El Consejo pasa a ser paritario en cuanto al color político y ahora recoge diez sillones de perfil conservador y diez de corte progresista. Hasta el momento, el órgano de los jueces mantenía la composición diseñada en el 2013.
En el acuerdo suscrito en Bruselas el día 25 se pacta tramitar por el procedimiento de urgencia la proposición de Ley Orgánica par la reforma de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (LA LEY 2938/1981). Se indica, además, que el CGPJ se renovará conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente.
De los 20 nuevos miembros, que tendrán un mandato de cinco años, doce proceden de la carrera judicial y ocho son juristas de reconocida competencia. Del listado de los 12 vocales que son jueces o magistrados, ocho cuentan con el respaldo de las asociaciones judiciales: tres de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), cinco de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, y ninguno de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda con más asociados.
Estos son los 20 nuevos vocales que integrarán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después del acuerdo alcanzado este martes por el PSOE y por el Partido Popular, y entre los que se encuentran magistrados del Tribunal Supremo, un exconsejero autonómico del PSOE o una letrada del Tribunal Constitucional:
Vocales de procedencia judicial (12 de 20)
ÁNGEL AROZAMENA
Ángel Arozamena (1956), propuesto por el PSOE, es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS desde 2015. Fuera de la Carrera Judicial, fue vocal asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con Felipe González (1986-1990) y de director general de Relaciones con la Administración de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero (2007-2009).
ESTHER ERICE
La magistrada Esther Erice, apadrinada por JJpD, es la primera mujer que preside la Audiencia Provincial de Navarra, donde llegó en 1989, a los tres años de entrar en la carrera judicial y después de ejercer en los juzgados de primera instancia e instrucción de Azpeitia (Guipúzcoa) y Tafalla (Navarra) e instrucción en Pamplona.
GEMA ESPINOSA
Es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ingresó en la carrera en 1989. Desde 2013 y hasta 2018 fue directora de la Escuela Judicial. Está casada con el magistrado del Tribunal Supremo e instructor del 'procés' Pablo Llarena.
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
José María Fernández Seijo, avalado por JJpD, es magistrado en un juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Su actuación trascendió a los medios en 2013, cuando planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que abrió las puertas a que los jueces españoles pudieran paralizar los desahucios. Llegó a defender públicamente, en unas jornadas que el PSOE organizó en el Congreso, que la Ley Hipotecaria (LA LEY 3/1946) era inconstitucional.
JOSÉ MARÍA PAÉZ
José María Páez, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es desde el año 2009 juez decano de Málaga, un cargo para el que ha sido elegido hasta en cuatro ocasiones consecutivas. El propio Páez instó este mismo mes a renovar el órgano de gobierno aludiendo a la necesidad de "llegar a un acuerdo".
JOSÉ CARLOS ORGA
José Carlos Orga, también miembro de la APM, es magistrado en la Audiencia Provincial de Logroño. Ingresó en la carrera judicial en 1999 y, antes de su actual destino, fue decano de los Juzgados de Logroño. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cervera (Lérida), donde permaneció hasta diciembre de 2002.
JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ MEDIAVILLA
Este magistrado entró en la carrera judicial en 1991 y recaló en el Juzgado de Primera Instancia de Lerma (Burgos). Tras varios destinos, en 2010 llega a la Audiencia Provincial de Cuenca como magistrado y en 2012 es nombrado presidente de la misma.
JOSÉ ANTONIO MONTERO
José Antonio Montero (1958) ingresó en la carrera judicial en 1984 y se ocupaba desde 2009 y hasta la fecha de asuntos relativos al derecho tributario en la Sala Tercera del TS. Antes de su ingreso en el alto tribunal, el magistrado arropado por la APM fue, durante 21 años, juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
ESTHER ROJO
María Pilar Esther Rojo es desde junio de 2019 presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, después de haber sido magistrada de la propia audiencia desde junio de 2018. Perteneciente a la APM, ha sido profesora de derecho procesal penal y ha participado en numerosas actividades de formación, tanto en el ámbito de la Escuela Judicial como en los planes de formación territorializada del CGPJ.
CARLOS PRECIADO
Carlos Preciado, que consta en la lista de candidatos de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y en su día fue propuesto por Unidas Podemos, fue magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y es desde 2023 letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
ALEJANDRO ABASCAL
Alejandro Abascal (1978) es juez de refuerzo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después de haber sido responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 y haber actuado como magistrado de refuerzo durante dos años en el número 6. También avalado por la APM, tiene su plaza en el Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada.
LUCÍA AVILÉS
Magistrada de lo penal de Mataró, es socia fundadora y vocal de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AJME) además de experta en violencia de género.
Vocales del turno de juristas de reconocido prestigio (8 de 20)
JOSÉ LUIS COSTA PILLADO
Es el actual presidente del Consello Consultivo de Galicia, habiendo presidido previamente el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma y decano de los Juzgados de Pontevedra. En 2014 llegó a ser propuesto por el Parlamento gallego como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional.
ARGELIA QUERALT
Es letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Según su perfil de LinkedIn, ha investigado sobre los derechos y libertades fundamentales en Europa y en América Latina, los derechos de participación política, el feminismo jurídico y el constitucionalismo digital.
PILAR JIMÉNEZ
Pilar Jiménez Bados es fiscal superior de Cantabria desde noviembre de 2015 e ingresó en la carrera en 1985. Su primer destino fue la Fiscalía Provincial de Sevilla, hasta diciembre de 1988, cuando se trasladó a la Fiscalía Provincial de Bilbao. Y ejerció desde 1996 en Santander, donde desempeñó los cargos de fiscal delegada de Violencia de Género, fiscal decana de Menores y teniente fiscal.
LUIS MARTÍN CONTRERAS
Actualmente es letrado de la Administración de Justicia (LAJ) de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Previamente, fue secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional y también estuvo destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal.
INÉS HERREROS
Miembro de la carrera fiscal desde 2004, obtuvo su primer destino en Las Palmas de Gran Canaria. Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y actualmente trabajaba con la ex fiscal general Dolores Delgado en la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
RICARDO BODAS
Es magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, antes fue presidente de esa misma sala ordinaria pero en la Audiencia Nacional. Su carrera arrancó como en la abogacía hasta que ingresó en la carrera judicial en 1990 y fue destinado al Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona. En abril de 1992 tomó posesión como titular del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid, en el que permaneció 17 años.
BERNARDO FERNÁNDEZ
Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias (2006-2018) ocupó a lo largo de su carrera política vinculada al PSOE diferentes consejerías en el gobierno asturiano en los 80 y 90 llegando a ser vicepresidente con la cartera de Interior en 1991 en el gobierno de Juan Luis Rodríguez-Vigil.
ISABEL REVUELTA
Isabel Revuelta, letrada de Cortes, es directora de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado desde marzo de 2024. Antes pasó por el Congreso, donde fue autora de un informe sobre la ley de amnistía al 'procés' que veía dudas de constitucionalidad en la norma, y fue secretaria general técnica en el Ministerio de Defensa con Federico Trillo (PP).