El CIADI es el organismo donde los grandes inversores internacionales terminan demandando a los Estados -normalmente países en vías de desarrollo- por no respetar los Tratados internacionales de protección de inversiones. Tradicionalmente países como Argentina habían sido los “demandados habituales” pero, sin embargo, en los últimos años España ha sido un notable demandado por los inversores como consecuencia del recorte a la retribución de las plantas renovables:
En este contexto, España ha sido particularmente cuidadosa en el proceso de selección para la prestigiosa lista de árbitros del CIADI y, frente a la designación sin publicidad que se había realizado hasta la fecha en la que España ni siquiera había hecho uso de las ocho vacantes a las que tenía derecho, en esta ocasión ha realizado un proceso público y transparente en el que tras varios meses de selección de candidaturas y entrevistas ha designado ocho personas -el mayor número permitido- de árbitros y conciliadores como designados por España para los próximos seis años.
Aunque estas personas no pueden actuar en casos en los que sea parte España ya que se entendería que tienen conflicto de intereses, España ha dado un paso adelante apostando por la paridad y nombrando a cuadro mujeres y cuatro hombres y agotando las ocho vacantes existentes algo que está siendo aplaudido por la comunidad internacional y organizaciones como Arbitral Women o Women in a Legal World.
España ha nombrado cuatro árbitros (Deva Villanúa, Carmen Núñez-Lagos, Manuel Conthe, Antonio Hierro) y cuatro conciliadores (Katia Fach Gómez, Mercedes Tarrazón, Javier Fernández-Samaniego y Gonzalo Stampa) con paridad total en las dos listas lo que hasta ahora era algo impensable en unas listas dominadas en casi todos los Estados por juristas en su mayoría hombres y sexagenarios.
Salvo en el caso de dos altos funcionarios en excedencia (Manuel Conthe y Antonio Hierro) el resto de los designados proceden del sector privado y todos ellos ejercen de forma independiente habiéndose evitado contar con profesionales de grandes firmas que en los últimos años litigan contra el Estado en CIADI.