Refuerza la obligación de tratamiento previo de los residuos especificando el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo para un grupo de residuos cuantitativamente relevante como es el de los residuos municipales y estableciendo criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento de los mismos. Además se incorporan los objetivos de reducción del vertido de residuos municipales establecidos en la Directiva (UE) 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo (LA LEY 9675/2018), en el contexto del impulso al tránsito a la economía circular.
Respecto al régimen de los costes de vertido, la adecuada fijación de los precios de vertido, contabilizando la totalidad de los costes directos e indirectos e incluyendo aquellos que se pudieran producir durante el dilatado periodo de tiempo postclausura, es uno de los instrumentos más eficientes para la aplicación de la jerarquía de residuos, especialmente para la prevención de residuos y la promoción del reciclado.
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