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Rubén M. Mateo.— Respiradores solo para menores de setenta años. Esta fue una de las frases que se escucharon con frecuencia los primeros días de la pandemia, cuando los hospitales se iban saturando con el pasar de las horas y los españoles empezaron a perder familiares de un día para otro. Muertos y enterrados en la más absoluta de las soledades. Los mayores se encontraron entonces con que no solo iban a ser los más golpeados por la enfermedad, sino también los más perjudicados por la falta de recursos sanitarios. El golpe también iba a ser moral. «Esto es un sacrilegio para las personas mayores. Esto ha causado tanto terror y tanto miedo en ellos que nadie se lo puede imaginar», sostiene el jurista gerontólogo y master en bioética Antonio Martínez Maroto sobre el propósito de privar de respiradores a los mayores en favor de los de menor edad. Una medida que acabó desestimada definitivamente.

El jurista recordó que es un derecho fundamental de toda persona, tenga la edad que tenga, recibir la asistencia sanitaria adecuada. Y así está recogido en el artículo 3 (LA LEY 22/1948) y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948), en el 43 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) y en el 3.2 de la Ley General de Sanidad (LA LEY 1038/1986). «Sea cual sea la edad de una persona, tiene derecho a ser atendida en igualdad de condiciones que los demás, excepto por fundamentos médicos bien fundamentados que exijan otra cosa», subrayó Martínez Morato, que, aunque se felicita de que finalmente esa discriminación desapareciera, denuncia el abandono que en muchos ámbitos sufren las personas mayores —el 19,4% de los españoles tiene más de 65 años—.

Una soledad y desatención que se ha manifestado aún más con la pandemia, pero que sigue presente en tantos otros ámbitos de la vida. Cuando el banco pide y anima a que se hagan todas las gestiones de forma virtual, dejando sin capacidad de respuesta a muchos mayores. O cuando el acceso a farmacia, medicamentos o consultas médicas se va alejando cada vez más en la España rural. Y es sobre la protección de nuestros mayores y la afectividad sobre lo que versó la nueva jornada académica organizada por el Colegio de Registradores para conmemorar el 160 aniversario de la Ley Hipotecaria bajo el título: "Los derechos de las personas mayores: Exigencia ética y valor social" (cuya grabación completa puede verse en este enlace).

La mesa redonda contó con la presencia del propio Antonio Martínez Maroto, jurista gerontólogo y master en bioética, la registradora María Jesús Torres Cortel, el presidente del Comité de Bioética y vicerrector de la Universidad Pontificia Comillas (UPC), Federico de Montalvo, el registrador de la propiedad Alberto Muñoz Calvo y, en representación del CERMI, Álvaro García Bilbao. La jornada estuvo guiada por María Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela, quien habló del derecho de los mayores en sociedades envejecidas que los ignoran. Fue inaugurada por M.ª del Pilar Rodríguez Álvarez, censor interventor del Colegio de Registradores.

«No solo se trata de salvar vidas, sino también se trata de salvar nuestros valores constitucionales». Federico de Montalvo se encargó de rescatar esta frase del Comité de Bioética alemán al principio de la pandemia para describir lo que para él ha sido, no solo una crisis bioética, sino también una crisis de acompañamiento, un término que sería el leitmotiv de la jornada. «El derecho al acompañamiento se rechazó de manera benthamiana, de manera dilemática. Se convirtieron problemas en dilemas, como si fuera cara o cruz. Se rechazó el acompañamiento de manera generalizada. Cosa que hay que entender en marzo, abril o principio de mayo, pero ¿por qué seguíamos privando de acompañamiento cuando ya había EPIs, cuando realmente el daño que se ocasionaba a una persona por estar sola era mayor que el riesgo que asumíamos acompañándola No digo de manera permanente 15 días durante el ingreso, sino un familiar que pudiera entrar unas horas», expuso De Montalvo.

El Comité de Bioética hizo una declaración para que se reconociera el derecho al acompañamiento como un derecho fundamental, o como un derecho sanitario, para incorporarlo a la Ley 41/2002 (LA LEY 1580/2002). Una ley que el próximo año celebrará el veinte aniversario. «Y qué bonito sería celebrarlo incorporando, como han hecho algunas Comunidades Autónomas, el derecho al acompañamiento como un derecho básico del paciente». El profesor insistió en que seguirán luchando para que «los mayores no mueran solos. Que, si viene otra pandemia, puedan estar acompañados. Que no vuelva a ocurrir algo tan horrible», sentenció.

En representación del CERMI, Álvaro García Bilbao, puso el foco en las escasas menciones de los documentos internacionales a las personas mayores con o sin discapacidad, algo que dificulta explicar cómo los derechos existentes se aplican a este colectivo. Por ejemplo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (LA LEY 22464/2015) incorpora solo el término personas mayores en dos de sus objetivos, el 2 y el 11. Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) tan solo hay una referencia explícita a las personas mayores en el artículo 25.1. «Las consecuencias de estas escasas menciones explícitas en los documentos es que la atención de los organismos origen es menor, poco rigurosa y de alguna manera pone encima de la mesa la escasa relevancia de este sector de población por parte de los diferentes actores sociales que tienen capacidad de decisión sobre ellos».

García Bilbao también se refirió a marzo de 2020, los momentos más álgidos de la pandemia, en los cuales, en determinadas Comunidades Autónomas se elaboraron protocolos por el que se aplicó la exclusión de ingreso en las UCI a personas mayores en función de la edad y por el hecho de ser personas con discapacidad «en aras de primar la supervivencia de aquellos que supuestamente eran más aptos para sobrevivir y no incluidos en estos grupos». Medidas que el CERMI denunció por considerar que atacan frontalmente los derechos humanos.

El presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI y también ingeniero de telecomunicación se refirió a la brecha digital que afecta especialmente al sector de personas mayores —casi la mitad de las personas de entre 65 y 74 años que utilizan internet tienen capacidades digitales bajas, según Eurostat— y al «gran olvidado» entorno rural, en el que las personas con discapacidad mayores viven con escasa red de apoyos y un acceso escaso y complicado a recursos sanitarios básicos.

Hipoteca inversa, un mercado potencial

La situación de las personas mayores ante la ley y el registro. Las trabas de la desheredación o el impuesto de sucesiones son cuestiones que se empiezan a plantear en edad avanzada, cuando las puertas de las propiedades se abren para quienes vienen detrás. La registradora jubilada María Jesús Torres Cortel criticó que las personas mayores que se han sentido desasistidas por sus herederos forzosos no pueden desheredarlos más que por las causas que taxativamente establece el Código Civil ya reformado y de una manera expresa en testamento. «Si no, la herencia se adquiere de forma automática con la muerte del testador, del propietario. Se encuentran, desde ese punto, un poco desasistidas las personas mayores. También hay que tener en cuenta los distintos tratamientos de las legítimas por parte de las Comunidades Autónomas».

Tampoco se pasó por alto el polémico impuesto de sucesiones, cedido por el Estado a las Comunidades Autónomas, las cuales aplican sus propias tarifas y bonificaciones. «Como consecuencia de la elevada cuota a pagar por este impuesto, se ha desincentivado el ahorro y han proliferado las renuncias a la herencia», advirtió Torres Cortel. Una renuncia motivada por la deuda incluida en la cuota del impuesto de sucesiones más la cuota de plusvalía municipal, a veces es superior al valor de la herencia, aclaró la ponente. «Como consecuencia de la distinta regulación dada por las Comunidades Autónomas a este impuesto, se quiebra el principio constitucional de igualdad ante la ley y el de seguridad jurídica», subrayó la registradora gallega.

Por otro lado, puso de manifiesto que en las oficinas registrales no existe desatención a los mayores y no hay lugar para la brecha digital pues, de un lado, el sistema hipotecario ofrece una doble opción, la presentación presencial de documentación y telemática con firma electrónica y, de otra, el personal y los registradores atienden con especial cuidado a este colectivo.

Por su parte, el registrador de la propiedad Alberto Muñoz Calvo puso encima de la mesa el derecho de las personas mayores a tener una vivienda digna y adecuada, destacando la importancia que tienen factores como el envejecimiento, la falta de movilidad, el deterioro físico y cognitivo, la soledad o el abandono de la vida activa laboral, que lleva aparejado muchas veces la merma de recursos económicos. «Esta necesidad económica obliga a veces a vender la propiedad o a tener que buscar otras alternativas habitacionales cuando a lo mejor la persona quiere seguir viviendo en lo que ha sido su hogar toda la vida», dijo. Hay ciertos recursos que pueden permitir seguir habitando la vivienda sin necesidad de prescindir de ella. Se trata de algunos negocios jurídicos que están comercializados por las entidades financieras, por inmobiliarias, entidades de seguros o particulares, como por ejemplo la venta de nuda propiedad con reserva del derecho de usufructo. «Económicamente se suele percibir entre un 30% o 50% de lo que sería su valor normal de mercado», aclaró el registrador.

Otra posibilidad sería la de constituir una renta vitalicia, en la cual, el negocio más típico es que el transmitente disponga de la nuda propiedad de su vivienda reservándose un derecho de usufructo o habitación sobre la misma. Aquí recibe una renta mensual a cargo de la persona que debe satisfacer esa renta. Una modalidad avanzada de la renta vitalicia sería el contrato de vitalicio en el derecho gallego —en el estatal se llama contrato de alimentos—. A través de este, la percepción de la renta consiste en prestar alimentos, vivienda y cuidado a cargo del adquirente de la nuda propiedad de la vivienda.

En cuanto a la hipoteca inversa, Muñoz Calvo se refirió a ella como «una figura absolutamente fracasada, pero que tiene muchas posibilidades de tener auge». Los datos del Libro Blanco sobre hipoteca inversa de la entidad Óptima Mayores reflejan que un 6% de las personas mayores contemplaría «muy seriamente» la posibilidad de constituir hipoteca inversa para obtener recursos adicionales que les permitieran vivir ante la insuficiencia de la pensión. «Esto implicaría un mercado potencial de unas 500.000 personas», aseguró el registrador. Un dato que choca con los datos de 2009, cuando se constituyeron poco más de 700 hipotecas inversas o con las cifras de 2018, cuando tan solo fueron 45. Unos datos que contrastan con las 47.000 hipotecas inversas constituidas en el mercado del Reino Unido. «La razón creo que es que la hipoteca inversa no ha interesado a las entidades financieras y entidades de seguros, que son las únicas que pueden comercializar estos productos. Es una pena porque la hipoteca inversa nace con un fin social evidente, para complementar la pensión, ser un seguro antienvejecimiento como medio de obtener recursos».

Durante el turno de debate de la última jornada del 160 aniversario de la Ley Hipotecaria (LA LEY 3/1946) se trataron otros temas de interés centrados en los mayores. De nuevo, el derecho de acompañamiento como no solo un deber ético sino como un medio que ayuda en la curación o, también, la olvidada figura del cuidador. Asimismo, se habló también de métodos alternativos habitacionales como el cohousing, proveniente del derecho danés, referido a una vivienda colaborativa. «Su instrumento jurídico es la constitución de una cooperativa, que sería la propietaria de estas viviendas. Y los usuarios tienen que cumplir ciertas condiciones. Las personas mayores reciben todo tipo de cuidados y asistencia y alimentos. Es una modalidad que tiene ya unos 4 o 5 casos en España», explicó Álvaro García Bilbao, que reivindicó la importancia de los servicios sociales en favor de las personas mayores para que sigan viviendo donde desean, en su vivienda.

«Son muchas las encuestas que se vienen haciendo a las personas mayores sobre dónde quieren vivir. La residencia es rechazada sistemáticamente por todos. La idea fundamental es seguir viviendo en su propio domicilio. De ahí que se exija al Estado que los apoyos y servicios de ayuda a domicilio tengan otro carácter. El de ahora es inviable», concluyó el jurista gerontólogo y master en bioética Antonio Martínez Maroto, quien recordó que solo el 5% de los mayores en España están en residencias. Un lugar, bajo su punto de vista, «al que se va a no ser feliz el resto de sus vidas».

Puede accederse a la grabación íntegra del webinar en este enlace.

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