Introducción
Cuando en marzo de 2020, para desgracia y sorpresa de todos, el coronavirus SARS-CoV-2 hizo aparición entre nosotros, nadie podría imaginar que, más de un año después, las relaciones, estructuras y dinámicas en el marco de la Administración de Justicia habrían cambiado tanto. Más de 300.000 comparecencias telemáticas, proliferación y uso generalizado de los apoderamientos electrónicos, miles de funcionarios y autoridades tramitando y resolviendo desde sus hogares y, sobre todo, una nueva concepción del servicio público comprendido desde la transversalidad de la tecnología y la eficiencia en la gestión de los asuntos de los ciudadanos. Con el COVID-19 todo cambió; pero la magnitud de esa transformación es tan honda que, incluso en tiempo presente, somos incapaces de valorar con toda su dimensión la profundidad del nuevo paradigma.
Las iniciativas adoptadas durante la pandemia, ya en un contexto social y económico más estable, se han visto acompañadas por la programación legislativa del proyecto «Justicia 2030», cuyos ejes principales obtienen sentido desde la comprensión más general de la necesidad insoslayable de mejorar la Justicia española para, contando con todos los grupos y sectores profesionales, construir un servicio público accesible, garantista, eficiente y sustentado sobre las nuevas herramientas que ofrece la transformación digital. La Justicia española, con todos los operadores (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpos Generales…) enfrenta una etapa de cambios sin precedentes, pero ante ello surge la pregunta irremediable: ¿estamos realmente preparados para ese cambio?
La respuesta no es sencilla y no puede elaborarse desde el recurso habitual a tópicos o premisas conocidas. Es preciso —imprescindible— admitir que las modificaciones que hayan de operarse en todo el tejido jurisdiccional y vinculado al mismo han de obtener una legitimidad preliminar en un sector, el jurídico, históricamente resistente al cambio, pero ahora, también consciente de la necesidad de abordar la complejidad de los tiempos con una visión aperturista, flexible, y capaz de aprovechar las ventajas que la digitalización representa en las vidas de las personas. Es el momento, al fin, de que todos los profesionales del Derecho seamos capaces de cambiar el rumbo y redirigir la resolución de los conflictos hacía un nuevo entorno en el que todos, interesados, profesionales y administraciones preservemos la paz social, con respeto y desde la garantía que representa la ley, pero haciéndolo, esta vez, con un prisma novísimo —el tecnológico— que requiere de implicación y compromiso profesional.
Las Nuevas Tecnologías son un componente crucial del presente que estamos construyendo, pero antes que ellas, y de forma amplificada, la formación de todos los protagonistas jurídicos es la auténtica clave de bóveda con la que deben afrontarse estos tiempos complejos de cambio, incertidumbre, pero, también, idóneos para la oportunidad y la mejora. El sector privado, pero también el público, deben ser capaces de liderar una transformación que arranca en lo instrumental y concluye en el fondo mismo de la concepción de la legalidad. Si la formación es comprensión, adaptación y creación, hoy llega el momento de atender la preparación profesional, la formación completa e integral, de lo jurídico, pero también de aquello que no lo es, pero lo encuentra vinculado, con visión de futuro, sabiendo que la conquista del horizonte sólo queda pendiente de la voluntad en el deseo de alcanzarlo y la capacidad técnica e intelectual para poder hacerlo.
1º.
¿Qué ha cambiado en la formación de los juristas españoles desde la irrupción del COVID-19?
Jorge Jiménez Martín (Director de la Escuela Judicial. Magistrado)
«La pandemia ha supuesto una transformación total en la forma y los medios de impartir la formación. Ante la situación de confinamiento y la imposibilidad de recuperar la presencialidad, en la que basábamos fundamentalmente la formación, hemos asistido a una total revolución en la utilización de una pluralidad de herramientas tecnológicas. Esta revolución ha supuesto que cambios que no veríamos en más de diez años se han producido en apenas meses. Por lo que se refiere a la Carrera Judicial, la formación inicial se adaptó de forma automática a un escenario de no presencialidad. La formación diseñada ya contemplaba la utilización de herramientas virtuales, pero gracias al esfuerzo del personal docente de la Escuela Judicial esa transformación fue automática y sin solución de continuidad. Respecto a la formación continua, basada en su mayor parte en la presencialidad, el esfuerzo transformador tuvo mayor coste de tiempo y adaptación. El resultado ha supuesto un avance muy importante en la introducción de nuevos formatos pedagógicos, en la posibilidad de conciliar mejor la formación con las necesidades personales, y en la creación de un repositorio de grabaciones y materiales que se encuentra a disposición de toda la Carrera Judicial. En todo caso, la situación que estamos viviendo ha supuesto la apertura a métodos formativos distintos, a potenciar la formación asincrónica y el aula invertida como herramienta de gran potencial formativo en el ámbito jurídico.»
María Abigail Fernández González (Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Letrada de la Administración de Justicia)
«Sobre todo, el escenario en el que tiene lugar esa formación y los formatos en los que puede y debe impartirse. La Administración de Justicia ha sido muy resistente a la evolución de los modelos pedagógicos, por lo que la formación continuaba siendo eminentemente presencial, y la formación en línea, además de ser testimonial, estaba muy lejos de ofrecer las ventajas más sencillas de esos formatos.
Ésta fue la causa de la interrupción de la actividad formativa del Centro de Estudios Jurídicos en el momento en que los desplazamientos y las reuniones de personas se ven, primero, suspendidos, y, posteriormente, limitados. Sin embargo, la duración del estado de alarma y la vigencia de las restricciones sanitarias nos han hecho adaptarnos a una nueva manera de trabajar y de formarnos, que nos ha hecho vencer resistencias y rendirnos a la evidencia de que no podemos permitirnos volver al modelo vigente hace apenas un año y medio. La alternativa digital, incluso a unos niveles de desarrollo e implantación que no son óptimos, ha sacado a la luz inconvenientes de la presencialidad que no se estaban teniendo en cuenta, y ha permitido darles una solución. Me refiero, por ejemplo, a la exclusión de un número elevado de usuarios y usuarias potenciales de la formación, a la poca profundidad de los planes formativos, extremadamente cortoplacistas, o a la insostenibilidad del modelo en términos económicos y medioambientales.
Esto no quiere decir que estemos donde debemos estar, pero sí que estamos en el camino adecuado y plenamente alineados con los criterios europeos, como demuestra el hecho de que la digitalización es uno de las líneas directrices del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede), financiado con fondos europeos del plan Next Generation.
Félix Plaza Romero (Presidente del Centro de Estudios Garrigues. Abogado)
«Quizás haya cambiado más la forma (cómo se recibe la formación) que el fondo (qué formación se recibe). Durante el periodo de confinamiento provocado por la COVID se produjo la necesidad de adaptar la formación a los medios telemáticos. Este cambio bajo mi punto de vista ha sido coyuntural, si bien va a permitir compaginar a partir de ahora de una manera adaptada, integrada y eficiente la formación presencial con la telemática cuando ello sea necesario o conveniente.
No obstante, la COVID sí ha traído determinadas cuestiones específicas de índole jurídica que han generado interés, debate y necesidad de formación específica.
En este sentido, ha habido mucha producción normativa generada por la situación excepcional que estamos viviendo que ha afectado a temas muy diversos como las cuestiones jurídicas derivadas del establecimiento del Estado de Alarma, la normativa relativa a los procedimientos concursales, la normativa mercantil (celebración de juntas, aprobación de cuentas, etc.), la normativa laboral (teletrabajo, ERTES, etc.), la normativa fiscal (diferimientos de pago, presentación de declaraciones), la normativa procesal (paralización del cómputo de plazos, etc.), entre otras muchas cuestiones, que ha generado una necesidad de formación específica en cada una de las áreas afectadas.
Esta formación ha sido más corta, concentrada y orientada a los puntos específicos que han sido objeto de modificación, debate o controversia.»
Manuel Díaz Martínez (Catedrático de Derecho Procesal. UNED)
La sociedad española se ha visto golpeada por una crisis sanitaria que se ha transformado en social y económica. Tras el estado de alarma, muchas universidades tuvieron que replantear sus métodos en un tiempo record, lo que no ha impedido que los profesores y el personal de administración y servicios hayan seguido con su labor, trasladando sus despachos a sus hogares.
En este contexto, la formación on line ha adquirido un gran protagonismo y a la vez ha supuesto un reto y aprendizaje para muchas instituciones en cuanto al desarrollo tanto de herramientas tecnológicas, como de técnicas educativas aplicadas a la docencia on line.
En mi opinión, si bien es cierto que se ha hecho un esfuerzo muy destacable tanto por parte de las Universidades como de los Colegios de Abogados en cuanto al desarrollo de herramientas tecnológicas y en la adopción de medidas para que los estudiantes y Abogados no se vieran excluidos de esta formación on line por falta de recursos tecnológicos, no lo es menos que este tipo de formación requiere de unas aptitudes y habilidades especiales a las que no se ha prestado la importancia que requieren, lo que ha supuesto, salvo excepciones, una merma en la formación de los juristas.
Gema Alejandra Botana (Directora de Desarrollo de Negocio Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil)
«Fundamentalmente el entorno donde se imparte la formación que ha pasado a ser, sobre todo, un entorno virtual recurriendo a plataformas, entre otras, como Teams, Zoom o GoToMeeting para organizar, especialmente, webinar. Pero, también se ha potenciado la formación en Campus virtuales donde se disponen de todos los medios y recursos para acometer una formación más ambiciosa, no reducida a webinar o videoconferencias, sino que se busca una formación integral cuyo objetivo es alcanzar un "aprendizaje" diverso conseguido a través de distintas metodologías sumatorias donde los recursos formativos tecnológicos son muy relevantes para dotar al jurista de herramientas que le permitan un desempeño más eficiente y, de este modo, conseguir una formación que se quede con quien ha seguido la formación al incorporarla a su desempeño del día a día».
2º.
La crisis del coronavirus, desde el punto de vista jurídico, ha incidido notablemente en tres frentes: el volumen de litigiosidad, la transformación digital y la regulación normativa de «emergencia» y «post-emergencia». ¿Qué papel juega la formación jurídica en la atención y resolución de estas cuestiones de carácter general? ¿Qué criterios deberían seguirse para que la comunidad jurídica pueda obtener una preparación adecuada al contexto presente y futuro con la mayor prontitud?
Jorge Jiménez Martín (Director de la Escuela Judicial. Magistrado)
La formación es fundamental para incidir en los tres frentes que se señalan. Y, sobre todo, la formación continua. El derecho a la tutela judicial efectiva exige la existencia de un juez adecuadamente formado. Esta formación, configurada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) como un derecho y un deber del juez, debe convertirse cada vez más en obligatoria en determinadas materias (ej.: perspectiva de género e igualdad; redacción de sentencias; dirección de audiencias; lenguaje claro; la sociedad digital; etc.…). Debemos ser conscientes de la limitación de nuestros conocimientos y de la necesidad de «entrenar» esos conocimientos de forma muy práctica. Por dicho motivo, resulta cada vez más necesaria la configuración de una formación continua obligatoria para todos los juristas, cada uno en su ámbito, necesaria para el ejercicio profesional diario. Una formación continua de calidad, multidisciplinar, desde distintas perspectivas profesionales y eminentemente práctica.
María Abigail Fernández González (Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Letrada de la Administración de Justicia)
«La ciudadanía merece un servicio público de Justicia de calidad. Para lograrlo, la formación de las Carreras y Cuerpos propios de la Administración de Justicia debe ser la norma y no estar sujeta a contingencias de ningún tipo. Esto nos lleva a considerar, en primer lugar, cuáles deben ser los ámbitos en los que debe incidir la formación. Y de los tres frentes que señala en la pregunta, con los que coincido, sólo el último es estrictamente jurídico.
Por tanto, la primera conclusión es que la formación en la Administración de Justicia debe ser jurídica, pero no sólo eso, sino que debe referirse al conjunto de conocimientos, competencias y habilidades necesarias para que las y los funcionarios de Justicia desarrollen su labor de la manera más eficaz y eficiente posible. Y esto incluye desde habilidades personales, organizativas y directivas hasta competencias digitales, pasando, por ejemplo, por el conocimiento de los idiomas cooficiales en los territorios en los que están reconocidos.
El Centro de Estudios Jurídicos está poniendo en marcha proyectos que permitan planificar la formación del personal de Justicia de manera estructurada, para garantizar que cualquier funcionario o funcionaria de Justicia tenga acceso a la formación que necesita para el desempeño de su trabajo, la cual, además, debe permitirle desarrollar una carrera profesional en la que aprovechar al máximo sus intereses y aptitudes naturales.
Esto requiere, no ya planificar cursos, sino diseñar estrategias formativas integrales que utilicen formatos pedagógicos distintos, superando el modelo único de cursos presenciales cortos sin recorrido ni seguimiento y generando, además, un sistema más abierto, integrador y que permita valorar el impacto de las acciones formativas y ajustar éstas cuando sea necesario
Por último, es importante no solo gestionar conocimiento, sino también producirlo y compartirlo, llevando a cabo acciones creadoras, divulgativas y colaborativas a un nivel más amplio que con el que hemos venido trabajando hasta ahora.»
Félix Plaza Romero (Presidente del Centro de Estudios Garrigues. Abogado)
«La necesidad de formación había cambiado ya antes de la crisis del coronavirus, pero quizás esta crisis ha puesto más de relieve esta transformación.
Vivimos en un mundo en continuo cambio y la "cuarta revolución" en la que estamos inmersos ha hecho imprescindible el que la formación se adapte a este nuevo entorno. Un entorno en el que el desarrollo de la inteligencia artificial, la hiper-conectividad y la transformación digital lo han sacudido todo.
Desde este punto de vista, el reciclaje en el conocimiento para adaptarse a las nuevas tendencias, a los nuevos trabajos que van surgiendo y a las destrezas que ellos requieren se hace imprescindible. Por ello, la formación será (ya lo está empezando a ser) más breve, más especializada y continua.
El ámbito jurídico no escapa de esta tendencia. Será necesario formarse continuamente en los nuevos aspectos que demanda la realidad en la que vivimos y, en ese sentido, la formación de la máxima calidad, impartida por los profesionales que estén en la avanzadilla de los cambios será la que marque la diferencia.»
Manuel Díaz Martínez (Catedrático de Derecho Procesal. UNED)
La crisis provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema de Justicia, especialmente sus insuficiencias estructurales y su escasa adaptación a la realidad tecnológica en la que vive nuestra sociedad, lo que ha provocado la necesidad de que dicha situación haya sido sorteada, inicialmente, con Protocolos del CGPJ y del propio Ministerio de Justicia, y después con una legislación de urgencia, aplicando medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia, que, en modo alguno, son suficientes para hacer frente al previsible aumento de litigiosidad provocado por la pandemia y a la lentitud que caracteriza a nuestra administración de justicia.
Se hace preciso, a mi entender, una profunda transformación digital de la justicia, que potencie las diferentes soluciones tecnológicas en el proceso, tanto las presentes (expediente judicial electrónico, juicios telemáticos, prueba digital), como las emergentes (inteligencia artificial, tecnología blockchain, Smart contracts). Es en el ámbito del Legal Tech, o cruce entre el derecho y la tecnología, en donde deben centrarse los esfuerzos en la formación de los juristas, que, al día de hoy, no ofrecen, salvo contadas excepciones, ni Facultades de Derecho ni Colegios de Abogados.
Gema Alejandra Botana (Directora de Desarrollo de Negocio Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil)
«El papel de la formación siempre es "vital" puesto que todo profesional debe ser consciente de que su formación debe ser continua. En realidad, lo que ha variado, en estos últimos meses, es que debido a los continuos cambios normativos se han adoptado medidas, hasta ahora, muchas de ellas, nunca implantadas, que han hecho que la necesidad de formarse se haya vuelto mucho más acuciante para estar al día y cuando decimos al "día", en muchas ocasiones, ha sido prácticamente literal. Es, por ello, que la formación debe dar respuesta más que nunca a las necesidades de los profesionales y diversificarse hasta casi el extremo de diseñar un tipo de formación para cada necesidad. Así, por ejemplo, no será lo mismo una formación sobre una normativa que acaba de ver la luz donde se precisará un primer conocimiento inmersivo que una normativa con un tiempo de implantación donde deberá focalizarse en la problemática derivada de su aplicación. Por tanto, para diseñar la formación deberá partirse de cuál o cuáles son los objetivos perseguidos por la misma y recurrir a las metodologías y a los recursos más adecuados a dichos objetivos donde la practicidad debe ser un ingrediente imprescindible en un ámbito profesional. En la formación actual ya no es suficiente con tener al mejor experto que es muy importante, sino que se debe contar con un equipo de profesionales que doten a la formación de los recursos de aprendizaje necesarios y, además, gestionen el seguimiento con una dinamización constante, buscando un equilibrio entre el tiempo de dedicación a la formación y el tiempo a la actividad profesional del día a día».
3º.
Hiperrergulación, crisis económica, saturación en las cargas de trabajo, imposible presencialidad o presencialidad limitada… ¿Cuál o cuáles son los obstáculos más importantes para que la formación jurídica pueda seguir ofreciendo herramientas e instrumentos de calidad a los profesionales públicos y privados del Derecho? ¿Cómo deben adaptarse los centros de formación a la nueva realidad que impone el coronavirus? ¿Qué influencia tendrá lo que está ocurriendo en la formación de los jóvenes juristas?
Jorge Jiménez Martín (Director de la Escuela Judicial. Magistrado)
«En la mayoría de las ocasiones el obstáculo más importante para la formación está en la propia persona o en la propia institución. La humildad para reconocer el desconocimiento de una determinada materia o el compromiso real de la institución de potenciar la formación como elemento transformador importante de la labor profesional son cuestiones fundamentales. La formación requiere una inversión de tiempo y esfuerzo que ante la saturación y las cargas de trabajo a veces no es defendida, anteponiendo siempre otras cuestiones —de todo tipo— a esa necesidad u obligatoriedad de formación. Por tanto, hay que apostar de forma real y concreta por una formación de alta calidad. Y hay que ser consecuentes con la formación que se diseñe sin querer quemar etapas o adelantar procesos, pues todo diseño formativo o plan docente tiene su propia lógica. Los centros de formación debemos de continuar adaptándonos a la realidad que impone el coronavirus ofreciendo mayor flexibilidad para el diseño síncrono o asíncrono de las acciones formativas y dotándonos de nuevas metodologías acordes a los nuevos instrumentos formativos que tenemos, hay que trabajar muchos en la correcta definición de los objetivos que perseguimos y en la utilización de las mejores metodologías para alcanzarlos. No podemos seguir utilizando los mismos esquemas y métodos en entornos y sesiones virtuales, este quizás es uno de los mayores errores que se pueden cometer. Todo este proceso de flexibilización y de virtualidad aportará nuevas competencias a los jóvenes juristas que disfruten de esta formación.»
María Abigail Fernández González (Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Letrada de la Administración de Justicia)
«Hemos sufrido el obstáculo más grave que hubiéramos podido imaginar. Ahora que lo estamos superando, y que contamos con la ayuda de la Unión Europea, creo que carecemos de legitimidad para hablar de otros obstáculos. Eso sí, estamos en un nuevo escenario global y tenemos la responsabilidad de adaptarnos lo más rápidamente posible. Hemos podido ofrecer soluciones de emergencia, con las que no podemos contentarnos, porque no son las ideales, pero tampoco es una opción volver al sistema de 2019.
Por tanto, la adaptación tiene que ser digital y tiene que ser efectiva. La formación de los funcionarios y funcionarias de Justicia tiene que ser amplia, transversal, de calidad y de largo recorrido. Contamos con un potencial humano valiosísimo, miles de trabajadoras y trabajadores públicos que quieren sentir que aportan valor de manera efectiva a la comunidad, lejos de esa idea, tristemente extendida, de que la función pública no lo hace, salvo en sectores muy concretos.
Debemos acercarnos a ellos, facilitarles el acceso a la formación, capacitarles con todos los recursos que necesitan para atender de manera satisfactoria a las personas que se ven obligadas a acudir al servicio público de Justicia. Y esto, además, debe permitir el desarrollo de una carrera profesional menos estática que la que ha sido habitual hasta ahora, y más adaptada a las habilidades de cada persona. Debemos potenciar la adaptabilidad y el crecimiento profesional de forma coherente a las posibilidades de cada Carrera y Cuerpo para lograr un servicio público efectivo y capaz de enfrentarse a los retos sociales más inmediatos, pero también a los venideros. Esto requiere una formación más proactiva y que no se limite a la actualización de conocimientos jurídicos, que es necesaria pero que, por definición, llega con mucho retraso respecto a las necesidades sociales.»
Félix Plaza Romero (Presidente del Centro de Estudios Garrigues. Abogado)
«Una de las consecuencias positivas más palpables de la evolución tecnológica se ha puesto de manifiesto con motivo del confinamiento ocasionado por la COVID. La formación on-line ya existía desde hacía tiempo y se utilizaba en muchos casos como una herramienta para poder compatibilizar la vida profesional con la formación académica.
Pero la formación que se ha podido ofrecer sin solución de continuidad en escuelas como la que tengo el honor de presidir ha sido, si se me permite la expresión, una "formación presencial por medios telemáticos". Es decir, una formación en la que se reproducía el entorno del aula, con el mismo formato, contenido y capacidad de participación, pero en la que cada alumno estaba en su casa, conectado telemáticamente.
Yo, con carácter general, soy un firme partidario de la educación plenamente presencial ya que aporta sinergias y capacidades de atención y absorción de conocimiento más poderosas. Sin embargo, la capacidad de adaptar la formación a las necesidades específicas de cada colectivo, la flexibilidad que otorga desde el punto de vista de la globalización del conocimiento, permitiendo que alumnos de distintas partes del mundo o del propio país puedan participar en los cursos y la posibilidad de hacer más compatible la formación con el trabajo, hacen que la formación híbrida o con la posibilidad de que sea telemática se haya convertido en un claro valor añadido.
Las escuelas de práctica jurídica deben velar porque la calidad de la formación no se resienta como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, sino que éstas se conviertan en una herramienta adicional de capacitación que permita llegar donde antes no se llegaba u ofrecer posibilidades de formación a quienes antes por sus situaciones personales no las tenían.
Es fundamental que los centros de formación inviertan en la tecnología necesaria para que cuando la formación telemática sea necesaria o conveniente ésta sea una "formación presencial por medios telemáticos".»
Manuel Díaz Martínez (Catedrático de Derecho Procesal. UNED)
Como es sabido, uno de los mayores defectos de la enseñanza universitaria del Derecho es la falta de formación práctica y de habilidades esenciales para ser un buen jurista (comunicación, liderazgo, oratoria); los estudiantes se encuentran ante planes de estudios y programas excesivamente memorísticos, bajo cuya vigencia se dedican casi exclusivamente a aprender conceptos dentro de una visión «compartimentalizada», por asignaturas, del Derecho.
Por supuesto que deben enseñarse los conceptos básicos de cada asignatura, pero eso es solo la base, y no el pilar central. La formación de los juristas tiene que ser reiniciada, incidiendo en lo que KAi-Fu Lee denomina las tres «C»: curiosidad, pensamiento crítico y creatividad, incidiendo en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer exámenes y competir entre unos y otros.
Por otra parte, los avances tecnológicos han supuesto un verdadero cambio social y, sin embargo, no han tenido un impacto en la formación de los juristas, siendo necesario que cualquier jurista posea unos conocimientos tecnológicos esenciales, por cuanto la realidad impone el uso de herramientas de este tipo y porque el propio ejercicio del Derecho le va a exigir que conozca como funcionan ciertas tecnologías en aras a prestar un asesoramiento jurídico eficaz.
Gema Alejandra Botana (Directora de Desarrollo de Negocio Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil)
«La limitación de recursos disponibles (tiempo, económicos, etc.) exige un mayor esfuerzo en el diseño de la formación para lograr que sea eficiente respecto a lo que el profesional realmente necesita para su desempeño. Y, dentro de esta necesidad debe estar calibrado milimétricamente el "tiempo" ya que para cualquier profesional es su recurso más valioso y, en consecuencia, la organización de la formación en ese tiempo debe hacer de la eficiencia su máxima a través de diseños adecuados de programas adaptados a las necesidades "reales" del profesional y donde, además, el propio profesional siempre pueda plantear y obtener respuesta a sus propias cuestiones que trasladará al experto responsable de la formación, dando lugar a un aprendizaje cooperativo que resultará enormemente enriquecedor para todos los participantes que, a buen seguro, compartirán muchas preocupaciones. Además, la formación profesional debe estar integrada por sistemas eficaces de dinamización.
En este proceso, será clave la diversidad de recursos formativos donde la creatividad debe regir su diseño porque el aprendizaje no es lineal sino todo lo contrario, se puede y se debe aprender de muchas maneras. Por tanto, cualquier Centro de formación debe estar integrado por una diversidad de profesionales que ya no se reducen únicamente al experto que imparte la formación, sino que para que su labor sea eficiente debe de trabajar en equipo, entre otros, con un coordinador académico que planifique, guie y oriente el seguimiento de la formación, un coordinador tecnológico que facilite el uso de plataforma y de recursos, atendiendo cualquier incidencia, pedagogos que seleccionen las metodologías más adecuadas, expertos en diseño de recursos, animación de personajes y 3D, productos interactivos, etc.
Además, desde hace un tiempo las herramientas tecnológicas de gestión se han convertido en un indispensable del desempeño de cualquier jurista y, por supuesto, su manejo resulta fundamental para los jóvenes juristas que aspiran a incorporarse a los despachos profesionales o los departamentos jurídicos de empresas y organizaciones. Una de las áreas de mayor expansión laboral es precisamente el área de cumplimiento normativo donde el manejo de las herramientas de gestión es básico. Por ello, la formación en herramientas tecnológicas tiene que estar integrada en el tratamiento de cualquier materia para que sea completo».
4º.
Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración… Abogados, Procuradores, Graduados sociales… ¿Qué diferencias formativas entre el marco público y el privado ha introducido el COVID-19? ¿Cómo han sabido adaptarse unos y otros? ¿Deben potenciarse los espacios formativos de cooperación? ¿Cómo?
Jorge Jiménez Martín (Director de la Escuela Judicial. Magistrado)
«En este escenario pandémico, el desarrollo formativo ha sido muy variado y dispar. Cada institución y cada cuerpo profesional ha tratado, en la medida de sus posibilidades y medios, de atravesar este proceso transformador. Han existido experiencias de todo tipo, tanto en lo público como en lo privado. Experiencias muy interesantes de las que todos podemos aprender. En cada ámbito se ha actuado conforme a los medios y posibilidades que se tenían, y en todos ellos se ha conseguido desarrollar, más tarde o más temprano, un plan formativo de emergencia para la formación en remoto. La adaptación, por tanto, ha sido muy dispar. El desarrollo tecnológico en cada ámbito era inicialmente dispar, lo que ha sido una dificultad añadida en muchas ocasiones. En todo caso, ha sido un proceso de compartir experiencias, de mirar a los lados y aprender de las experiencias de los otros. En esta situación, las redes de trabajo institucionales y los convenios de cooperación han sido también clave en este proceso.»
María Abigail Fernández González (Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Letrada de la Administración de Justicia)
«Una de las enseñanzas que nos deja la pandemia es que la Administración Pública española tiene capacidad de reacción, pero también mucho margen de mejora. Que el sector privado no está sometido a los mismos condicionantes que el público está claro, pero hemos tenido magníficos ejemplos de adaptación en el mundo de la enseñanza pública, y otros que quizá no han ido tan lejos, tanto en lo público como en lo privado. Desde luego, a lo que debe tender la formación en la Administración en general, y por supuesto en Administración de Justicia, es a la excelencia en todas las circunstancias y niveles, incluyendo el de gestión.
Tal y como está diseñado nuestro sistema, la colaboración público-privada permite al ámbito público alcanzar soluciones más ágiles que las que podría obtener por sus propios medios. Sin embargo, nunca deben perderse de vista, en lo que a formación se refiere, las especificidades propias de la Administración como proveedora de servicios públicos y garantía material de derechos ciudadanos, ni tampoco las particularidades de su sistema de recursos humanos o de sus ámbitos de actuación. Pensar que todo lo que funciona en el mundo privado es válido y aplicable en el ámbito público llevaría a errores de graves consecuencias que no podemos permitirnos. Por eso es necesario tener siempre claras la naturaleza de los ecosistemas en los que trabajamos para que la colaboración sea beneficiosa y equilibrada para ambos.»
Félix Plaza Romero (Presidente del Centro de Estudios Garrigues. Abogado)
«A la hora de formarse, para cualquier profesional del Derecho es fundamental contar con la perspectiva de ambas partes. Una formación en la que no participen tanto los actores públicos como los privados puede no dar una visión lo suficientemente amplia de los temas. Por lo tanto, desde el punto de vista del que recibe formación en el ámbito jurídico es un claro valor añadido contar entre el profesorado con profesionales tanto del sector público como del sector privado.
En cuanto a ambos colectivos como sujetos pasivos de la formación, como he apuntado antes la COVID ha originado una gran cantidad de normas que han tratado de dar respuesta a la situación excepcional que estamos viviendo. Debido a ello, todos nos hemos tenido que formar tanto en cuestiones específicas de nuestro ámbito de actuación como en otras más transversales que han afectado a nuestro trabajo en general.
Nadie en el ámbito jurídico se ha podido mantener ajeno a este deber de analizar los cambios y sus consecuencias en su campo. En todo caso, esto con más o menos intensidad es la realidad a lo largo de la carrera de cualquier profesional del Derecho. Una vida en continuo reciclaje y actualización de conocimiento.»
Manuel Díaz Martínez (Catedrático de Derecho Procesal. UNED)
Con carácter general, todos los operadores jurídicos han centrado su formación en el uso de las nuevas tecnologías que han permitido durante el estado de alarma la celebración de juicios telemáticos, hasta entonces desconocidas por mucho de ellos. También ha sido necesario la formación en la denominada legislación de urgencia, con el fin de conocer los cambios producidos en muchos ámbitos del derecho, lo que, en ocasiones, ha exigido un notable esfuerzo por conocer la legislación aplicable, especialmente en el ámbito laboral y concursal. En general, la capacidad de adaptación a esta situación tan excepcional merece una opinión favorable, siendo el trabajo y esfuerzo personal de cada uno de los operadores jurídicos los que ha permitido la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos, pues los medios tecnológicos existentes en nuestros Juzgados y Tribunales dejan mucho que desear.
En cuanto a la pregunta de si deben fomentarse los espacios de cooperación, coincido plenamente con la opinión de DELGADO MARTÍN, para quien las claves para la transformación digital, necesaria para una justicia eficaz y eficiente, son las siguientes: a) El establecimiento de un marco de gobernanza adecuado; b) La promoción de sinergias con las organizaciones del sector público; c) La experimentación y utilización de programas pilotos; d) Reevaluación de los marcos legales y regulatorios existentes; d) La intensificación con el sector privado y e) La participación en proyectos internacionales.
Gema Alejandra Botana (Directora de Desarrollo de Negocio
«Las diferencias formativas para cada una de estas figuras han venido propiciadas porque sus necesidades han sido y son diferentes. Así, operar en el ámbito de la administración de justicia ha exigido un gran esfuerzo por parte de todos los agentes intervinientes para familiarizarse con un entorno digital hasta ese momento desconocido para la gran mayoría de ellos como era celebrar juicios virtuales que con gran celeridad se han tenido que organizar y esa necesidad compartida de manejarse en un nuevo entorno ha generado una formación necesariamente colaborativa donde todos los intervinientes han ido compartiendo dudas y preocupaciones. Así, cada vez los profesionales son más conscientes que para que su formación sea más eficiente tienen que ser proactivos preguntando, compartiendo, reflexionando, etc. con el resto de los profesionales que participan y con los expertos que imparten la formación, pues, en muchas ocasiones, los resultados de toda esa proactividad será uno de los recursos formativos más valiosos de la formación. Por ello, este tipo de recursos como son las intervenciones en los Foros de Seguimiento deben ser facilitados para que no queden en el Curso y, precisamente, se queden con los participantes para su máximo aprovechamiento».
5º.
Webinars, formación on-line… ¿Qué impacto real ha tenido la distancia social en la formación jurídica y cuál es el pronóstico para los próximos años?
Jorge Jiménez Martín (Director de la Escuela Judicial. Magistrado)
«Particularmente pienso que esos nuevos formatos que existían de forma más puntal y que ahora han proliferado de forma desmedida han llegado para quedarse. La formación virtual que era necesaria, ahora se ha convertido en imprescindible. Y continuaremos viendo aparecer y desarrollar nuevos formatos (podcast, píldoras formativas; paquetes SCORM; Mooc; etc.). El avance tecnológico nos traerá nuevas formas de aprender y formarse, lo que unido a generaciones de juristas con otros parámetros de aprendizaje conducirán a abandonar patrones formativos más académicos y de épocas ya pasadas. En cierto modo, la pandemia ha evidenciado que la presencialidad no es siempre necesaria y tendremos que aprender a utilizar mejor y menos la presencia física en las acciones formativas. Se irán abandonando modelos formativos que requieran la presencialidad para escuchar una conferencia y se potenciará la presencialidad para aquellas acciones formativas que requieran el desarrollo de habilidades y de específicas competencias profesionales. Nos encontramos en un apasionante momento de reflexión y replanteamiento de la formación futura. Los retos son muchos y hay que continuar ofreciendo una formación de calidad a un colectivo que ya era dispar y que, en este momento, es más. La oferta formativa debe ponerse al servicio de sus verdaderos destinatarios, lo que implicará diversificar aún más las acciones y métodos.»
María Abigail Fernández González (Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Letrada de la Administración de Justicia)
«La distancia social y el resto de medidas vinculadas al estado de alarma han afectado fundamentalmente a la formación presencial. Los estudios a distancia o en modalidades semipresenciales estaban ya muy adaptados y, aunque siempre hay margen de mejora, no se han visto tan afectados.
Para todos los demás, los webinars han sido una magnífica solución de emergencia, y por supuesto que las reuniones, charlas y conferencias a distancia seguirán presentes. Lo que no serán es el nuevo modelo de referencia en la formación, en sustitución de los formatos presenciales. Cada recurso sirve para lograr unos objetivos concretos, pero no para lograrlos todos, y no volveremos a caer en los errores del formato único. Además, el webinar reproduce muchos de los problemas de la formación presencial, salvo la necesidad de desplazamiento.
La distancia social acabará, pero las limitaciones de la formación presencial para funcionarios y funcionarias de Justicia seguirán estando ahí. Los formatos de cada acción formativa deben decidirse en función de los objetivos que se persigan, y lo lógico es recurrir a distintos formatos para lograrlos. Por ejemplo, para alcanzar unos objetivos será suficiente un video de corta duración, o incluso una infografía, pero otros requerirán un diseño a largo plazo que incluya trabajo individual a través de materiales en línea, trabajos en grupos para los que las videoconferencias pueden ser una magnífica opción, unas conclusiones en un plenario presencial y la producción de materiales resultantes, actualizables y en distintos formatos, que queden a disposición de quienes los necesiten. Por tanto, es fundamental adaptar el medio a los objetivos y no encorsetar la formación en formatos únicos.»
Félix Plaza Romero (Presidente del Centro de Estudios Garrigues. Abogado)
«La proliferación de webinars y cursos on-line ha sido enorme en este tiempo, especialmente durante la época del confinamiento más duro.
El aislamiento derivado del confinamiento ha generado en el inconsciente de casi todos una cierta sensación de desconexión o de posible desactualización profesional. Eso ha generado que haya habido un gran interés (casi una necesidad) por estar actualizado con todo lo que iba pasando. En el ámbito jurídico, con los cambios normativos que se iban produciendo, y en el ámbito personal con los aspectos más psicológicos del aislamiento y de las habilidades para superar los efectos indeseados del mismo.
Por ello han proliferado por encima de todo los webinars, que no sólo han cumplido una función formativa imprescindible, sino que han servido para paliar esa sensación de desconexión con el exterior o incluso de miedo a perder el tren de la capacitación necesaria para la vuelta a nuestra vida normal en nuestro puesto de trabajo.
En el ámbito jurídico, el papel que tanto las escuelas de práctica jurídica y centros de formación, como de los propios departamentos de formación de los despachos de abogados, departamentos jurídicos de las empresas y de los colegios profesionales ha sido de la máxima importancia y muy digno de mención.
Una vez superado ese periodo de incertidumbre y el confinamiento más duro, la vuelta a la realidad nos devolverá paulatinamente a la formación más tradicional. Ahora bien, como ya mencioné anteriormente las posibilidades y la versatilidad que nos han ofrecido las nuevas tecnologías han llegado sin duda para quedarse y para completar las ofertas formativas de la máxima calidad, permitiendo llegar a sitios donde antes no se llegaba o llegar de una manera mucho mejor a como se llegaba antes.»
Manuel Díaz Martínez (Catedrático de Derecho Procesal. UNED)
La situación provocada por la crisis sanitaria y con ella el estado de alarma ha obligado a que la formación jurídica haya sido impartida necesariamente mediante webinarss y a través de formación on line, con un esfuerzo ingente por parte de todos para hacer frente a una situación por todos inesperada.
A pesar de que la formación on line presenta indudables ventajas, siempre y cuando se posean las habilidades que requiere la impartición de una formación de este tipo (muy diferente a la presencial), considero que el sistema idóneo es el semipresencial, por cuanto hay determinadas habilidades y destrezas que sólo de modo presencial pueden ser adquiridas (oratoria, trabajo en equipo, etc). Por ello considero que este sistema semipresencial será el que acabe imponiéndose en muchas de nuestras Universidades.
Gema Alejandra Botana (Directora de Desarrollo de Negocio Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil)
«Hasta hace unos años parecía que la única formación de calidad posible para el ámbito jurídico era la presencial. Sin embargo, con la implantación de los Grados en Derecho on line ha ido variando sensiblemente esa percepción. Ahora, el paso siguiente que se precisa es crear y diversificar recursos formativos adecuados al aprendizaje del Derecho, mucho más creativos e innovadores, donde la formación en tecnología y herramientas de gestión aplicadas al Derecho se integre con los conocimientos conformando un desempeño integral. Es más, la competencia tecnológica debe adquirir un gran protagonismo, en estos momentos, en la aplicación del Derecho. Es una evidencia que una parte del desempeño del jurista de hoy va a ser virtual: asesoramiento, juicios virtuales, etc. y, por supuesto, la formación. Pero, deberá ir determinando en cada momento cual es el entorno que mejor se adapta a su necesidad, el entorno analógico o el entorno virtual. La tónica en el futuro parece inclinarse por sistemas híbridos donde la formación se organizará atendiendo a los objetivos que se persigan. Pero, tanto en un entorno analógico como en un entorno virtual, no hay duda de que deberán contarse con recursos formativos preparados ad hoc y que la elección del entorno donde se imparta la formación sea una cuestión circunstancial».
6º.
Nuevas Tecnologías y Derecho representan un binomio que no siempre ha tenido una buena recepción en la comunidad jurídica. ¿Por qué? ¿Qué elementos puede ofrecer la formación de los profesionales desde el punto de vista de la tecnología aplicada a la labor jurídica? ¿Cómo condicionará ello la eficiencia y eficacia profesional en un futuro inmediato?
Jorge Jiménez Martín (Director de la Escuela Judicial. Magistrado)
«La razón de ello es la brecha digital que existe entre la comunidad jurídica y las nuevas tecnologías. Esa brecha digital está desapareciendo poco a poco en las nuevas generaciones, acostumbradas al uso constante de esas nuevas tecnologías. La formación será el elemento fundamental para la transformación tecnológica de nuestra justicia, cualquier reforma o intento debe pasar por la formación de la comunidad jurídica. Sin invertir en formación de los agentes implicados y usuarios cualquier transformación está condenada al fracaso.».
María Abigail Fernández González (Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Letrada de la Administración de Justicia)
«No sé si en la comunidad jurídica en general o en la comunidad jurídica pública en particular, donde las resistencias a estos y otros cambios siempre han sido elevadas. Seguramente, el adjetivo "nueva" genera inseguridad, que opera como colaboradora necesaria de esas resistencias, pero la tecnología digital no sólo no es nueva, sino que la tenemos plenamente incorporada a nuestras vidas personales, donde no hemos generado resistencias.
Acabar con esa sensación de inseguridad requiere, en primer lugar, la elaboración de un catálogo de competencias digitales aplicado a la Administración de Justicia, lo que enlaza con la necesidad de definición de los perfiles profesionales, un proyecto en el que estamos trabajando dentro del plan Justicia 2030, del Ministerio de Justicia. Sólo a partir de ahí podremos planificar la formación de todos los Cuerpos en este campo y facilitarles la adquisición de las competencias necesarias para desenvolverse con naturalidad en el mundo digital, complementando así la magnífica labor de formación que lleva a cabo la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia en relación a las aplicaciones de la Administración de Justicia.
Tenemos, además, que conseguir acercar esta formación a todos los funcionarios y funcionarias de Justicia, sea cual sea el destino en el que prestan servicios. Para esto es imprescindible profundizar en la cogobernanza y colaboración con todas las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia que está impulsando el Ministerio de Justicia.
De lograr estos objetivos depende, no ya que el servicio público de Justicia sea eficaz y eficiente, sino su propia subsistencia, ya que, sin esas competencias digitales, simplemente no podrá prestarse, y la distancia entre Administración de Justicia y sociedad, y, por supuesto, con los actores jurídicos privados, será cada vez mayor.»
Félix Plaza Romero (Presidente del Centro de Estudios Garrigues. Abogado)
«Creo que el mito del abogado "apolillado" que no sabe encender un ordenador hay que desterrarlo. Hace tiempo que los profesionales del Derecho debemos estar al cabo del día en el uso de las nuevas tecnologías.
Pero la cuestión no sólo es la destreza en el uso de las tecnologías. Lo trascendente ahora es la utilización de la inteligencia artificial para un mejor desempeño de la profesión.
La inteligencia artificial empieza a ser utilizada por los despachos para muchos aspectos relacionados con la profesión. Es ahí donde hay mucho terreno de juego en la formación. El conocimiento de lo que ofrece la tecnología para una mejor gestión de las organizaciones o para prestar un mejor servicio a los clientes es algo que se antoja claramente imprescindible en el futuro inmediato.
En este sentido el uso de las herramientas de predicción o de análisis del dato son fundamentales, como lo es saber las versatilidades que ofrecen y que ya se están utilizando en la práctica profesional.»
Manuel Díaz Martínez (Catedrático de Derecho Procesal. UNED)
La irrupción de la tecnología en el sector legal está provocando cambios estructurales que están redefiniendo la prestación de servicios jurídicos y al mismo tiempo impulsando con fuerza la implantación de herramientas Legal Tech. Este nuevo modelo exige que las personas que trabajan en el sector legal se enfrenten a retos que requieren soluciones creativas, desarrollo de habilidades y manejo de nuevas tecnologías.
La resistencia al cambio, la reticencia al uso, utilidad y resultados de las herramientas Legal Tech de los propios profesionales del derecho es sin duda la mayor barrera al cambio. Hay que entender bien el cambio profundo que produce la digitalización, asumirlo y redefinir la forma de trabajar, y ello no siempre es fácil en despachos tradicionales que llevan muchos años funcionando con estructuras fijas.
El sector legal se está beneficiando ya de las grandes posibilidades que ofrece la IA para el trabajo jurídico. Sin duda el ejercicio del derecho conlleva un sinfín de tareas repetitivas susceptibles o sensibles de ser automatizadas, siendo los campos en los que la IA está adquiriendo más relevancia los siguientes: a) Tareas de estudio e investigación jurídica; b) Estrategia procesal; c) Prestación de servicios legales on line y d) Revisión de contratos y documentos legales.
En definitiva, se hace imprescindible avanzar en la transformación digital de la justicia, lo que redundará en una mejor prestación de servicios por los Abogados, en una más eficaz gestión procesal por cuando mejorará la tramitación del proceso, en una ayuda al órgano jurisdiccional en la toma de decisiones en el proceso y en la mejora del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.
Gema Alejandra Botana (Directora de Desarrollo de Negocio Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil)
«En el momento actual no hay opción a dejar de lado la tecnología atendiendo a sus dos dimensiones. Una primera, el uso de la tecnología mejora el desempeño del jurista aportándole seguridad y calidad jurídica, además de ahorrarle tiempo y recursos. Una segunda dimensión es todos los conflictos que el uso de la tecnología está generando en las relaciones jurídicas y que el jurista está llamado a solventar a través de la aplicación del Derecho para lo que resulta fundamental un conocimiento aproximado de la tecnología. La competencia en tecnología esta llamada a erigirse en una competencia fundamental y transversal en los estudios del Grado en Derecho y del Máster de la Abogacía. Así, por ejemplo, el manejo de una base de datos debe ser algo tan básico en un jurista que desde los inicios de sus estudios deberá convertirse en su compañera de estudios y conforme avance en las materias de estudio deberá ir incorporando el manejo de herramientas de gestión fundamentalmente en áreas como, por ejemplo, el Derecho Concursal. Y, si el jurista quiere dar respuesta a los problemas de la sociedad actual deberá comenzar a familiarizarse con tecnologías disruptivas del tipo inteligencia artificial, robótica, blockchain, etc. Por lo tanto, la formación tendrá que dar respuesta tanto al uso de la tecnología aplicada a la labor jurídica enseñando su manejo como a formar en aquellas tecnologías disruptivas que van a tener un mayor impacto en la sociedad durante los próximos años y que implicarán nuevos desafíos y retos jurídicos para los que se deberá estar preparados pues no debe olvidarse nunca que el jurista ejerce una profesión por y para las personas.
En definitiva, debe asumirse que la tecnología tiene una doble dimensión como conocimiento, pero también como competencia. En ambas dimensiones hay un recorrido paralelo a casi todas las disciplinas jurídicas».
7º.
Sin formación es imposible hablar de futuro… ¿Qué compromisos son imprescindibles para que los centros de estudios puedan continuar proporcionando conocimiento, técnica y creatividad al Derecho Español? ¿Qué papel debe desempeñar la Universidad? ¿Y los centros públicos como la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos? ¿Qué influencia tendrá la formación de hoy en la aplicación de la ley que hagamos mañana?
Jorge Jiménez Martín (Director de la Escuela Judicial. Magistrado)
«Es imprescindible establecer programas de formación inicial y continua de carácter obligatorio. Y que dichos programas contemplen una formación especializada, multidisciplinar, con distintos enfoques y miradas profesionales, y de alta calidad. La Universidad debe revisar y renovar sus planes de acuerdo con la situación actual, profundizando en el desarrollo de competencias profesionales, de habilidades y actitudes. La Escuela Judicial debe continuar profundizando en sus programas formativos, consolidando el reconocimiento de su programa de formación inicial como máster oficial y desarrollando distintos itinerarios formativos dentro de su programa de formación continua, para poder ofrecer especialidades y maestrías a toda la Carrera Judicial. El Centro de Estudios Jurídicos también debe profundizar en la formación teórico-práctica de los distintos operadores jurídicos que debe formar, desarrollando las competencias profesionales y habilidades necesarias para el ejercicio de las distintas profesiones.
La formación de hoy tendrá especial importancia en la calidad del desempeño profesional futuro y en la eficacia y eficiencia de nuestro sistema de justicia.»
María Abigail Fernández González (Directora del Centro de Estudios Jurídicos. Letrada de la Administración de Justicia)
«Desde luego, la formación en la Administración de Justicia se imparte con un objetivo fundamental, que es mejorar el servicio público de Justicia mejorando la capacitación a todos los niveles de quienes prestan servicio en ella. La consecución de este objetivo debe ser contrastable a corto, medio y largo plazo.
El Centro de Estudios Jurídicos se encuentra en un proceso de profunda transformación para evolucionar desde un papel de gestor de formación a demanda de las Carreras y Cuerpos que se allí se forman, hacia un rol proactivo y conformador de la formación en Justicia, así como de producción y compartición de conocimiento.
Recuperando algunos de los aspectos que ya he adelantado, la formación es una cuestión estratégica, y como tal debe ser tratada: determinando cuáles son las necesidades formativas, jurídicas y no jurídicas, de los colectivos profesionales; atendiendo a las diferencias que puede haber dentro de ellos; adaptando los formatos; evaluando el impacto de la formación; corrigiendo los errores que se detecten en la consecución de los objetivos formativos y ampliando los márgenes objetivos y subjetivos de la formación.
En relación a esto último, ampliar los márgenes implica no solo abordar nuevos ámbitos de conocimiento, como habilidades blandas, competencias digitales, o habilidades personales e interpersonales, sino también ampliar el número de profesionales formados y ayudarles a conectar con la sociedad para ser capaces de adelantarnos a las necesidades sociales que vienen.
El papel de la universidad es fundamental en este camino. Por eso, el Centro de Estudios Jurídicos está potenciando esta relación por distintas vías: trabajando para ofrecer másteres universitarios oficiales, por ahora limitados a la formación inicial, pero con la vista puesta en la continuada; constituyendo grupos de trabajo con gran participación del sector universitario, como el relativo al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 22837/2020), e incorporando a profesionales de reconocido prestigio académico en las actividades abiertas que está organizando, como el ciclo Hacia un Nuevo Proceso Penal o la Escuela de Verano del Centro de Estudios Jurídicos, que este año organizamos por primera vez.»
Félix Plaza Romero (Presidente del Centro de Estudios Garrigues. Abogado)
«La clave de los centros de formación jurídica es que sepan anticiparse a los cambios que se están produciendo o que se van a producir en el entorno para estar en condiciones de ofrecer la mejor formación en tiempo real.
El problema al que se enfrentan en no pocas ocasiones los profesionales que demandan formación es que la realidad cambiante en la que nos movemos hace que haya cuestiones completamente novedosas sobre las que se requiere formación de calidad y sea muy difícil poder acceder a ella o incluso pueda no existir.
De esta manera, la anticipación, la investigación y la innovación son y serán fundamentales para poder atender las necesidades de formación continua que se derivan de la práctica del Derecho.
Los centros de estudios deberán seguir contando con los mejores docentes, deberán seguir completamente aterrizados en la práctica de la profesión y en los continuos retos a los que se enfrenta y deberán poner a disposición de los alumnos las herramientas técnicas más eficaces para que puedan sacar el máximo provecho de la formación que reciben.
Para ello, será imprescindible, por un lado, invertir en la excelencia académica, y por otro, en instalaciones, tecnología y medios.
La comunidad educativa en general, será como ha sido hasta ahora, un pilar insustituible en el que se asiente el conocimiento, pero cada vez será más necesario que las instituciones, sean resilientes y preparadas para adaptarse a los cambios que en todos los órdenes se están produciendo.»
Manuel Díaz Martínez (Catedrático de Derecho Procesal. UNED)
El cambio tecnológico y el fomento del pensamiento crítico, creativo y el trabajo en equipo requieren de una formación que debe estar presente en las Facultades de Derecho y en los Colegios de Abogados, lo que obliga a una revisión de los planes de estudios en los que resulta imprescindible la incorporación de asignaturas sobre tecnología e inteligencia artificial.
Los fututos Abogados y profesionales del Derecho (Jueces, Fiscales, LAJs, gestores, tramitadores), deben ver la tecnología como un aliado suyo para ser más eficientes y presar un mejor servicio al ciudadano.
En este sentido, la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos también deben hacer un esfuerzo por formar a los futuros Jueces y Fiscales en el uso de las nuevas tecnologías, fomentando el trabajo en equipo y las capacidades comunicativas. De hecho, en el Máster sobre el «El ejercicio de la función jurisdiccional», que imparte conjuntamente la UNED y el CGPJ, ya existen asignaturas como «La revolución digital en el ámbito jurídico» y «Comunicación, oratoria y liderazgo».
Algo hemos avanzado, pero todavía queda mucho trabajo por recorrer.
Gema Alejandra Botana (Directora de Desarrollo de Negocio Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil)
«La formación siempre es una oportunidad pues es aprendizaje y, por tanto, cambio, adaptación y evolución. Pero, ahora más que nunca para el área jurídica es una oportunidad y para que realmente lo sea debe focalizarse en aprendizajes vinculados a los nuevos desempeños profesionales a los que el jurista va a tener que dar respuesta.
El área jurídica se enfrenta a un reto nada fácil. Pero debe ser posible puesto que más que nunca la sociedad precisa de juristas preparados, comprometidos, competentes, sensibles a las transformaciones del mundo, vanguardistas, innovadores. En definitiva, una transformación de la enseñanza del Derecho que se sinterizaría en una frase: "Enseñar para aprender a desempeñarse"».