La transformación de las circunstancias sociales y políticas, la constatación de la dificultad en la implementación de algunas medidas previstas en el articulado de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (LA LEY 12969/2007), el desarrollo de políticas de memoria autonómicas y la experiencia derivada de ellas, las aportaciones y nuevas demandas del movimiento memorialista y la sociedad civil, el avance global de las culturas y prácticas de los derechos humanos, y las valoraciones concretas de la Ley realizadas por ONG prestigiosas en el ámbito de los derechos humanos y organismos internacionales como las Naciones Unidas y las iniciativas aprobadas en este sentido en las Cortes Generales, aconsejan ajustes significativos en el marco legislativo estatal, que se plasman en la presente Ley
Modifica:
- Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (LA LEY 2938/1981)
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (LA LEY 1789/2002)
- Capítulo XI del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio (LA LEY 11105/2015), de Jurisdicción Voluntaria, introduce un nuevo Capítulo sobre expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a declaraciones judiciales sobre hechos pasados
Deroga:
- Ley 52/2007, de 26 de diciembre (LA LEY 12969/2007), por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura
- Disposiciones adicionales trigésima tercera (LA LEY 22079/2012) y trigésima sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (LA LEY 22079/2012)
- Decreto de 1 de abril de 1940, disponiendo se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes
- Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
- Disposición final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de junio (LA LEY 1535/1982), reguladora del Patrimonio Nacional
- Artículo 58 del Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo (LA LEY 605/1987), que asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional las funciones de patronato y representación de la fundación creada por el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957.
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