Audiencia Nacional, Sala de lo Social, Sentencia 14/2020, 10 Feb. Rec. 148/2019 (LA LEY 1747/2020)
Los antecedentes penales afectan a la privacidad del trabajador y solo puede accederse a ellos por parte de las personas y autoridades señalados en las leyes, dado el carácter sensible de tales datos de carácter personal.
Por ello, cuando la empresa Securitas Seguridad solicita a los nuevos vigilantes de seguridad que se incorporan desde terceras empresas que declaren por escrito que en los últimos cinco años carecen de antecedentes penales en vigor en sus países de residencia, es ilícito. Resulta contrario a la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Son dos las razones fundamentales:
- 1. La empresa carece de habilitación legal para recabar datos sobre antecedentes personales de sus trabajadores, pues es la Dirección General de la Policía quien tiene encomendada la concesión y gestión de las habilitaciones para prestar servicios como vigilante de seguridad.
- 2. El tratamiento de datos se produce en el marco de un contrato de trabajo, pero resulta que estos pormenores no son necesarios para el cumplimiento del mismo.
Aunque es obligatorio que un vigilante de seguridad tenga una tarjeta de identificación profesional y para obtenerla es imprescindible que se carezca de antecedentes penales, ello no implica que deba ser la empresa la que recabe este dato. Porque en la gestión y expedición de las correspondientes licencias interviene el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, por lo que las empresas solamente deben comunicar las altas y bajas de su personal al Registro Nacional, pero serán las autoridades competentes las que verificarán si se cumplen todos los requisitos para la habilitación correspondiente.
Es tan irrelevante el hecho de aportar o no los antecedentes penales a la hora de acceder al puesto que si el empleado se niega a firmar tal declaración no está prevista ninguna sanción ni tampoco impide que la contratación se lleve a efecto, porque Securitas está obligada a incorporarlo a la plantilla por mor de los dispuesto en el Convenio sectorial de aplicación.
Y por último, considera la Audiencia que la declaración que exige la empresa es además de ilícita, excesiva, porque no solo exige los antecedentes penales en vigor, sino que se refiere a todo tipo de condenas penales en los últimos cinco años, lo que incluye tanto las que no han generado antecedentes por no ser firmes, como aquellas que siendo firmes han dado lugar a antecedentes ya cancelados.