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PRIMERO.- Norberto presenta demanda contra Iberdrola Generación SAU, Iberdrola Clientes SAU e Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, interesando se reponga su contrato de suministro de enérgica eléctrica a las condiciones contractuales pactadas, reclamando la cantidad de 5.886,89 euros, cantidad cobrada en exceso, tanto por cambio de tarifa de baja tensión a alta tensión, como por errores en el registro de medición del consumo, con los intereses legales del artículo 96.2 del RD 1955/2000 (LA LEY 3622/2000), liquidados en 401,31 euros, más los que se devenguen hasta la resolución definitiva del proceso y la cantidad de 2128,76 euros en concepto de daños y perjuicios con sus intereses moratorios.

Iberdrola Generación SAU e Iberdrola Clientes SAU contestaron a la demanda conjuntamente y tras plantear las excepciones de cosa juzgada material, falta de legitimación pasiva de Iberdrola Generación SAU; falta de acción y prescripción de la acción, se opusieron a las pretensiones deducidas de contrario, porque no concurría incumplimiento contractual ni errores en los registros.

Iberdrola Distribución Eléctrica SAU contestó a la demanda oponiéndose a la misma con la alegación previa de concurrir la cosa juzgada material; falta de legitimación pasiva; falta de acción y prescripción de la acción.

La sentencia del Juzgado Primera Instancia rechaza la cosa juzgada material, la falta de acción, la falta de legitimación de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU y estima la falta de legitimación de Iberdrola Generación SAU y rechaza la prescripción de la acción. No otorga el importe de cambio de tarifa por responder a una norma administrativa el cambio de baja a alta tensión; si estima que los registros operados desde el año 2014 a 2018 son incorrectos y no debidos, condenado a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU e Iberdrola Clientes SAU a abonar al actor la cantidad de 4.524,39 euros con los intereses legales del artículo 1100 (LA LEY 1/1889) y 1108 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y desestima la pretensión de daños y perjuicios por gastos en la cantidad de 2128,76 euros, sin pronunciamiento en costas por ser una estimación parcial, imponiendo al actor las costas de la entidad demandada Iberdrola Generación SAU.

La parte demandante interpone recurso de apelación sustentado, en esencia y síntesis, en los siguientes motivos que ahora meramente se enuncian; 1º) Error de la Juzgadora al acoger la excepción de falta de legitimación pasiva de Iberdrola Generación SAU; 2º) Error del Juzgador al no otorgar el importe por cambio de tarifa de baja a alta tensión; 3º) Improcedencia de los intereses fijados en la sentencia al ser los del artículo 96 del RD 1955/2000 (LA LEY 3622/2000) y 4º) Imposición de las costas a la demandada, interesando la revocación de la sentencia para que se estime la demanda con costas a las demandadas.

Iberdrola Distribución Eléctrica SAU se opone al recurso de apelación y, además, formula impugnación y reitera la procedencia de las excepciones formuladas al ser resueltas con error de derecho, sobre la cosa juzgada por reclamación administrativa; falta de legitimación pasiva de Iberdrola Distribución Eléctrica; falta de acción y prescripción de la acción y error de valoración de la prueba por no acreditarse el supuesto error de medición en el contador y las cantidades resultantes, interesando la modificación de la sentencia para que se desestimen las pretensiones de la actora.

Iberdrola Generación SAU e Iberdrola Clientes SA se opone al recurso de apelación e impugna la sentencia por la procedencia de las excepciones formuladas por ser resueltas con error de derecho, de cosa juzgada por reclamación administrativa; falta de acción y prescripción de la acción y error de valoración de la prueba por no acreditarse el supuesto error de medición en el contador y las cantidades resultantes, interesando la modificación de la sentencia para que se desestimen las pretensiones del actor.

La parte demandante formuló oposición a las impugnaciones de las demandadas apeladas.

SEGUNDO.- Dada la reproducción para esta alzada de las cuestiones deducidas bajo la nominación de excepciones por las demandadas, el Tribunal va a delimitar su tratamiento iniciando la revisión por las que son desestimadas por la sentencia del Juzgado Primera Instancia y que se reproducen en las impugnaciones.

Alegan las demandadas - impugnantes su concurrencia por mor del artículo 98 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre (LA LEY 3622/2000) que aprueba el Reglamento de Transportes, Distribución y Suministro y Procedimiento de Autorización de Energía Eléctrica por haber resuelto la Administración que tiene la competencia técnica en la materia, por vía de resolución administrativa firme, ajustarse a norma administrativa el cambio de tarifa.

El motivo debe ser rechazado y confirmarse su desestimación por laJuez de Instancia.

En primer lugar, es necesario advertir que esta excepción de cosa juzgada fue tratada y resuelta ex artículo 421 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) en el acto de la audiencia previa por resolución en tal sesión de la Juez (vista la grabación de dicha sesión judicial) y las partes demandadas no interpusieron recurso de reposición, por lo que se aquietaron a tal decisión, conducta procesal que les veda ahora en la alzada volver a su planteamiento por ser una cuestión resuelta en firme.

En todo caso y aun siendo dicha cuestión de orden público y revisable de oficio, la Sala comparte plenamente los razonamientos de la sentencia del Juzgado Primera Instancia con el apoyo de la doctrina expuesta que se da por reproducida y efectivamente, la posición moderna del Tribunal Supremo (véase la sentencia de 5-5-2016 (LA LEY 43302/2016)) fija que las resoluciones administrativas no tienen eficacia de cosa juzgada en un litigio civil ex artículo 222 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000). Con carácter general, su trascendencia se limita a que el relato de hechos que se contiene la sentencia de aquella jurisdicción a pueda ser ponderado junto al resto de las pruebas practicadas en el proceso.

Expone dicha sentencia;

"En línea con lo declarado por las sentencias de esta la Sala 23/2012, de 26 de enero , y 532/2013, de 19 septiembre (LA LEY 146834/2013), puede afirmarse que el art. 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) se refiere a sentencias firmes dictadas por órganos de la jurisdicción civil cuando se trata de definir relaciones jurídicas de tal carácter, por lo que difícilmente puede atribuirse efectos de cosa juzgada, siquiera como prejudicial, a lo decidido por otras jurisdicciones, y menos aún por los órganos administrativos."

No resulta de aplicación, al caso, el artículo 222 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), pues aparte de que no concurre sentencia previa, la causa de pedir en este proceso civil radica en el incumplimiento de un contrato de suministro de energía eléctrica por parte de las demandadas, lo que no tiene acomodo en la sede administrativa y la resolución en su día dictada por la Conselleria de Economía Sostenible de fecha 27-10-2017 lo que resuelve es el ajuste tarifario a una situación concreta que resulta cuestión completamente distinta al cumplimiento regular del contrato suscrito entre quienes son litigantes en este proceso.

2.2Falta de acción por irretroactividad de la revisión.

Se alegan por las impugnantes que el actor carece de acción por el error de medición y la cantidad solicitada de 4.524,39 euros, por el artículo 96 del citado RD 1955/2000 de 1 de diciembre (LA LEY 3622/2000), al deber limitarse a las producidas en el último año y se indica jurisprudencia del Tribunal Supremo Sala Contencioso Administrativo de 16-4-2004 y otras sentencias.

Debe rechazarse el motivo y ratificarse la desestimación.

Sustentada la reclamación en un contrato de suministro de energía eléctrica e imputándose que la entidad suministradora ha incumplido el mismo por efectuar una medición errónea por exceso (superior a la real), ostenta el Sr. Norberto, consumidor eléctrico y parte contratante en tal arriendo de servicios, ex artículo 1257 del Código Civil (LA LEY 1/1889), acción para reclamar el cobro de lo indebido por aquella causa, no siendo de pertinente aplicación el precepto indicado por las impugnantes que refiere a una situación diferente cual son los errores de registro por inferiores al real y el tiempo y forma que Iberdrola puede recuperar el precio ajustado al consumo real.

Se defiende por las impugnantes la aplicación del artículo 1967 (LA LEY 1/1889)-4º del Código Civil y por ende el plazo de tres años para reclamar los importes deducidos con la demanda.

El motivo debe correr igual suerte que los precedentes.

Resulta evidente que no estamos ante ese supuesto y además el mentado precepto sustantivo no puede interpretarse de forma amplia o extensiva, dado el carácter restrictivo de la prescripción, pues la acción reglada en tal precepto no es pertinente para la acción del consumidor eléctrico de reclamación por los pagos indebidos, razón por la cual el plazo de ejercicio de la acción dado no estar signado expresamente en la regulación sustantiva, es el general que aun tomando la aplicación de la nueva redacción del artículo 1964 de 5 años, el mismo no ha transcurrido, más teniendo en cuenta las continuas reclamaciones desde el año 2015 que el Sr Norberto ha efectuado a Iberdrola, tal como resalta la sentencia del Juzgado Primera Instancia.

2.4Falta de legitimación pasiva de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.

Sustenta la impugnante este tema en que como distribuidora carece de competencia para la comercialización de energía eléctrica y no ha percibido los importes de las facturas reclamadas por el demandante, no concurriendo solidaridad legal.

La Sala al igual que las excepciones precedentes rechaza el motivo y ratifica las razones de su desestimación expuestas por la sentencia recurrida.

No resulta atendible ni amparable que el consumidor como lo es el demandante, conozca todo el entresijo y entramado dentro del Grupo empresarial de Iberdrola, con la línea de actuación de cada una de las sociedades que conforman dicho Grupo, sobre distribución, explotación y comercialización de la energía eléctrica, más cuando en las reclamaciones previas se hace mención al Sr. Norberto de la intervención de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU (incluso en el propio contrato), por lo que no puede ahora en este proceso carecer de cualquier titularidad en la relación material objeto de litigio, ( artículo 10 Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)) pues es la misma entidad la que genera confusión en su intervención y comunicación con los clientes, (así véase eldocumento expresivo de lala relación contractual y en la correspondencia habida por lasreclamacionesdel demandante que constan en autos, las constantes menciones a Iberdrola; Grupo Iberdrola; Iberdrola Distribución Eléctrica, etc), amparándose en el prolijo tramado societario del propio Grupo que en modo alguno puede perjudicar al consumidor y aceptamos íntegramente el razonamiento de la Juzgadora en el último párrafo del FD Primerode la sentencia, suficiente y sobrado para no estimar la petición de la impugnante.

TERCERO.- .-La parte demandante-apelante en su primer motivo de recurso de apelación ataca la apreciación y estimación de la falta de legitimación pasiva de Iberdrola Generación SAU por la sentencia del Juzgado Primera Instancia, invocando el error en su apreciación.

El motivo debe ser estimado.

De entrada, el mismo razonamiento que contiene la sentencia en el último párrafo de su FD Primeropara rechazar la falta de legitimación pasiva de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, es completamente extrapolable y aplicable - directamente- para el rechazo de falta de legitimación de la demandada Iberdrola Generación SAU.

Pero es que, además, sustentada la acción en una responsabilidad contractual, precisamente, Iberdrola Generación SAU es quien interviene, concierta y suscribe el contrato de suministro eléctrico con el Sr. Norberto, por lo que interviniendo en la relación contractual que es objeto de litigio, con fundamento en el principio de relatividad de los contratos, reglado en el artículo 1257 del Código Civil (LA LEY 1/1889), no puede apreciarse que dicha entidad no sea parte en la relación material objeto de este pleito.

El apoyo instrumental de la Juez en sentencia (FD Primero) en la carta 31-5-2016 para sustento de su decisión, resulta, efectivamente, errónea. En dicha misiva, visto su contenido, lo que el Sr. Norberto pone de manifiesto es, precisamente, el laberinto de sociedades ante las que se encuentra en el rosario de reclamaciones que efectuó por los registros excesivos y lo que dice es que le remiten en unas reclamaciones a formularlas a Iberdrola Clientes. De ello, en modo alguno puede derivarse que el actor conocía perfectamente la sustitución subjetiva en su contrato de la entidad con quienlo concertó, más cuando no consta que hubiese una comunicación expresa y fehaciente de que la entidad con la que había contratado el suministro de energía eléctrica. Iberdrola Generación SAU pasaba a ser otra, Iberdrola Clientes.

En consecuencia, este primer motivo debe ser estimado y revocarse el fallo de la sentencia en cuanto sustenta la desestimación de la demanda de Iberdrola Generación por su falta de legitimación.

Visto elcontenido del contrato suscrito entre litigantes en fecha de 23-3-2011, resaltamos de su contenido ser de Tipo Normal,con la aplicación de una determinada tarifa 2.0, potencia contratada 3450 wy está admitido que, en octubre de 2014, Iberdrola cambió a alta tensión y aplicó la tarifa 3-1 propia de esta. El contrato era por doce meses, prorrogable por cada año sino concurría aviso en contrario.

Las demandadas en su impugnación alegan el error de valoración de la prueba, al imputar adicho informe pericial, sustentarse en meras conjeturas, ser insuficiente, parcial y falto de rigor e invocan y se apoyan en el dictamen por ellas aportado elaborado por el perito Ingeniero Sr. Mauricio.

La Juzgadora como claramente motiva y expone en la sentencia ha tenido en cuenta el dictamen del Ingeniero Mauricio, como también el del Ingeniero Julián y por mor de la facultad del artículo 348 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), ha otorgado mayor credibilidad al perito del actor y el Tribunal comparte tal juicio crítico, cauce legal para valorar dichas pruebas técnicas.

La Sala no acepta los argumentos de la parte impugnante para desvirtuar el valor de dicha pericial de la parte actora y debe responder:

a) Que el dictamen sea de parte, no excluye ni elimina su valor, pues la propia Ley Enjuiciamiento Civil (artículo 335-1) admite como medio de prueba los Periciales de parte (es más debe ser la norma general) y se valoran, tanto los de parte como los de designación judicial, por igual norma la del artículo 348 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), siendo paradójico que se denuncia tal motivo cuando el dictamen pericial aportado por las demandadas es igualmente un dictamen pericial encargado por aquéllas y, además, como reconoció su autor ya con anterioridad había emitido informes a instancia de Iberdrola.

b) El dictamen del ingeniero Julián, precisamente, reporta una claridad meridiana sobre el exceso registrado y la triplicación del consumo real, no solo por su nítida explicación, sino además por su clara ilustración y los anexos que incorpora, lo que carece el dictamen del ingeniero Mauricio que además conforme el mismo expone no era ese el objeto de su encomienda, sino si la tarifa de alta tensión era adecuada a las circunstancias del suministro de la vivienda del Sr. Norberto.

c) No ha habido aportación de documentos por el perito Julián en el acto del juicio sino exhibición del original de una fotografía que ya estaba incorporada al dictamen aportado vía lexnet para una mejor visualización.

d) El perito Julián basó sus cálculos en la propia facturación que le aportó el demandante y si la misma no era correcta resulta obvio que las demandadas disponen de las facturas para contrarrestar sus afirmaciones y tampoco el dictamen de Mauricio basa ni refiere ni analiza la facturación, sino que se limita a criticar el dictamen de la parte contraria.

e) El perito Julián no sólo inspeccionó la vivienda del Sr. Norberto por dos veces sino también observó con detención los componentes eléctricos como muestra su informe, advirtiendo de la colocación de un contador trifásico y una limitación de potencia; datos, en cambio, no tenidos en cuenta en el dictamen del Sr. Mauricio.

La propia Iberdrola en oficio remitido al Juzgado Primera Instancia advera la colocación del contador trifásico, por el cambio de tarifa a alta tensión desde octubre de 2014 hasta junio de 2018.

f) Resulta clara y rotunda la conclusión del perito Julián que al Sr Norberto en el tiempo referido se le aplicó una tarifación incrementada en un 300 a 400 %, comparada con la anterior a la colocación del trifásico y con la posterior a que Iberdrola cambió dicho contador. La afirmación del perito Mauricio de que el consumo era igual en tiempo de tal colocación de dicho contador y el posterior a su retirada dando por ejemplo el de 25/9/2017 al 25/10 /2017 (época de registro del trifásico) con los posteriores, quedó desvirtuada con la explicación en el acto del juicio del perito Julián, refrendada con la observación de la facturación, pues si bien son cantidades similares, se están midiendo tiempos desiguales, porque la factura tomada , en primer lugar, regla el consumo de un mes mientras que la posterior es de tres meses. Por consiguiente, con clara adveración de la conclusión afirmada por el perito Julián.

g) La afirmación del perito Sr. Mauricio de su corrección por la comparativa con otro vecino, un ciudadano inglés (Sr. Diego) para amparar la corrección de la facturación, resulta inatendible no solo porque Iberdrola para justificar el consumo del mentado vecino aporta una certificación ad hoc y ex - profeso para el proceso y no las facturas de consumo de aquel, sino además por no constar las circunstancias de residencia, instalación y aparatos que dispone el mentado vecino inglés fueran las mismas que las del actor.

Procede, en consecuencia, por la propia valoración de la Juez, añadido lo acabado de exponer, ratificar igual conclusión que la Juzgadora de concurrir una aplicación incorrecta por exceso en la facturación girada al Sr. Norberto no ajustada al contrato suscrito y por ende ratificar la decisión de del Juzgado Primera Instancia.

Colofón a este fundamento es la desestimación de la impugnación y confirmar la condena fijada en la sentencia, ampliada a la demandada Iberdrola Generación SAU.

La sentencia del Juzgado Primera Instancia en el final de su último párrafo del FD QUINTO aplica sin mayor motivación el artículo 1101 (LA LEY 1/1889) y 1108 del Código Civil (LA LEY 1/1889) desde la reclamación judicial.

Dice el artículo 96.2 del RD 1955/2000 (LA LEY 3622/2000); "Sin perjuicio de lo establecido reglamentariamente para los consumidores cualificados u otros sujetos cualificados, si hubiesen abonado cantidades en exceso, la devolución se producirá en la primera facturación siguiente, sin que pueda producirse fraccionamiento de los importes a devolver, ni el período de rectificación supere un año. En este caso, se aplicará a las cantidades adelantadas el interés legal del dinero."

Se aportaban para su justificación los documentos conla demanda, consistentes en unas facturas emitidas por un bufete de Abogados y por una empresa de Servicios Energéticos, MAINAR CONSULTING.

Respecto a las facturas de MAINAR CONSULTING son emitidas en octubre de 2018 y sus conceptos son por reunión con el Sr. Norberto, visitas a vivienda e instalaciones y asesoramiento en el recurso administrativo.

Las tres facturas del despacho de abogados refieren a asesoramiento jurídico (dos de ellas con relación a la vía administrativa) y la otra por asesoramiento no judicial.

Aceptamos el razonamiento primero de la juez pues el gasto de profesionales del derecho y de técnicos para la vía administrativa, debe ser reglado con la normativa reguladora de costas procesales en dicha sede jurisdiccional y no es dable traer al proceso civil aquellos gastos que destinados exprofeso a aquel proceso no han podido ser resarcidos en esa sede jurisdiccional.

El Sr Norberto ya aportó con la demanda el dictamen pericial del Ingeniero Julián que visitó e inspeccionó la vivienda con la labor de comprobaciones en octubre de 2018, que es precisamente la fecha de las facturas aportadas por reuniones, visitas y comprobaciones, por lo que no es dable otro gasto por el mismo concepto incluido ya en el pericial objeto de las costas procesales.

Por ende, se confirma la decisión en tal punto de la Juez de Instancia.

OCTAVO.- En orden a las costas procesales causadas en la instancia, si bien se deja sin efecto la imposición a la demandante de las costas causadas a una de las demandadas, se ratifica para todos los litigantes que cada uno de ellos correrá con las causadas a su instancia y las comunes por mitad conforme al artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) dado que la demanda se estima parcialmente.

No se hace pronunciamiento de las costas causadas por el recurso de apelación de la parte demandante dada su estimación parcial.

A cada parte impugnante se le imponen las costas de su respectiva impugnación dada su total desestimación y todo ello conforme al artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).