ÚNICO.- Dispone el artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) que el auto que fije la cantidad que deba abonarse al acreedor, será apelable en un solo efecto, haciendo declaración expresa de la imposición de las costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la citada ley.
El artículo 219.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) (LA LEY 58/2000) abre dos posibilidades al demandante: cuantificar exactamente el importe de la condena o fijar «claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación (en ejecución), de forma que ésta consista en una pura operación aritmética» (dejo de lado la tercera posibilidad de solicitar la cuantificación en proceso independiente, prevista en el artículo 219.3). En el segundo de los casos mencionados ―continúa el art. 219.2 LEC―, «la sentencia de condena [...] fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución». Por consiguiente, y como ha dicho la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre del 2011 (LA LEY 273112/2011), el precepto «permite relegar a la fase de ejecución de sentencia la determinación exacta del importe de la condena», aunque ateniéndose a las bases fijadas.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre del 2014 (LA LEY 273112/2011) prevé las diferentes posibilidades. Conforme a ella, la fijación del importe de los intereses «la realiza el propio tribunal que lleva a cabo la ejecución de la sentencia», aunque «(e)s discutido si la liquidación ha de realizarse o al menos revisarse por el secretario judicial, si ha de despacharse ejecución, junto con el principal de la condena, por la cantidad que justificadamente solicite quien ha obtenido la sentencia favorable y el ejecutado pueda oponer la defectuosa liquidación de los intereses en el trámite de oposición a la ejecución previsto en los artículos 556 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), o si ha de seguirse el procedimiento incidental previsto en los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)». La posibilidad de que el acreedor ejecutante pueda efectuar la liquidación conforme a las bases (operación aritmética) en la demanda ejecutiva, quedando abierta al ejecutado la discusión de la cuantía resultante en el trámite de oposición a la ejecución, ha sido defendida, por ejemplo, por el Aurto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real 10/2005 (LA LEY 14470/2005), de 19 de enero del 2005 (AC 2005\586), precisamente para un supuesto de liquidación de intereses. Sin embargo, semejante solución resulta discutible porque el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) no prevé la pluspetición entre los motivos de oposición en la ejecución de títulos judiciales, por lo que, atendiendo el carácter tasado de dichos motivos, podría concluirse que la alegación de aquél resulta inadmisible. Ciertamente, podría traerse a colación una interpretación extensiva de la jurisprudencia que admite dicho motivo en los casos de ejecución de sentencias matrimoniales sobre la base de que no cabe «tolerar un abuso de derecho, un enriquecimiento torticero incompatible con el mandato del artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) (LOPJ), de superior rango inclusive a las disposiciones sobre oposición a la ejecución contenidas en la LEC» (AAP Castellón, Sección 2.ª, de 18 de enero del 2006). Pero, si se mantienen las dudas, deberá plantearse dentro de la ejecución un incidente contradictorio (arts. 712 y ss. LEC (LA LEY 58/2000)) en el que habrá que justificar la cuantía según las bases con la documentación de que se dispone.
En este caso es una liquidación de beneficios que se establecía en la sentencia de fecha 31 de marzo 2019, en que se condenaba a EQUIFAX IBERIA a la entrega a INFINITUS RENT SA los beneficios obtenidos a raíz de tal suministro de información. Para dilucidar la cantidad que corresponde existen dos informes periciales de parte totalmente opuestos hasta el punto de que las cantidades solicitadas distan entre sí un abismo. Es muy difícil en estos supuestos atender a uno y otro informe pericial, si bien en este caso la demandada pudo haber solicitado una pericial judicial pues se le pide una importante cantidad y no ha facilitado información y documentación que se le requería por la actora, manteniendo en todo caso una actitud obstativa como lo hizo en las medidas cautelares que se acordaron y que tardaron muchísimo tiempo en cumplirse y ello tras numerosísimos requerimientos y advertencias judiciales.
La Ilustre Audiencia Provincial de Ourense en la sentencia núm. 205/2021, de 27.04.2021, rec. 29/2020 (LA LEY 80960/2021), en su F.J.II "... según el Tribunal Supremo ha declarado, en todo caso la función del perito es auxiliar al juez, ilustrándole sobre las circunstancias del caso, siendo la prueba pericial de libre apreciación por el Tribunal, como dispone el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), al señalar que 'el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica'. Esta expresión significa que el tribunal puede valorar libremente dicha prueba, no hallándose vinculado por el contenido y sentido del dictamen, y, a su vez, esto supone que, a la hora de decidir si fundamenta o no su fallo en él, solo tiene como límites las reglas de la sana crítica. En la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2000 se afirma que 'los juzgadores no están obligados a someterse a la prueba pericial y de concurrir varias pueden optar por la que se le presente como más objetiva y ajustada a la realidad del pleito e incluso atender en parte a las diversas periciales concurrentes en aquello que estimen de interés y en relación a las demás pruebas'. La decisión de atender o no, en todo o en parte, a uno o varios dictámenes periciales es algo que corresponde exclusivamente al tribunal de instancia, y sólo puede impugnarse en casación si se infringen las reglas de la sana crítica, entendiendo por tales reglas las más elementales directrices de la lógica humana. ( STS 14-10-2000). Por tanto, y en términos muy generales, el único límite del juzgador sobre la convicción alcanzada de los hechos en base a las pericias será la razonabilidad de esa decisión. Como señala la jurisprudencia 'no existen reglas preestablecidas que rijan el criterio estimativo de la prueba pericial' ( STS 23-10- 2000, entre otras muchas).
En definitiva, es un medio de prueba más, sujeto al principio de libre valoración en relación con el criterio de la 'valoración conjunta de la prueba': puede el juez -sin perjuicio de examinarlo y analizarlo- prescindir o apartarse totalmente del dictamen pericial (sobre todo si ha sido emitido previamente al proceso) razonando el porqué de esa decisión; puede, entre varios, aceptar uno y desechar otros; atender más a los razonamientos que a las conclusiones, a la cualificación técnica del informante, al informe emitido en el proceso bajo los principios de inmediación y contradicción, etc. Reconociendo que es una prueba más, se ha de indagar sobre la idoneidad y calificación del perito para confeccionar el dictamen requerido y sobre su imparcialidad en función de los motivos de abstención o recusación. El TS viene incluso a establecer una prioridad en caso de dictámenes periciales discrepantes, de forma que han de acogerse las conclusiones coincidentes de la mayoría de los peritos; o se sigue el criterio de la mayor categoría profesional o grado de titulación del perito; y con frecuencia, se atiende con preferencia a la fuerza convincente de los informes (complitud, congruencia y fundamentación)."
La reciente STS de 14 de marzo de 2017 (RC 3705/2015 ) (LA LEY 19553/2017)dice:
" A mayor abundamiento debemos recordar que en nuestro sistema procesal viene siendo tradicional sujetar la valoración de prueba pericial a las reglas de la sana crítica ( artículo 348 de la LEC (LA LEY 58/2000)), de donde resulta que no existen reglas preestablecidas y que los Tribunales pueden hacerlo libremente, sin sentirse vinculados por el contenido o el sentido del dictamen, sin olvidar tampoco que la libre valoración pueda ser arbitraria o contraria a las reglas de la lógica o la común experiencia. El juzgador no está obligado, pues, a sujetarse al dictamen pericial y no se permite la impugnación casacional de la valoración realizada a menos que sea contraria en sus conclusiones a la racionalidad y se conculquen las más elementales directrices de la lógica. Por tanto, la prueba pericial es de libre apreciación por el juez, que debe ser apreciada según las reglas de la sana crítica, sin estar obligado a sujetarse a un dictamen determinado. No obstante, a la hora de valorar los dictámenes periciales debe prestarse una atenta consideración a elementos tales como la cualificación profesional o técnica de los peritos, la magnitud cuantitativa, la clase e importancia o dimensión cualitativa de los datos recabados y observados por el perito, las operaciones realizadas y medios técnicos empleados, y en particular, el detalle, la exactitud, la conexión y resolución de los argumentos que soporten la exposición, así como la solidez de las declaraciones, sin que parezca conveniente fundar el fallo exclusivamente en la atención aislada o exclusión de solo alguno de estos datos. De esta forma han de reputarse infringidas las reglas de la sana crítica, cuando en la valoración de la prueba pericial se omiten datos o conceptos que figuren en el dictamen, cuando el juzgador se aparta del propio contexto o expresividad del contenido pericial, si la valoración del informe pericial es ilógica, cuando se procede con arbitrariedad, cuando las apreciaciones del juzgador no son coherentes porque el razonamiento conduzca al absurdo, o porque la valoración se haya producido por el tribunal con ostensible sinrazón y falta de lógica, también cuando las apreciaciones hechas se ofrezcan sin tener en cuenta la elemental coherencia entre ellas que es exigible en la uniforme y correcta tarea interpretativa, etc. Es por ello que se admite por la jurisprudencia la denuncia casacional si existe un error ostensible y notorio, falta de lógica, conclusiones absurdas, criterio desorbitado o irracional y conclusiones contrarias a las reglas de la común experiencia.
En nuestro Ordenamiento Jurídico se rige, como hemos expresado, por el principio de libre valoración de la prueba por el Tribunal, cuyos resultados obtenidos, a través de la valoración conjunta de los medios de prueba de que se han servido las partes; habiendo, pues, de afirmarse que no estamos en condiciones para alterar las conclusiones que la Sala de instancia ha decidido que han de prevalecer por hallarse inspirado en criterios objetivos y desinteresados, con una apreciación discrecional conforme a las reglas de la sana crítica, que han sido definidas por el Tribunal Supremo como "las más elementales directrices de la lógica humana" ( STS de 13 de junio de 2000 (LA LEY 8747/2000) ).
En este caso esta juzgadora atiende a la pericial de la parte actora y ello por cuanto da datos reales en cuanto a las consultas efectuadas, y al periodo de aplicación y ante todo porque se hace constar que se ocultan datos como empresas que sí se sabe que están examinando la solvencia de INFINITUS , como CAIXABANK o CAJA LABORAL, pero EQUIFAX no le facilitó datos. Hay que partir que existe un contrato que fija una cuota mínima que se mantiene se hagan las consultas que se haga, eso dice el perito de la actora, y una cuota por suscripción,nada fuera de lo común ,pues es práctica habitual que exista una cuota de suscripción al principio del contrato, y una cuota mínima anual, y ello consta en los contratos de prestación de servicios con EQUIFAX. No cuenta esta juzgadora con elementos para desvirtuar la pericial de la actora, siendo la demandad quien debió haber solicitado una pericial judicial, pues es a ella a quien se le pide una ingente cantidad de dinero. No es creíble que solo haya tenido 154 euros de beneficios por consultas cuando por todos es sabido que INFINITUS RENT es una empresa de renting que necesita de financiación y las entidades bancarias constantemente examinarán estos archivos. Hay que añadir a todo esto que EQUIFAX ha mantenido una actitud obstruccionista en todo el proceso, desde el inicio con las medidas cautelares y hasta el acto de juicio, sin que haya recurrido la sentencia.
No cabe más que estimar la liquidación presentada por la parte actora con imposición de costas a la demandada.