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PRIMERO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), se declara que los hechos probados se han deducido del expediente administrativo, de la documental obrante en autos y por no ser controvertidos.

SEGUNDO.- La parte actora se alza contra la resolución del INSS de 11/11/2021, que denegó la prestación por incapacidad permanente, por no ser las lesiones susceptibles de determinación objetiva o previsiblemente definitivas, debiendo continuar bajo tratamiento médico en la situación jurídica que corresponda, y sostiene que el cuadro pluripatológico que presenta anula su capacidad de trabajo y de forma subsidiaria le impiden realizar su profesión habitual.

La defensa del INSS y TGSS solicitó que la resolución impugnada es conforme a derecho, no se cuestiona el cuadro clínico, manifestó que el mismo no está consolidado por lo que es objeto de tratamiento médico, debiendo estar en la situación que le corresponda pero sin ser merecedora de la incapacidad permanente que postula, habiendo sido objeto de un expediente de incapacidad permanente posterior.

No se puede considerar que estemos ante un cuadro clínico no estabilizado susceptible de tratamientos médicos que puedan conllevar su mejoría. Precisamente de los numerosos informes médicos que obran en las actuaciones se desprende que la actora es objeto de seguimiento por el servicio de reumatología del Hospital Universitario de Móstoles desde 2017 con evolución negativa y sigue siendo objeto de cambios en el tratamiento que no han determinado su curación.

TERCERO.- El art.194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015), establece que la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial b) Incapacidad permanente total c) Incapacidad permanente absoluta d) Gran invalidez.

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la invalidez merecerá la calificación de absoluta cuando al trabajador no le reste capacidad alguna y se encontrará en situación de incapacidad permanente total cuando el trabajador está inhabilitado para la realización de todas o las más importantes tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

CUARTO.- El médico evaluador recoge que la actora presenta como diagnóstico: Cervicalgia y lumbalgia crónica. HLA B 27 negativo. Espondilosis cervical y lumbar con mínimas protusiones C5 a C7 y L4-L5 sin compromiso radicular ni de canal con EMG normal.

Es fundamental tener en consideración los informes del servicio de reumatología del Hospital Universitario de Móstoles, en el que la actora es objeto de seguimiento desde 2017 por una espondiloartritis axial no radiográfica y psoriásica. La actora ha precisado tratamiento biológico desde junio 2018, ante la falta de respuesta en tratamiento con secukinumab desde marzo 21.

En el informe de 10/02/2021 y 2/06/2021 se indica: "La paciente sería subsidiaria de una minusvalía y de una incapacidad....La paciente no puede hacer trabajos repetitivos, ni de esfuerzo físico..."

En el informe de 15/09/2021 se indica que: "Hasta ahora no ha habido respuesta (de hecho ha empeorado) por lo que se encuentra limitada no sólo para la realización de su trabajo habitual si no también para la realización de actividades de la vida diaria". Este juicio se remite en el informe de 23/12/2021 y se indica "Se debería valorar una incapacidad".

A ello se ha de unir que la actora fue declarada "No apta" por el Servicio de Prevención Ajeno por presentar como limitaciones: evitar tareas que impliquen manipulación manual de cargas superiores a 8 kg sin ayuda mecánica, ni de terceros. Evitar tareas que impliquen movimientos repetitivos de miembros superiores de forma mantenida. Evitar tareas que impliquen bipedestación mantenida mas de dos horas, alternar tareas bipedestación/sedestación/deambulación. Ello supuso que la demandante fuera despedida el 30/04/2020 por ineptitud sobrevenida.

La situación descrita lleva a considerar que la actora no tiene su capacidad laboral abolida, por poder realizar tareas de tipo liviano y sedentario, pero se ha de considerar que sí está limitada para realizar las tareas esenciales de su profesión habitual, por lo que procede estimar la pretensión subsidiaria.

QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011), contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación, de lo que se advertirá a las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.