Volver a página de inicio

Los profesionales del cumplimiento normativo tendrán que adaptarse a escenarios imprevisibles en la era post pandemia. La ley de protección de alertadores traerá un sistema de denuncia anónimo que revolucionará el sector. El teletrabajo y la digitalización de los procesos exigirán nuevos mapas de riesgos, por lo que habrá más compliance officers y tendrán más importancia en las firmas.

Estas han sido algunas de las principales conclusiones de la primera sesión del Compliance Forum, el evento para profesionales expertos del cumplimiento normativo que organiza la Fundación Wolters Kluwer, en colaboración con Cumplen.

Compliance Forum cuenta con el patrocinio de Faura-Casas, firma líder en servicios de auditoría y consultoría con más de veinticinco años de experiencia; Audalia Nexia Tax & Legal, asesoramiento jurídico en todas las áreas del Derecho de la empresa y de los negocios con un marcado enfoque sectorial y Entelgy Innotec Security, especialista en proporcionar las soluciones y la inteligencia necesaria para prevenir y proteger los negocios de los ciberataques y brechas de seguridad. Así como con la colaboración de Ecix Group, expertos en gestión de riesgos jurídicos y empresariales.

En esta primera jornada, intervinieron Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo y director de la revista LA LEY Compliance Penal; José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo, of counsel de CMS-Albiñana & Suárez de Lezo y director de la revista Derecho Digital e Innovación; Concepción Campos Acuña, Doctora en Derecho y Directiva Pública Profesional; y Laura Duque Santamaría, subdirectora general de cumplimiento y legal en Mutualidad de la Abogacía.

Una ley contra las represalias

Tras la presentación por parte de Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, Carlos Saiz, presidente de Cumplen, sentó las bases del debate en torno a los retos del cumplimiento normativo tras la llegada de la pandemia.

La trasposición de la directiva europea de informadores fue uno de los ejes vertebrales de la sesión. España debe promulgar una ley para proteger a los denunciantes de corrupción o delitos dentro de las organizaciones antes de diciembre de este año.

El catedrático José Luis Piñar, quien participa en la elaboración del anteproyecto, adelantó que el texto optará por una transposición no restrictiva de la directiva. Según reveló, «se tendrán en cuenta los tres ámbitos que la directiva prevé, el canal interno, el canal externo y la revelación pública. Parece lógico y razonable que haya una autoridad independiente».

La nueva norma levanta esperanzas y recelos a partes iguales. Parte del sector teme que la excesiva protección del anonimato pueda ser una puerta para las acusaciones de mala fe. Otros dudan que una denuncia anónima tenga la fuerza suficiente como para iniciar una investigación. Sin embargo, tal como recordó el magistrado Magro, el Tribunal Supremo ya dijo en 2019 que la denuncia anónima es válida para abrir una investigación penal. «No hay ningún problema en que la investigación penal arranque con un denunciante anónimo».

¿Ayudarán entonces estos buzones anónimos a desenmascarar grandes casos de corrupción en las administraciones? Concepción Campos se mostró escéptica. Consideró difícil alcanzar una protección real de los informadores, sobre todo allá donde no hay recursos. «La experiencia no me permite ser demasiado positiva en esto», lamentó.

Por su parte, José Luis Piñar admitió que podrían existir recelos a acudir a estas vías de denuncia en ámbitos donde «todos se conocen», como las PYMES, aunque se mostró optimista sobre las soluciones que traerá la futura ley.

Nuevos retos

La pandemia ha trastocado los sistemas tradicionales de trabajo, lo que afectará al compliance. Al respecto, Laura Duque destacó que el teletrabajo pondrá el foco del cumplimiento en todo lo referente a la protección de datos, la privacidad y los riesgos asociados a ello, áreas que antes pasaban más desapercibidas.

La Inteligencia Artificial será otro de los nichos de nueva especialización. Tal como apuntó José Luis Piñar, «hay que tener presente que vamos a convivir con la IA. El Derecho tiene mucho que ver aquí». Por su parte, Laura Duque aseguró que «cada vez más empresas la utilizan», por lo que será recurrente para los expertos del compliance el debate sobre el régimen de responsabilidad por posibles daños.

La llegada de los fondos europeos para paliar la crisis del covid-19 abre otra caja de pandora para posibles irregularidades. «Son 140.000 millones de euros, la cifra ya de por sí huele a riesgo», alertó Concepción Campos. Cuestiones como el fraude, los conflictos de intereses o la trasparencia deben ser abordados desde cero, aseveró la experta en administraciones, ya con los fondos llegará una cascada de contrataciones público-privadas que, mal gestionada, puede ser un nido de ilegalidades. «Hay que medir el cumplimiento ex ante, durante y ex post, y hay que hacerlo de verdad, no para hacer check y rellenar los formularios de la Comisión Europea», advirtió.

Condición para contratar

Contar con un programa de compliance ya es hoy una necesidad. Así lo señaló Vicente Magro, que subrayó que cada vez hay más sentencias que hablan específicamente de compliance y reconocen la responsabilidad penal de las compañías por carecer de estos programas. La tendencia, remarcó, será reconocer también la responsabilidad de otras figuras, como las comunidades de bienes, las notarías o los registros.

Una de las pruebas de que los programas de cumplimiento están siendo altamente demandados son las nuevas políticas de las aseguradoras. «Cada vez más aseguradoras exigen planes de compliance como requisito para contratar», aseguró Laura Duque. Magro reafirmó esta realidad, y aprovechó para destacar que es esencial que las empresas no se laven las manos con la contratación de un seguro que les exima del riesgo. «El sector asegurador se tiene que implicar y exigir contar con un plan de cumplimiento normativo a las empresas», sentenció.