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PRIMERO.- Según la regla general en materia probatoria que se contienen en el art. 217 de la LEC (LA LEY 58/2000) es al demandante en los procesos civiles al que corresponde probar los hechos constitutivos de su demanda de los que se desprendan las consecuencias jurídicas que solicita, y al demandado aquellos otros que extingan, impidan o enerven los anteriores, teniendo en cuenta los principios de facilidad y disponibilidad probatoria con arreglo a los cuales y con independencia de cual haya sido la parte que haya introducido un hecho como objeto de debate será la que más próxima se encuentre a un medio de conocimiento de los hechos la que debe aportarla al proceso y en caso contrario correr con la falta de prueba que se pueda producir si terminado el juicio el hecho en cuestión quedara como dudoso.

En primer lugar deba partirse de las premisas sobre las que se tramita este proceso, y es que las partes no dejan de insistir constantemente en su alegaciones acerca de la legislación hipotecaria y las especialidades y garantías que dispensa esta legislación, pero aunque ya se advirtió en la audiencia previa, debe recordarse otra vez que si era esa la discusión que deseaban, este Juzgado carece de competencia objetiva para examinar todas esas cuestiones, ya que existen en este partido judicial Juzgados especializados en la materia y tienen reservada en exclusiva la competencia para tratarlos, por lo que este Tribunal no puede hacer otra cosa que examinarlo desde el punto de vista de un préstamo simple sin especialidades hipotecarias, ni ejecución particular de bienes ni preferencias de ningún tipo.

Sentadas así las cosas nos encontramos ante un préstamo ordinario otorgado a una consumidora que entra en él como fiadora, y en cuanto a esto como en todos los contratos que las empresas conciertan con los consumidores, la carga de la prueba de cómo se comercializó el producto que se vende, y dejar constancia de que se hizo de forma clara y fácilmente entendible por el consumidor corre por cuenta de la empresa, y en este caso por la demandada comparecida se pone en cuestión todo esto, hasta se llegó a dejar deslizar que ella ni tan siquiera estuvo presente en la firma del préstamo si no que lo hicieron otros intervinientes en su representación, y la escritura que se otorgó al efecto así lo hace constar, una de las prestatarias representó a los fiadores, por lo que no ha llegado quedar claro como se informó a estos de las consecuencias y extensión de la fianza que asumían ni las condiciones del préstamo, lo que hace que la fianza así constituida no pueda tenerse por válida.

Por último y en cuanto al resto de demandados, ninguno de ellos contestó a la demanda, resultando que esos sí que estuvieron presentes en el acto de asunción del préstamo, y no pusieron objeción con su conducta procesal ni a la información sobre el tipo de interés pactado ni a las consecuencias del impago.

SEGUNDO.- En cuanto a las costas resulta de aplicación lo previsto en el art. 394 de la LEC. (LA LEY 58/2000)