PRIMERO.- I.- El actor en el proceso trabajó para la empresa pública demandada, dedicada a la Inspección Técnica de Vehículos, desde el 1 de marzo de 2014, en el centro de trabajo de Órgiva (Granada), con la categoría profesional de administrativo.
Su empleadora, previa tramitación de expediente disciplinario, procedió a despedirle el 22 de abril de 2016, mediante entrega de comunicación escrita en la que le imputó dos hechos de distinta naturaleza, a saber:
A) Fotografiarse desnudo en las instalaciones del centro de trabajo en fecha indeterminada, imágenes que aparecieron colgadas en una página de Facebook con el título "ITV Orgiva".
B) No haber respetado el manual de procedimiento y la operativa habitual para legalizar el enganche de remolque de un vehículo, que exigen comprobar la veracidad del informe técnico aportado por el usuario, y pese a ello firmar la documentación correspondiente como si lo hubiese hecho y ponerla a la firma de la Jefa de Estación, hechos producidos el 8 de marzo de 2016.
II.- El trabajador reaccionó contra la decisión extintiva formulando la demanda que dio origen a las presentes actuaciones. El Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla, al que le correspondió por turno de reparto el conocimiento de las mismas, dictó sentencia de fecha 6 de julio de 2017 , en la que estimando la pretensión subsidiaria deducida por el actor, declaró la improcedencia del despido y condenó a su empleadora a afrontar las consecuencias de dicho pronunciamiento con el alcance fijado en la parte dispositiva.
En el fundamento de derecho tercero de su sentencia, y en referencia a la actuación descrita en el epígrafe A) precedente, la Juzgadora afirma con valor fáctico que el demandante tomó las fotografías en los baños del centro de trabajo fuera de su horario laboral y señala que dicho comportamiento tiene difícil encaje en las infracciones previstas tanto en el convenio colectivo aplicable como en el Estatuto de los Trabajadores.
En lo que atañe a los hechos recogidos en el epígrafe B) anterior, la Magistrada razona que de la prueba practicada en el acto de juicio no resulta que el demandante actuase de forma intencionada o causase perjuicio alguno a la empresa, y que la Jefa de Estación puso de manifiesto que la posterior comprobación evidenció que el expediente tramitado era correcto así como que el día indicado no se había diligenciado ningún otro de forma que el error, en que el trabajador le reconoció haber incurrido, se produjo con el expediente en cuestión, que debía estar en otra mesa o archivado.
SEGUNDO.- I.- La empresa demandada acude en suplicación ante esta Sala invocando como único motivo de impugnación el previsto en el art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) al considerar que la resolución judicial infringe el art. 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y la doctrina jurisprudencial relativa a la transgresión de la buena fe contractual como causa de despido.
En su desarrollo, analiza de manera diferenciada y sucesiva los dos incumplimientos atribuidos al trabajador, ateniéndose al orden seguido en la carta de cese, y sostiene que ambos justifican la calificación de procedencia de la sanción impuesta, lo que aconseja dar respuesta también separada a las alegaciones vertidas por el Letrado recurrente en apoyo de sus tesis.
II.- En relación a la primera imputación sostiene que el proceder del actor entraña una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en los términos en que los define la sentencia de 19 de julio de 2010 (Rec. 2653/09), de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
No podemos compartir la valoración que hace la parte recurrente del único hecho susceptible de ser atribuido de manera personal y directa al demandante, que es el de haberse fotografiado desnudo en los baños del centro de trabajo, pues
tal actuación la realizó en un espacio de absoluta privacidad y en el que los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen despliegan toda su virtualidad, para su propio y exclusivo uso personal y una vez finalizada la jornada de trabajo, proceder que por sí mismo no constituye ilícito laboral alguno ni puede ser objeto de sanción por el empresario.
Ciertamente, las imágenes salieron del ámbito privado y se difundieron en una página de Facebook con el título "ITV Orgiva", pero no se ha alegado ni acreditado que el actor no adoptase las medidas de precaución necesarias para garantizar su privacidad o actuase en forma que favoreciese su utilización por terceros, lo que impide fundar la medida disciplinaria en una eventual negligencia que ni siquiera ha sido objeto de reproche.
Resta señalar que la empresa, antes de comunicarle su despido, tuvo conocimiento tanto de que el trabajador había presentado una denuncia en vía penal por la publicidad dada a las fotografías y el texto insertado en las mismas, como del posible canal por el que se obtuvieron en razón de los datos que figuran en el informe que encargó a una agencia de investigación cuya copia obra en autos.
III.- En lo que respecta a la segunda imputación la recurrente hace hincapié en la gravedad de la conducta del actor, alegando que no realizó las preceptivas comprobaciones para legalizar el enganche de un vehículo y mintió a su superiora jerárquica al decirle que si las había efectuado, siendo así que no lo hizo, incurriendo en desobediencia, negligencia y engaño, sin que la excusa de que se equivocó de expediente pueda servir para justificar su comportamiento.
Con tal planteamiento en realidad la empresa viene a impugnar la apreciación de la prueba hecha por el órgano sentenciador, lo que está vedado en la vía procesal a la que se acoge, y más si se tiene en cuenta que la convicción judicial está basada en la prueba testifical practicada, incluida la declaración de la Jefa de la Estación, de la que la Juzgadora dedujo que el actor no se apartó conscientemente del sistema de verificación aplicable ni trató de engañar a su superiora sino que se equivocó de expediente, de lo que no se derivó perjuicio alguno para su empleadora.
Pues bien, la conclusión probatoria alcanzada por la Magistrada que presidió la vista no se puede desvirtuar por medio del simple trámite de tildarla de "buenista" como pretende la demandada, y debe ser respetada por la Sala al no haber sido atacada por el único cauce hábil al efecto.
Por ello, no podemos reconocer la trascendencia disciplinaria que atribuye la recurrente a los hechos acaecidos el día 8 de marzo de 2016 pues los mismos obedecieron a un descuido puntual del actor en el desempeño de su trabajo, sin repercusión negativa para la empresa, que no reviste la entidad exigible para justificar la máxima sanción de despido, por lo que al declararlo así la resolución de instancia no incurrió en la infracción que se le achaca.
TERCERO.- I. Las consideraciones precedentes determinan la confirmación de la sentencia impugnada y la desestimación del recurso.
II.- Atendiendo a lo preceptuado en los artículos 204 y 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, la desestimación del recurso formalizado por quien, como la empresa demandada, no goza del beneficio de justicia gratuita, trae consigo que una vez firme esta resolución haya de perder el depósito legal de 300 euros en beneficio del Tesoro Público y la aplicación de la cantidad de condena consignada al cumplimiento del fallo de la sentencia, así como la imposición de las costas causadas en esta fase cuya cuantía fijamos en la parte dispositiva.