 CC (LA LEY 1/1889), nadie responde de los daños ocasionados por un caso fortuito o fuerza mayor, porque la acción humana no es la causa apropiada para la producción del daño.

En el ámbito de la responsabilidad por negligencias médicas, por tratarse de una vía en la que resulta preferible su reclamación por vía judicial, ante la existencia de daños, lo cierto es que el papel de la mediación se reserva para otros supuestos, pues no es posible la reparación in natura del daño, porque el acuerdo no podrá reparar íntegramente las consecuencias derivadas de la negligencia médica, como el fallecimiento del paciente o consecuencias irreversibles derivadas de la negligencia médica. En consecuencia, los conflictos susceptibles de someter a mediación son el Burnout y la Prevención y gestión alternativa de conflictos en materia de Salud.

Respecto del Burnout, conocido como síndrome de agotamiento laboral o fatiga laboral crónica, se trata de un trastorno emocional vinculado con el ámbito laboral y el estilo de vida del empleado. Los síntomas más comunes que presenta son la depresión y la ansiedad. Estos síntomas encuentran su causa en el entorno laboral y las condiciones de trabajo, como por ejemplo altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones interpersonales, falta de tiempo para realizar las tareas, ausencia de formación para desempeñar las tareas, o exceso de burocratización sin un apoyo específico. Las consecuencias que el burnout puede ocasionar con la dificultad para resolver problemas, e incluso la ingesta de psicofármacos, de modo que los tratamientos más adecuados van encaminadas a reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Existen dos clases de burnout: por una parte, el burnout activo, en el cual el trabajador mantiene una conducta asertiva, consistente en la relación con elementos externos a la profesión; por otra parte, el burnout pasivo, en el que el empleado manifiesta una conducta poco asertiva, consistente en tener sentimientos de apatía y se relaciona con factores internos psicosociales. Finalmente, la mediación aplicada a la prevención y gestión alternativa de los conflictos en materia de Salud se refiere a la creación de asociaciones dedicadas para este fin, como la Sociedad Catalana de Mediación en Salud.