Miguel Hermosa Espeso es abogado, decano del Colegio de Abogados de Palencia y consejero del Consejo General de la Abogacía Española, donde preside la Subcomisión de Justicia Digital y como Adjunto a Presidencia está adscrito al área tecnológica de la institución. En esta entrevista nos habla de las herramientas de tecnología aplicadas a la abogacía, de sus beneficios y de sus peligros.
Usted ha dado cursos de inteligencia artificial para abogados y ha intervenido recientemente como ponente en el DataForum Justicia 24 y, ¿Cuáles cree que son los beneficios de utilizar estas herramientas en la abogacía? ¿Cuáles son los peligros?
Como todo uso de tecnología conlleva grandes avances y también riesgos. Aunque quizá sea algo pretencioso hoy por hablar de una “Inteligencia” artificial, con todas las connotaciones que tiene el término inteligencia. Yo, cuando hablo a mis compañeros de profesión de esta materia, muchas veces prefiero llamara “asistencia digital”. Beneficios, muchos, desde el ahorro de tiempo a través de la posibilidad de analizar un volumen de información ofreciendo resultados en segundos. También nos permite a los juristas ofrecer trabajos de mayor calidad, muchas veces porque te posibilita contar con gran número de referencias y recursos. Herramientas que en tiempo récord a través de procesamiento de lenguaje natural permiten analizar y detectar riesgos, identificando con celeridad información relevante en un ingente número de documentos……
Y riesgos, pues evidentemente existen, la confidencialidad de los datos en el uso de las herramientas, la falta de transparencia y explicabilidad del algoritmo, el exceso de confiabilidad del usuario y las inexactitudes de los resultados proporcionados….
La justicia española está fragmentada en más de una decena de administraciones y los programas informáticos de varias de ellas no se hablan entre sí ¿Cuál es el coste económico de esta situación? ¿Cómo puede ayudar la tecnología a reducir las ineficiencias que generan las parcelaciones en justicia?
Todos nos tenemos que plantear que la interoperabilidad de los sistemas no es ya un objetivo a conseguir, sino que es una obligación que garantiza el acceso de la ciudadanía y los profesionales a la administración de justicia. No podemos permitir que, por una descoordinación en los desarrollos de los diferentes sistemas, tengamos que destinar recursos económicos para que dos máquinas se entiendan, porque no hemos sido capaces de plantear unas arquitecturas de diseño bajo la premisa de la insoslayable interoperabilidad. Si lo analizamos desde un punto de vista no sólo económico, sino de mero sentido de responsabilidad en la gestión pública, es un auténtico disparate.
Los abogados andaluces han dado la voz de alarma en varias ocasiones este último año sobre la situación de atasco y saturación de juzgados y tribunales. La lentitud de la justicia provoca que el servicio sea ineficiente (hace poco se conocía que la Audiencia de Sevilla suspendía un juicio hasta septiembre de 2026). ¿Qué puede hacer la tecnología para reducir estos tiempos de espera de los justiciables, que también les cuesta dinero?
Lamentablemente no sólo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que quizá nos viene a la cabeza por los casos de los que se han hecho eco los medios de comunicación en las últimas semanas, es algo más generalizado en nuestro país de lo que podemos pensar, con excepciones.
Muchas veces se adolece de una falta de formación en el personal, a la que no ayuda la interinidad existente en muchos órganos judiciales, unido a una, por qué no decirlo, falta de motivación que lastra la gestión del cambio. En todo caso no debemos olvidar una pieza fundamental como son los operadores jurídicos, que como usuarios avezados, valoran positivamente herramientas que consigan una mayor eficiencia en la gestión del proceso y permita obtener resoluciones en un tiempo prudencial. Pero en muchas ocasiones una gran herramienta tecnológica, ve eclipsados sus resultados y potencialidades por una ineficiente implantación o se ve lastrada por otras carencias de personal u organizativas del sistema.
La formación de los jueces y abogados ¿Debería de incluir nociones de informática, uso de Chat GPT y otras tecnologías que vayan surgiendo?
Es evidente porque estas profesiones están unidas a la realidad que vivimos. La tecnología avanza y afecta todos los ámbitos de la sociedad, incluido el derecho. Hoy el entorno digital es el hábitat natural en el que se desarrolla nuestra vida y por tanto en el que se generan controversias. Como abogados y jueces, comprender cómo funcionan estos entornos permite analizar adecuadamente los hechos, las pruebas, las motivaciones y es imprescindible adaptarse a una realidad cambiante.
Las herramientas que usan inteligencia artificial se están incorporando en sistemas administrativos y judiciales de varios países para optimizar la gestión de casos, automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y agilizar las respuestas. Conocer cómo funcionan estas herramientas permite a los abogados y jueces utilizarlas de manera informada y crítica.
Los neuroderechos se pueden definir como un nuevo marco jurídico internacional de derechos humanos destinados específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que se produzcan avances en neurotecnología ¿Cómo de importante es que los abogados conozcan esta rama del derecho?
Es una materia tremendamente interesante. El concepto ha sido desarrollado por la plataforma NeuroRights Initiative, liderada por la Universidad de Columbia en Nueva York e impulsada por una comunidad internacional de neurocientíficos.
La idea de introducir nuevos derechos humanos específicamente relacionados con las neurotecnologías y la protección de la privacidad cognitiva es un tema complejo y debatido. Muchos defensores de la creación de “neuroderechos” creen que los tratados y leyes existentes son insuficientes para garantizar la protección de los datos cerebrales y la privacidad mental en un mundo cada vez más influenciado por los avances en neurociencia y neurotecnologías. Destacan que los derechos humanos tradicionales, aunque valiosos, fueron formulados antes de la llegada de estas tecnologías y no abordan específicamente las cuestiones relacionadas con la monitorización y manipulación del cerebro humano.
El reto que tenemos por delante es cómo equilibrar la supervisión ética sin afectar a la competitividad y las inversiones. Es imposible frenar el progreso tecnológico. En cambio, debemos promover entre los juristas el desarrollo y el uso de tecnologías que se alineen con nuestros principios y valores, por ejemplo, en Europa.
No podemos olvidar que, comprender y mejorar nuestra actividad cerebral es unos de los grandes retos científicos que tenemos encima de la mesa, pero no podemos avanzar en estas materias sin tener presente los derechos fundamentales y la dignidad humana, siendo, la garantía de ese equilibrio tarea conjunta de la ética y el derecho.