Por Ilier Navarro.- Tras cinco meses de trabajo, ya se conocen los detalles de la propuesta que ha elaborado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para solucionar la amenaza que se cierne sobre más de 54.000 abogados mutualistas: una jubilación con pensiones tan precarias que apenas llegan a los 500 euros. Esta problemática, de enorme complejidad, se refiere únicamente a los conocidos como mutualistas alternativos, es decir, aquellos que hace unos años optaron por cotizar en la Mutualidad en exclusiva en vez de en la Tesorería General de la Seguridad Social, un sistema de capitalización individual y no solidario que ahora muestra sus efectos más adversos para los profesionales que enfilan el retiro.
Según los datos facilitados por el ICAM, actualmente hay 65.042 abogados mutualistas alternativos, de un total de 209.168 cotizantes en este sistema. De esos más de 65.000 letrados cotizantes, son 54.827 los que afrontan el escenario más adversos: es en ellos concretamente en quienes se centra esta propuesta. El colegio madrileño ha tomado la iniciativa porque 12.433 mutualistas están colegiados en el ICAM.
La encargada de redactar el informe ha sido la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social María Emilia Casas y se basa en facilitar el acceso de los abogados mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con medidas de apoyo para mejorar su pensión. «Se trata de una solución jurídica a un problema muy complejo y que responde a una necesidad urgente y, además, proporciona herramientas útiles para las negociaciones con los órganos legislativos y ejecutivos».
A partir de ahora se abre una etapa de negociación y consenso no solo con el Consejo General de la Abogacía y otros colegios de toda la geografía española, sino también con los representantes de las distintas formaciones políticas y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ministra Elma Sáiz se mostró abierta a buscar una solución que contemple medidas para distintas franjas de edad y recordó la necesidad de recabar consensos. El decano de la abogacía madrileña, Eugenio Ribón, reiteró que la solución, de carácter voluntario, debe pactarse lo antes posible y se mostró confiado en que haya un acuerdo antes de finales de 2024.
Las 10 claves de la propuesta del ICAM
La propuesta del ICAM pretende ofrecer una alternativa voluntaria a los mutualistas afectados por pensiones insuficientes, más del 26% del total. Todos los detalles de esta solución se plantean para paliar las jubilaciones precarias que afectan a los mutualistas alternativos, no para los que compatibilizan su cotización en la Seguridad Social con otros planes de ahorro para complementar la jubilación pública.
Las líneas maestras de este plan son:
1. Crear un marco regulatorio con dos vías. Actualmente no existe un marco legal que permita la transferencia de cotizaciones de la Mutualidad y al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esto se plasmaría mediante la aprobación de una norma específica o bien a través de la reforma de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015), explicó el decano.
2. Pasarela voluntaria al RETA. Tendrá una duración de seis meses, un periodo en el que los mutualistas alternativos tendrán que informarse en detalle sobre su caso particular porque si pasan a ser autónomos se trata de una decisión irreversible. El ICAM propone que no se impongan limitaciones cronológicas ni criterios económicos para acceder a esta opción. Se trata de una medida extraordinaria, limitada en el tiempo y voluntaria.
3. Transferencia de cotizaciones. El capital cotizado a la Mutualidad será transferido íntegramente a la Tesorería General de la Seguridad Social.
4. Conversión de cotizaciones. Se plantea la posibilidad de una conversión cuantitativa del capital cotizado y una segunda opción, más polémica por el impacto que tendría en términos económicos en la Seguridad Social. La denominan conversión conceptual, que propone reconocer los años cotizados a la Mutualidad y equipararlos como años cotizados en el RETA. El argumento es que muchos mutualistas alternativos no han contado con cobertura en el sistema de sanidad pública, por lo que una cosa compensaría la otra.
5. Tres grupos de mutualistas. El informe plantea medidas específicas para tres grupos diferenciados de mutualistas en función de su edad y de los años cotizados. Para quienes superen los 49 años de edad y que no hayan cumplido el mínimo de 15 años de cotización, se deben aprobar condiciones más flexibles para alcanzar ese período.
6. Ayudas transitorias para transitar al RETA. El objetivo es facilitar la adaptación progresiva de los mutualistas. Entre estas medidas de apoyo, se proponen mantener la base mínima de cotización, incluso “cuotas cero”, y tarifas reducidas para quienes se encuentren en una situación económica precaria.
7. Jubilados. Para los mutualistas pasivos, es decir, que ya se han jubilado con una pensión precaria, se plantea consolidar el programa «Ayudas 65+», de modo que sea un derecho subjetivo pleno. De este modo, se garantiza un complemento económico estable en los casos de percibir una pensión insuficiente.
8. Exenciones fiscales. El informe destaca la necesidad de establecer exenciones fiscales temporales para los mutualistas que decidan capitalizar sus prestaciones privadas de jubilación, sobre todo cuando la longevidad implique necesidades económicas adicionales.
9. Compatibilidad laboral. Asimismo, aboga por una mayor flexibilidad para que los jubilados puedan compatibilizar su pensión con el trabajo autónomo, de manera que puedan seguir trabajando y cotizando sin perder los beneficios acumulados.
10. Consenso y colaboración Institucional. Para lograr una solución para la problemática de las pensiones precarias de los abogados mutualistas alternativos, será necesario abrir canales de comunicación y colaboración entre la Seguridad Social, la Mutualidad, los colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía, de manera que las decisiones se adopten de manera informada y se facilite una buena planificación de la jubilación.