PRIMERO.- La sentencia de primera instancia, acogiendo la excepción de falta de legitimación opuesta por la demandada, ha desestimado en su integridad la demanda que interpone el litre. Colegio de Procuradores de Madrid frente a Dª (...) en reclamación de la cantidad de 5.820 euros ( más intereses y costas ), calculados según el importe de la cuota variable establecido en los estatutos Colegiales por cada personamiento del procurador en un procedimiento judicial y atendidos los personamientos efectuados por dicha demandada en distintos procesos judiciales seguidos ante Juzgados y Tribunales con sede en Madrid.
Se concluye en la resolución apelada que lo que pretende la parte actora en la litis, en que tampoco justifica o acredita gasto alguno, es el cumplimiento de las normas de los estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid, las que solo vinculan a sus colegiados, por la procuradora demandada que no ostenta tal condición; razonamientos y pronunciamiento desestimatorio frente al que se alza la representación actora en un alegato que ha de prosperar.
Entiende quien esta resolución suscribe que se incurre en la sentencia apelada en una errónea interpretación de la causa petendi en la demanda, en la que se insiste en el escrito de recurso sin que, frente a lo alegado por la contraparte, se susciten con ello cuestiones nuevas.
No se pretende en la demanda la imposición sin más de una cuota colegial a quien no pertenece al Colegio de Procuradores demandante, falta de pertenencia reconocida expresamente en el escrito inicial. Lo que se pretende y así se deduce de la lectura de dicho escrito es el abono de la prestación de determinados servicios por quien se presenta ( Hecho Primero) como organizador de los servicios colegiales proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios necesarios, siendo tal y como se explica en la fundamentación jurídica ( Fundamento de Derecho IV ) en base a tales personamientos ( que ha de precisarse llevan aparejada una determinada prestación de servicios por el Colegio respectivo, entre otros y singularmente en cuanto a recepción y traslado de notificaciones y actos de comunicación procesales según la normativa vigente, la que no precisa de mayor alegación ni acreditación ) por los que se reclama una cuota colegial prefijada de antemano.
En el caso concreto de que aquí se trata se han justificado documentalmente los procedimientos en que se ha personado la demandada ante Juzgados y Tribunales con sede en Madrid, ámbito territorial de la actora, sin que se haya formulado cuestión a ello. Y obvio es que los mismos han debido generar actuaciones del Colegio de Procuradores cuales las descritas, lo que no resulta desvirtuado por medio probatorio en contra.
En esta tesitura he de concluir con la prestación de un servicio que como tal es generadora de la obligación de pago de un precio en correspondencia con la actividad; debiendo aquí ponderarse al efecto no solo que el importe fijado de antemano por el prestador del servicio pudo ser conocido sin mayor esfuerzo por la demandada y por ende siquiera tácitamente aceptado, sino también, y ello es trascendente, que según doctrina reiterada en supuesto de un precio no convenido de antemano nada impide que pueda determinarse ulteriormente pudiéndose afirmar que existe precio cierto no solo cuando está expresamente pactado sino también cuando es conocido por la costumbre y uso frecuente en el lugar donde el contrato se desenvuelve, así como cuando sea conforme con la equidad ( sentencias de 18 de marzo de 1981 y 16 de julio de 1997, también, entre otras y aun con referencia al arrendamiento de obra sentencias de 16 de enero, 21 de octubre y 25 de noviembre de 1.985 y 23 de octubre de 1999 ), no existiendo por ello impedimento para acudir con carácter orientativo a las normas colegiales propugnadas por la parte actora.
Procede por consiguiente, con estimación del recurso y revocación de la sentencia apelada, la íntegra estimación de la demanda condenando a la demandada, que no ha atendido debidamente en su momento al pago de tal precio ni tampoco a las reclamaciones que le fueron efectuadas extrajudicialmente por la contraparte, al abono al actor, en concepto de principal, del importe de 5.820 euros.