Carlos B Fernández. Las estafas o defraudaciones tipificadas en los artículos 248 y ss. CP (LA LEY 3996/1995) siguen siendo el tipo de ilícitos online que generan anualmente un volumen mayor de procedimientos judiciales, con un incremento del 42,25% en relación con el año anterior.
Así se explica en la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2020 presentada al inicio del año judicial por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
En dicha Memoria, se precisa que esos hechos se han concretado en 3.639 expedientes, que representan un porcentaje anual del 72,43% del volumen total de nuevos expedientes por ciberdelitos. Es decir, casi tres cuartas partes de las causas judiciales por ciberdelitos registradas en 2020 tuvieron por objeto hechos ilícitos de estas características.
Ahora bien, la Fiscalía subraya que “estos resultados no deben llevarnos a la errónea conclusión de que la delincuencia en la red es principalmente de carácter defraudatorio”, sino que estas “son las conductas que más habitualmente se denuncian y las que dan lugar a un volumen mayor de procedimientos judiciales”. Sin embargo, este órgano es muy consciente de que la cifra oculta de criminalidad en otros ilícitos, como los atentados contra la libertad e indemnidad sexual de los y las menores o los ataques a sistemas informáticos, es hoy por hoy difícil de cuantificar, dado que su detección y denuncia ofrece una mayor complejidad y por ello no quedan reflejadas en las estadísticas policiales o judiciales.
Tendencia ascendente de la delincuencia cibernética
Los datos recogidos en la Memoria refleja que en el año 2020 se incoaron en el conjunto del Estado un total de 16.914 procedimientos judiciales para la investigación y enjuiciamiento de hechos susceptibles de tipificarse en las categorías que nos ocupan. Un dato que supone un incremento en un 28,69% en el volumen anual de procedimientos incoados respecto a 2019 y que confirma la tendencia ascendente que se viene detectando en relación con los ciberdelitos desde la puesta en funcionamiento de esta área de especialización en julio del año 2011. Si bien el ritmo de crecimiento se ha moderado significativamente entre los años 2019 y 2020 al situarse en un 28,69%, la Memoria considera que “Posiblemente en este resultado haya influido la situación generada con ocasión de la pandemia y por ende la adopción de medidas de confinamiento particularmente estrictas en algunos periodos, lo que sin duda habrá tenido su reflejo tanto en el traslado de atestados/denuncias a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal como en el normal desenvolvimiento de la actividad de estos últimos y también, en cierta medida, habrá perturbado las labores de investigación de los cuerpos policiales”.
Por otra parte, el informe subraya también que “Son numerosísimas las denuncias o hechos presuntamente delictivos que llegan a conocimiento de los cuerpos policiales y que no son comunicados a las autoridades judiciales por falta de autor conocido, por mor de lo dispuesto en el artículo 284 LECrim” e igualmente debe tenerse en cuenta que las cifras que se barajan en este informe “solo reflejan una parte reducida de la actividad delictiva online y como tal han de ser valoradas”.
También ha de precisarse que, a los efectos que nos ocupan, se computan los ilícitos planificados/ejecutados en el entorno tecnológico, cualquiera que sea su gravedad, es decir, sin distinguir si se trata de hechos que por sus características y circunstancias merecen la consideración de delitos graves o leves, dado que lo que se pretende es ofrecer una visión lo más veraz y amplia posible de la incidencia que el desarrollo tecnológico está teniendo en las distintas manifestaciones de la delincuencia. Avala este planteamiento la circunstancia de que en muchas ocasiones la denuncia inicial de una acción online presuntamente ilícita –un breve bloqueo de un sistema o dispositivo móvil, un desplazamiento patrimonial no consentido de escasa cuantía o un contacto molesto proveniente de un tercero a través de la red, entre otras posibilidades– resulta ser el indicador de una acción delictiva de mayor trascendencia y gravedad. De hecho, en muchas ocasiones las actividades criminales online son planificadas para que sus efectos se produzcan en distintos lugares y con consecuencias aisladamente poco relevantes aunque respondan a una dinámica común, lo que determina que acciones, en apariencia de carácter leve, encubran lo que en realidad constituyen efectos parciales de actos criminales complejos e, incluso, de proyección internacional.
Por otra parte, una circunstancia particular asociada a ese tipo de delitos de carácter patrimonial es que, según la Memoria, “las defraudaciones online a menudo afectan a muchas personas sin contacto físico alguno entre ellas”. Un hecho que, unido “a las carencias detectadas en las bases de datos oficiales para cotejar o entrecruzar la información recopilada por los diversos cuerpos policiales, está generando unos efectos perversos”. Se trata de “aquellos supuestos en los que los/as delincuentes usan la documentación o los datos obtenidos de sus víctimas mediante engaño –documentos de identidad, fotografías, permisos de conducir o de circulación etc.– para utilizarlos posteriormente, suplantando la identidad de aquellas, en la ejecución online de ulteriores fases de la misma actividad ilícita o en otras de similar dinámica y finalidad, dirigidas contra terceras personas”. Estas situaciones provocan que las víctimas son doblemente perjudicadas “al verse demandadas como presuntos responsables de ilícitos que no han cometido son cada vez más frecuentes y así lo han puesto de manifiesto los/as integrantes de la red. Se trata de asuntos en los que las personas afectadas no solo sufren los efectos directos del engaño inicial, sino que, además, se ven obligadas a «justificar» su inocencia, a veces a través de la correspondiente representación procesal en uno o más jugados –incluso de distintos territorios– con el perjuicio que ello conlleva, tanto económico como moral, y el riesgo de verse injustamente condenados/as como autores de un delito”.
Todas estas actuaciones se han traducido en que el número de escritos de acusación formulados por el Ministerio Fiscal en el año 2020 respecto de actividades ilícitas online, fue de 3.207, es decir, 387 más que en 2019. Por consiguiente, pese a la ralentización en la tramitación procesal generada con ocasión de la pandemia y de las medidas de confinamiento adoptadas, se mantiene la tendencia ascendente que se viene constatando desde la puesta en funcionamiento de esta área de especialización.
En el año 2020 se produjo un aumento del 12,64%, respecto del periodo anterior en el número de escritos de acusación por ciberdelitos presentados por la Fiscalía. Se trata de un incremento significativo, si bien más moderado que el registrado en el periodo interanual 2018-2019, en el que dicho índice fue de casi el 40%.
el volumen más elevado de escritos de calificación corresponde a los delitos de estafa en sus distintas manifestaciones, que sumaron un total de 1.463 –331 más que en 2019– lo que supone un índice porcentual del 45,61% del total de las acusaciones formuladas por la Fiscalía por ilícitos online.
La comparación de este dato con el relativo a las causas penales incoadas por estos mismos delitos en idéntico periodo anual –aunque carezca de la rigurosidad exigible dado que un número no determinado de acusaciones se refieren a expedientes iniciados en años anteriores– ofrece un porcentaje del 11,94% cifra que puede servir de indicador de la escasa efectividad de la instrucción criminal frente a este tipo de conductas, especialmente si valoramos dicho resultado junto con los de 13,15% y 12,41% obtenidos respectivamente, por ese concepto, en 2019 y 2018.
Las acusaciones formuladas en 2020 por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ascendieron en conjunto a 511, un 15,93% del total de las elaboradas en el año por la Fiscalía. La cifra más alta corresponde a las que tuvieron por objeto delitos de pornografía infantil y/o de personas con discapacidad que suman 288, cifra significativamente inferior a los 372 registrados por este mismo concepto en 2019.
Principales modalidades delictivas de tipo patrimonial
La Memoria destaca:
- Ofertas engañosas de productos financieros supuestamente de alta rentabilidad, en moneda de curso real o en criptomonedas, que se realizan a los ciudadanos y ciudadanas como inversiones seguras y plenamente garantizadas y, por tanto, sumamente atractivas en un entorno económico crítico y complejo.
De esta forma los/las delincuentes logran atraer la atención de sus víctimas que, confiadas en la apariencia creada, realizan importantes desembolsos económicos por los que posteriormente no solo no llegan a percibir beneficio alguno, sino que sus aportaciones resultan irrecuperables, al ser incluso desconocido/a el/la destinatario/a último/a de las mismas. Son investigaciones extraordinariamente complejas ya que quienes planifican estas acciones suelen integrarse en grupos organizados transnacionales que se sirven, al menos ocasionalmente, de proveedores de servicios de intermediación y cambio de monedas virtuales y de custodia de monederos electrónicos, respecto de los cuales la obtención de información presenta todavía muchas dificultades. Por ello sería deseable una rápida implementación de la Directiva (UE) 2018/843, de 30 de mayo (LA LEY 9923/2018), sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en la que se contemplan mecanismos legales para solventar algunas de estas dificultades.
- Estafa del soporte técnico
En la que se combina hábilmente el engaño con la manipulación informática, de forma tal que una vez infectado el dispositivo de la víctima mediante una intrusión irregular –normalmente a través de un malware adjunto a un link o a un email malicioso– quien opera como atacante hace que «salte» en el mismo una advertencia de mal funcionamiento acompañada de un mensaje que aconseja contactar con el equipo técnico correspondiente. Esto permite a los/as delincuentes, simulando actuar como tal equipo, tomar el control del sistema y ejecutar sus criminales objetivos, ya sea obtener cantidades indebidas por simuladas reparaciones no realizadas, exfiltrar información o cualquier otra que estimen de interés.
- Ataques Business Email Compromise (BEC)
Esa misma combinación de engaño y manipulación informática es propia también de otras técnicas falsarias que se detectan con frecuencia. Se trata de los), dirigidos generalmente contra entidades empresariales, en los que los/las delincuentes, en primer término, obtienen por medios diversos –técnicas de ingeniería social, acceso irregular al sistema etc.– información sobre el funcionamiento de la empresa objeto de ataque y concretamente sobre extremos tales como la identidad y criterios de actuación de sus directivos/as o representantes, proveedores y clientes; actividades económicas en curso o medidas de seguridad establecidas. Posteriormente, con dicha información a su disposición proceden a suplantar la identidad de cualquiera de los que operan en el tráfico ordinario de la entidad atribuyéndose falsamente sus datos personales y a ordenar por medios electrónicos operaciones económicas, aparentemente justificadas, desviando de esta forma importantes cantidades de dinero en su propio beneficio.
- Utilización irregular online de numeraciones de tarjetas de crédito o débito ajenas.
A dicho fin, los datos se obtienen copiándolos o clonándolos mediante técnicas de skimming, aprovechando la posesión física de la tarjeta original por los/las delincuentes –con ocasión de su uso en establecimientos abiertos al público– o instalando herramientas de copiado en los cajeros automáticos o a través de técnicas de phising, smishing –suplantación de entidades bancarias en páginas web o mensajes SMS– o hacking, entre otras.
Muchas de las denuncias por estas conductas no llegan a conocimiento de los órganos de la jurisdicción penal y, por ende, no se reflejan en nuestras tablas estadísticas, dadas las dificultades para la determinación de sus autores que frecuentemente se integran en organizaciones criminales internacionales. Sin embargo, la cooperación internacional y la profesionalidad de los grupos de investigación policiales y de las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal están haciendo posibles progresos importantes en la capacidad de respuesta frente a estas formas de defraudación. Ejemplo de ello es el proceso judicial en curso, seguido en Granada, en el que el esfuerzo de nuestros profesionales unido a la colaboración de la Fiscalía y las unidades policiales de Chile está favoreciendo la obtención de resultados muy prometedores en orden a la desarticulación de quienes se sirven de esta técnica y de la propia transnacionalidad de su actividad para intentar asegurarse la impunidad.
- Fraude SIM Swapping
Entre las conductas que afectan al sector de las telecomunicaciones en sus distintas variantes, y muy relacionadas con ellas, aunque el perjuicio se genera en la banca online, se encuentra esta figura, “que está siendo utilizado con alarmante frecuencia en los últimos años”.
La técnica consiste en burlar las medidas de seguridad de las entidades bancarias accediendo a los códigos alfanuméricos de confirmación, de uso único, generados con ocasión de las transacciones electrónicas y que ordinariamente se comunican a los/as clientes a través de mensajes SMS. Para ello, los/as delincuentes obtienen previamente un duplicado o una nueva tarjeta SIM a nombre de su víctima, ya sea solicitándola del operador correspondiente, simulando la identidad de aquella, ya sea valiéndose de una metodología más elaborada. Una vez tienen la tarjeta SIM a su disposición, los delincuentes se garantizan la recepción en su propio dispositivo del código de confirmación de la transacción fraudulenta y, en definitiva, la posibilidad de hacer efectiva la misma en su beneficio, evitando que en ese momento sea conocida por el perjudicado o perjudicada.
Esta forma de defraudación ha generado en los últimos años múltiples investigaciones policiales y la incoación de procedimientos judiciales. Su efectividad y la facilidad con que los/as delincuentes logran sus ilícitos propósitos ha determinado la adopción por los operadores de telefonía de medidas específicas de prevención y fortalecimiento de las garantías para la emisión de estas tarjetas o de sus duplicados.
Delitos contra las personas
La Memoria destaca que “los delitos cometidos a través de las TIC contra bienes jurídicos de carácter personalísimo adquieren cada año una mayor importancia, a medida que las relaciones interpersonales se han ido trasladando a la red, circunstancia de especial incidencia durante el periodo anual que nos ocupa en el que los ciudadanos y ciudadanas, por razones de salud y salud pública, se han visto obligados a limitar sus contactos en el entorno físico”.
En este apartado se incluyen, en primer término, los ilícitos online contra la libertad y seguridad personal que en 2020 dieron lugar a la incoación de 1.710 procedimientos judiciales, un 10,10% del conjunto de los registrados por ciberdelitos, de los que 1.247 lo fueron por delitos de amenazas o coacciones de los artículos 169 y ss. CP (LA LEY 3996/1995) y los restantes, un total de 463, por el tipo penal de acoso permanente u hostigamiento del art. 172 ter CP. (LA LEY 3996/1995)
La comparación con los datos obtenidos en 2019 revela un incremento conjunto del 19,23% que sin embargo resulta desigual respecto de los diversos tipos delictivos examinados. Así, llama la atención el fuerte repunte de las amenazas y coacciones que, habiendo mantenido una situación estable en los últimos años –905 y 961 expedientes respectivamente en 2018 y 2019–, muestran un incremento de casi el 30%, en tanto que las conductas de hostigamiento, que presentaban una constante y rápida evolución al alza con 200 registros en 2017; 337 en 2018 y 420 en 2019, moderan ligeramente su ritmo de crecimiento en el pasado año, en que el dato de 463 expedientes refleja un ascenso de poco más del 10%.
En este apartado correspondiente a los delitos contra bienes personalísimos “es también obligada la mención de las causas por delitos contra la integridad moral, sancionados en el art. 173.1.º CP (LA LEY 3996/1995) cuyo número se concreta en un escaso 0,47% de los registros anuales. Se incluyen aquí los comportamientos que atentan contra la dignidad de la persona, como el caso de la difusión pública a través de las TIC de contenidos humillantes y ofensivos que ridiculizan y denigran al o la afectado/a o de otras conductas que ofenden al mismo bien jurídico y que no encuentran acogida en tipos penales más específicos”.
- Delitos contra la libertad sexual
Por su gravedad “y preocupante evolución”, la Memoria dedica un apartado específico a los delitos online contra la libertad sexual y en particular los que afectan a las personas menores de edad.
En este sentido, se constata que el total de procedimientos por hechos de esta naturaleza cometidos en el entorno tecnológico asciende a 1.438, lo que supone un porcentaje del 8,5% de todos los incoados en el año memorial, y un incremento del 18,45% respecto de los 1.214 registrados en 2019.
Por modalidades, los actos de child grooming, sancionados en el art. 183 ter CP (LA LEY 3996/1995), dieron lugar a 349 incoaciones en 2020, cifra que refleja un claro repunte de más del 55% en comparación con los 225 procedimientos registrados en 2019 y de casi el 175% respecto de los 127 del año 2018.
En cuanto a los delitos de pornografía infantil y/o de personas con discapacidad, sancionados en el art. 189 CP (LA LEY 3996/1995), presentan una gran estabilidad en los últimos años, con una ligera tendencia al descenso ya que los 754 procedimientos incoados en el año 2018 se redujeron a 714 en 2019 y a 707 en el periodo anual que nos ocupa.
Sin embargo, la Fiscalía subraya que “esta aparente estabilidad no responde a la evolución real de la elaboración y tráfico de material pornográfico ilícito en el entorno tecnológico”. Y es que, si bien “llama poderosamente la atención el escaso volumen de incoaciones, que se mantiene prácticamente invariable en los últimos años, aun cuando los datos nacionales e internacionales sobre tráfico de pornografía en la red crecen exponencialmente”. Por tanto, se asume que “los datos que ofrecemos en cifras absolutas no constituyen un reflejo fiel de la dimensión real del problema que nos ocupa”.
En todo caso, la Memoria subraya igualmente “la perversa incidencia que ha tenido en estas gravísimas conductas el obligado confinamiento de los ciudadanos a causa de la pandemia”, considerando que “Las cifras relativas a los delitos de acoso sexual a menores responden claramente a esta situación, pues dan cuenta de un aumento muy significativo de procedimientos incoados por estos ilícitos motivado, en parte, por el mayor número de agresiones de esta naturaleza y también por la creciente sensibilización de progenitores, cuidadores y tutores ante la especial vulnerabilidad de los y las menores frente a los depredadores sexuales que ha dado lugar, como consecuencia, a un aumento en el número de denuncias presentadas”.
En relación con este tipo de delitos, los fiscales consideran necesario tipificar penalmente determinados supuestos de suplantación de identidad ajena en la red, ya que son conductas que se producen con frecuencia creciente –creando perfiles falsos o haciéndose pasar por otro en chats, foros o plataformas similares de contacto interpersonal–. “Resulta evidente, se señala en la Memoria, que utilizar de forma deliberada la identidad de alguien perfectamente identificado, con efectos de permanencia y con unas connotaciones que aporten credibilidad e induzcan a error efectivo sobre la intervención de la persona suplantada, puede implicar un atentado grave contra la privacidad y afectar seriamente a las relaciones de la víctima con terceros”. Por esta razón los fiscales que integran esta área de especialización entienden absolutamente necesaria la tipificación penal de estos comportamientos.
- Delitos contra el orden socio-económico
Entre estas modalidades delictivas, la Memoria destaca los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 bis y ter CP (LA LEY 3996/1995)) y a daños informáticos.
En cuanto a los primeros, en 2020 se incoaron 60 procedimientos, lo que refleja un descenso de aproximadamente el 28% respecto de los 84 y 83 expedientes registrados respectivamente en 2019 y 2018.
Sin embargo, se advierte, este dato contrasta “con el progresivo incremento en los procesos por otras figuras de descubrimiento y revelación de secretos –esencialmente las previstas en el art. 197.1.º (LA LEY 3996/1995), 2.º y 7.º CP –que se sitúa en el 16,6% respecto de los 596 incoados en 2019 y en el 57%, si lo comparamos con los 441 de 2018, una aparente disparidad que, no obstante, puede explicarse por la relación concursal que ocasionalmente existe entre ambas figuras, cuando el acceso irregular o la interceptación de comunicaciones entre sistemas tiene como último objetivo el apoderamiento de datos personales o de información reservada, lo que en su caso podría determinar una única anotación estadística en este último apartado”.
En cuanto a las anotaciones referentes a agresiones informáticas tipificadas en los delitos de daños de los artículos 264 y ss. CP (LA LEY 3996/1995), su número se mantiene estable, con 99 nuevos registros frente a los 101 de 2019, un dato que contrasta con la línea ascendente que se venía observando en años anteriores y que se concretó en un repunte de más del 55% en el periodo 2018-2019 y del 12,2% entre los años 2017 y 2018. Sin embargo, a este respecto la Memoria alerta nuevamente de que “La compleja situación acaecida en 2020 nos lleva a interpretar estos resultados no como un cambio de tendencia sino, más bien, como lógica consecuencia de las alteraciones producidas en el funcionamiento de organismos e instituciones y también de los órganos de la jurisdicción penal, que han provocado disfunciones en la denuncia/tramitación de este tipo de expedientes”. De hecho, se destaca “los ataques a sistemas informáticos han sido una de las grandes preocupaciones generadas durante la pandemia, hasta el punto de motivar la emisión de alertas específicas de prevención tanto a nivel nacional como internacional, en particular respecto de instalaciones críticas como los centros médicos y hospitalarios”. Buena muestra de la persistencia de estos ilícitos, se indica “son los ataques de ransomware dirigidos respectivamente en los meses de julio y septiembre contra la empresa pública española ADIF, encargada de la infraestructura ferroviaria y la compañía de salud Adeslas”.
- Difusión ilícita de contenidos
Por su parte, las causas incoadas por delitos contra la propiedad intelectual acusan un llamativo descenso, superior al 75%, dado que en 2020 se registraron 138 incoaciones frente a las 555 contabilizadas en 2019. Igual circunstancia concurre respecto a los ilícitos contra los servicios de radiodifusión e interactivos que se reducen en casi un 52%, habiendo dado lugar en esta última anualidad a 87 incoaciones. En ambos casos sin duda alguna esta bajada encuentra su explicación en el hecho de que las actuaciones procesales derivadas de la gran operación realizada en 2018 por la Unidad de Investigación Tecnológica del CNP –por denuncia de la Liga Profesional de Fútbol– contra los titulares de 1.106 establecimientos públicos que ofrecían irregularmente a sus clientes retransmisiones deportivas de difusión limitada, a través de decodificadores no autorizados, se han reducido considerablemente a medida que se han ido incoando y tramitando los correspondientes procedimientos judiciales, muchos de ellos ya resueltos por sentencia firme, como se ve reflejado al examinar los escritos de acusación presentados por dichos ilícitos.
- Difusión de contenidos que inciten a la violencia
En último término deben mencionarse los 80 procedimientos por conductas tipificadas en el art. 510 del CP (LA LEY 3996/1995), cifra muy similar a las 83 incoaciones contabilizadas en 2019. En ellos se investiga esencialmente la difusión online de contenidos –susceptibles de calificarse como discurso de odio– que incitan, fomentan, promueven o favorecen la hostilidad, la violencia y la discriminación respecto de quienes son diferentes.