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PRIMERO.- El Magistrado de instancia, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala en su sentencia de 11 de abril de 2022, que decretó la nulidad de la sentencia del Juzgado de fecha 6-5-2021 por insuficiencia de hechos probados, ha dictado nueva sentencia en los presentes autos, desestimando la demanda interpuesta en reclamación de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio derivada de enfermedad común.

Frente a dicha resolución judicial se alza en suplicación la representación letrada del trabajador demandante, cuyo recurso, que no ha sido impugnado por el INSS, tiene por objeto, al amparo de los apartados b) y c) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), la revisión de los hechos declarados probados y el examen del derecho aplicado en dicha resolución.

Antes de entrar al análisis de los motivos suplicatorios cabe decir que esta segunda sentencia incurre en los mismos vicios procesales que la primera, pues se limita en su relato histórico a recoger las dolencias dictaminadas por el ICAM, sin definir en momento alguno qué patologías o limitaciones funcionales considera probadas el juzgador según su personal convicción a los efectos de realizar el juicio de incapacidad permanente del actor. No obstante, de la íntegra lectura de la sentencia se desprende que el juzgador asume las conclusiones del reconocimiento médico del órgano administrativo. Así las cosas, y como quiera que esta vez la parte recurrente no plantea motivo de nulidad de actuaciones, procede entrar a conocer del fondo del recurso.

SEGUNDO.- En el motivo de revisión fáctica la parte actora propone una adición al hecho probado primero, a fin y efecto de recoger, tras la valoración del ICAM, una serie de dolencias que resultarían de los medios de prueba citados en el motivo, en concreto, el informe de psicóloga obrante a folios 97 a 102, el informe de psiquiatra obrante a folios 103 y 104 y el informe de otra psicóloga obrante a folios 105 y 106 de autos.

La revisión no puede prosperar, porque existen en las actuaciones informes médicos contradictorios respecto a las secuelas que padece el recurrente, no advirtiéndose error alguno claro o evidente en la valoración de la prueba por parte del Juez de instancia, que es quien tiene la facultad de valoración de la prueba según el artículo 97.2 de la LRJS (LA LEY 19110/2011), correspondiendo a este Tribunal en el recurso de suplicación, por ser este un recurso extraordinario, la modificación de los hechos declarados probados por el órgano judicial de instancia únicamente cuando se acredite un error patente u ostensible por parte del juzgador, siempre que además permita la modificación del fallo, circunstancias que no concurren en este caso, pues existen elementos de prueba que justifican perfectamente las conclusiones del Juez "a quo" en la apreciación de la prueba médica, como es el informe oficial del ICAM. Es cierto que tal dictamen no goza de presunción de certeza, pero no lo es menos que en el presente caso el facultativo evaluador valoró los antecedentes del actor y los informes médicos aportados, para establecer seguidamente, tras la exploración del trabajador, un determinado diagnóstico, con presunción de incapacidad permanente, que la CEI limitó al grado de total para la profesión habitual, no pudiendo por lo expuesto estimarse contrario a las reglas de la sana crítica que el juez haya conferido mayor valor probatorio a dicho dictamen. Por lo demás, no estamos en una apelación, en la que el Tribunal "ad quem" puede analizar libremente la prueba documental y pericial aportada al proceso para rectificar la valoración que de la misma haya hecho el juez de primera instancia, existiendo en el caso debatido informes médicos contradictorios y elementos de prueba que justifican perfectamente las conclusiones fácticas del juez en la valoración de la prueba médica, sin que pueda sustituirse su valoración objetiva e imparcial por la interesada y parcial de la parte recurrente. En definitiva, el Magistrado de instancia, ante informes contradictorios, ha optado por acoger las conclusiones que figuran en el dictamen oficial de la unidad evaluadora, lo que entra dentro de sus facultades de libre valoración de la prueba y, como hemos dicho, no revela error valorativo alguno, sino una valoración imparcial obtenida en base a los principios de oralidad, inmediación y contradicción que rigen en el procedimiento laboral, que debe prevalecer sobre la interesada de la parte recurrente.

TERCERO.- En sede de censura jurídica se acusa infracción, por no aplicación al caso, del art. 194.1.c) TRLGSS (LA LEY 16531/2015), por entender la parte recurrente que las dolencias son tributarias del grado de incapacidad permanente absoluta, incluso partiendo del cuadro clínico descrito en la resolución del INSS, pues el actor carecería de las capacidades mínimas y necesarias para actuar dentro de un contexto laboral por laxo y liviano que fuera, máxime si se tiene en consideración que se ha acreditado una marcada limitación tanto para la autogestión como para el control de impulsos.

La censura jurídica se ha examinar a la luz de las lesiones dictaminadas por el ICAM, que dieron lugar al reconocimiento de una incapacidad permanente total para la profesión habitual de operario templador en cristalería. El cuadro patológico reconocido es el que sigue: " hipersomnia sin modificación reciente del tratamiento psicotrópico ni anticomicial, trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno explosivo intermitente, consumo de tóxicos y seguimiento especializado".

Por ello, teniendo en cuenta el estado psíquico del actor (trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno explosivo intermitente), como su consumo de tóxicos, entendemos que en la actualidad, y sin perjuicio de revisión de grado por mejoría, presenta una limitación psicofuncional grave de la que no se desprende razonablemente capacidad para desarrollar actividad laboral alguna con los compromisos propios y el rendimiento mínimo que todo trabajo remunerado ineludiblemente exige, pues no debe olvidarse que cualquier trabajo, incluso el que afecta a las categorías profesionales de actividades más elementales y sencillas o el concertado para desarrollar las tareas más rudimentarias, comporta ineludiblemente para el trabajador sometimiento a las exigencias de una jornada regular, cumplimiento de un determinado horario, desarrollo de los trabajos con profesionalidad, dedicación, eficacia y rendimiento, e integración en una estructura organizada con un orden preestablecido y en interrelación con las tareas de otros compañeros, entre otras, que resulta imposible pueda llevar a cabo el demandante de forma mínimamente continuada y estable. Por lo que, con estimación del motivo y del recurso, procede declarar al recurrente en situación de incapacidad permanente absoluta, con los efectos que se dirán en la parte dispositiva de la presente resolución.