Carlos B Fernández. El Gobierno, a través de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha puesto en marcha el proceso para la elaboración de una nueva Carta de Derechos Digitales.
Para ello ha constituido un grupo de expertos que actuará como asesor. Junto a él se abrirá también un procedimiento participativo para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones. La redacción final de la Carta por parte del Gobierno incorporará las contribuciones que lleguen desde ambos ámbitos.
La primera reunión de este grupo de expertos tuvo lugar por videoconferencia el lunes 15 de junio. Estuvo presidida por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño y junto a ella también participaron la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, así como representantes de la Vicepresidencia Primera, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; del Ministerio de Justicia y de la Agencia Española de Protección de Datos.
Según los expertos consultados, la actividad de este orientará a reconocer nuevos derechos digitales a la ciudadanía, impulsando a la vez el establecimiento de un sistema de garantías que no se contempla en la Ley Orgánica 3/2018 (LA LEY 19303/2018).
Las previsiones apuntan a que el grupo presente una primera versión de su informe a mediados de otoño próximo, para abrir a continuación un período de consultas que permita la presentación del texto final a finales de este año o comienzos del próximo.
Carta de Derechos Digitales
Según ha explicado la Secretaría de Estado por medio de una nota de prensa, en la actualidad, el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LA LEY 19303/2018), dedicado a garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, proclama derechos tan importantes como los relacionados con la protección de datos, el ámbito laboral, la protección de los menores o con los medios de comunicación y las redes sociales.
Con el fin de completar y desarrollar este marco normativo, el Gobierno ha lanzado el proceso de elaboración de esta Carta, únicamente dedicada a los derechos digitales, para incluir algunos todavía no recogidos en el citado Título X. Es el caso de los relacionados con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el
impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.
El documento final elaborado por el Gobierno contará con el asesoramiento y las propuestas del grupo de expertos y la contribución de la ciudadanía a través de un proceso participativo abierto, lo que convertirá esta Carta de Derechos Digitales en la primera a nivel nacional producto de un procedimiento de esas características.
Grupo de expertos
El grupo de trabajo está formado por destacados profesionales del ámbito digital, entre los que se incluyen juristas, representantes de usuarios y de internautas, profesores y catedráticos de derechos digitales, consultores tecnológicos y de ciberseguridad, entre otros reconocidos expertos.
Sus 18 componentes son, por orden alfabétitco,: Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado; Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet; Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III; Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Celia Fernández Aller, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid; Enrique Goñi, del Instituto Hermes; Simona Levi, cofundadora de Xnet; Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech; Ricard Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet; José Luis Piñar, catedrático Derecho Administrativo de la Universidad CEU-San Pablo; Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona; Javier Ruiz Díaz, policy director de Open Rights Group; Emilia Saiz, secretaria general de United Cities and Local Governments (UCLG) y participante en CC4DR (Cities Coalition for Digital Rights de Naciones Unidas); Ofelia Tejerina, secretaria general de la Asociación de Internautas; Rodolfo Tesone, abogado y diputado del ICAB y Carissa Véliz, investigadora de Ética y Humanidades en la Universidad de Oxford.
Algunas opiniones de los expertos – La importancia de la garantía de los derechos
Hemos recogido las primeras impresiones de algunos de los expertos que han participado en esta reunión. En general, de las mismas se desprende que estamos ante los primeros pasos de un trabajo que se sitúa ante un escenario abierto, que puede dar lugar a diferentes opciones normativas y reguladoras.
José Luis Piñar, que ya participó en el grupo de trabajo, más reducido, creado bajo el último gobierno del PP y cuyos resultados iban a haberse presentado justo pocos días antes de la moción de censura de junio de 2018, destaca que la finalidad de este proyecto es superar el contenido del actual Título X de la LOPDGDD (LA LEY 19303/2018), incluso para incluir nuevos derechos que no se encuentran recogidos en el mismo. Es decir, se trata, en su opinión de un proyecto que “puede dar pie a algo importante”. A estos efectos, esperan contar en breve con unas pautas metodológicas que les permitan avanzar en los plazos previstos.
En una línea similar se expresa Ofelia Tejerina, para quien, asumiendo que se está todavía ante un escenario muy abierto, sí precisa que la finalidad es disponer de algo más que una declaración de intenciones, para dotar a la ciudadanía de una herramienta práctica.
“El Título X es válido, pero hacen falta nuevas líneas de futuro y nuevas garantías para los derechos digitales”. Algo que, en su opinión, puede requerir una reforma legislativa de cierta envergadura, especialmente en el ámbito procesal. En ese sentido, entiende que el resultado de este grupo de trabajo puede establecer las bases para esas futuras reformas.
Borja Adsuara, por su parte, explica que, aunque, por economía del lenguaje, se hable de una “Carta de Derechos Digitales”, en realidad es más una ‘Carta de Derechos Fundamentales ‘en’ el entorno digital’; una nueva generación de derechos como adaptación de aquéllos al nuevo entorno.
No se trata de inventar nuevos Derechos Fundamentales, añade, pues estos ya están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY 22/1948) (ONU, 1948), la Constitución española (LA LEY 2500/1978) (1978) y la Carta Europea de Derechos Fundamentales (2000). “Se trata de desarrollar y adaptar al entorno digital el ejercicio de aquellos Derechos”. Por eso, frente a solemnes ‘Cartas’, meramente declarativas, considera que “deberíamos ir, mejor, a un ‘Menú del Día’ (a día): cómo se garantizan esos derechos de los ciudadanos”.
Destaca también la importancia de dotar de garantías a estos derechos, Moisés Barrio, pues los derechos, explica, son tan fuertes como lo son aquellas. En este sentido destaca que “si España quiere ser verdaderamente revolucionaria en este ámbito, debe apostar por un sistema de garantías de los derechos digitales”.
En su opinión, este sistema puede ir desde un mínimo que podría venir constituido por la instauración de procedimiento especial cautelar, muy ágil, por medio de una reforma de la LECrim (LA LEY 1/1882); hasta un aportación más innovadora, como sería la creación de una jurisdicción específica para los asuntos relacionados con Internet. Entre medias, Barrio entiende también posibles otras opciones intermedias.
Este experto pone énfasis igualmente, en la importancia de que vaya a haber una consulta pública sobre esta carta, porque la transparencia es un factor fundamental para el estado de Derecho. En su opinión, este proceso participativo va a dotar a la futura Carta de un marchamo democrático con el que no han contado otras similares en el derecho comparado.
Barrio destaca igualmente el hecho de que tanto el ministerio como la secretaría de estado sean partidarios de una regulación prudente y meditada, que aporte garantías a los ciudadanos, pero sin perjudicar la innovación ni el desarrollo.
Con una visión amplia, Ricard Martínez considera que este Grupo de Trabajo puede aportar, desde sus distintos perfiles, “una visión integradora del derecho y la tecnología que provea a nuestro país de principios normativos sólidos para afrontar una transformación digital inclusiva, basada en la garantía de los derechos fundamentales y centrada en el valor de la igualdad. La brecha digital tiende a ampliarse tanto desde el punto de vista de las personas como de los territorios reducirla y eliminarla debería ser un valor prioritario”.
Para ello, entiende que “no podemos definir una carta de derechos digitales desde la negatividad”, pues aunque en sus inicios, las cartas de derechos surgieron para limitar el poder y asegurar la libertad y esta esencia se mantiene “sin embargo, los derechos sociales y los derechos de tercera generación nos enseñaron a percibir el potencial transformador de los derechos” o, si se prefiere “a concebir los derechos como oportunidades para el desarrollo de las personas y la igualdad material”.
Por tanto, “no nos podemos equivocar con una aproximación meramente defensiva a la tecnología. La transformación digital debe abordarse considerando las posibilidades que ofrece por ejemplo en salud o educación”.
En opinión de este experto, “un error frecuente en el enfoque jurídico de la tecnología ha sido centrarse en la anécdota, en la última de las tecnologías”, cuando “pretender legislar cada tecnología es un esfuerzo abocado al fracaso por una sencilla razón: los tiempos de la tecnología son infinitamente más rápido”. Por tanto, considera que “debemos ser capaces de dimensionar aquellos aspectos que incorporan estos valores axiológicos de nuestro Ordenamiento y descender a la regulación concreta cuando resulte adecuados”. “Es mejor definir principios que rijan la investigación y la innovación, como ya se hizo en el ámbito de la investigación genética, y sirvió”, concluye.