J. M. Barjola - Los procedimientos judiciales de investigación de delitos en la red o relacionados con datos o sistemas informáticos aumentaron un 35,8 por ciento en 2018 respecto al año anterior, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada este lunes con motivo de la apertura del año judicial.
Según el informe, el número de actividades ilícitas que se investigaron en la red ascendió a 9.069 procedimientos incoados, un número notablemente mayor que el recogido en 2017, cuando se registraron 6.676 expedientes. Se presume, no obstante, que el número de casos bajo investigación es mayor que el reflejado por estos datos, ya que la Fiscalía no recoge todas investigaciones policiales, sino sólo aquellas donde se identifica a un autor en concreto y el expediente es después trasladado a dependencias judiciales, dando lugar a un proceso judicial.
El informe confirma con rotundidad la gravedad del creciente problema de la ciberdelincuencia en la atmósfera de las tecnologías de la información (TICs). Según las conclusiones arrojadas, se constata un claro “desplazamiento generalizado hacia la red de todo tipo de actividades criminales”, en especial de los delitos de estafa, de los que se han abierto un total de 5.581 investigaciones judiciales (un 60 por ciento de todos los procedimientos incoados), el doble de expedientes que el año anterior.
En este ámbito, el informe destaca un aumento de nuevas prácticas de estafa, además de los tradicionales ramsonwere, troyanos o los comunes correos phishing, como la utilización ilícita de datos bancarios captados en establecimientos en el extranjero, fraudes en alquiler de viviendas, ofertas falsas de inversión, emails con robo de identidades en correos corporativos (conocido como fraude al CEO) o incluso casos de compraventa de coches ficticios (phishing-car).
A los delitos de ciberestafas le siguen los delitos de amenazas y coacciones a través de aparatos tecnológicos (un 9,98 por ciento), y los delitos de pornografía infantil y de incapaces a través de TICs (8,31 por ciento).
Los datos sobre procedimientos judiciales incoados en materia de ciberdelincuencia, presentado ayer por la Fiscal General del Estado, María José Segarra, pueden ser consultados en la siguiente tabla:
Impunidad y dificultad de rastreo
La Fiscalía explica que el aumento de estos delitos tiene como una de sus principales causas la impunidad de la que gozan los ciberdelincuentes en la red, amparados por la facilidad para crear perfiles falsos, la capacidad para organizarse en grupos y las dificultades que supone seguir ests rastros en la red, especialmente en ámbitos como la dark web, también conocida como 'internet oscura'.
El informe apunta que “el ámbito tecnológico ofrece mayores facilidades para la planificación y ejecución criminal y mejores oportunidades de lograr la impunidad”. Ello es debido, explica, “a las múltiples posibilidades disponibles para la anonimización u ocultación del propio rastro, a la volatilidad de las evidencias y al carácter trasnacional del ciberespacio”.
Es por ello que muchas de las investigaciones policiales abiertas con razón de la ciberdelincuencia acaban archivadas, al no conseguir identificar un autor concreto de los hechos delictivos.
Así lo confirman los datos del Ministerio del Interior sobre investigaciones policiales abiertas sobre ciberdelitos en 2018, que registran un total de 110.613 de expedientes de investigación incoados, de los cuales sólo 9.069 (un 8,2 por ciento) dieron pie a la apertura de un procedimiento judicial.
La Fiscalía insiste en la necesidad de cruzar datos para tener una visión global de problema
La Fiscalía explica que la amplia diferencia entre investigaciones policiales abiertas y procedimientos judiciales incoados estriba especialmente en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)mediante la Ley Orgánica 13/2015 (LA LEY 15163/2015), tras la cual los atestados por hechos ilícitos en los que no consta autor conocido no son trasladados a dependencias judiciales, excepto en los casos donde la ley así lo especifique.
La Fiscalía considera esencial estudiar y analizar de forma conjunta todas las denuncias e investigaciones, cruzando datos policiales con judiciales, para así obtener una visión general de la gravedad del problema.
En este sentido, la Memoria apunta que es necesario investigar las “innumerables diligencias que quedan almacenadas en las oficinas de denuncia de los distintos cuerpos policiales”, pequeñas denuncias sobre estafas menores, normalmente por cuantías inferiores a 400 euros y cuyas investigaciones en mucho caso no llegan a dependencias judiciales. Estos datos pueden arrojar, si se estudian de forma coordinada, pistas esenciales para desenmascarar a los ciberdelincuentes, según apunta la Fiscalía. “Esa dispersión de información está generando serias dificultades para relacionar entre sí denuncias o actuaciones policiales” apunta la Fiscal. Por ello, de coordinar datos, se “permitiría vislumbrar con claridad la acción criminal y sus criminales”.
En todo caso, las estadísticas de Interior confirman también las hipótesis de la Fiscalía sobre el aumento claro de la ciberdelincuencia. Según los datos del Ministerio, las investigaciones policiales por ciberdelitos aumentaron un 36 por ciento respecto a 2017 y un 84 por ciento respecto a 2015.
"Resistencia” a denunciar ataques informáticos
En cuanto al fenómeno de los ataques informáticos, el informe no recoge un aumento significativo de los casos de ciberataques enjuiciados, registrando sólo 83 procedimientos incoados. La realidad, no obstante, dista de nuevo de la imagen dada por los datos en crudo. La Fiscalía explica que las cifras no responden a una escasez de ataques informáticos, sino a la problemática para identificar a los autores de estos delitos, lo que hace que de nuevo nos encontremos con múltiples investigaciones que finalmente no llegan a abrir expediente judicial. En este sentido, el informe apunta que “las incuestionables dificultades para la identificación de los responsables de estos ataques provocan que un número no determinado de investigaciones no lleguen a conocimiento de los órganos judiciales ni del Ministerio Fiscal”.
La dificultad para identificar a los autores no es la única razón por la que se han registrado un número tan reducido de estos ataques. “También influye en estos resultados la conocida resistencia a denunciar dichas agresiones informáticas por parte de las empresas u organizaciones afectadas” señala la Fiscalía, ya que con ello evitan “las consecuencias reputacionales que de ello se pudieran derivar”.
La Memoria insiste en la importancia de implementar medidas de seguridad para evitar estos ataques tanto en empresas como en instituciones. En concreto, incide en que debe insistirse en implementar “un sistema ágil y eficaz” que facilite la transmisión de datos en materia de ciberseguridad desde los órganos de la Administración a las dependencias policiales.
Aumento de los casos de vulneración de contenidos de televisión
Otro de los ámbitos donde el informe depara es en el de los ilícitos de propiedad intelectual. Aunque este año se registran un número menor de casos (sólo 37 nuevos procedimientos), la Fiscalía destaca la complejidad y volumen de cada una de estas causas. Destaca en concreto la desarticulación de la red de descargas ilegales descargasmix.com, considerada como la estructura de piratería más grande en castellano, lo que derivó en el bloqueo de 49 páginas web y una operación conjunta con las autoridades de Argentina.
La Fiscalía también constata una “clara evolución en las formas de defraudación de los derechos de propiedad intelectual”, en concreto respecto a la interceptación y redifusión ilícita de contenidos de televisión, especialmente frecuentes para las reproducciones ilícitas de partidos de fútbol y otros eventos deportivos.
En este ámbito delictivo, el informe resalta una operación de desarticulación de una red de establecimientos públicos que se aprovechaban de decodificadores preparados fraudulentamente para ofrecer partidos a sus clientes. Se dieron 1.106 casos incriminatorios cuyos juicios se resolverán este año.
Repunte de los discursos de odio en la red
El Ministerio Público cierra su informe destacando un claro “repunte” de los delitos de odio en la red respecto a la tendencia interanual. En concreto, en 2018 se enjuiciaron un total de 91 expedientes por este delito, un 18 por ciento más que en 2017. La tendencia es claramente al alza: en el año 2014 se registraron 30 caos, 40 en el año 2015, 72 en 2016 y 77 en 2017.
Debido al aumento, la Fiscalía incide en la especial atención que debe prestarse a este tipo de ataques, sobre todo a la vista de la facilidad con la que este tipo de discursos pueden propagarse por la red. Es por ello que el Ministerio Fiscal colabora con numerosas entidades y asociaciones del sector civil para identificar cualquier incidente en redes, y ha implementado secciones y áreas de especialización concretas en el Ministerio Fiscal para la especial investigación de Delitos de Odio y Discriminación.