Introducción
El notable incremento de la litigiosidad en los últimos años, provocado principalmente por la aparición de los «procesos-masa» —focalizados en la protección de los derechos de los consumidores y pretensiones asociadas—, ha creado la necesidad de explorar nuevos enfoques y reformas legislativas que, en la medida de lo posible, permitan salvaguardar el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones idóneas de accesibilidad y resolución en plazo.
Diagnosticado el problema hace años, éste se ha acentuado con ocasión de los efectos adversos del COVID-19, una pandemia sanitaria que, tras incidir en el tejido económico, amenaza con ofrecer sus últimas consecuencias en el marco jurisdiccional, generando un volumen desconocido de litigios —sobre todo, en materia social y mercantil— que ab initio no sería asumible por la configuración y dotación actual de nuestra Administración de Justicia. Así, ante ello, las iniciativas impulsadas abarcan un amplio margen que discurre desde la previsión y creación de más unidas judiciales (los conocidos como «Juzgados-COVID») o la postergada revisión de la planta judicial de 1988, hasta la incorporación de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) como «requisito de procedibilidad» previo y condicionante del acceso de la petición de la parte al espacio jurisdiccional.
La litigiosidad en masa ha cambiado la perspectiva general y tradicional del proceso. En España y también en la Unión Europea (lo vemos con la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 (LA LEY 23718/2020) relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores). Y de forma paralela a ese cambio de paradigma dominante, las Nuevas Tecnologías han provocado una disrupción sobre la base relacional de las administraciones públicas y empresas; incluida, por supuesto, la Justicia. Procesos on-line, transformación digital, mediación electrónica…Lo que antes sólo podía ocupar lugar en los estantes jurídicos de la ciencia ficción hoy se erige en prometedora realidad con capacidad para mejorar la red de apoyo a la acción de impartir justicia. Y en este revolucionario cambio de circunstancias una palabra, todavía desconocida, alberga la clave para modificar de forma absoluta la situación actual, para encontrar la solución a los efectos de la litigación en masa: «Jurimetría».
¿Qué ocurriría si el resultado final de un pleito fuese conocible con anterioridad a la presentación de una demanda? ¿Podemos prever con certeza cuál habrá de ser la decisión judicial? ¿Qué ocurriría entonces con la vigente «cultura del litigio»? Estas preguntas —insistimos— pueden resultar arriesgadas en un marco temporal, como el actual, en el que las opciones útiles que ofrecen la Inteligencia Artificial o el Big Data todavía no se han desarrollado siquiera en porcentajes mínimos. Sin embargo, no nos llevemos a error: la inversión financiera en aplicaciones de predicción algorítmica es hecho patente en sectores tan destacados como el bancario o el tecnológico. Nos asomamos a un nuevo espacio de comportamiento en red en el que, frente a la invasión del dato, prima la calidad de éste y, ante todo, su utilización racional con vistas predictivas. La Jurimetria, como herramienta analítica y de previsión de la acción judicial, ha dejado de ser una alternativa o una solución más a la crisis de los «procesos-masa» para ser la solución… la única que, anticipándose al futuro, puede cambiar el presente.
1º.
Es imprescindible asegurar un marco conceptual mínimo, sobre todo cuando hablamos de técnicas novedosísimas… ¿Qué es la Jurimetría? ¿Qué relación tiene con el marco global que supone la transformación digital de la Administración de Justicia?
Cristina Retana (Directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer España & Portugal)
«Cuando nos planteamos desarrollar una herramienta de analítica jurisprudencial predictiva, decidimos denominarla Jurimetría, porque el nombre reflejaba perfectamente el objetivo que queríamos alcanzar: aplicar big data, estadística y predicción al mundo del Derecho.
Hoy en día, la palabra “Jurimetría” no sólo identifica a la plataforma de analítica jurisprudencial predictiva de Wolters Kluwer (www.jurimetria.es), sino que se reconoce como una nueva categoría de soluciones, que gracias a la tecnología, van a servir de apoyo a los juristas en la toma de decisiones jurídicas, basada en patrones, tendencias e indicadores objetivos.
Es la Administración de Justicia la que genera todos los datos que “jurimetría” tiene que interpretar y transformar en parámetros que ayuden a realizar cualquier tipo de análisis jurídico. Por ello, es verdaderamente relevante que todos los datos existentes se traten y se utilicen como punto de partida para analizar esas tendencias y patrones con la mayor agilidad posible. Nada tienen que ver los datos de la Justicia antes del Covid que en la etapa posterior. Cuando más reciente sea el dato, mayor será el acierto y mayor precisión se podrá ajustar en los algoritmos».
Pere Simón Castellano (Profesor experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR y Abogado)
«En su versión original implicaba la posibilidad de que las máquinas puedan emular y sustituir el juicio jurisdiccional, y su principal debilidad cuando Lee Loevinger lo planteó en 1949 era la necesidad de la intervención humana en el juicio para valorar matices del comportamiento humano que un programa de software, al menos por aquel entonces, no podía interpretar. Hoy en día es evidente que los algoritmos, más o menos inteligentes, pueden emular nuestro proceso cognitivo y tomar decisiones. De hecho, lo hacen a diario en determinados ámbitos, con resultados y un éxito nada desdeñable, como por ejemplo en el sector de la publicidad comportamental en línea. Que puedan emular y tomar decisiones no significa empero que lo puedan hacer con las garantías que exige el proceso judicial. Hace falta delimitar y matizar el cómo y explorar qué herramientas y funcionalidades podrían apoyar y reforzar la Administración de Justicia, como apoyo a los operadores jurídicos, si bien su potencialidad va mucho más allá de las técnicas de sentencing y de apoyo al juicio jurisdiccional.»
Alfonso Peralta Gutiérrez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Roquetas de Mar)
«Podríamos decir que la Jurimetría es la aplicación de la inteligencia artificial y machine learning a los tradicionales buscadores legales y jurisprudenciales obteniendo nuevas funcionalidades que dan lugar al desarrollo de lo que también se ha denominado “Justicia predictiva”. A través del análisis de gran cantidad de datos de decisiones judiciales se busca hacer una serie de predicciones. Estos nuevos tipos de programas son capaces de preparar alegaciones comparando argumentos que hayan sido exitosos ante un juez o tribunal, predecir el tiempo medio de un procedimiento, calcular la probabilidad de éxito en segunda instancia, elaborar un perfil del juez con base en su histórico jurisdiccional o establecer cálculos promedios de indemnizaciones. La predicción legal puede no ser sólo de cara al órgano jurisdiccional sino también de cara al contrario identificando los argumentos menos fiables, los de mayor probabilidad de éxito, los clientes del abogado oponente o su tasa de victorias en tribunales.
La combinación del big data, machine learning e inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia dará lugar a nuevas oportunidades, pero también nuevos dilemas y desafíos, como veremos. Esto ya es una realidad principalmente en Estados Unidos donde el mercado de estas aplicaciones es abundante y muy competitivo y es algo que ya comenzamos a vislumbrar en España».
Eugenia Navarro Segura (Profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School)
«Jurimetría, es una herramienta tecnológica que responde a las necesidades de abogados y clientes en el entorno actual, un entorno tecnológico y digital que favorece la gestión y el conocimiento, así como la toma de decisiones a través de establecer patrones que ayudan a la predicción y análisis de riesgo. Los clientes esperan predictibilidad en sus procesos judiciales y conocer sus probabilidades de éxito de la mejor forma posible, para ello los abogados necesitan información, información fidedigna que provenga de análisis de datos y eso implica cómo es y cómo se comporta el juez o magistrado encargado de su caso, qué antecedentes han existido y qué tipos de argumentarios han tenido más éxito. La tecnología permite convertir datos en esa información y eso nos lleva abogados mejores, más precisos, más eficientes y con un menor coste, por tanto, un mejor acceso a la justicia.
La Administración de justicia tiene que modernizarse y la tecnología es la herramienta que necesita junto con un planteamiento estratégico que marque prioridades, que analice procesos y sobre todo que empiece por la digitalización de la justicia. Esto no implica ni que los jueces ni los abogados sean sustituidos por robots, pero permitirá una toma de decisiones con el máximo de información posible y con riesgos acotados, una justicia más precisa, rápida y eficiente.»
María José Molina García (Secretaria General de Planeta Formación y Universidades en Madrid. Profesora Doctora acreditada)
«Jurimetría es una herramienta tecnológica novedosa en nuestro sector legal y que viene a revolucionar la estrategia procesal de los despachos de abogados o de los departamentos legales de empresa para el éxito del caso (identificando riesgos y oportunidades ante un proceso concreto). Para nuestro sector legal, Jurimetría es un avance innovador en analítica jurisprudencial estadística y predictiva, sistematizando y extrayendo de forma exhaustiva la inteligencia que reside en las resoluciones judiciales procedentes de todas las instancias y órdenes jurisdiccionales de España (desde la Primera Instancia hasta el Tribunal Supremo).
Siendo el análisis predictivo y estadístico, entre otros, el futuro de la práctica jurídica es obvio que Jurimetría guarda relación directa y necesaria con la transformación digital de la Administración de Justicia española. Es una muestra más, entre otras, de cómo las técnicas basadas en inteligencia artificial tienen más presencia y relevancia en nuestra vida diaria y profesional. Cada vez es más frecuente notificaciones electrónicas y presentaciones telemáticas de escritos, servicios presentados en la oficina judicial a través de plataformas de interoperabilidad, asistencia telemática a los juicios, etc. Más evidente aún por la emergencia en el confinamiento impuesto por la crisis sanitaria de la Covid-19.
Efectivamente, forma parte de la gobernanza del sistema judicial, en tanto en cuanto impacta en la forma de trabajar de la Justicia (en la de todos los agentes implicados en el nuevo ecosistema judicial que se está definiendo), e incide en los distintos operadores, así como en la interoperabilidad y seguridad jurídica.»
2º.
Uno de los grandes déficits que afronta la Justicia española es el que podríamos resumir como «la inutilización del dato»; es decir, existe una gran cantidad de datos generados a través de los millones de procedimientos judiciales que, no obstante, no disponen de un tratamiento coherente, racional y orientado a un fin. ¿Qué utilidades presenta ese Big Data judicial para el desarrollo legal de técnicas o herramientas de Jurimetría? ¿Cómo debería salvaguardase que el tratamiento de esos datos, y su eventual uso, sea respetuoso con los derechos que se recogen en la legislación española o europea? ¿Existe un riesgo real para el derecho del ciudadano a la autodeterminación informativa en nuestra sociedad digital?
Cristina Retana (Directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer España & Portugal)
«En muchas ocasiones, se generan datos sólo por el hecho de generarlos, sin una finalidad concreta. Cuando navegamos en internet, podemos encontrar muchas fuentes de información pública que proporcionan valiosos datos, incluso recopilan información histórica acerca de una temática concreta, pero son completamente desconocidas y están por completo infrautilizadas.
Lo más importante del dato es para qué se va a utilizar, qué tipo de información se quiere analizar o “predecir”. El dato por el dato no sirve. Lo importante es el dato para el dato, es decir, objetivar y extractar una cierta información que se encuentra en cientos de miles o en millones de datos y prever con algoritmos cuál puede ser su evolución.
En el ámbito de la Administración de Justicia, sería verdaderamente importante si además de disponibilizar los datos de la propia actividad judicial, se pudieran analizar datos extrajudiciales o previos a la jurisdicción en los diferentes ámbitos normativos, que permitieran anticiparse a los problemas o congestiones de ciertos organismos o determinadas jurisdicciones.
En cuanto a la salvaguarda de los derechos fundamentales, hay que recordar que las Sentencias del Tribunal Constitucional español y las de los Tribunales europeos se publican con los datos personales de las partes y ello nunca ha supuesto una merma de derechos, ni se ha realizado una aplicación de la tecnología o el Big Data que atente contra ellos. Lo importante es que la inteligencia artificial plasme información y conclusiones basadas en datos objetivos y nunca genere sesgos subjetivos en sus algoritmos. El avance de la tecnología no puede frenarse, pero hay que amparar los principales derechos y la protección de datos personales».
Pere Simón Castellano (Profesor experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR y Abogado)
«Las respuestas pasan necesariamente por la definición del cómo. Es cierto que la normativa de protección de datos establece ciertos límites y cautelas, aunque para nada son insalvables y mucho menos si existe una finalidad más que plausible y razonable y el procesamiento viene acompañado de garantías y medidas técnicas y organizativas adecuadas. La clave está en la transparencia, esto es, en la información que se ofrece en relación con el procesamiento de datos, en la determinación de las bases de legitimación del tratamiento y en el establecimiento de las vías o posibilidades de ejercer derechos frente a este. Las administraciones públicas pueden tratar datos personales cuando existe una misión realizada en interés público, a la par que cumpliendo con las garantías y salvaguardas previstas ex RGPD y LOPDGDD. No tengo ningún tipo de duda que el Big Data judicial es necesario puesto que cualquier desarrollo algorítmico requiere de una base de datos de calidad que lo nutra. Un sistema experto de IA, por ejemplo, proyectará decisiones o resultados en función de la combinación entre la base de datos analizada y la fórmula algorítmica aplicada, de tal modo que el éxito en términos cualitativos y objetivos de esas proyecciones pasa en buena medida por contar con una base de datos ingente y actualizada. Buena muestra de los problemas que nacen con el llamado dirty data puede encontrarse con el estudio de los sesgos discriminatorios por motivo racial en los que parcialmente incurría el sistema COMPAS.»
Alfonso Peralta Gutiérrez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Roquetas de Mar)
«Creo que esa “inutilización del dato” no es intencionada, sino por falta de interoperabilidad digital y compatibilidad entre sistemas de distintos territorios lo que produce esa falta de aprovechamiento y eficiencia de recursos.
Entiendo que por ejemplo podría estar perfectamente desarrollada una coordinación estadística entre los sistemas de gestión procesal y el CGPJ. No tiene sentido la realización manual de alardes o productividad judicial.
Un mayor aprovechamiento de estos datos permitiría un aumento de productividad de recursos humanos. Se podría realizar a tiempo real un sistema de alerta temprana de “puntos negros judiciales” para destinar allí magistrados de refuerzo, aumentar plantillas y planta judicial de manera permanente o temporal con un “task force” de funcionarios, jueces y fiscales comisionados e incentivados temporalmente para descongestionarlos. Un correcto análisis de datos debería facilitar una reforma de la planta judicial del siglo pasado e incluso una mayor transparencia con listado actualizado de las vacantes judiciales a tiempo real.
Con los datos del escalafón judicial, se pueden preveer las jubilaciones de magistrados y fiscales en los próximos 10 años de tal manera que se establezca una convocatoria regular de oposiciones a judicatura/fiscalía, dotando de mayor seguridad a los opositores y sin tanta desigualdad entre convocatorias.
Un sistema de procesos automatizados capaces de extraer datos básicos de expedientes y rellenarlos en sentencias -una función repetitiva y sin valor añadido- ahorraría muchas horas de trabajo al año a los jueces. Igualmente, se podrían clasificar los asuntos para su incoación de tal manera que se optimice el tiempo.
Con chatbots se podrían realizar funciones de atención al ciudadano e información sobre expedientes, trámites, Registro Civil, formular denuncias o presentar demandas de juicio verbal de menor cuantía entre otras funciones.
En cuanto a las salvaguardas, debe garantizarse la trazabilidad de los sistemas de IA frente a la aparición de sesgos, y garantía de que las decisiones tomadas por máquinas sean ajustadas a nuestro sistema de derechos fundamentales, analizables y explicables. No puede ser que nuestro sistema de derechos fundamentales sea el que se adapte a la IA sino lo contrario.
Es innegable que el aumento de la tecnología aumenta las vulnerabilidades en protección de datos y ciberseguridad pero la solución no es rechazar nuevos avances sino aumentar la capacitación tecnológica y el cumplimiento del RGPD».
Eugenia Navarro Segura (Profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School)
«La verdad es que creo que la anonimación de los datos no debería ser un problema para salvaguardar ningún derecho del ciudadano. Desde mi punto de vista, es un deber que la Justicia sea eficiente y lo más precisa posible, por tanto, la utilización del Big Data para generar información que ayude a la rapidez en la toma de decisiones y permita el desbloqueo de los juzgados debe formar parte de aquellos que deben gestionar el funcionamiento de la Justicia.
Creo que es importante aplicar técnicas de gestión empresarial que ayuden justamente a mejorar los procesos y a encontrar indicadores para la mejora continua. Todo ello requiere de partidas presupuestarias, pero como demuestran algunos informes agilizar la Justicia tiene un impacto directo en la economía y el apetito inversor.
En cuanto a cómo deben salvaguardarse los datos, yo no soy jurista, pero creo que tanto del punto de vista tecnológico como de la excelencia de juristas que hay en España no creo que eso represente un problema. Por otra parte, creo que los ciudadanos, si se les preguntase podrían querer ceder los datos si eso implica un mejor modelo y de más fácil acceso a la justicia en pro de un bien común.»
María José Molina García (Secretaria General de Planeta Formación y Universidades en Madrid. Profesora Doctora acreditada)
«La utilidad del Big Data debería ser la de dotar de legitimidad y eficiencia el desarrollo de técnicas o herramientas tecnológicas como es Jurimetría. El Big Data se está convirtiendo en una técnica imbatible.
En este contexto heterogéneo y multifacético, los datos personales son una de las principales materias primas del siglo XXI. Es de sobra conocido que lo valioso no es el dato en sí mismo, sino la información que aporta. Es por ello que resulta preciso abordar en profundidad y con las debidas actualizaciones normativas las consecuencias que la digitalización está teniendo sobre el tratamiento de los datos personales y, consecuentemente, sobre los derechos individuales y el funcionamiento mismo de la sociedad. En este sentido, no se puede obviar el desasosiego que en muchos produce una sociedad digital, con las ventajas y riesgos para sus derechos fundamentales y libertades públicas.
Respecto a lo anterior, si no hay una actualización continua de conocimientos y del marco regulatorio, difícilmente se podrá implementar de forma adecuada los beneficios que el Big Data puede tener en la Justicia y hacer un uso racional y coherente de los datos. Se trata de acometer una gestión inteligente del Big Data judicial. En este contexto, el riesgo se deriva, en muchas ocasiones, porque el Derecho o la promulgación de las leyes va por detrás de la propia evolución tecnológica.
Compartir que la digitalización es mucho más que la protección de datos, es también la implantación de soluciones tecnológicas, entre otras. Es por ello que queda mucho camino por recorrer en nuestro sistema y en nuestra Administración Pública en el ámbito de los derechos y de las obligaciones que asisten a los ciudadanos en el entorno digital. Aún existen retos técnicos, jurídicos y éticos que tenemos que superar para la implantación más acusada de herramientas analíticas y predictivas en nuestra Administración de Justicia.»
3º.
El éxito de herramientas analíticas de técnica jurimétrica se encuentra condicionado a esa gestión inteligente del Big Data judicial. Actualmente, pese a la destacada labor del CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), no todas las resoluciones judiciales son íntegramente accesibles. ¿Qué posición deberían tomar los poderes públicos ante ello? Más allá de la Jurimetría o la Justicia predictiva… ¿Cómo podemos desarrollar la transparencia en un marco jurisdiccional digitalizado? ¿Deben ser accesibles, con las garantías debidas, todos los juicios y resoluciones judiciales?
Cristina Retana (Directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer España & Portugal)
«Pese a que en España no son accesibles la mayoría de las resoluciones judiciales de primera instancia, si nos comparamos con otros países, estamos en una posición muy avanzada en el camino hacia la transparencia, dado que los volúmenes de sentencias publicadas son mayores que en la mayoría de los países de nuestro entorno. El Cendoj es referente internacional en este logro.
No obstante, para alcanzar un mayor aprovechamiento de la Inteligencia Artificial es muy importante contar con el mayor volumen de resoluciones judiciales representativas de todos los órdenes jurisdiccionales e instancias. Por tanto, hacer accesible la primera instancia judicial en un volumen amplio, permitiría globalizar los algoritmos de predicción para abarcar todas las temáticas y casuísticas mejorando sustancialmente esas predicciones. Y esto no sólo mejoraría ese análisis predictivo, sino que su accesibilidad facilitaría la preparación de la mejor estrategia procesal para sus casos por parte de los letrados».
Pere Simón Castellano (Profesor experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR y Abogado)
«Falta compromiso por parte de los poderes públicos y, muy especialmente, recursos. El problema de fondo es que la Justicia y su administración no "dan votos", es decir, que sus partidas nunca serán objeto de un discurso político ni decidirán una contienda electoral. La labor y desempeño del CENDOJ es ingente, pero debería reforzarse su estructura e incrementarse los medios económicos y personales a su servicio. Deberían ser accesibles todas las resoluciones judiciales, y además con los datos personales disociados, tal y como se hace actualmente, de tal modo que se permita una lectura comprensible, también a nivel estadístico o macro, y todo ello con pleno respeto sobre los datos personales de las partes procesales. El papel de los chatbots inteligentes en la trasparencia de la justicia y en la difusión de la doctrina jurisprudencial marcará un antes y un después. El grado de publicidad de la información judicial alcanzará nuevas cotas, no sólo por lo que se refiere a la accesibilidad, sino también en términos de explicabilidad. De nada sirve que las resoluciones sean públicas si la ciudadanía no las entiende o comprende. Los algoritmos pueden procesar información, extraer las pautas lógicas que subyacen, y ofrecerla al público en términos más sencillos, lo que facilitaría la comprensión por parte de legos en Derecho. Y hacerlo además de forma relativamente económica, especialmente si quien mantiene esa conversación reveladora con los ciudadanos es un bot. En este ámbito las cautelas no deben ser tan exigentes y podemos incluso explorar técnicas de machine learning o aprendizaje profundo.»
Alfonso Peralta Gutiérrez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Roquetas de Mar)
«Creo que la labor del CENDOJ es muy destacada, pionera y con un liderazgo indiscutible en Europa. La base datos es abundantísima, de las más grandes del mundo, y por lo tanto con muy alto grado de transparencia judicial.
Entiendo que no todas las resoluciones judiciales son accesibles y que se haya dejado para lo último los juzgados de primera instancia por el gran volumen que suponen. No obstante, estoy seguro que esas sentencias también serán accesibles. Además, en muchas ocasiones se han incluido sentencias relevantes de primera instancia y los jueces podemos remitir las que así consideremos de motu proprio.
Asimismo, considero, deben mantenerse los nombres de jueces y magistrados en las sentencias. Lo contrario sería un menoscabo inadmisible de la publicidad judicial, la transparencia y rendición de cuentas. En otros países de corte anglosajón los magistrados tienen hasta portanombres en la sala de vistas. Pero la facilitación de los datos puede depender de un correcto uso de los mismos y de que no se incurra en perfilados de jueces y excesos en materia de privacidad e intimidad que no tienen nada que ver con la transparencia y publicidad.
A la aplicación de los algoritmos por instituciones públicas y sobretodo por el Poder Judicial -al ser un elemento tan delicado en la democracia y afectar a datos especialmente sensibles- se le exige un plus de diligencia y debe cuidar no sólo de derechos fundamentales, principios éticos o de independencia judicial sino también no caer en discriminación y proteger la calidad del dato. Si se parte de datos sesgados, con programadores sesgados, es probable que los resultados sean discriminatorios. También, en ocasiones los datos están sesgados porque la sociedad está sesgada. Es como las redes sociales, pueden estar sesgadas y no son la sociedad en su conjunto pero son una parte de la opinión pública.
Las herramientas de inteligencia artificial por los poderes públicos deben garantizar la transparencia, interpretación y explicabilidad, careciendo de “black box”, con la capacidad de explicar en lo posible el proceso lógico para alcanzar el resultado. Hemos de recordar que la motivación e individualización de las sentencias resulta fundamental, la rendición de cuentas y se habría de hacer una comprobación periódica de la precisión y validez de los algoritmos siendo sistemas verificables y auditables».
Eugenia Navarro Segura (Profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School)
«En primer lugar, creo que todos los juicios y las resoluciones judiciales deben ser accesibles en la medida que son útiles y que pueden contribuir a un mejor funcionamiento de los sistemas judiciales. No obstante, creo que el primer paso es la digitalización y aún tenemos un largo recorrido en este punto. Para mí, es clave focalizarse a la digitalización como punto de partida desde la primera instancia. El Big Data requiere de muchos datos, para encontrar patrones y ser predictivo, así pues, el primer paso es conseguir una digitalización total. La transparencia viene dada con el acceso a la información y la tecnología permite que se accesible a los colectivos que lo requieran. Creo que es importante la protección y seguridad de los datos tanto como el tratamiento y eso requiere de equipos multidisciplinares de abogados y tecnólogos que trabajen estrechamente por proyectos y eso requiere inversión y de líderes capaces de visualizar las necesidades futuras del sistema. Los poderes públicos deben de tener una actuación responsable e impulsar estas acciones de manera prioritaria ya que supone un mejor y mayor acceso a la Justicia y eso creo que es importantísimo para la evolución de la propia sociedad y sus derechos. Pienso que este proyecto requiere de una partida presupuestaria que incluya tanto la contratación de los perfiles y tecnología necesaria como la formación de las personas. Creo en los juicios telemáticos, pero con rigor, procesos estándar, sistemas de archivo digitales y cualquier sistema que facilite la entrega de documentación o mejore el servicio tanto a los clientes/ ciudadanos como a los propios abogados, jueces o magistrados. La tecnología lo permite y sin lugar a dudas hay que modernizar el sistema.»
María José Molina García (Secretaria General de Planeta Formación y Universidades en Madrid. Profesora Doctora acreditada)
«Desde el ámbito público se debe acometer el diseño y ejecución de una estrategia global común de transformación digital. Ese debe ser el posicionamiento, y que el mismo englobe directrices concretas sobre transparencia y accesibilidad a la información pública judicial, salvaguardándose con las debidas garantías legales los juicios y resoluciones y siempre en atención al interés general. En este sentido emerge una idea, esto es, la posibilidad para cualquier ciudadano envuelto en un proceso judicial de acceder a la documentación que le atañe.
Y para lograr esa transparencia y accesibilidad no es baladí trabajar por reducir las trabas al acceso, mejorar la compresibilidad de las actuaciones y la eficacia de algunas decisiones. Para ello, sería interesante contar con una reconfiguración de los recursos, de los medios humanos y materiales para una Justicia más transparente, eficiente, ágil y eficaz. Siendo útil conectar a los distintos operadores, compartir la información y el contenido que necesitan para mejorar su productividad y transformar de forma segura y eficaz el servicio.»
4º.
La base técnica de las aplicaciones tecnológicas de predicción se sustenta sobre el desarrollo y comportamiento de algoritmos, siendo su definición por expertos un elemento clave. ¿Quién y cómo debería definir el algoritmo que habilitase una predicción certera sobre lo prosperable de nuestra demanda? ¿En qué medida, la definición del algoritmo —su entrenamiento— es crítica para lograr un resultado con rigor jurídico? ¿Es posible que el algoritmo llegase a condicionar el comportamiento humano futuro en lo que atañe a la defensa de los intereses propios? ¿Dónde termina la predicción matemática y dónde comienza el prejuicio humano matematizado?
Cristina Retana (Directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer España & Portugal)
«Abogo por un trabajo conjunto de juristas y tecnólogos. Un algoritmo fiable, seguro y certero sólo puede definirse por un equipo de trabajo multidisciplinar que aporte el conocimiento de lo que la tecnología puede aportar, pero también las necesidades y umbral de calidad y rigor jurídico. Los algoritmos no son entes aislados, sino que se crean y se deben validar por humanos y si nos enfrentamos a un algoritmo jurídico, es esencial conocer en profundidad el ámbito jurídico, si no las consecuencias pueden ser desastrosas.
Y un dato relevante a tener en cuenta es que en un ámbito como el judicial, tan condicionado por contextos diferentes según los asuntos, el momento temporal, la legislación en vigor en un territorio o la aplicación del Derecho en un tribunal o en otro, no va a existir un algoritmo “mágico” que nos aporte un porcentaje de éxito X, sino que lo que obtendremos son indicadores o tendencias que servirán a los abogados a una mejor toma de decisiones y adopción de estrategia».
Pere Simón Castellano (Profesor experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR y Abogado)
«El diseño y el mantenimiento debe aunar en la dirección a técnicos y operadores jurídicos. No es una relación fácil; de hecho, nunca existe una relación fácil con desarrolladores, y podría hablarse más sobre mi experiencia en el desarrollo de un software
as a service (SaaS) tecnológico creado ad hoc para los profesionales de la privacidad. Por ello resulta fundamental reunir en la dirección de proyectos a perfiles interdisciplinares y, en lo colectivo, un equipo multidisciplinar con la participación de todos los actores y operadores jurídicos que desempeñan un rol o papel significativo en el proceso judicial (jueces, fiscales, LAJs, abogados, etc.). Sólo si se escuchan sus necesidades, si se analiza cómo adoptan y toman decisiones, seremos capaces de diseñar herramientas para hacerles la vida más fácil o construir soluciones que emulen con éxito sus decisiones. Esas proyecciones pueden tener en cuenta variables que la mente humana es incapaz de procesar por sus propias limitaciones.
La definición y diseño del algoritmo lo es todo. Lo cierto es que, lamentablemente, la IA no falla. Se equivoca el humano que la ha diseñado porque es quién ha proyectado su sesgo de origen en el diseño. Antes comentaba el caso del sistema COMPAS, que ha sido desarrollado por la empresa Northpoint y cuyo algoritmo, que no se ha hecho público, ha sido utilizado por administraciones judiciales y penitenciarias en perspectiva comparada para valorar el riesgo, por ejemplo, de reiteración delictiva. Resultó que el sistema proyectaba un sesgo racial y que identificaba un riesgo mayor de comisión delictiva por parte de las personas de raza negra. El problema radica en los datos que nutrían el algoritmo, un ejemplo de dirty data, una escasa muestra de datos precedentes y la falta de nivel de detalle en la definición de alternativas y variables que el algoritmo debe procesar. El error humano se traslada al algoritmo que multiplica sus efectos perniciosos. Por eso, como comentaba, la clave pasa por la calidad en el diseño y, también, en el mantenimiento, de la fórmula algorítmica.»
Alfonso Peralta Gutiérrez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Roquetas de Mar)
«La regulación y gobernanza del algoritmo y cómo evitar sesgos discriminatorios y peligros éticos es a día de hoy la gran incógnita en el mundo de la inteligencia artificial. En ello ya están trabajando el Consejo de Europa, la Unión Europea y numerosos países.
Por ejemplo, la jurimetría podrían darse una serie de riesgos y dilemas éticos como un posible patronaje de jueces que afecte a su intimidad personal y familiar y pueda ser utilizado con fines espúreos para presionar al juzgador o realizar una campaña mediática de desprestigio. O programas de determinación probabilística de reincidencia delictiva o de riesgo de criminalidad que han demostrado sesgos discriminatorios.
Todos conocemos el caso francés, por el cual a raíz de una aplicación que se excedió en un perfilado de jueces, el legislador francés puso coto a las herramientas de justicia predictiva lo que supone acabar con los riesgos, pero también impide aprovechar sus ventajas.
De ahí la importancia por parte de las empresas de implantar usos y controles éticos en el uso y diseño de las herramientas de inteligencia artificial, una consciencia social y un diálogo fluido entre empresas e instituciones.
Están por determinar las opciones regulatorias, bien de “derecho blando” autoregulación o due dilligence, códigos éticos o cartas programáticas o bien de “derecho duro” con regulación sectorial o integral, comités de ética externos, autoridades de control, delegados éticos internos o compliance, etc. Está en manos del legislador ponderar los riesgos éticos sin que una excesiva regulación frene la investigación pero una insuficiente acabe en riesgos y excesos.
Deberemos estar atentos pues parece que este 21 de abril 2021 la Comisión Europea revelará una propuesta de regulación horizontal de la inteligencia artificial.
Ya podemos mencionar los principios a garantizar por la Carta de Derechos Digitales: el derecho a la no discriminación algorítmica, la transparencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, accesibilidad, usabilidad y fiabilidad de los algoritmos.
Los resultados algorítmicos también plantean el riesgo de un excesivo estancamiento del derecho por una sobreestimación de estos sistemas. ¿Quién será mejor abogado: el que tenga mayor número de casos ganados porque solo pleitea los de alta probabilidad de éxito o el que aun a pesar de casos con baja probabilidad de éxito, asuma la defensa y aún así los gane?
En la vertiente judicial podría producirse el mismo efecto por una afectación a la independencia judicial por cuanto el juez se vea condicionado a resolver conforme al criterio mayoritario produciéndose una profecía autocumplida y una estandarización o protocolización jurísprudencial dejando de lado nuevas interpretaciones.
Es por ello, que como estableció el Tribunal Supremo de Wisconsin en el caso Loomis, este tipo de desarrollos han de ser de auxilio y apoyo y no con un valor determinante».
Eugenia Navarro Segura (Profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School)
«Me parece muy interesante este punto. Los algoritmos están hechos por humanos y parece ser que pueden existir ciertos sesgos, difíciles de detectar y difíciles de corregir. No obstante, esos sesgos también existen en la naturaleza humana y en quien toma decisiones. Estoy convencida que empezamos una etapa en la que podremos mejorar esos sesgos, empezando por detectarlos y corregirlos. Las matemáticas trasladan sesgos humanos, pero no olvidemos que eso ocurre también a nivel humano, y que los algoritmos desarrollan probabilidades en base a datos.
No olvidemos que nuestra Justicia está desbordada, es lenta y a día de hoy necesitaría más recursos. La utilización de este tipo de modelos podría llevar a sentencias rápidas y efectivas basadas en el conocimiento de las dictadas por humanos. Sin duda, este es mejor ese escenario que años con casos pendientes, que llevan al ciudadano a desconfiar del sistema y de la propia Justicia. Seguramente en el equilibrio está la solución, la combinación de modelos mixtos (humanos y máquinas) y por supuesto, que la revisión final sea de un juez. Pero, ¿cuánto podría ayudar a la Justicia algoritmos que sinteticen y ofrezcan posibles sentencias alternativas y justificadas? Mucho por desarrollar, pero mucho también que ganar…
La tecnología debe ser una herramienta que ayude a las necesidades o áreas de mejora que se detecten y eso requiere que se inicie el proceso desde los propios abogados, jueces, empresas o ciudadanos.»
María José Molina García (Secretaria General de Planeta Formación y Universidades en Madrid. Profesora Doctora acreditada)
«La definición podría acometerse entre los principales agentes que suelen intervenir en un proceso judicial y con programación y tecnologías disruptivas precisas, entre ellas, la inteligencia artificial, para hacer más ágil y eficaz los procesos y los servicios de la Administración de Justicia. Estas soluciones estarán mucho mejor diseñadas si se hace partícipe del proceso a los expertos.
Al respecto, es esencial la definición correcta del algoritmo para lograr un resultado jurídico riguroso. Interesa la implantación de algoritmos avanzados y computación barata y potente, junto con una dirección con suficiente fuerza institucional y normativa para acometer una verdadera y sostenible transformación digital del sector legal.
En tanto que podemos considerar que estamos en una fase inicial de desarrollo de la inteligencia artificial en el sector legal, existe una cierta creencia generalizada en cuanto a que este tipo de herramientas no sustituirá al razonamiento humano, pero sí puede condicionar positivamente la estrategia procesal que deba definir e implementar el representante o asesor legal. Esto es, una tramitación guiada, eficaz y eficiente de los asuntos, ofreciendo un servicio de mejor calidad a la ciudadanía. Y sin olvidar que al igual que las decisiones humanas están sujetas a errores, las "máquinas" no son infalibles.»
5º.
Aceptemos el hecho de que las aplicaciones de Jurimetría serán un componente indisociable de la Justicia del siglo XXI… ¿Qué incidencia tendrá ello sobre la litigiosidad? ¿Qué futuro deparan las herramientas jurimétricas a nuestros Juzgados y Tribunales? ¿Y a los profesionales? ¿Pueden sustituir este tipo de aplicaciones a los abogados?
Cristina Retana (Directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer España & Portugal)
«La tecnología y la analítica jurisprudencial predictiva es una gran herramienta de apoyo para un jurista, puesto que le va a facilitar analizar cientos de miles de resoluciones judiciales en cuestión de segundos, algo que de otro modo, sería inviable hacer. Asimismo, la tecnología ayuda a automatizar ciertas tareas básicas que actualmente realizan los abogados, pero realmente no estamos en un escenario en el que la tecnología pueda sustituir el trabajo intelectual de valor añadido de un abogado.
Es importante perder el miedo a lo desconocido y aprovechar lo que la tecnología puede ofrecernos. Y, sobre todo, minimizar las tareas manuales que sí son automatizables para dedicarnos a las que verdaderamente aportan valor añadido al cliente».
Pere Simón Castellano (Profesor experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR y Abogado)
«Debería reducir la litigiosidad y cambiar nuestra cultura tan proclive a la reclamación y al enfrentamiento. Un incremento de la predictibilidad, mediante sistemas externos a los de los propios tribunales, que proyecten resultados estadísticos basados en el precedente y también en base a factores contextuales tales como el propio juzgador que debe enjuiciar el asunto, deberían contribuir a realzar las virtudes del pacto o resolución extrajudicial del conflicto y evitar así los costes asociados a los procesos judiciales.
Estas herramientas son especialmente útiles para las actividades que realizan los operadores jurídicos, pero difícilmente puedo concebir una sustitución stricto sensu de estos. Ante un problema lo normal es que el interesado busque el asesoramiento experto, y que este a su vez se apoye en sistemas inteligentes de predictibilidad que puedan facilitar la toma de decisiones y, en definitiva, aconsejar mejor a su cliente. Los abogados deben adaptarse al cambio cuanto antes y abrazar algunas de estas soluciones, que pueden resultar una ventaja competitiva en relación con la competencia que quede estancada en el mundo analógico.»
Alfonso Peralta Gutiérrez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Roquetas de Mar)
«Desde el punto de vista de los litigios, la IA permitirá a los letrados establecer su estrategia con mayor probabilidad de éxito, por lo que debería reducir el nivel de litigiosidad, siendo el de España uno de los más altos de Europa. Podría aumentar la uniformidad jurisprudencial y dotar de mayor seguridad jurídica y reducir los costes de acudir a la justicia, agilizar los procedimientos y fomentar la conciliación, mediación y métodos alternativos de resolución de conflictos.
Puede que también sea utilizadas por los jueces y tribunales para valorar comparativamente los criterios jurisprudenciales, pero siempre debería considerarse como herramienta de auxilio y apoyo, sin atribuirle valor determinante ni caer en la sobreestimación, sin olvidar la necesaria motivación judicial y la imprescindible individualización de las sentencias.
Estas aplicaciones no sustituirán a los abogados, ni a corto plazo veremos “abogados robots”. También están lejos los jueces androides. Recordemos que constitucionalmente la Justicia se administra por jueces y magistrados, no por robots. Los jueces nos hemos sometido a un proceso de selección altamente exigente y estamos bajo el escrutinio público y el control en sucesivas instancias de nuestras resoluciones, ¿dejaríamos el sistema en manos de máquinas sin ningún tipo de control? ¿quién ha seleccionado conforme a un proceso legal a los ingenieros desarrolladores o aprobado su formación jurídica? Es más, en la propia Carta de Derechos Digitales ya se habla del derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, el derecho a impugnar las decisiones automatizadas o algorítmicas y a solicitar una supervisión e intervención humana. Los humanos todavía seremos superiores e insustituibles en muchas tareas. Al igual que cualquier otra tecnología será un medio más para potenciación del propio ser humano, no su sustitución».
Eugenia Navarro Segura (Profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School)
«Creo que tenemos que aceptarlo, estar abiertos al cambio y en permanente búsqueda de soluciones más efectivas. Creo que vamos hacia juicios virtuales, será más fácil y más barato litigar, incluso a un empoderamiento de los ciudadanos con modelos de autoconsumo. Vamos a un mundo de desintermediación. ¿Podrá aumentar la litigiosidad? Seguramente, pero también tendremos una sociedad con más cultura legal, y eso siempre es bueno.
En cuanto a las herramientas, podemos ya hablar de sistemas y algoritmos que son capaces de arrojar porcentajes de reincidencia de presos, planteando debates éticos importantes sobre la alienación de las personas. Algunos programas disponen ya de reconocimiento de emociones a través de las microexpresiones (que no son voluntarias), lenguaje corporal e incluso, esto parece ciencia ficción, se aventuran a predecir con porcentajes de seguridad, cuando una persona miente.
Por ejemplo, el proyecto de Future Attribute Screening Technology (FAST) dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU es iniciativa que utiliza la tecnología para detectar señales que son definidas como indicadores de malas intenciones o deseo de causar daño real: "de forma rápida, confiable y remota". El sistema FAST tiene la capacidad de monitorear señales fisiológicas y de comportamiento sin tan siquiera contacto. Para ello se deben poder capturar datos de la persona como la frecuencia cardíaca, la firmeza de la mirada, dilatación de las pupilas… ¿Precrimen?
No creo que los abogados o los jueces sean sustituidos, pero aquellos juicios estandarizables se realizarán a través de modelos que la propia persona podrá presentar. El papel del abogado estará vinculado a problemas más complejos y los juzgados podrán descargase de los temas que puedan automatizarse. El papel desaparecerá y los sistemas de archivo y gestión documental permitirán un acceso y trato de datos para obtener información mejor y más preciso.»
María José Molina García (Secretaria General de Planeta Formación y Universidades en Madrid. Profesora Doctora acreditada)
«El planteamiento robótico se considera que puede ser un mecanismo capaz de aportar mayor seguridad, al tiempo que reducir la litigiosidad. Este tipo de herramientas jurimétricas permitirá aportar un servicio más ágil y eficiente a los ciudadanos y a la Administración de Justicia. Al respecto, el propósito de la transformación digital de la Justicia, su modelo actual y futuro de gobernanza, debe ser ofrecer un servicio público eficaz, cercano, asequible y relativamente rápido.
En ningún caso la digitalización y la incorporación de herramientas tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial deben ser vistas como amenazas, sino como oportunidades para mejorar y hacer crecer el servicio público, por lo que se debe asegurar su éxito. No se trata de sustituir al abogado o al juez de turno, sino que es la capacidad de imitar, no de reproducir. No se trata de asumir que estos sistemas sean un medio para realizar y solucionar al cien por cien las tareas de una persona.
El conocimiento y la experiencia de un profesional del Derecho unido a la capacidad que ofrecen estas herramientas, provocará que resulte más sencillo obtener resultados, de forma rápida y eficiente, sin sumar carga de esfuerzo por parte de los equipos tradicionales. De este modo, se podrá destinar más tiempo a aquellas tareas que sumen valor añadido. No podemos obviar que se introducirán cambios sustanciales en el trabajo diario, y se exigirá un gran empeño de adaptación a todos los operadores jurídicos.
Decisiones robóticas, previsibilidad y Justicia predictiva pueden ser consideradas como oportunidades de futuro, acciones de mejora en nuestro sistema legal.»
6º.
Un paso más allá…La Jurimetría, combinada con otras técnicas (reconocimiento de textos, automatización de patrones…) podría dar lugar a una tramitación guiada e inteligente de los asuntos, tanto en fase extrajudicial, como incluso en fase judicial. En este escenario: ¿Qué papel le corresponde al ser humano? ¿Cómo podemos evitar que la «tecnologización» del proceso judicial destruya el análisis jurídico que exige cualquier asunto? ¿Amenaza el medio (la tecnología) con eliminar —o al menos, condicionar— el fin (la aplicación de la justicia)?
Cristina Retana (Directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer España & Portugal)
«El reto al que se enfrenta la Administración de Justicia en su camino hacia la digitalización, pasa por utilizar diferentes tecnologías que ayuden a mejorar el ciclo de trabajo, evitando cada vez más los procesos “off line” y generando cadenas de valor digitales que tengan pasos automatizados o semi-automatizados.
Esto va a pasar en todo el segmento legal, no sólo en Justicia, porque el estado del arte de la tecnología está avanzando vertiginosamente para dotar de herramientas que permiten automatizar muchas funciones. En concreto, veremos la adopción, entre otros, de estos principales avances:
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- Chat bots (de voz y de texto) para la resolución de consultas jurídicas básicas del ciudadano.
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- Tramitación on line del conflicto judicial por el propio magistrado.
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- Soluciones de resolución extrajudicial de conflictos (Online Dispute Resolution) y que deberían reducir la carga de asuntos y facilitar una solución predefinida por la tecnología, según tipología de asuntos.
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- Gestión documental automatizada con extracción de datos automatizada y con capacidades para la generación de escritos legales de forma asistida, lo que garantizará la completa actualización y minimizará errores.
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- Y por supuesto, análisis predictivo desde las fases previas al proceso judicial.
Pero no deberemos olvidar los esfuerzos en el necesario cambio cultural y organizativo que se debe emprender en la Administración de Justicia para lograr una implantación con éxito de las diferentes soluciones tecnológicas».
Pere Simón Castellano (Profesor experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR y Abogado)
«Son muchos los potenciales usos de los sistemas inteligentes y son muchos también los tipos de IA, así que no existe una única respuesta válida a muchos de estos interrogantes. Una tramitación guiada, especialmente en la adopción de aquellas decisiones más automáticas que no requieren de motivación bastante, es más que plausible, tanto en fase extrajudicial como en sede judicial. Sin embargo, la práctica nos muestra una realidad bien distinta, y es que estamos muy lejos del paradigma señalado, no por el estado de la técnica, sino por la pervivencia de métodos de organización arcaicos, por la falta de criterios propios de una visión sistemática o global del sistema judicial —en parte, por culpa de una insufrible policefalia administrativa—, y la falta de medios y recursos.
Cuando llegue la modernización tecnológica a la Administración de Justicia, esta no sustituirá el juicio jurisdiccional ni la motivación, el análisis y el rigor jurídico, sino que debe complementarse como un apoyo más en el desempeño de los operadores jurídicos. A mi juicio, ya entrado en el ámbito de lo valorativo, la IA debe implementarse en el sistema judicial en base a los modelos Human in Command, que garantizan la transparencia y explicabilidad del código, y la posibilidad de impugnar sus resultados, evitando decisiones automatizadas stricto sensu, facilitando que la Justicia se transforme a la par que la sociedad lo hace, sin reducir o laminar las garantías pro cive.»
Alfonso Peralta Gutiérrez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Roquetas de Mar)
«Ya hay programas piloto de reconocimiento facial con geolocalización para identificación de los obligados a comparecer apud acta en Las Palmas y sistemas de transcripción automatizada de vistas con Shooowitt.
Creo que se avanzará con sistemas de tramitación digitalizada ODR (Online Dispute Resolution) como el CRT canadiense. Un paso más allá será su adaptación a la inteligencia artificial (IDR-ODRAI), que además ofrecerán automáticamente un borrador de acuerdo a la partes previo a someterse a la jurisdicción o una propuesta de resolución estandarizada como el Money Claim británico o el de delitos de tráfico de Connecticut. A nuestras resoluciones subidas al sistema a partir de modelos, el siguiente paso lógico será la implantación de sistemas de ensamblaje documental inteligente para resoluciones estandarizadas o de baja complejidad, como por ejemplo sentencias de conformidad penales, monitorios, reclamaciones de billetes de avión o juicios civiles en rebeldía. En algunas comunidades autónomas ya existe la tramitación procesal guiada.
Al ser humano nos corresponderá la supervisión y el control del buen funcionamiento de estos sistemas, su verificación y valoración de las propuestas que formulen estas herramientas que deberán considerarse como auxilio y apoyo tpero no como una sustitución completa del ser humano sin caer en una excesiva confianza o seguridad sobre su fiabilidad y acierto. A veces se asume que la falibilidad de los humanos será suplida por la inteligencia artificial, pero ésta también tendrá fallos, sesgos y errores, por lo que la supervisión siempre tendrá que ser del humano a la tecnología y no al revés.
Esa consideración, la no sobrevaloración o excesiva estimación será la que deberá evitar un estancamiento o congelación en el ordenamiento jurídico que destruya la creatividad y la evolución interpretativa del derecho conforme a la realidad social en que ha de ser aplicada. De igual manera, por ser la Justicia una materia tan sensible y pilar esencial de la democracia y de un estado de Derecho, se deberá comprobar paulatinamente con auditorías y valoraciones los posibles sesgos, discriminaciones y fallos de fiabilidad que puedan tener los algoritmos que se apliquen en esta materia».
Eugenia Navarro Segura (Profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School)
«La verdad es que yo no creo en ningún caso que la tecnología pueda eliminar o condicionar la justicia, más bien al contrario, pienso que, si se hace bien, puede ser una herramienta que ayude y facilite la toma de decisiones con el máximo de información y nos lleve a una justicia más más cercana, precisa y segura. No obstante, pienso que la modernización y transformación de la justicia requiere de sentido común, de una visión de conjunto y de objetivos concretos. No puede hacerse de manera desordenada, por impulso y en oleadas y de manera desigual aplicando criterios diferentes. La "tecnologización" afectará aquellos procesos que puedan estandarizarse, que sean trámites y que las sentencias puedan estar acotadas de manera muy clara. La tecnología blockchain seguro que facilitará muchos de estos procesos que podrán ser públicos, inamovibles y autoejecutables según determinadas condiciones. Liberar a nuestros jueces y abogados para que puedan focalizarse en aquellos temas de mayor valor o de mayor impacto puede generar mejores dinámicas y menos frustración en todas los protagonistas del proceso.»
María José Molina García (Secretaria General de Planeta Formación y Universidades en Madrid. Profesora Doctora acreditada)
«Siempre y cuando el diseño y el uso sea el adecuado, la "tecnologización" no se debe abordar como una intimidación a nuestro sistema, a la aplicación rigurosa de la Justicia. De este modo, no debe ser un riesgo y no olvidemos que el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva, tienen carácter de derecho fundamental convenientemente positivizado en sede constitucional. Y el ser humano debe conocer y manejar la tecnología de forma correcta para que no se destruya el verdadero análisis jurídico y se garantice convenientemente aquellos derechos fundamentales.
Sí, es una auténtica y verdadera transformación el impacto tecnológico, pero no debe suponer una merma de las garantías jurídicas y no debe ser algo indebido.»
7º.
Dado que hablamos de Jurimetría y Justicia predictiva… ¿Cuántos años harán falta para que este tipo de herramientas analíticas estén en el despacho de cualquier abogado, para que su uso sea tan habitual como el de una colección o base de datos de jurisprudencia? ¿Qué ahorro económico significará la Jurimetría a la Justicia del futuro?
Cristina Retana (Directora de Contenidos e Innovación de Wolters Kluwer España & Portugal)
«El proceso ya ha comenzado. Ya hay muchos despachos y, en general, profesionales del ámbito jurídico, que utilizan Jurimetría para preparar la estrategia procesal de un caso, o incluso para analizar simplemente una temática jurídica en profundidad. De hecho, en muchas ocasiones, los abogados han manifestado que prefieren empezar su análisis con esos indicadores y parámetros de Jurimetría en vez de navegar en los millones de resoluciones judiciales de una base de datos. No obstante, será un proceso de afianzamiento que todavía nos llevará un tiempo. Cuando se genera una nueva tecnología que cambia por completo (o puede cambiar) la dinámica de trabajo de un abogado, se requiere tiempo para su implantación y uso generalizado.
Hay un concepto que debe calar entre los profesionales del segmento legal y es que hay que acostumbrarse a tratar los datos cuantitativos para poder facilitar las conclusiones de los datos cualitativos.
En muchos sectores de actividad (financiero, comercial y marketing, salud, call centers, etc.) llevan años utilizando big data e inteligencia artificial, recopilando y procesando la voluminosa información que manejan para la búsqueda de tendencias, patrones o correlaciones dentro de los datos. En el sector legal, este camino se está iniciando».
Pere Simón Castellano (Profesor experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR y Abogado)
«No quiero aventurarme a emular un juicio predictivo propio de sistemas de Big Data, entre otras cosas porque soy consciente de mis limitaciones al calcular las diferentes variables en juego, así que difícilmente puedo definir cuándo se generalizaran este tipo de herramientas en los despachos profesionales. No sería sensato tampoco hacerlo.
Sin embargo, no tengo ningún tipo de duda de que se trata de un proceso que culminará más temprano que tarde. Al igual que ha sucedido con la transformación de muchos sectores, cuando el cambio, digital, llama a nuestras puertas, es imposible poner puertas al campo. Fíjese en la industria musical, en las editoriales y en la gestión de contenidos, y en sus transformaciones a lo largo de estas últimas décadas. La sustitución del vinilo por el CD, y posteriormente de este por las apps de suscripción de pago mensual, no la propuso la ciudadanía. Tampoco la sustitución del libro analógico por el libro digital. Los cambios los propone la industria y lo cierto es que al final la generación actual ha normalizado que cualquiera pueda crear contenidos, compartirlos y monetizarlos. Con ello se han rediseñado productos —libros, vinilos, etc.— en servicios —pagar por Netflix, Spotify, etc.—. Lo mismo sucede en el sector jurídico, en el que la oferta de SaaS legaltech es cada vez mayor. Ya no es posible ofrecer determinados servicios con garantías, al menos no con las mismas garantías que lo hace la competencia, si nuestra actitud sigue anclada en trabajar con Word y Excel. Además, las ventajas no pueden ni deben medirse sólo desde la óptica del ahorro económico. Un abogado que se apoya en tecnologías es un mejor abogado en términos cualitativos: cercanía, agilidad, predictibilidad, automatización de lo recurrente y costoso, asesoramiento en base a variables antaño incalculables, etc. Y todo ello maximizando aquello que siempre necesita el operador jurídico y que nunca puede comprar, esto es, el tiempo.»
Alfonso Peralta Gutiérrez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Roquetas de Mar)
«En un estudio llevado a cabo por una empresa de una plataforma legal de IA y las Facultades de Derecho de Stanford, Duke y la USC enfrentaron a abogados y al programa a revisar más de una treintena de asuntos durante cuatro horas. La aplicación no sólo sacó una mejor tasa de éxito sino que lo hizo en tres veces menos tiempo. En nuestro país, un estudio elaborado por CGAE y Women in Legal World ha concluido que la mayoría de abogados dedican entre un 50% y 80% del tiempo a tareas que podrían ser realizadas tecnológicamente. Estas herramientas deberían reducir la burocratización innecesaria de tareas y trámites sencillos y repetitivos, incrementando la agilidad y productividad laboral dejando a los abogados las tareas necesarias e imprescindibles de creatividad jurídica, pensamiento crítico y juicio humano.
En el curso de Derecho e Inteligencia Artificial del CGPJ con la Universidad de Granada que codirigimos Leopoldo Salvador Torres López y yo, publicamos un análisis sobre más de una quincena de herramientas jurídicas existentes de inteligencia artificial en el ámbito comparado. Así, estas aplicaciones ya están en uso y cada vez más extendidas. Seguro que su implantación en pocos años será progresiva y utilizada como elemento característico entre unos profesionales y otros como ha ocurrido con otras particularidades.
El uso de estas herramientas puede suponer un ahorro de tiempo en tareas mecánicas con poca creatividad y bajo valor añadido, conllevando una mayor calidad de vida de los abogados, jornadas menos intensas y maratonianas y más tiempo de descanso y ocio. Un tiempo necesario para pensar de verdad y desarrollar las funciones más inventivas. Sin embargo, su ventaja también tiene un riesgo, y es que algunos empleos jurídicos al igual que muchos oficios pueden verse amenazados por estas nuevas tecnologías, por ejemplo en la función paralegal o abogados junior. Es por ello, que los juniors ya se recomienda que participen en tareas más creativas desde el principio y no sólo en las mecánicas».
Eugenia Navarro Segura (Profesora de Estrategia y Marketing Jurídico de ESADE Law School)
«Hay que tener mucha cautela porque se han plateado escenarios de ciencia ficción, que no responden a la realidad. Los científicos advierten que el lenguaje natural con las máquinas tardará en llegar y por tanto encontrarnos robots jueces o abogados sigue siendo para las películas. Creo que hoy en día podemos hablar de Machine Learning o Deep learning encontrando patrones (datos o imágenes) que nos permitan ser predictivos, comparar documentos o automatizar procesos. Además, a las máquinas hay que entrenarlas. El mundo anglosajón va por delante del mundo hispano en este sentido. Las herramientas de este tipo se están desarrollando de manera exponencial y creo que no tardarán en llegar, pero creo que estamos avanzando poco a poco especialmente en la adopción de la tecnología por parte de las personas y de la cultura de trabajo. En este sentido queda mucho por hacer, muchas barreras por romper y mucha formación y acercamiento a la tecnología.
No puedo calcular el impacto económico, pero más allá del ahorro, lo que proporcionará es una mejor organización, más seguridad y precisión. Además, transformará la profesión generando una polarización, es decir, una abogacía muy industrializada y otra más de trabajo singular y complejo.
Sin lugar a dudas, muchos empleos en el sector legal se automatizarán y eso reconformará el sector jurídico. En 20 años, es probable, que veamos profesiones que aún no imaginamos. McKinsey Global Institute afirma en un estudio que el 23% del trabajo de un abogado podría automatizarse. Algunas estimaciones actuales sugieren que la adopción de toda la tecnología legal (incluida la IA) ya disponible a día de hoy ahora reduciría las horas de los abogados en un 13%. Pero esto no es exclusivo del sector legal, ocurrirá y, de hecho, ya ha ocurrido en otros muchos sectores.
No sé si recuerdan la película futurista Minority Report del director Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise. Este film nos mostró un futuro imposible para su época, pero muy real para lo que nos espera. En la cinta los "posibles trasgresores de la ley" eran detenidos antes de que cometieran el crimen porque detectaban con una altísima probabilidad y con métodos nada convencionales (pueden ver el film para comprobarlo, si no lo han hecho ya) los crímenes que podría cometer una persona en el futuro. Parece imposible ¿verdad?.. Pues no estamos muy lejos.
Por cerrar: no hay que tener miedo a la tecnología sino afrontarla, debatir y si es necesario regularla. Eso sí: hay que prestarle atención, tiempo y los recursos adecuados.»
María José Molina García (Secretaria General de Planeta Formación y Universidades en Madrid. Profesora Doctora acreditada)
«El uso habitual de herramientas digitales analíticas y predictivas está aún en una fase incipiente en nuestro país. Falta todavía evolucionar y tomar conciencia común o colectiva de sus virtudes. En efecto, no nos caracterizamos por una rápida absorción de las TICs en el sector legal, aunque afortunadamente hoy día se está apostando por ello y requiriéndose una importante inversión económica por parte del Estado y del sector privado para poder llevar a cabo una transformación digital común y global, con planes concretos, líneas y estrategias maestras para un verdadero despliegue tecnológico. Asimismo, no es menos importante concebir la "tecnologización" como algo propio, cercano y eficaz.
Su correcta usabilidad permitirá maximizar los recursos de que se disponen. Evaluar positivamente la automatización del proceso decisorio judicial permitirá lograr uniformidad, fiabilidad y capacidad de control sobre el asunto que se esté tratando.»