Ana Barreira, Directora y fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
Con motivo de la celebración en Madrid de Cumbre del Clima del 2 al 13 de diciembre, entrevistamos a Ana Barreira, directora y fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), una organización sin ánimo de lucro que trabajaba en la defensa del planeta con las herramientas del derecho desde hace más de 20 años en España. Es la única organización de este tipo que existe en nuestro país, declarada de utilidad pública en 2001 y acreditada ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (ONU), como tal, ha estado presente en la mayoría de las Cumbres del Clima de los últimos años. Barreira, las pioneras en el campo del derecho medio ambiental en España en el que lleva trabajando desde principios de los años 90, advierte sobre la necesidad y la urgencia de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España.
Respecto a la Cumbre del Clima:
¿Cuál es la utilidad de estas cumbres? ¿Los Estados participantes llegan a verdaderos compromisos o se quedan sólo en mera declaración de intenciones?
Primero hay que aclarar que, aunque se esté usando de forma informal el término cumbre, una COP es una Conferencia de las Partes. Las Partes, en este caso, son los Estados firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (LA LEY 412/1994) de 1992 y las COP son órganos de decisión y revisión de la aplicación de los compromisos adquiridos en relación con la Convención. Se han celebrado 24 Conferencias de las Partes de la Convención desde 1995 para lograr consensos y establecer compromisos como el Protocolo de Kioto (LA LEY 224/2005) (en la COP 3) y el Acuerdo de Paris (en la COP 21) para luchar contra el cambio climático y los retos que plantea. Por tanto, aunque ha habido algunas reuniones de perfil más técnico, en muchas de estas COP sí se ha llegado a compromisos de suma importancia. Lo fundamental es que luego los países adopten tanto legislación como políticas para alcanzar los objetivos y compromisos adoptados por las COPs.
«Es necesario que haya flujos financieros para ayudar a los países en desarrollo, no se puede seguir el mismo modelo de desarrollo que ha originado la emergencia climática»
¿Cómo se compatibiliza el desarrollo industrial en los países en vías de desarrollo con la conciencia medioambiental?
Hay que partir de la base que existe una interdependencia ecológica del Planeta. Por tanto, las emisiones en un país afectan a todo el planeta. La Convención de Cambio Climático introdujo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por eso, bajo el Protocolo de Kioto (LA LEY 224/2005), cuya vigencia finaliza en 2020, solo los países desarrollados tenían obligaciones de mitigación. Pero han pasado casi 30 años desde la firma de esa Convención y, ahora, son otros países los principales emisores de gases efecto invernadero. Por ello, ahora bajo el Acuerdo de París todos los países deben contribuir a la reducción de esos gases en función de sus circunstancias. Pero, para ello el propio Acuerdo de París requiere que haya flujos financieros para ayudar a los países en desarrollo, pues no se puede seguir el mismo modelo de desarrollo que ha originado la emergencia climática. Hoy existe tecnología que permite evitar cometer los mismos errores. En consecuencia, no se debe realizar una transferencia de tecnología obsoleta. Dado que muchos países en desarrollo son los que se ven más afectados por el cambio climático, como los pequeños estados insulares, tienen una conciencia posiblemente más alta que en algunos países desarrollados. Debo decir que el Derecho Internacional es clave en esto.
¿Figuras como Greta Thunberg son un ejemplo para la sociedad, y en particular para los más jóvenes, o se corre el riesgo de que llevar al extremo una conciencia medioambiental pueda ser contraproducente u objeto de burla?
Todo lo que ayude a difundir la importancia del reto al que nos enfrentamos es positivo. Lo que es fundamental es que se preste especial atención al consenso científico que existe desde hace años. El cambio climático es un hecho, no es cuestionable. Los últimos informes del IPCC, el Panel de la ONU que reúne a los mayores expertos en cambio climático del planeta, son demoledores: tenemos cada vez menos tiempo para tomar medidas para mitigar los impactos.
Conciencia medioambiental en España:
¿Cuáles deberían ser las prioridades legislativas en España en materia de Medio Ambiente? ¿En qué estado se encuentra la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética?
La prioridad es tener un marco estable de cambio climático y transición energética, comenzando con una Ley l estatal, que se anunció en 2015 pero que aún no tenemos. El Gobierno actual en funciones presentó el Marco Estratégico de Energía y Clima en febrero de 2019. De los tres documentos presentados, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) debería aprobarse a finales de año, y los otros dos, la Estrategia de Transición Justa y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la cual se han elaborado ya tres versiones de anteproyectodeben ser una de las prioridades en cuanto se forme Gobierno. Los documentos presentados en febrero eran positivos, pero teniendo en cuenta la nueva presidencia de la UE con su compromiso de aumentar el nivel de ambición, tanto el PNIEC como la Ley deberá ser más ambiciosos.
«El espacio de los combustibles fósiles debe sustituirse por energías renovables de forma progresiva»
¿Cómo valora los datos publicados por el INE según los cuales las emisiones de gases de efecto invernadero en España disminuyeron un 2,3% en 2018 con respecto al año anterior?
Son datos complejos a la hora de ser interpretados y no se pueden sacar conclusiones precipitadas. No obstante, sabemos que hay cierta relación en el último año entre la reducción de GEI y la reducción de la contribución de las centrales de carbón en la generación de energía. En IIDMA llevamos trabajando desde 2013 en esta materia con el objetivo a medio plazo de lograr el cierre ordenado y progresivo de todas las centrales de carbón, mediante informes, análisis, y litigando para que fuera una prioridad. Y, poco a poco, se está logrando avanzar hacia este objetivo. Esta energía es una de las más contaminantes, y en el año 2018 y 2019 la producción con este tipo de energía dentro del mix energético español ha descendido significativamente. La prioridad es que el espacio de los combustibles fósiles sea sustituido por energías renovables de forma progresiva.
España ha sido uno de los países a la cabeza en incumplimientos del derecho ambiental de la UE
El pasado mes de julio la Comisión Europea demandó a España ante el TJUE por su incumplimiento sistemático de los valores de dióxido de nitrógeno (NO2) de la Directiva sobre calidad del aire en Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. ¿Qué posición ocupa España respecto al resto de los países de la Unión Europea en cuanto a la comisión de infracciones ambientales?
España ha sido uno de los países a la cabeza en incumplimientos del derecho ambiental de la UE. Hay que tener en cuenta la distribución competencial que prevé nuestra Constitución en materia ambiental y muchos casos de incumplimiento se han producido por incumplimientos de comunidades autónomas y/o de municipios. Pero también, en muchos casos, se debía a la falta de transposición o transposición tardía de las Directivas en esta materia. Es fundamental que los tres niveles de administración respeten el derecho ambiental de la UE pues está estrechamente vinculado con el estado del medio ambiente, incluyendo la salud tanto de nuestro sistema climático como de las personas. Todo esto refleja que hasta hace muy poco, el derecho ambiental no ha sido considerado como un área fundamental de nuestro estado de derecho. En IIDMA estamos viendo cambios importantes al respecto en el último año después de más de 20 años de trayectoria.
¿Qué opina de la imposición de medidas de restricción de la circulación de vehículos diésel en grandes ciudades para reducir la contaminación? ¿Son realmente efectivas? ¿Qué otras medidas deberían implantarse para mejorar la calidad del aire en las ciudades?
Es necesario introducir una batería de medidas. La restricción de circulación de vehículos diésel desde luego que ayuda, y al mismo tiempo se debe fomentar el transporte público basado en combustibles no fósiles además de modificar las pautas de movilidad de la población. La introducción de zonas bajas de emisiones está prevista en la Directiva de Calidad del Aire para aquellos casos en los que se superen concentraciones de contaminantes como el NOx, el SO2 o las partículas, lo que implica limitar la presencia de vehículos diésel en algunas zonas de las ciudades. Hay datos que avalan que cuando se restringe la circulación de estos vehículos disminuyen las concentraciones de NOx.
«En cuanto a las empresas urge que haya un cambio real que vaya más allá de un simple reclamo publicitario».
¿Cree que las empresas han asumido su papel en la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo valora las iniciativas de exigencia de transparencia empresarial en cuanto a riesgos climáticos se refiere?
Creo que las empresas están más concienciadas, pero con la conciencia no es suficiente. De hecho, hay empresas que se declaraban comprometidas con el medio ambiente pero luego sus acciones no iban a la par. Por ello, la Ley 11/2018 que obliga reportar los riesgos climáticos es fundamental. Pero la divulgación de riesgos financieros, como exige esta norma, no solo se refiere a la actividad de la propia empresa sino también de la de sus proveedores. Por ejemplo, aquellas empresas del sector financiero deben incluir los riesgos de transición y los riesgos físicos causados por aquellos a los que otorgan créditos. Desde luego que las iniciativas de la UE van a ayudar a esto, pero urge que haya un cambio real que vaya más allá de un simple reclamo publicitario.
Sobre el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
«El planeta está afrontando una situación de crisis climática»
¿Con qué propósitos se fundó IIDMA? ¿Cuál es el balance de estos más de 20 años de actividad?
IIDMA es un centro o despacho de derecho ambiental sin fines de lucro, el único de este tipo que existe en España. Trabajamos con las herramientas del estado de derecho para proteger el planeta, mediante la creación de las condiciones legales y jurídicas para que se protejan y restauren en la medida de lo posible tanto el medio ambiente como los recursos naturales. El derecho es una de las herramientas más efectivas para responder a los retos medioambientales y el desarrollo de políticas eficientes.
Existen ya muchas normas internacionales y nacionales para la protección del medio ambiente, ¿cuál es el problema? Que en general no se aplican, o se aplican de forma incorrecta. IIDMA hace hincapié en la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa vigente y trabaja para que las nuevas normas sean cada vez más ambiciosas.
Como organización, nuestro objetivo a corto y medio plazo es crecer en número de proyectos y ampliar las áreas en las que trabajamos. Siempre es difícil encontrar financiación para proyectos en el área medioambiental. Por la situación de crisis climática que afronta el planeta, nuestro trabajo es especialmente necesario en este momento y, por ello, tratamos de ampliar las áreas de trabajo y maximizar los recursos que tenemos para poder causar un impacto positivo en nuestro planeta. Cada vez tenemos menos tiempo para frenar las consecuencias del cambio climático, cada acción cuenta.
¿En qué consiste el proyecto que están llevando a cabo dentro del Programa Life + de la Comisión Europea?
Se trata del proyecto A2J, Access to Justice, que se lleva a cabo en varios países de la UE (Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría y Polonia) con el objetivo de promover la correcta aplicación y ejecución del Derecho ambiental de la Unión Europea a través del acceso efectivo a la justicia como exige el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio de la democracia ambiental, mediante la formación y difusión de información.
IIDMA lleva trabajando más de un año en este proyecto y somos los coordinadores en España, organizando jornadas de trabajo y formación, y creando y difundiendo materiales de formación e información que están publicados en nuestra web. En enero de 2020 realizaremos una nueva jornada de formación sobre Acceso a Justicia en materia medioambiental con juristas en Madrid en colaboración con el ICAM.
No obstante, IIDMA lleva trabajando en el Convenio de Aarhus desde 1998 cuando se firmó habiendo impulsado previamente muchas iniciativas para lograr sus objetivos en nuestro país.
¿Qué proyectos tienen con Fundaciones como la European Climate Foundation?
ECF es fundación europea creada en 2008 para fomentar el desarrollo de una sociedad europea más sostenible y descarbonizada, y afianzar el liderazgo climático de la UE. Colaboramos con ellos desde hace varios años, en especial en las áreas de cambio climático y transición energética, con el objetivo de cumplir objetivos de reducción de emisiones y luchar contra el cambio climático con las herramientas del derecho.
¿En qué consiste su participación en el grupo de expertos para un Pacto Mundial por el Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)?
Desde su fundación en 1996, en IIDMA trabajamos en colaboración con otras organizaciones y redes europeas o internacionales, lo que incluye la participación en grupos de trabajo como el grupo de expertos para un Pacto para el Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). IIDMA es una organización acreditada ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, antes Consejo de Administración del PNUMA, desde 1998 y hemos participado como especialistas y observadores en diferentes conferencias y cumbres globales. En el caso de las negociaciones para el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, participamos en las tres reuniones del grupo de expertos para impulsar que se negociara dicho Pacto.
¿En qué punto está el Pacto para el Medio Ambiente tras la reunión internacional en Nairobi el pasado mes de mayo?
Tras tres reuniones en Nairobi, finalmente el grupo de expertos formuló unas recomendaciones que fueron elevadas a la Asamblea General por la co-presidencia formada tanto por el embajador portugués como la embajadora portuguesa ante las Naciones Unidas. Ante el rechazo de muchos países a un Pacto Mundial por el Medio Ambiente, la Asamblea General en agosto de 2019 acordó enviar tanto a los organismos de las Naciones Unidas como a los países una serie de recomendaciones para hacer frente a la fragmentación del derecho internacional del medio ambiente y consolidarlo junto con elevar esas conclusiones a la quinta Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente para que prepare una declaración política de alto nivel a adoptar durante la celebración del quincuagésimo aniversario de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, proceso conocido como Estocolmo +50.
«El trabajo que ha desarrollado IIDMA en los últimos años está en estrecha relación con el cumplimiento de varios de los ODS establecidos por las Nacionales Unidas»
Objetivos para el desarrollo
¿Qué opina de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas?
La Agenda 2030 tiene gran importancia en cuanto a que establece objetivos comunes que marcan las prioridades a la hora de desarrollar estrategias de desarrollo sostenible. Aunque no son vinculantes muchos de ellos, en particular los relacionados con el medio ambiente, están ligados al cumplimiento tanto de los acuerdos multilaterales de medio ambiente y resto de derecho ambiental. El trabajo que ha desarrollado IIDMA en los últimos años está en estrecha relación con el cumplimiento de varios de los ODS establecidos por las Nacionales Unidas. Por ejemplo, nuestro trabajo realizando informes de impactos a la salud de las emisiones del carbón, o el trabajo que realizamos en el área de calidad del aire en las ciudades está alineado con el OPS de Salud y Bienestar, el número tres, pero también con los ODS 7, de Energía Asequible y No Contaminante, o el 13, Acción por el Clima.
¿Cree que para 2030 se conseguirán estos objetivos? ¿En cuáles de ellos hay que incidir más para su consecución?
Como decíamos antes, los ODS no son jurídicamente vinculantes. Por ello, el papel del derecho es fundamental para que puedan conseguirse. Por ello, es crucial que se apliquen y cumplan los tratados y normativas jurídicamente vinculantes para la protección del medio ambiente, muchos de los cuales están alineados con la consecución de estos objetivos. Actualmente, existe un marco normativo de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, pero es necesario garantizar su aplicación y cumplimiento, y para ellos hace falta más compromiso político y ciudadano. Todos los ODS están estrechamente vinculados y forman parte de un todo integrado por lo que no se debe incidir más en uno u en otro, sino en todos en su conjunto.