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Eduardo Ortega Figueiral

Socio Ortega Condomines Abogados (ortega-condomines.com)

Se publica en el BOE nº 87, de ayer domingo 29 de marzo, el Real Decreto-Ley (RDL) de referencia en el que se establece por mandato legal, algo inédito hasta la fecha, un permiso retribuido recuperable con carácter general para todas las personas trabajadoras por cuenta ajena -en puridad jurídica una especie de distribución irregular de la jornada con las dificultades que ello va a generar en el seno de las empresas-, con las excepciones en los sectores que expresamente se indican y con las particularidades que se especifican.

A continuación, breve nota/resumen de urgencia sumamente sintética dado que su entrada en vigor se ha producido este mismo domingo. No obstante, y por lo que respecta al lunes 30 de marzo, entendemos que por su publicación inexplicablemente tan tardía con la incertidumbre absoluta que ello ha generado -a las 23.30 horas cuando la medida había sido anunciada por el Presidente del Gobierno el sábado a las 19 horas- se establece una moratoria durante ese día para aquellas empresas que no puedan interrumpir de forma inmediata o abrupta su actividad.

1. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades, públicas y privadas, cuya actividad NO haya sido paralizada por la declaración del estado de alarma establecida por el RD 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras indicadas conservarán el derecho a la misma retribución que les hubiera correspondido de haber trabajado de forma ordinaria esos días, incluyendo salario base y complementos salariales.

3. Este permiso retribuido recuperable NO resultará de aplicación a las personas trabajadoras que presten sus servicios en:

  • a) Empresas dedicadas a las actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del RD 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas. (Comercios minoristas de alimentación/supermercados, bebida, productos y bienes de primera necesidad, farmacias, médicos, ópticas, productos higiénicos, prensa, estancos, Servicios de entrega de comida a domicilio. Transporte de mercancías. Suministro energía y productos derivados del petróleo y gas natural. Transito aduanero y operadores críticos de servicios esenciales).
  • b) Empresas que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o productos para la protección de la salud, permitiendo la distribución de estos desde el origen hasta los establecimientos comerciales.
  • c) Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
  • d) Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.
  • e) Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en el anexo (LA LEY 4281/2020) RDL 10/2020 (LA LEY 4281/2020).
  • f) Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.
  • g) Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.
  • h) Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
  • i) Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
  • j) Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
  • k) Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.
  • l) Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
  • m) Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
  • n) Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
  • o) Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el RD 463/2020, de 14 de marzo (LA LEY 3343/2020), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.
  • p) p. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
  • q) Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
  • r) Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la L.9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
  • s) Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.
  • t) Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
  • u) Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.
  • v) Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.
  • w) Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
  • x) Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
  • y) Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

4. La recuperación de las horas de trabajo se acordará entre el empleador y los representantes legales de las personas empleadas o, en su defecto, las propias personas trabajadoras. De no haber comité o delegados, se negociará con los sindicatos más representativos o con comisión representativa específica en base a las previsiones del art. 41.4 ET (LA LEY 16117/2015). Periodo de consultas al respecto de duración máxima de 7 días. En todo caso, cada persona trabajadora deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora del tiempo a recuperar, salvo acuerdo diverso durante el período de negociación.

5. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, respetando en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos legalmente y los acuerdos que se alcancen en el período de consultas.

6. De no alcanzarse acuerdo en el período de consultas para la recuperación de las horas, las empresas notificarán a los trabajadores y a la comisión negociadora, en el plazo de 7 días desde su finalización, su decisión sobre las horas de recuperación.

7. Este permiso retribuido recuperable no resultará de aplicación a las personas trabajadoras cuyas empresas hayan solicitado o estén aplicando un ERTE de suspensión de contratos y aquellas a las que les sea autorizado un ERTE de las mismas características durante la vigencia del permiso retribuido recuperable indicado en el apartado 1.

8. Tampoco se aplicará a las personas trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia (teletrabajo) y a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal en los días indicados en el apartado 1, y aquellas otras con contrato suspendido por otras causas legalmente previstas.

9. Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

10. Las Autoridades competentes delegadas, en su ámbito de competencia, podrá modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.

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