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PRIMERO.- Dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 97.2 de la L.R.J.S., se pone de manifiesto que los hechos declarados probados encuentran su base en la documental aportada.

Los medios de prueba propuestos por la actora fueron: documental, por reproducida la aportada con la demanda más 1 documento que aporta en el acto del juicio y por el SEPE: el expediente administrativo, por reproducido.

SEGUNDO.- Solicita la parte actora que se deje sin efecto la resolución del SEPE que acuerda la percepción indebida de prestaciones así como su extinción por haber salido al extranjero más de 15 días sin haberlo comunicado a su oficina de su empleo, alegando nulidad del procedimiento administrativo, así como falta de culpabilidad y de proporcionalidad del acto que supone la comisión de la infracción del Art. 25.3 de la LISOS.

A ello se opuso la entidad gestora en base a las resoluciones impugnadas, y a lo dispuesto en el art. 272.1 f) de la LGSS (LA LEY 16531/2015) y en el art. 6.3 del R.D. 625/1985, de 2 de abril (LA LEY 873/1985), en relación con los arts. 25.3 (LA LEY 2611/2000) y 47.1 b) (LA LEY 2611/2000) y 3 del R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LA LEY 2611/2000), de la LISOS.

TERCERO.- Antecedentes históricos legislativos y jurisprudenciales

Con carácter previo a entrar a responder a las alegaciones formuladas en la demanda, entiende este Juzgador que procede hacer un breve análisis de los antecedentes del caso que nos ocupa.

Establecía anteriormente la LGSS (LA LEY 16531/2015) que el derecho a la percepción de la prestación por desempleo se extinguirá, entre otros supuestos, por "traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen", y a su vez el art. 6.3 del R.D. 625/1985, de 2 de abril (LA LEY 873/1985), establece que "El derecho a la prestación o al subsidio por desempleo quedará suspendido en los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional, o cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto sobre la exportación de las prestaciones en los Convenios o Normas comunitarias. En otro caso, el traslado de residencia al extranjero incumpliendo alguno de los requisitos anteriores supondrá la extinción del derecho", así como que "No tendrá consideración de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 231.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LA LEY 2305/1994)".

A su vez, el art. 25.3 de la LISOS tipifica como falta grave "no comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la prestación", y el art. 47.1 b) establece la sanción para "las graves tipificadas en el artículo 25 con pérdida de la prestación o pensión durante un período de tres meses, salvo las de sus números 2 y 3, respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las prestaciones y subsidios por desempleo, así como en la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en las que la sanción será de extinción de la prestación".

El tema debatido en la presente litis, había sido resuelto por el T.S. en unificación de doctrina, señalando al respecto la S.T.S. de 18.10.2012 (rec. nº 4325/2011 (LA LEY 180641/2012)) lo siguiente:

"La diversidad de supuestos litigiosos y la complejidad de la normativa aplicable aconsejan una exposición lo más clara posible de las distintas soluciones jurisprudenciales que corresponde en derecho a tales supuestos. Seguimos en este punto la técnica utilizada en nuestra precedente STS 22-11-2011, que distingue los tres grupos de situaciones de la protección del desempleo: prestación "mantenida", prestación "suspendida" y prestación "extinguida". De acuerdo con las consideraciones expuestas en los fundamentos anteriores nos encontramos ante:

a) una prestación "mantenida" en los supuestos de salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el desplazamiento se haya comunicado a la Administración española en tiempo oportuno;

b) una prestación "extinguida", con la salvedad que se indica a continuación, en los supuestos de prolongación del desplazamiento al extranjero que comporte "traslado de residencia", es decir por más de los noventa días que determinan en la legislación de extranjería el paso de la estancia a la residencia temporal;

c) una prestación "suspendida" en el supuesto particular del artículo 6.3 del RD 625/1985 (LA LEY 873/1985) (redacción RD 200/2006 (LA LEY 330/2006)) de "búsqueda o realización de trabajo" o "perfeccionamiento profesional" en el extranjero por tiempo inferior a "doce meses";

d) una prestación "suspendida", en todos los demás supuestos en que se haya producido el desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a noventa días, con la consiguiente ausencia del mercado de trabajo español del beneficiario de la prestación de desempleo;

La aplicación de la doctrina general establecida en esta sentencia al caso controvertido conduce a la conclusión de que nos encontramos ante un supuesto de prestación "suspendida" y no de prestación "extinguida", como pretende la entidad gestora y ha resuelto la sentencia recurrida".

Fija pues esta sentencia y la posterior de la misma Sala de 30.10.2012 (rec. nº 4373/2011 (LA LEY 185640/2012)), que la extinción se produciría tras una salida al extranjero superior a noventa días, correspondiendo, en caso de que la salida sea inferior a dicho periodo sin haberlo comunicado a la entidad gestora, la suspensión de la prestación por el periodo en que el beneficiario estuvo en el extranjero.

Sin embargo, este panorama cambió tras el nuevo redactado dado al artículo 213.1, apartado g) de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015) por el Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto (LA LEY 12957/2013), para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que por razones cronológicas no resultaba aplicable al caso analizado por el TS, ya que entró en vigor el día 4 de agosto de 2013.

El art. 213 de la LGSS (LA LEY 16531/2015) (actual 272 LGSS) tras la reforma operada, dispone que: 1. El derecho a la percepción de la prestación por desempleo se extinguirá en los casos siguientes: f) Traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que sean causa de suspensión recogidos en las letras f) y g) del art. 212.1. (actual 271.1)

El art. 271 regula la suspensión del derecho, disponiendo: "1. El derecho a la percepción de la prestación por desempleo se suspenderá por la Entidad Gestora en los siguientes casos: (...) f) En los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto sobre la exportación de las prestaciones en las normas de la Unión Europea. g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un período, continuado o no, de hasta 90 días como máximo durante cada año natural, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora. No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art.231.1. (...)"

En la exposición de motivos del RDL 11/2013 de 2 de agosto (LA LEY 12957/2013), se establecía que en el Capítulo III introduce una serie de modificaciones para otorgar una mayor seguridad jurídica a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo estableciendo que, para percibir y conservar la prestación y el subsidio por desempleo, los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripción a través de la renovación de la demanda de empleo. De este modo, con la finalidad de garantizar una mayor seguridad jurídica, se aclara expresamente en la ley que en los supuestos de salida ocasional al extranjero por un período máximo de 15 días naturales dentro de un año natural, se mantiene la condición de beneficiario y se sigue percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo. Además, se incorporan de forma expresa como supuestos de suspensión de la prestación por desempleo la estancia en el extranjero hasta un período de 90 días, o el traslado de residencia al extranjero por un período inferior a 12 meses para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, debiéndose comunicar previamente la salida a la entidad gestora, que deberá autorizarla, extinguiéndose en caso contrario.

Considerando la reforma legislativa ya referida y operada de los artículos 272.1 f) (LA LEY 16531/2015) y 271.1 f) y g) de la LGSS, y cuál era la voluntad del legislador con dicha reforma, manifestada en la exposición de motivos del RDL 11/2013 (LA LEY 12957/2013), no cabe sino concluir y declarar, que en aquellos casos en los que se produjere una salida al extranjero por un periodo superior a 15 días, resulta preceptivo la previa comunicación de la salida a la entidad gestora, que deberá autorizarla, extinguiéndose en caso contrario.

Una vez analizados los antecedentes legislativos y jurisprudenciales y centrado el tema objeto de debate, procede responder a las alegaciones formuladas en la demanda.

CUARTO.- De la nulidad del procedimiento administrativo de revisión de actos declarativos en perjuicio de los beneficiarios y de la nulidad de la sanción por vicios insubsanables del procedimiento administrativo sancionador, así como por emitirse actos expresos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Alega en primer lugar la parte actora con apoyo al artículo 146 LRJS (LA LEY 19110/2011) la nulidad del procedimiento administrativo. Dicha alegación debe correr un sentido desestimatorio.

Dispone el artículo 146 LRJS (LA LEY 19110/2011) que "Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido."

El caso que nos ocupa no se trata sin embargo de una revisión de oficio de un acto declarativo de derechos. El acto administrativo de reconocimiento de la prestación no es objeto de revisión, sino que existe una actuación administrativa posterior, que en base a la potestad sancionadora de la administración y con fundamento legal en la LISOS, impone una sanción.

Ello conlleva que el plazo de prescripción no sea de un año (plazo del artículo 146 LRJS (LA LEY 19110/2011)) sino el de prescripción de 4 años contados desde la fecha de la infracción, en base al artículo 4 de la LISOS.

Por su parte, el artículo 294 LGSS (LA LEY 16531/2015) dispone " Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal g estionar las funciones y servicios derivados de las prestaciones de protección por desempleo y declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones , sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de sanciones."

En conclusión, el SEPE es el órgano administrativo competente para declarar la suspensión y extinción de las prestaciones y subsidios por desempleo.

Por su parte, el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Empleo (LA LEY 16118/2015) (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre), enumera las competencias del SEPE, entre las que se incluye:

"El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:

(...)

j) La gestión y el control de las prestaciones por desempleo , sin perjuicio del cometido de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que el artículo 12 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (LA LEY 12049/2015), atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores laborales. A los efectos de garantizar la coordinación entre políticas activas de empleo y prestaciones por desempleo, la gestión de esta prestación se desarrollará mediante sistemas de cooperación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. El Servicio Público de Empleo Estatal deberá colaborar con las comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de las competencias."

Por otro lado, el artículo 48 de la LISOS (redacción dada por Ley 23/2015 (LA LEY 12049/2015), de 15 de julio) dispone lo siguiente:

« El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al órgano competente, según lo que reglamentariamente se disponga. »

Si bien, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 23/2015 (LA LEY 12049/2015) dispone:

« Hasta tanto no entren en vigor las disposiciones reglamentarias que se aprueben en desarrollo del artículo 48.1 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LA LEY 2611/2000), en la redacción dada por la disposición final primera de la presente ley, continuará siendo de aplicación la regulación en materia de atribución de competencias sancionadoras existente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. »

La atribución de competencias sancionadoras existente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 23/2015 (LA LEY 12049/2015), era la contenida en el mismo artículo 48 de la LISOS en la redacción anterior, que disponía en el apartado 4º:

« 4. La imposición de las sanciones por infracciones leves y graves a los trabajadores en materia de empleo, formación profesional y ayudas para el fomento del empleo, corresponde al servicio público de empleo competente , y la de las muy graves a la autoridad competente, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Este apartado 4º no está afecto de inconstitucionalidad alguna como alega la actora en su demanda.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos con una infracción grave prevista en el artículo 25.3 LISOS, correspondiendo así al SEPE la competencia para la tramitación del procedimiento sancionador e imposición de la correspondiente sanción, no siendo necesario el inicio del procedimiento sancionador a instancia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por tanto, las alegaciones de nulidad del procedimiento administrativo formuladas en las alegaciones 1ª y 2ª de la demanda deben correr un sentido desestimatorio.

QUINTO.- Impugnación de la sanción por motivos de forma y de fondo. Vulneración de los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad y culpabilidad.

Alega a continuación la parte actora en su demanda la falta de proporcionalidad de la sanción en su vertiente constitucional, solicitando el planteamiento de una posible cuestión de inconstitucionalidad. Desiste de su pretensión de planteamiento de la cuestión en el acto del juicio, y este Juzgador por su parte entiende que no nos encontramos ante el supuesto previsto en el artículo 163 CE para el planteamiento de la cuestión, pues el Tribunal Supremo en Sentencia de 19-02-2016 (RJ 2016/1050) ya llegó a la conclusión de que tal inconstitucionalidad no concurría. Por tanto procede resolver el presente asunto en base a la legalidad vigente, sin suspender el plazo para dictar Sentencia a la espera de resolución por el Tribunal Constitucional.

El propio TSJ de Cataluña también se ha pronunciado sobre dicha proporcionalidad y sobre la constitucionalidad de la norma. Así, en la sentencia de 8 de mayo de 2.018 dispone expresamente que: "Una consideración ésta, la que afecta a la proporcionalidad de la sanción, que también se ha tenido en cuenta en la doctrina unificada advirtiendo que "en el transcurso de las extensas deliberaciones del Pleno de la Sala que han dado lugar a esta sentencia también se debatió intensamente sobre la eventual inconstitucionalidad de las normas sancionadoras citadas, el artículo 47.1 b), en relación con el 25.3 de la LISOS , por ausencia de proporcionalidad que podría incidir en el artículo 25.1 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con el 14 de la misma, lo que determinaría la necesidad de plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad al amparo de lo previsto en el artículo 163 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ". Consideración que, sin embargo y finalmente, descarta señalando que "tras la oportuna deliberación llegó a la conclusión de que tal posible inconstitucionalidad no concurría ni en consecuencia procedía que hiciésemos uso de las previsiones legales que se han citado" y relativas a la interposición de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad por entender que se trata de una opción normativa, la de la LISOS; "plenamente constitucional para el mantenimiento de un derecho reconocido, en la que se exige con toda lógica que el administrado facilite los datos patrimoniales o económicos veraces para ello, porque la ausencia de tal declaración en su alcance económico o cuantitativo real es una acción personal indivisible, única, en la que en no pueden proyectarse factores moderadores distintos de la propia conducta de ocultación... (y) ocultar poco u ocultar mucho de esta forma -salvo supuestos de absoluta insignificancia de la ocultación que esta Sala ha ponderado en algunas ocasiones- no debe por ello generar necesariamente una respuesta proporcional en la sanción, puesto que se trata en realidad de reconocer en esa conducta de ocultación única el origen de la inexistencia de los requisitos básicos para el acceso o el mantenimiento de la prestación asistencial, que precisamente por ello es única y no proporcional a los distintos ingresos acreditados... o, lo que es lo mismo, si se superan los umbrales legales de ingresos, el derecho al subsidio o no existe o desaparece...

(y) de la misma forma si se ocultan dolosa o culposamente los ingresos que impedirían el acceso al derecho, éste debe suprimirse, sin que pueda llevarse a cabo de manera parcial""

A continuación la actora alega falta de culpabilidad, solicitando la revocación de la sanción por ausencia del elemento subjetivo que debe integrar toda sanción.

Fundamenta su alegación en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LA LEY 15011/2015), que dispone lo siguiente:

« 3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción . La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d ) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.»

Debemos entrar así a analizar si los hechos objeto de sanción cumplen con los anteriores principios.

En el caso que nos ocupa, la parte actora salió al extranjero percibiendo un subsidio por desempleo el día 23-09-2016 (salida de España por Barcelona), regresando el día 24-10-2016 (entrada a España por Barcelona), pasando ese periodo de tiempo en Ucrania. Alega la actora que tenía previsto el viaje de regreso con anterioridad, concretamente para el día 3-10-2016 y que por tanto no era necesario comunicar esta salida con carácter previo al SEPE, lo cual resulta coherente analizando el informe de Policía que consta en el expediente, del que se desprende que la actora únicamente realiza salidas inferiores a 15 días (ausencia por tanto de reincidencia o reiteración). Una vez en Ucrania, la actora fue hospitalizada el día siguiente a su llegada (24-09-2016) por una neumonía no hospitalaria y fiebre, obteniendo el alta médica el 20-10-2016 y volando de regreso a España el 24-10-2016. De este modo estuvo en el extranjero 32 días, no comunicando esta salida al SEPE.

Alega por su parte el SEPE que no se debe dar validez probatoria al documento nº 3 de la actora (justificante del ingreso hospitalario en Ucrania), pues si bien está debidamente traducido (traducción jurada) no está apostillado o legalizado.

La LEC dispone en su artículo 523 que para que las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros lleven aparejada ejecución, se estará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional. La legislación interna la encontramos en la Ley 29/2015, de 30 de julio (LA LEY 12550/2015), de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Así el artículo 54 de esta Ley exige que la se aporte original o copia auténtica de la resolución extranjera debidamente legalizado o apostillado.

En el caso que nos ocupa, la parte actora no está ejecutando un documento público extranjero, para lo que se requeriría que éste estuviese debidamente legalizado o apostillado. La parte actora lo que hace es adjuntar un documento extranjero, traducido al español, como medio de prueba documental. En este sentido, para que un documento público extranjero tenga la fuerza probatoria que la LEC atribuye al documento público, exige el artículo 323.2 que el documento público contenga legalización o apostilla. En el presente caso el documento no ha sido aportado como documento público sino como documento privado, para el que no se exigen estos requisitos de validez (legalización o apostilla). La parte demandada no ha cuestionado la autenticidad del documento, sino su valor probatorio, valor probatorio que según el artículo 326 LEC (LA LEY 58/2000) deberá hacerse según las reglas de la sana crítica. Este Juzgador entiende que dicho documento es prueba suficiente para acreditar el ingreso hospitalario en las fechas señaladas, pues es un documento que dispone de sellos oficiales y firmas (apariencia externa de autenticidad) y está acompañado de una traducción jurada al español, siendo posible su comprensión, y claro su contenido, pues acredita indubitadamente la existencia de un ingreso hospitalario en el extranjero por una enfermedad no previsible (neumonía con fiebre).

Queda por tanto el objeto de la controversia reducido a si el ingreso hospitalario sufrido por la actora en Ucrania es o no motivo suficiente para justificar la no comunicación al SEPE de su salida al extranjero (falta de comunicación anterior y posterior).

En este sentido, la reciente Sentencia del TSJ de Asturias (Sala de lo Social) Nº 39/2020, de 9 de enero (rec. 2035/2019) (LA LEY 26066/2020), ha señalado lo siguiente:

« No desconsideramos que el exceso o regreso tardío puede incidir en la dinámica de la prestación, si las condiciones del caso llegan a tocar el deber de información, de comunicación, de disponibilidad para el empleo o para la formación dentro del mercado laboral español; ahora bien, la enfermedad, apreciada en la instancia como explicación y justificación del retraso, y el mínimo tiempo de exceso en que incurrió la demandante, son circunstancias a considerar, para aplicar el derecho de Seguridad Social conforme a la finalidad protectora del sistema , en mayor medida cuando asistimos a la protección de la trabajadora frente al desempleo, y así evitar desproporciones entre el justificado y mínimo incumplimiento por parte de la beneficiaria y la respuesta extintiva dada . La sentencia de instancia no omite la normativa que la recurrente tiene por infringida, la aplica expresamente de acuerdo con ese principio de proporcionalidad. »

Entiende este Juzgador que en el caso que nos ocupa, la conducta de la beneficiaria no fue en ningún caso intencional, pues viajó al extranjero con la intención de permanecer allí menos de 15 días, viéndose alterada esta situación por una circunstancia sobrevenida, imprevisible e inevitable, como es el ingreso hospitalario que tuvo lugar en Ucrania, ingreso hospitalario que se extendió durante aproximadamente 1 mes. Siendo alta médica el 20-10-2016 y constando la entrada en España el día 24-10-2016, entiende este Juzgador que la actora empleó toda la diligencia exigible para regresar a España a la mayor brevedad posible. Es cierto que una vez en España, como alega el SEPE, podría haber comunicado esta situación a la Entidad Gestora. Ahora bien, sigue entendiendo este Juzgador que esta conducta, atípica por otro lado pues la Ley no obliga a comunicar la salida con posterioridad sino con anterioridad, no debe ser merecedora de la sanción impuesta, pues existe un mínimo incumplimiento por parte de la beneficiaria y la respuesta extintiva dada por la Entidad Gestora resulta a todas luces desproporcionada.

Por último, destacar que también el TSJ de Cataluña se ha pronunciado en el sentido expuesto, de que debe considerarse de aplicación al presente caso el principio de culpabilidad y de proporcionalidad, especificando en la sentencia del TSJ de Cataluña de 25-4-14 que "Otra cosa distinta es que podamos ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso, desde el reproche que merece la conducta de acuerdo a los principios de culpabilidad y proporcionalidad que rige en materia sancionadora administrativa. El principio de culpabilidad como también el principio de proporcionalidad, son aplicables a este tipo de procesos, pues no conviene olvidar que la Sala IV del Tribunal Supremo en su sentencia de 30.10.2012, (R.cud 4373/11 (LA LEY 185640/2012) ), para ponderar los efectos de las sanciones sobre incumplimientos de deberes de información o comunicación de los extranjeros en sus salidas fuera de España, señaló que hay que valorar las circunstancias concurrentes de cada caso concreto. A partir de ello, y de la aplicación del resto de los principios generales que conforman el derecho punitivo o sancionador, se puede llegar al convencimiento que para imponer al beneficiario de un subsidio de desempleo la sanción de extinción, su conducta deberá ser calificada de dolosa o negligente, y además deberá existir una clara proporcionalidad entre falta cometida y la sanción impuesta. (..) "

Por lo tanto, en atención a lo razonado y siguiendo la doctrina jurisprudencial anterior, entiende este Juzgador que en el presente caso no existe una conducta dolosa o negligente de la beneficiaria, existiendo a mayor abundamiento una evidente desproporción entre la falta cometida y la sanción impuesta, debiendo por lo anterior estimarse la demanda y revocarse la Resolución del SEPE de 14-01-2019 y la sanción impuesta de declaración de percepción indebida de prestaciones por desempleo en una cuantía de 10.817,72 euros correspondientes al periodo de 24-09-2016 a 30-10-2018 y de extinción de la prestación o subsidio reconocidos.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 de la L.R.J.S. y por razón de la materia, contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,