En un contexto de crisis económica mundial derivada de la pandemia, los Estados de la Unión Europea tienen además la obligación de transponer, antes del 17 de julio de 2021, la Directiva europea de alertas tempranas (Directiva UE 2019/1023 (LA LEY 11089/2019)). El objetivo de estas alertas tempranas es, sobre todo, evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso, evitando situaciones de insolvencia cuando todavía se está a tiempo, procurando así una mayor salvaguarda del tejido empresarial.
Según el artículo 3 de dicha Directiva 2019/1023 (LA LEY 11089/2019), los Estados miembros deben velar “por que el deudor tenga acceso a una o más herramientas de alerta temprana claras y transparentes que permitan detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inminente y que puedan advertirle de la necesidad de actuar sin demora”.
Ante esta situación económica y legal, el Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado el próximo lanzamiento de una herramienta que dé cumplimiento a esta obligación asumida por los Estados de la Unión.
La propuesta consiste en un software desarrollado por el CGE que consta de dos tipos de test. Por un lado, un Test de solvencia no certificado por profesional, consistente en un desarrollo informático en el que están trabajando, que recoge información de la contabilidad de la empresa, de sus contratos de pasivo y de los “mecanismos de alerta temprana” (certificados de deuda pública y CIRBE). Se trata de una especie de autodiagnóstico. Por otro lado, un Test de solvencia certificado por profesional, cuyo resultado tendría efectos para terceros y validez de 3 meses desde la emisión del certificado.
Los resultados del test se ofrecen con los colores del semáforo. Las consecuencias jurídico-económicas atribuídas a cada color son las siguientes: el verde es símbolo de confianza en la solvencia financiera; el naranja significa que hay que buscar mecanismos de reestructuración (en general, figuras preconcursales); y el rojo implica situación de insolvencia actual o inminente, con las consiguientes implicaciones para la normativa concursal (TRLConc (LA LEY 6274/2020)).
La herramienta propuesta incorpora también un cuadro de mandos que mide y ofrece información relevante sobre diferentes aspectos de la economía de la empresa: verificación de cuentas, scoring con análisis del riesgo actual y del previsible (solvencia y liquidez), evolución del negocio e informe de riesgos.
Desde el CGE creen además que, con los datos obtenidos, se puede obtener una “excelente base de datos de la situación y salud de la economía de nuestro país”.