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PRIMERO.- La resolución judicial de instancia ha estimado parcialmente la pretensión de la trabajadora demandante que, con categoría profesional de perito y antigüedad de 8-3-07, ha solicitado la extinción contractual al amparo del art. 50.1.c) del ET , alegando y finalmente probando, una discriminación por razón de género (en la promoción profesional), por su condición de mujer y madre de tres hijos que quedará evidenciada en una grabación de conversación telefónica documentada; y a la que ha añadido una pretensión indemnizatoria, no solo de daños y perjuicios de carácter moral conforme a la LISOS como falta muy grave, en cuantía de 75.000 euros, sino que también ha peticionado otros gastos concretos que vienen a ascender a una suma total de 92.835,86 euros (antes de la ampliación de la demanda la cuantificación era de 65.229 euros), y que vienen referidos a determinados gastos médicos: de siquiatra por importe de 1.036,09 euros, gastos de tratamiento sicológico del hijo por 2.650 euros, gastos sicológicos de la propia trabajadora por 1.540 euros, gastos de matriculación en una determinada asignatura por importe de 422,10 euros, gastos de reducción de jornada y distancia (30 minutos) que cuantifica en 305,87 euros, medias dietas por importe de 703,60 euros y una prima de objetivos que iría de un máximo de 4.000 euros a un mínimo de 1.826 euros, gastos de estudios universitarios de formación por 3.391,20 euros y la consideración de 172 horas lectivas como horas efectivas de trabajo por importe de 3.787 euros.

La juzgadora de instancia en una encomiable resolución judicial, refleja de forma patente la evidencia de una discriminación por razón de género, la explicación de un protocolo empresarial de inicio de investigación a través de una Comisión Etica e informe de auditoría, donde una vez aportada la suficiente prueba indiciaria por parte de la trabajadora demandante, no existen razones justicadas y/o razonables por parte de la empresarial que demuestren la ausencia de la vulneración del derecho fundamental, con la que concluye la evidencia discriminatoria y de género, cuantificando finalmente el daño moral, en virtud de la doctrina jurisprudencial que cita y bajo los parámetros de la LISOS, siguiendo circunstancias concurrentes (llega a citar el traslado a otro puesto de trabajo, la falta de proyección de su actividad laboral, la baja laboral por trastorno adaptativo, la pérdida de puesto con salario elevado), la gravedad de los hechos acreditados, en una horquilla que prevista de 25.000 a 100.000 euros, lo fija en una posición intermedia de 40.000 euros. Del mismo modo, con respecto al resto de petición de resarcimiento de determinados gastos, llega única y exclusivamente a reconocer el importe de 1.540 euros de los gastos del sicólogo, por cuanto, si bien acepta el comportamiento empresarial negativo que le ha obligado a desempeñar otro puesto de trabajo en el Centro de Ferrocarriles, con consecuencias económicas y familiares que atienden no solo al proceso de IT sino a la nueva situación laboral, no acepta la acreditación del pago de gastos médicos por importe de 1.036,09 euros cuando ha sido sufragado a través del Seguro de Mapfre (nada se pide respecto de sus primas), excluyendo también los gastos médicos del hijo por no haber acreditado la relación de causalidad; afirmando que la reducción de jornada y la falta de acreditación de distancias e implicación de mayor gasto por importe de 305,87 euros no queda confirmado; y que tampoco las medias dietas y primas suponen la aportación de un cálculo o regla que permita su satisfacción; siendo finalmente que en materia de formación o matriculación de aquella asignatura o el coste de la formación universitaria, no constan acreditados como necesidades formativas por el nuevo puesto de trabajo, habiendo sido realizadas de forma voluntaria y sin preaviso, y con ausencia de coordinación empresarial.

En resumidas cuentas, la juzgadora de instancia estima parcialmente la demanda y condena única y exclusivamente a la empresarial demandada, por cuanto acepta una falta de legitimación pasiva del trabajador, que siendo inicialmente testigo, se vio ampliada la demanda como codemandado, en un escrito específico que se alude a motivos procesales para evitar futuras suspensiones y existencia de litisconsorcio pasivo necesario, sin exigencia de una responsabilidad solidaria o condena expresa, por cuanto se atiende a los simples efectos de evitar suspensiones y no en el sentido expreso de una reclamación causal e individualizada. Entendiendo finalmente que la ausencia de condición de verdadero empleador de la demandante para con el finalmente codemandado, haría imposible la aplicación de la extinción del art. 50 del ET , máxime, añade esta Sala, cuando no se solicita ningún tipo de reclamación de responsabilidad derivada de daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales ( art. 2.e) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) ), ni tampoco se articula un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, con conexión directa de fórmula de responsabilidad frente a terceros vinculados al empresario por cualquier título o conexión directa con la prestación de servicios ( art. 177.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) ), sin expresar tajantemente que nos encontramos ante una víctima de lesión de derechos fundamentales y libertades públicas que permita dirigir la pretensión tanto contra el empresario como contra cualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de vínculo que le une al empresario ( párrafo 4 del art. 177 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) ). Por lo que finalmente se condena única y exclusivamente a la empresarial al abono indemnizatorio de 61.616,01 euros por la extinción contractual del art. 50 del ET , así como a la suma de 40.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, además de 1.540 euros en concepto de daños y perjuicios de gastos médicos, todo ello con el interés legal conforme al art. 1101 del CC (LA LEY 1/1889) y con absolución expresa de la persona física, finalmente codemandada en ampliación de demanda pero sin expresión específica de búsqueda de responsabilidad solidaria.

Disconforme con tal resolución de instancia, la trabajadora plantea Recurso de Suplicación (44 folios) articulando 11 revisiones fácticas al amparo del párrafo b) del art. 193 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) a los que suman otras 3 motivaciones jurídicas según el párrafo c) del mismo artículo y texto que pasamos a analizar.

Existe impugnación por parte de la empresarial (29 folios), así como del trabajador finalmente codemandado (5 folios).

SEGUNDO.- Los motivos de revisión fáctica esgrimidos al amparo del artículo 193 b) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) exigen recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, mas que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

La revisión fáctica exige determinar el hecho que se impugna y la concreta redacción que se quiere recoger, ofreciendo un texto alternativo, ya sea por omisión, adición, modificación o rectificación pero, en todo caso, evidenciándose las pruebas documentales o periciales que obrando en autos, y siendo concretamente citadas por el recurrente, son base para descubrir, al margen de cualesquiera otros medios probatorios, la infracción normativa de que deriva.

Así respecto de la prueba documental el éxito de la motivación fáctica del recurso extraordinario exige que los documentos alegados sean concluyentes, decisivos y con poder de convicción o fuerza suficiente para dejar de manifiesto el error del Magistrado de instancia, sin lugar a dudas.

En lo que respecta a la prueba pericial, y al margen de la discrecionalidad o apreciación libre del Magistrado de instancia, tan sólo el desconocimiento o ignorancia de su existencia, o la contradicción por emisión de variados informes o dictámenes, hacen que el sentido de la apreciación pueda ser contradictorio permitiendo a la Sala la valoración en conjunto que concuerde con la de instancia o concluya de manera diferente.

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión de la trabajadora recurrente que induce inicialmente a la modificación fáctica del hecho probado 7 al objeto de que se especifique que la IT y baja médica es de 30-6-16 por trastorno adaptativo con ansiedad, pero que previamente el día 28 de junio acudió al médico de cabecera que le pautó reposo durante 48 horas, en tanto en cuanto lo quiere poner en conexión con la pérdida de un determinado examen el 29 de junio y la necesidad de una rematrícula en la específica asignatura para la que solicita sus gastos como daños y perjuicios, a criterio de la Sala devendrá oportuno y trascendente en la búsqueda del origen y consideración de las circunstancias del gasto añadido en la petición indemnizatoria, por cuanto si bien el reflejo médico manual de reposo de 48 horas pudiera dar lugar a suspicacias, vemos que se trata de una prueba documental fehaciente (no hay impugnación de falsedad o irregularidad alguna de contrario), siendo coherente con las circunstancias médicas posteriores.

La segunda revisión fáctica propone incorporar al hecho probado 9 la advertencia de que el inicio empresarial del código ético en el proceso de investigación y evaluación tuvo lugar el 22-3-17. Nuevamente podrá ser añadida al relato fáctico por cuanto no es negado por la empresarial, resulta obvio y así se constata por parte de la misma, sin perjuicio de la valoración judicial respecto de los hechos denunciados y las circunstancias de garantía de indemnidad u otras valoraciones que esta Sala puede efectuar de manera neutral, con indiferencia de la determinada tramitación del protocolo empresarial o código ético.

La tercera revisión fáctica también propone incorporar al hecho probado 9 el incumplimiento empresarial de haber procedido a facilitar la documentación que la demandante solicitó respecto de la información en la tramitación del código ético en enero de 2018, cuya consideración empresarial está basada en una negativa por razones de anonimato, confidencialidad e indemnidad del resto de las personas involucradas, pero que denotan la versión denegatoria o falta de oportunidad de conocimiento y/o alegación, cuyo enfoque de revisión o trascendencia se sigue enmarcando en un incumplimiento empresarial genérico que permita discutir un importe superior indemnizatorio, que nuevamente podrá ser objeto de matización, sin perjuicio de la valoración judicial de fondo.

La cuarta revisión fáctica propone incorporar al hecho probado 11 la justificación de la fecha del examen respecto de la asignatura de rematrícula y gasto de 422,10 euros que ciertamente recogen la exigencia de realidad sin perjuicio de la relación de causalidad o de la valoración judicial de fondo, en relación a la primera revisión fáctica.

También la quinta revisión fáctica que pretende incorporar al hecho probado 13 la plasmación de una papeleta de conciliación presentada el 9-12-16, previa a la investigación empresarial interna, puede tener acogida a los solos efectos de delimitar la fecha exacta, y sin perjuicio de la valoración judicial que concierne a la inclusión tantas veces mencionada, de la cuantificación de daños y perjuicios o del conocimiento empresarial tardío de tal comportamiento.

La sexta revisión fáctica propone incorporar un hecho probado 14 en relación a los poderes notariales otorgados en el 2008 a la persona física codemandada, Sr. Horacio , y su renovación el 19-7-17. Sin embargo, a criterio de la Sala, la manifestación de las documentales que refiere la recurrente, no permiten adverar la existencia de una representación legal de al empresarial, mas allá de un apoderamiento limitado, siendo que los aspectos procesales y las circunstancias de la suspensión y ampliación de la demanda, afectan a la intervención de la persona física y a su legitimación, se corresponden mas bien con cuestionamiento de fondo sobre legitimación y responsabilidad que sobre conductas achacables en valoraciones subjetivas e intencionadas que no pueden predicarse de una simple documentación empresarial o notarial. En ese sentido, será denegada la petición revisoria.

La séptima revisión fáctica que pretende incorporar un nuevo hecho probado 15, se corresponde con la nueva ubicación en la Delegación de Ferrocarriles y determinados accesos, condiciones, organigramas y otros, que pretende denotar una falta de ocupación efectiva que se corresponde con la reincorporación de la trabajadora tras el período de IT, y que se relaciona con el hecho probado 11 de solicitud y reincorporación, que no podemos sonsacar mas valoraciones subjetivas, interesadas y particulares, como pretende realizar la trabajadora recurrente, siendo que la relevancia a los efectos de poder modificar el importe de la condena indemnizatoria, no se corresponde mas allá de la causalidad propia de la extinción del art. 50 del ET , ya valorada.

La octava revisión fáctica pretende incorporar un nuevo hecho probado 16 con detalle en la recolocación habida para con la Delegación de Ferrocarriles, con reducción de jornada y horario solicitado, en una supuesta conducta de la empresarial hacia la trabajadora, valorando determinados correos electrónicos que recoja algún tipo de conexión con conductas incumplidoras (falta de acceso a la red interna, scanner del centro, tarjeta de fichajes, pie de firma de la Delegación u otros), que esta Sala no puede inferir de la simple documental que va reflejando de manera exhaustiva y detallada la propia trabajadora demandante, y que conllevó la ampliación de la demanda en búsqueda de acreditación de pautas de discriminación con posterioridad a la reincorporación, que finalmente difícilmente pueden suponer una imagen de represalia en la recolocación que permita un incremento de la indemnización, como busca la recurrente al citar la trascendencia de las revisiones fácticas.

La siguiente revisión fáctica pretende incorporar un nuevo hecho probado 17 debido a la solicitud de la trabajadora de realización de formación para tareas propias en la recolocación, que es denegada por la empresarial y es objeto de cita en la fundamentación de derecho 10 de la sentencia, afirmando para con la negativa a su consideración, tal denegación empresarial y en una matrícula unilateral voluntaria y falta de coordinación con el departamento formativo. En ese sentido, o bien porque consideramos que ya hay un reflejo de valoración jurídica con resultancia fáctica, o porque existe error en la valoración respecto de los conceptos que integran la indemnización de daños y perjuicios y su procedencia, procede también la denegación.

La décima revisión fáctica que pretende incorporar un hecho probado 18 de ausencias por indisposición de diciembre de 2017 a enero de 2018, antes de la IT de 23-1-18 por reagudización depresiva que denota determinados períodos de procesos de IT sobrevenidos, podrán ser objeto de valoración y para ello su plasmación fáctica deviene innegable, por mucho que su trascendencia valorativa sea objeto de consideración judicial por esta Sala, en facultad moderadora indemnizatoria. Por ello accedemos a la propuesta de un nuevo proceso de IT sobrevenido.

Finalmente, la última revisión fáctica pretende incorporar un hecho probado 19 que delimite los cobros de primas de objetivos en los períodos 2015 y 2016, su ausencia en el 2017, así como el cobro de la media dieta de 14,07 euros correspondiente al almuerzo, cuando trabajaba en la Delegación Norte, citando que no ha cobrado en el traslado o recolocación de la Delegación de Ferrocarriles, que vienen a ser reconocidas indirectamente por la empresarial que no discute el cobro de medias dietas cuando trabajaba en la Delegación Norte e igualmente, las cantidades abonadas en concepto de objetivos o variable, que citan en 2009, 2013, 2016 y 2017, y todo ello nuevamente sin perjuicio de la valoración judicial respecto del recálculo de posibles liquidaciones de indemnización de daños y perjuicios, consideración de gastos o perjuicios económicos que suponen una estimación de cálculo, que si bien es criticada por la juzgadora de instancia, se correponden a una exigencia que puede constatarse en el relato fáctico, máxime cuando es objeto de valoración judicial en dicha consideración por parte de la juzgadora de instancia que simplemente achaca a la ausencia de una determinación de cálculos y reglas precisas que acrediten las cantidades.

En resumidas cuentas, y según lo manifestado ut supra, procedemos a la estimación parcial de las revisiones propuestas así consideradas, por cuanto cuando las aceptamos entendemos que están basadas en instrumentos probatorios adecuados, y que no requieren mas deducciones, conjeturas o interpretaciones porque permiten, en general de las documentales expuestas, amparar posibles contradicciones en la problemática de la valoración judicial, llegando a descubrir circunstancias de la recreación del criterio judicial de instancia y sus posibles errores en afirmaciones sobre la valoración y cuantificación que se infiere de todas las revisiones fácticas aceptadas.

TERCERO.- En lo que se refiere a las revisiones jurídicas, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011) , motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curia o vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como en el supuesto de autos la trabajadora recurrente denuncia la infracción genérica del art. 183.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) en lo que se refiere a los daños morales, en exigencia de mayor cuantificación, reproche y prevención (hasta llegar a 75.000); en su segunda motivación jurídica también denuncia la infracción del mismo articulado con los otros daños advertidos; para finalmente peticionar la infracción del art. 177.4 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) en expresión de condena y responsabilidad solidaria de la persona física Sr. Horacio , absuelto en la instancia, analizaremos en nuestra motivación jurídica la delimitación de los preceptos jurídicos en referencia de los conceptos fácticos consecuentes a la vulneración discriminatoria y a la pretensión indemnizatoria, tanto de daños morales como otros materiales, que acierta a especificar tanto la juzgadora de instancia como las partes, citando la LISOS entre otras estimaciones.

Comenzamos por recordar que la modalidad de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas ( arts. 177 y ss. de la LRJS (LA LEY 19110/2011) ), tiene unas especialidades no solo en el trámite inexcusable de carácter urgente y preferencial, que exceptúa la conciliación o reclamación previa, sino que en atención a la distribución de la carga de la prueba y del contenido de las resoluciones, este procedimiento específico, exige con claridad que se expresen los hechos constitutivos de la vulneración alegada y las condiciones en las que se ha producido, así como que se delimite el derecho fundamental que se entiende infringido ( Sentencia del TC 239/91 (LA LEY 55823-JF/0000) ) además, por supuesto, de los requisitos establecidos en la legislación procesal ritual.

Por lo tanto, corresponde a los demandantes hacer alusión a los preceptos jurídicos que entienden violados o vulnerados y corresponde al demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, en una inversión o distribución de la carga de la prueba que esta fundada en la doctrina del TC, así como del TS en materia de vulneración de derechos fundamentales en el ámbito de igualdad y/o discriminación ( Sentencia del TC 55/83 (LA LEY 7986-JF/0000) , 104/87 (LA LEY 845-TC/1987) , 166/88 (LA LEY 3617-JF/0000) , 114/89 (LA LEY 1281-TC/1989) , 135/90 (LA LEY 2637/1990) , 197/90 (LA LEY 1593-TC/1991) , 21/92 (LA LEY 1871-TC/1992) , 7/93 (LA LEY 2093-TC/1993) , 266/93 (LA LEY 2305-TC/1993) , 293/93 (LA LEY 2373-TC/1993) , 180/94 (LA LEY 17175/1994) , 127/95 (LA LEY 13114/1995) , 198/96 (LA LEY 718/1997) , 82/97 (LA LEY 5387/1997) , 90/97 (LA LEY 7402/1997) ....).

Sin embargo, en el supuesto de autos, debe recordarse que la modalidad de procedimiento de extinción del contrato en atención al art. 50 del ET al que se ha acumulado una petición de indemnización de daños y perjuicios pero no en la modalidad de tutela de derechos fundamentales sino como cuestionamiento de fondo, que permite su análisis sobre la producción o no de la vulneración del principio de no discriminación esgrimido, así como respecto y consecuencia indemnizatoria.

Recordamos que partimos de un relato en el que la consideración de la existencia de una extinción contractual del art. 50 del ET , se reconoce bajo las pautas de evidencia de un incumplimiento empresarial que se relaciona con una discriminación por razón de género, que aparentemente nadie discute, y que provoca claramente que la calificación jurídica de la extinción contractual permita analizar las conductas de las contrapartes al objeto de adverar si existe o no además de esa vulneración del derecho fundamental, una consecuencia causal de indemnización de los daños y perjuicios, incluído el daño moral.

Y una vez citada por la juzgadora de instancia la doctrina jurisprudencial que ampara el bagaje de satisfacción constitucional que las decisiones empresariales que encubran conductas lesivas de derechos fundamentales, una vez aportados los indicios razonables y descubierta la lesión de derechos fundamentales, suponen por la invocación de la regla de inversión de la carga de la prueba, tanto la exigencia de un resultado probatorio en el que la parte demandada empresarial debe probar la existencia de causas objetivas suficientes, reales y proporcionales para descubrir la razonabilidad y ajenidad de cualquier propósito lesivo, que a todas luces ha sido desvirtuado por la juzgadora de instancia respecto de la proposición empresarial.

Es por ello que siendo cierto que no vale un mero alegato genérico y comprimido de vulneración de derechos fundamentales que partan de indicaciones genéricas de tutela judicial efectiva, represalias u otras, para que entendamos en un proceso extintivo que se debe reconocer la indemnización añadida de daños morales u otros perjuicios, lo cierto es que la exigencia de la relación de causalidad y la constatación de los indicios razonables en la actual empresarial para con esa lesión de derechos fundamentales, que aquí se circunscribe al art. 14 de la CE (LA LEY 2500/1978) , permite de manera adecuada, proporcional y objetiva, analizar las conductas que han conllevado a dicha transgresión y que deben reconducirse a postulados en conexión, normalmente previa, con la extinción contractual, sin perjuicio de valorar las circunstancias coetáneas y posteriores.

De ahí que, en el supuesto de autos, y en lo que se refiere inicialmente a la cuantificación del daño moral derivado de la lesión del derecho fundamental a no ser discriminado, debe ser reconducido a la cita de los arts. 8 y ss. y 40 y ss. de la LISOS .

Por todo lo manifestado, y siguiendo los parámetros de vulneración de derechos fundamentales de nuestra propia LRJS (LA LEY 19110/2011) (arts. 183 y ss .), aun cuando lo sean dentro de un contexto propio de un procedimiento de extinción del art. 50 del ET , y tomando la doctrina de referencia constitucional, entre otras, sentencia del TC 47/06 (LA LEY 21759/2006) , o las que cita la juzgadora de instancia, o de nuestros Tribunales de Justicia (véase por todas la sentencia del TS de 8-2-18, recurso 274/16 (LA LEY 4099/2018) ) que estructuran la posibilidad de una indemnización de daños y perjuicios siguiendo la doctrina de aplicación de la LISOS que cita, entre otras, la de 5-10-17, recurso 2497/15 (LA LEY 158915/2017), o la de 8-7-14, recurso 282/13 (LA LEY 115370/2014); además de nuestras propias resoluciones judiciales de esta Sala (entre otras, sentencia 4-4-17, recurso 540/17 , o de 23-1-18, recurso 2504/17 , así como las que cita la instancia) se puede insistir en que la efectiva vulneración del derecho fundamental a la no discriminación que especifica la instancia y viene a reconocer con sus argumentaciones, todas las partes, demuestran, por contra, una falta de ofrecimiento de justificaciones objetivas y razonables por parte de los codemandados, que no sea la generalidad de los incumplimientos constatados.

Y es que, una vez confirmada la vulneración del derecho fundamental que se corresponde con una conducta antijurídica empresarial reconocida, que se ha prolongado en el supuesto de autos mas allá del procedimiento inicial, su debut previo, conciliatorio y ampliatorio, y la versión a que atiende la juzgadora de instancia respecto de las circunstancias concurrentes, detallando específicamente no solo la recolocación sino la falta de proyección en su nueva actividad laboral, así como los procesos de IT o su pérdida de puesto de trabajo por la extinción contractual, y todo ello en parámetros de gravedad que atienden a una estimación de la horquilla prevista en la LISOS, permiten nuevamente a esta Sala, y una vez admitida parte de la revisión fáctica propuesta, atemperar el cálculo y discusión respecto de la cuantificación indemnizatoria de daños y perjuicios en la modalidad de permiso de aplicación de doctrina jurisprudencial social que atiende a la estimación plausible y definida, pero no objetivamente matemática, permitiendo la evidencia circunstancial concurrente declarada y admitida, y afirmar o confirmar una vulneración del derecho fundamental ( art. 14 de la CE (LA LEY 2500/1978) ), que en un análisis exigido y específico realizado por esta Sala, permite no solo atenernos a las circunstancias valoradas por la instancia, sino también a pautas de conexión que agrandan o agravan las ya fijadas por la instancia y que son en parte recogidas en el propio escrito de ampliación de la demanda, a la vista de la investigación interna empresarial, los conocimientos y las pautas probatorias de la demandante, que unidas a la reubicación, a los nuevos procesos de IT, así como al contexto preprocesal y judicial, nos permiten modular el cálculo indemnizatorio de la gravedad y referencia a la orientación jurisprudencial que accede al parámetro válido de la LISOS, pero en una propuesta que entendemos mas ajustada, como de gravedad intermedia, entre los parámetros mínimos de 25.000 y el máximo de 100.000, y que fijamos en una pauta de inclusión de conductas y agravación reflejadas directamente por la instancia y revisadas por esta Sala, en una cuantificación final de 50.000 euros, mejorando los 40.000 previstos por la instancia, pero sin que podamos otorgar una mayor gravedad extensiva a los incumplimientos empresariales fijados que nos acerquen a pautas de máxima exigencia resarcitoria.

Así en lo que concierne a la investigación del protocolo y código ético y la información de la investigación interna que la propia demandante ha denunciado a la contextualización del objeto de la discriminación para con la repercusión interna o externa, no permite soslayar la ausencia de información, comunicación o notificación a la parte, en un contexto cronológico de actuación preprocesal con ausencia de verdaderas garantías de entrega de copia de información (aunque fuese anonimizada), donde las informaciones y actas de la comisión de auditoría, advierten de actitudes reprobables en reconocimiento expreso de la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación que se contradicen en parte de las informaciones o conclusiones de los informes éticos y de auditoría, bajo parámetros poco objetivos de consideración de cualificaciones profesionales que ocultan la verdadera esencia de un proceso de selección totalmente irregular. Pero es que además, la conducta empresarial constata la gravedad de la discriminación y al margen del procedimiento disciplinario para con el codemandado, co nlleva a su vez una recolocación para la demandante, en la que se predican afirmaciones de falta de correspondencia de formación o atemperamento con el nuevo puesto de trabajo, en una movilidad funcional que recarga los incumplimientos empresariales en parámetros de exclusión que nuevamente agravan las consecuencias de la discriminación y suponen una mayor diligencia de respuesta judicial que también acontece con los nuevos procesos de IT que hemos expresado, y todo ello en un contexto de insuficiencia de respuesta empresarial para reconducir a la última y única salida en que reconvierte el proceso en una extinción a instancia de la propia trabajadora.

CUARTO.- En lo que concierne a la determinación de la indemnización de daños y perjuicios por otros gastos que comportan la petición de la trabajadora y que se relacionan con los incumplimientos empresariales, ni que decir tiene que habiendo abandonado la recurrente los gastos de referencia de tratamiento del menor, quedan por visualizar los ya totalizados en una petición que en demanda fue de 65.229 euros y que en la ampliación de la demanda alcanza los 92.835,86 euros, cuando la juzgadora de instancia tan solo ha reconocido 1.500 euros en concepto de determinados gastos médicos.

De los correspondientes conceptos indemnizatorios peticionados como daños y perjuicios materiales, comenzando por los gastos médicos, procedemos a denegar cualquier exigencia del denominado gasto sico-siquiátrico que fue satisfecho a través del seguro privado o concertado, siquiera como mejora voluntaria, por cuanto lo peticionado en concepto de determinadas primas del seguro, la realidad de un abono por parte de la entidad aseguradora, de los honorarios del psiquiatra, como bien manifiesta la juzgadora de instancia, no suponen un pago y acreditación de gastos médicos por ese importe de 1.036,09 euros, al igual que se entienden denegados los gastos médicos del menor, ya no discutidos en este Recurso de Suplicación.

De los gastos referidos a la recolocación en otro puesto de trabajo, lo que concierne a la prima de cumplimentación de objetivos, debe manifestarse que la causa de denegación de instancia por falta de aportación de cálculos y reglas entre un mínimo y un máximo (1.826 a 4.000 euros), no impide la demostración del perjuicio ni la problemática de cuantificación, cuya imprecisión o generalidad no debe impedir una referencia de satisfacción que esta Sala lo hará en el término medio y equiparable que se corresponde a la última anualidad satisfecha, máxime cuando la empresarial tampoco ha realizado un esfuerzo probatorio que concierne a la exigencia de tal falta de abono en situaciones comparables o a los elementos del incumplimiento de objetivos. Por ello aceptaremos la cuantificación intermedia que se corresponde con la prima de objetivos o variable, en cuantía de 2.000 euros (entre 4.000 y 1.826), máxime cuando la afirmación genérica de la empresarial de no haber alcanzado los objetivos mínimos necesarios para su devengo, no se compagina con los criterios previos y coetáneos de facilidad probatoria para la empresarial.

Sin embargo, en lo que se refiere al devengo de las medias dietas basadas en una exigencia de desplazamiento y gasto, que se eleva al importe de 730,60 euros (en la ampliación de la demanda), pues se compaginan en concepto de dietas no salariales que exigen una prestación de servicios con un contenido funcional que incorpore un desplazamiento de servicios (visitas de obras y otros), con exigencia de dietas o medias dietas, ya fuesen de manutención o alejamiento, que se corresponden siempre con gastos sufridos en general por comer fuera del domicilio, pero que no han tenido la exigencia de devengo en función de gastos hipotéticos o contextuales que compensen los perjuicios económicos reales en la prestación de funciones que en la recolocación no lleva aparejado un desplazamiento o un gasto añadido por prestación de servicios fuera del centro laboral en actividad no desempeñada, por lo que son denegados.

En lo que concierne a los gastos de formación, damos acogida a los de exigencia de rematriculación en la asignatura de formación universitaria que inicialmente fue aceptada como formativa, y en la que desempeñaba el puesto de trabajo previo, por importe de 422,10 euros, por cuanto entendemos que la juzgadora de instancia reconduce la situación a consecuencias de una exigencia de reposo e IT al momento previo a la posterior petición formativa en ámbitos de recolocación que ahora analizamos. En ese sentido aceptamos que la relación de causalidad de incremento de gasto gravoso para con la matrícula de la asignatura repetida, se contextualiza en la acreditación del perjuicio médico causante de la involuntaria inasistencia, que a su vez es originaria y causal en el ámbito del cuadro médico originado por la discriminación denunciada.

Pero tampoco podemos aceptar la exigencia del gasto formativo universitario posterior, en cuantía que se eleva a 3.391,20 euros, por cuanto, como bien razona la juzgadora de instancia, no se acredita la necesidad de dicha formación para el nuevo puesto de trabajo, ni la empresarial ha aceptado el devengo y exigencia, siendo la decisión unilateral voluntaria objetiva de la trabajadora recurrente que no puede compaginarse con una acreditación de exigencia ineludible, cuando existe un departamento de formación empresarial. Y todo ello a diferencia de lo que ocurre con respecto del anterior gasto formativo que sí estaba inicialmente justificado en períodos previos a la recolocación. Por ello tampoco procede el abono de las horas invertidas en tal formación, en cuantía que eleva la trabajadora a 3.787 euros, por cuanto consideramos que no existe el otorgamiento de permiso y beneplácito empresarial que condicione la circunstancia de su exigencia ni queda acreditada la pauta de conexión ineludible para con el nuevo puesto de trabajo.

Por todo lo manifestado ut supra, procederemos a la estimación parcial de la indemnización de daños y perjuicios, estimando en el ámbito de primas de objetivos 2.000 euros así como en el pago de la matrícula de la asignatura reiterada en 422,10 euros, desestimado el resto de las reclamaciones de perjuicios económicos y/o materiales.

QUINTO.- Queda por abordar la realidad y exigencia de una configuración de posible responsabilidad solidaria y condena de la persona física codemandada que circunscriba la pauta de la ampliación de la demanda y busque satisfacer la denuncia del art. 177.4 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva admitida por la juzgadora de instancia de forma directa para con la aplicación del art. 50 del ET , y en consideración a las alegaciones de las circunstancias procesales que determinaron la explicación de la demandante.

Y es que es bien cierto que no existe una solicitud o suplico, ya lo sea en la papeleta de demanda inicial como en la ampliación posterior, que permita, en aplicación de una tutela judicial efectiva no causante de indefensión, otorgar parámetros propios de la modalidad específica de tutela de derechos fundamentales, el otorgamiento a las víctimas de lesiones de derechos fundamentales, el reconocimiento jurisdiccional social eligiendo una clase de tutela que permita demandar no solo necesariamente al empresario causante directo de la lesión, sino también a los directamente afectados que pudieran tener concurrencia y requerimiento, no solo de testimonio ante el órgano jurisdiccional para velar por las condiciones de justicia y seguridad, sino también hacer frente a sus propias responsabilidades sin menoscabo o indefensión.

Queremos con ello manifestar que la realidad de la voluntad de la demandante de evitar cualquier tipo de posible suspensión de la vista por alegación de una excepción de litisconsorcio pasivo necesario en ofrecimiento inicial de simple comparecencia en calidad de testigo, para reconducirla hacia un verdadero demandado, en obligación de ampliación de la demanda, con nueva cita para con la persona física Sr. Horacio , pero del que no consta una exigencia efectiva, directa, expresa y contundente de petición de responsabilidad solidaria para no directamente con las consecuencias extintivas propias de la calidad de empresario ( art. 50 del ET ), sino al menos de las indemnizatorias correspondientes tanto a los daños morales como a los perjuicios económicos.

En dicho sentido no puede esta Sala ex novo y tras una libre absolución en la instancia, convertir el procedimiento en uno propio de tutela de derechos fundamentales, y en atención a unas alegaciones genéricas de la demandante, una ampliación de la demanda, cuya búsqueda objetiva explayada lo es el de evitar futuras suspensiones para con la prueba añadida del conocimiento a título personal de la persona física Sr. Horacio , reconvertir ahora el planteamiento, que sin congruencia procesal, permita con la contextualización del concepto de solidaridad en el ámbito de la afectación y discriminación, y solamente reconduciría en atención a las conductas y comportamientos de la persona física que reconoce directa o indirectamente sus alegaciones e incumplimientos, encontrándonos en una fase impugnatoria suplicatoria que esgrimiría una condena de conclusión completa y procesal que las partes no han propuesto en la instancia en fundamento de una petición mas allá de la evitación de suspensiones del procedimiento, pues expresamente no especifica la delimitación de la exigencia de la responsabilidad solidaria para con los titulares de las relaciones jurídicas, no meramente laborales como empresario y trabajador, sino también como discriminador y víctima.

En ese sentido, no puede quedar ejercitada una verdadera acción de búsqueda de responsabilidad solidaria para con la indemnización de daños y perjuicios moral y/o material económica, lo cual impide, para evitar una indefensión o falta de tutela judicial efectiva, aunar la realidad de una modalidad de tutela judicial efectiva bajo el parámetro procesal global y de fondo en el que, como es de recibo tras la reforma existente por Ley 36/2011 (LA LEY 19110/2011), permite a este órgano jurisdiccional ser competente ( art. 2.b) sino también el art. 177.4 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) que hipotéticamente advertiría de una corresponsabilidad solidaria para con el discriminador y/o acosador en el supuesto genérico, que en el de autos no se produce al faltar la exigencia de una petición expresa, en tiempo y forma, de tal responsabilidad solidaria.

Por lo manifestado procederá la denegación de la infracción jurídica denunciada.

SEXTO.- Por todo lo manifestado procede la estimación parcial del Recurso de Suplicación de la trabajadora recurrente con condena expresa a la empresarial recurrida, no solo de la extinción propia del art. 50 del ET (61.616,01 euros), sino también la indemnización de daños y perjuicios morales que elevamos a 50.000 euros (no solo los 40.000 aceptados), además de la indemnización de daños y perjuicios por gastos médicos de 1.540 euros, primas de objetivos por 2.000 euros y la de la matrícula de formación de la asignatura por 422,10 euros, con los intereses legales civiles del art. 1101 y ss. del CC (LA LEY 1/1889) , con absolución expresa de la persona física Sr. Horacio .

Como quiera que la trabajadora recurrente no solo ve estimado parcialmente su Recurso de Suplicación sino que goza del beneficio de justicia gratuita, en atención al art. 235.1 de la LRJS (LA LEY 19110/2011) no habrá condena en costas.