El Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de junio una Resolución sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres (LA LEY 14758/2021).
Recuerda el Parlamento que, según la OMS, la salud y los derechos sexuales y reproductivos son un término genérico para varias cuestiones que afectan a todas las personas y se constituyen cuatro ámbitos distintos: la salud sexual, los derechos sexuales, la sanidad de la reproducción y los derechos reproductivos, los cuales se basan, entre otros aspectos, en el derecho de todas las personas al respeto de su integridad física, su intimidad y su autonomía personal y a que se respete plenamente su orientación sexual y su identidad de género.
Subraya asimismo que el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos es un elemento esencial de la dignidad humana y está intrínsecamente vinculado con la consecución de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género y que, cuando se trata del cuerpo de alguien, se trata de su decisión, por lo que esta debe respetarse, así como garantizarse su plena autonomía.
Apoyándose en estas premisas, la Eurocámara pide a los Estados miembros que salvaguarden el derecho de todas las personas a tomar sus propias decisiones en relación con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que garanticen el derecho a la integridad física y a la autonomía personal, la igualdad y la no discriminación y que faciliten los medios necesarios para que toda persona pueda disfrutar de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Salud reproductiva y sexual
La Cámara recuerda que todas las intervenciones médicas relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos deben realizarse con el consentimiento previo, personal y basado en el pleno conocimiento de causa y pide a los Estados miembros que luchen contra la violencia ginecológica y obstétrica mediante procedimientos que garantizan el respeto del consentimiento libre, previo e informado y la protección frente a un trato inhumano y degradante en los centros asistenciales.
Asimismo manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las mujeres y niñas con discapacidad se vean con demasiada frecuencia privadas del acceso a instalaciones de salud sexual y reproductiva y del consentimiento informado sobre el uso de anticonceptivos e incluso se enfrenten al riesgo de esterilización forzada.
También reitera su petición a los Estados de que adopten disposiciones que garanticen que las personas intersexuales no sean sometidas a tratamientos médicos o quirúrgicos prescindibles a lo largo de su infancia y que se respete plenamente su derecho a la integridad física, la autonomía personal, la autodeterminación y el consentimiento informado.
Acceso universal a productos menstruales
El Parlamento insta a los Estados a que animen a la disponibilidad generalizada de productos menstruales reutilizables y sin sustancias tóxicas, junto con medidas de sensibilización sobre las ventajas de los productos menstruales reutilizables frente a los desechables y destaca los efectos negativos sobre la igualdad de género del llamado «impuesto a los tampones».
Educación sexual y acceso a los anticonceptivos
En materia de educación sexual, la Cámara pide a los Estados miembros que combatan la difusión de información errónea, discriminatoria y no segura en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, así como que desarrollen programas educativos adecuados a la edad que reflejen la diversidad de las orientaciones sexuales, las identidades de género, las expresiones y las características sexuales.
Sobre los anticonceptivos, solicita a los Estados que garanticen el suministro y el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, asequibles y de alta calidad y que presten un servicio de asesoramiento y prescripción por parte de profesionales sanitarios, incluida la contracepción urgente sin receta, que a menudo en algunos países los médicos deniegan por creencias personales;
Aborto y objeción de conciencia
Insta asimismo la Eurocámara a los Estados a que despenalicen el aborto, garantizando que el aborto a solicitud de una mujer sea legal en la fase precoz del embarazo e incluso en una fase más avanzada si peligra la vida o la salud de la persona embarazada, y recuerda que una prohibición total de la práctica del aborto o su denegación puede considerarse un acto de violencia de género.
En relación con ello, la Eurocámara lamenta que, en ocasiones, la práctica común en los Estados permita a los médicos negarse a prestar servicios sanitarios sobre la base de la cláusula de conciencia, que conduce a la denegación del aborto por motivos de religión o de conciencia.
Respecto a los tratamientos de fertilidad el Parlamento pide a los Estados miembros que velen por que todas las personas en edad reproductiva tengan acceso a ellos con independencia de sus circunstancias socioeconómicas, estado civil, identidad de género u orientación sexual.
Solicita también a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar el acceso sin discriminación a cuidados de alta calidad, accesibles, basados en pruebas y respetuosos con la maternidad, el embarazo y el parto para todos, y que reformen las leyes y prácticas que excluyen a determinados grupos del acceso a la maternidad, el embarazo y la atención relacionada con el nacimiento, entre otras cosas suprimiendo las restricciones legales y políticas discriminatorias que se aplican por motivos de orientación sexual o identidad de género, nacionalidad, de raza, origen étnico y migratorio.
Insta también a los Estados miembros a que consideren el impacto del Covid-19 en la salud a través de una perspectiva de género y a que garanticen la continuidad de toda una gama de servicios de salud sexual y reproductiva a través de los sistemas sanitarios en todas las circunstancias y a que destinen a ello esfuerzos y recursos adicionales
Finalmente, el Parlamento recuerda que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son pilares de la igualdad de género, la democracia y la eliminación de la violencia de género y, entre otras medidas, pide al comisario para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo que vele por que el nuevo enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias adopte un enfoque basado en los derechos humanos que respete la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como la eliminación inmediata de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz y forzado.